Nicaragua: El último anuncio del régimen de Ortega-Murillo formaliza la supresión de las elecciones

El Gobierno de Ortega-Murillo no ha realizado elecciones verdaderamente libres ni competitivas en Nicaragua por años. Desmanteló sistemáticamente las condiciones para la competencia electoral antes de las elecciones de 2016 y culminó esa trayectoria autoritaria con las cuestionadas elecciones presidenciales de 2021, en las que se encarceló a líderes de la oposición, eliminaron partidos políticos y silenciaron voces independientes.

El reciente anuncio del régimen de que Nicaragua dejará de realizar elecciones presidenciales no modifica de manera sustancial la realidad política del país. Más bien, busca transformar una dictadura de facto en una de jure, al abandonar formalmente incluso la apariencia de competencia democrática.

Esta decisión es también un reconocimiento implícito del fracaso político del régimen. Después de años de represión brutal, detenciones arbitrarias, exilio forzado, privación de la nacionalidad, confiscación de la propiedad y violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales, el Gobierno de Ortega-Murillo no ha logrado erradicar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense. En lugar de buscar legitimidad en las urnas, ha optado por institucionalizar un régimen autoritario permanente y garantizar la impunidad. 

Los Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional, incluidos los países europeos, deberían desarrollar una estrategia coordinada que aumente los costos de la continua consolidación de una dictadura en Nicaragua. Dicha estrategia, que podría incluir el uso de sanciones individuales, políticas comerciales y de inversión y otras medidas diplomáticas, debería establecer parámetros claros y un plazo definido para el cumplimiento de las condiciones necesarias para el restablecimiento de la gobernanza democrática. Entre estas condiciones se encuentran la restitución de las libertades políticas y civiles, el respeto de los derechos humanos, la liberación de personas detenidas arbitrariamente, las garantías de participación política y el desmantelamiento del estado policial del país. 

Dado la naturaleza autoritaria del régimen de Ortega-Murillo, los gobiernos deberían, además, ampliar -y no restringir- las medidas para proteger para las personas nicaragüenses nicaragüenses que huyen de la persecución, así como incrementar el apoyo para las organizaciones independientes de la sociedad civil y a los medios de comunicación que operan principalmente desde el exilio. Asimismo, deberían impulsar acciones coordinadas en el marco de los organismos regionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 

Por su parte, las instituciones financieras multilaterales, incluyendo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, deberían también reevaluar su relación con el Gobierno de Nicaragua, asegurando al mismo tiempo el apoyo humanitario para la población. 

Nicaragua plantea a la comunidad internacional una prueba urgente de su compromiso con los principios democráticos. Permitir que el régimen de Ortega-Murillo consolide una dictadura hereditaria sin afrontar consecuencias significativas no sólo supondría abandonar al pueblo nicaragüense, sino también sentar un peligroso precedente para la gobernanza democrática en América Latina.rutal repression, arbitrary detention, forced exile, deprivation of nationality, confiscation of property, and systematic violations of fundamental rights, the Ortega-Murillo government has been unable to eliminate the democratic aspirations of the Nicaraguan people. Instead of seeking legitimacy through the ballot box, it has chosen to institutionalize permanent authoritarian rule and impunity. 

The United States and others in the international community, including European countries, should develop a coordinated strategy that raises the costs of the continued consolidation of a dictatorship in Nicaragua. Such a strategy, including the use of individual sanctions, trade and investment policies, and other diplomatic measures, should establish clear benchmarks and a defined timeframe for the conditions necessary for restoring democratic governance, including the reestablishment of political and civil liberties, respect for human rights, the release of those arbitrarily detained, guarantees for political participation, and the dismantling of the country’s police state. Given the authoritarian nature of the Ortega-Murillo regime, governments should additionally expand, not limit, measures to protect Nicaraguans fleeing persecution and increase support for independent civil society organizations and media outlets operating primarily in exile. Furthermore, governments should undertake coordinated actions within regional organizations, including the Organization of American States (OAS) and the Central American Integration System (SICA). 

For their part, multilateral financial institutions, including the Central American Bank for Economic Integration (CABEI), the Inter-American Development Bank (IDB), the International Monetary Fund (IMF), and the World Bank, should also reassess their engagement with the Nicaraguan government, while ensuring humanitarian support for the population. Nicaragua presents the international community with an urgent test of its commitment to democratic