(AP Photo/Moises Castillo)
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Washington, D.C.—El 23 de junio, en cumplimiento a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República de Guatemala tiene programado dar inicio al proceso para elegir a los 13 magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los y las 135 magistrados para las Cortes de Apelaciones.
“El Congreso de Guatemala debe garantizar la elección de jueces idóneos, capaces y honrados que estén comprometidos con una justicia imparcial e independiente y no en velar por intereses privados”, señaló Adriana Beltrán, directora del programa de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas.
En su resolución del 6 de mayo de 2020, la Corte de Constitucionalidad emitió lineamientos claros y éticos para la elección de jueces que cumplan con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez e instruyó al Congreso a excluir del proceso a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté en duda. “El Congreso debe acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad y prescindir del proceso a los aspirantes denunciados por el Ministerio Público dados los claros conflictos de interés”, dijo Beltrán.
En su informe, el Ministerio Público revela información sobre 22 aspirantes implicados en el caso comisiones paralelas 2020, investigación realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que expuso la existencia de reuniones secretas entre Gustavo Alejos, actualmente vinculado en por lo menos 5 casos de corrupción y designado por el Departamento de Estado por involucramiento en actos de gran corrupción, y diputados, políticos, operadores de justicia y aspirantes a magistrados, con la finalidad de manipular el proceso de votación en las Comisiones de Postulación y en el Congreso. El informe del MP también señala a otros 109 aspirantes implicados en otras investigaciones en curso en el Ministerio Público.
Jueces independientes son un requisito esencial para que el sistema de justicia guatemalteco pueda operar efectivamente y responder a los desafíos que enfrenta el país. “El Congreso tiene la obligación y responsabilidad de asegurar a la ciudadanía un proceso que no permita la infiltración de jueces vinculados a intereses privados o ilícitos”, señaló Beltrán.
Otra área de preocupación son los ataques recurrentes en contra de operadores de justicia y ciudadanos que han liderado la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala. “El Estado de Guatemala debe investigar las campañas y amenazas en contra de operadores de justicia y ciudadanos liderando la lucha anticorrupción y garantizar su seguridad”, dijo Beltrán.
