(AP Photo/Rodrigo Abd)

17 Dec 2021 | Pronunciamiento de WOLA

A 25 de los Acuerdos de Paz, urge acabar con la impunidad y avanzar con la justicia en Guatemala

El 29 de diciembre de 2021 se cumple el aniversario 25 de la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala, que pusieron fin a uno de los conflictos armados internos más brutales y prolongados de la historia latinoamericana contemporánea (1960-1996), con 200.000 muertos, incluyendo 45.000 personas desaparecidas, la destrucción de 440 aldeas rurales y el desplazamiento forzado de alrededor de un millón de personas. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), que encontró que ocho de cada diez víctimas fueron indígenas guatemaltecos, también determinó que el Ejército de Guatemala cometió genocidio en cinco regiones del país, particularmente durante los peores años de violencia entre 1978 y 1985. Hoy, en medio de un esfuerzo dramático para revertir el espíritu y la intención de los Acuerdos que busca restaurar la impunidad institucionalizada de los responsables de graves actos de corrupción, crimen organizado y graves abusos de derechos humanos mediante esfuerzos para socavar la independencia judicial, el imperio de derecho y los esfuerzos contra la impunidad, es fundamental evaluar los esfuerzos en curso de los sobrevivientes y las familias de las víctimas en la búsqueda de verdad y justicia. A pesar de un clima cada vez más desfavorable para los esfuerzos de justicia, actualmente hay más de una docena de casos de derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno de Guatemala que, avanzando contra grandes obstáculos, se abren paso en los tribunales, en gran parte gracias a la persistencia de los sobrevivientes y familiares de las víctimas y sus aliados en la sociedad civil local e internacional.

Durante la última década, redes integradas por miembros de la élite política y militar, grupos criminales y el sector privado se han movilizado para rechazar los esfuerzos de Guatemala contra la impunidad. Estos grupos han encontrado una causa común en la actual administración del presidente Alejandro Giammattei, bajo quien poderosas élites han cooptado al poder judicial al destituir y atacar a los operadores de justicia independientes y facilitar la infiltración de funcionarios corruptos. Giammattei ha supervisado el desmantelamiento total de las instituciones de paz del país que se establecieron para garantizar la aplicación de las recomendaciones de los Acuerdos de Paz, lo cual amenaza con socavar la capacidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos para acceder a justicia, verdad y reparaciones.

El gobierno de Giammattei disolvió la Secretaría de la Paz (SEPAZ), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Derechos Humanos (COPREDEH), todos elementos clave de las instituciones de paz creados después de los Acuerdos, y creó en su lugar la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH). Sin embargo, a la entidad no le fueron asignados fondos en la propuesta presupuestaria para 2021, y en el decreto que creó la COPADEH no se establece explícitamente que asumiría las funciones de la SEPAZ, SAA o COPRADEH. De hecho, desde su creación, COPADEH ha sido más una institución fantasma que cualquier otra cosa. A abril de 2021, solo había implementado el 1,66 por ciento de sus actividades relacionadas con los derechos humanos, mientras que las relacionadas con la promoción y creación de una cultura de paz y derechos humanos, y mecanismos de diálogo y prevención de conflictos tuvieron un cero por ciento de ejecución.

El desmantelamiento de las instituciones de paz ha ido acompañado de ataques contra la independencia judicial y el Estado de derecho para servir a los intereses de redes ilícitas integradas por miembros de la élite política y militar, grupos criminales y el sector privado. Los esfuerzos en curso de estas élites para criminalizar y atacar la credibilidad de jueces independientes como Erika Aifan y Pablo Xitumul, y el procurador de derechos humanos Jordán Rodas, están claramente diseñados para socavar su trabajo y librar a Guatemala de funcionarios que defienden el Estado de derecho, a favor de garantizar la impunidad por casos de corrupción y abusos de los derechos humanos. El juez Xitumul enfrenta la posibilidad de perder su inmunidad judicial a través de acciones legales que describe como esfuerzos de poderosos intereses para buscar venganza por sus condenas en el caso de genocidio de Ríos Montt y en el caso Molina Theissen.

Además de ataques directos contra funcionarios que buscan activamente la justicia, 25 años después todavía hay esfuerzos para buscar una amnistía general para aquellos implicados en crímenes de guerra y deshacer décadas de progreso. En 2019, el Congreso de Guatemala consideró enmendar la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 mediante la aprobación de una legislación que habría terminado con todos los procedimientos de delitos graves en curso, y que habría liberado a todos los oficiales militares y líderes guerrilleros condenados, así como acabado con toda posibilidad de investigaciones futuras sobre tales delitos. En febrero de 2021, la Corte de Constitucionalidad resolvió de forma indefinida una medida cautelar contra el Congreso que habría reformado dicha ley. Si bien este intento de otorgar amnistía por crímenes de guerra logró ser pospuesto, los esfuerzos de este tipo están lejos de ser casos aislados. En junio de este año, funcionarios del partido político Valor, que impulsó la candidatura presidencial 2019 de Zury Ríos, hija del exdictador Ríos Montt, presentaron una legislación que habría puesto fin a los procesos o sentencias penales relacionadas con los delitos ocurridos durante el conflicto armado interno.

Las acciones tomadas durante la presidencia de Giammattei representan una barrera para los casos de justicia transicional que actualmente se encuentran ante los tribunales y pretenden acabar con el importante legado de Guatemala como líder mundial en la búsqueda de verdad y justicia por las atrocidades cometidas en tiempos de guerra. Los acuerdos de paz guatemaltecos fueron fundamentales para establecer la visión de un proceso de posconflicto basado en el reconocimiento de graves abusos contra los derechos humanos mediante la creación de una comisión de la verdad, mediante la búsqueda de justicia, como se describe en la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, y a través de un mandato para brindar reparación a las víctimas y ayudar a las familias de las víctimas de desaparición forzada a identificar a sus seres queridos desaparecidos. Aunque a Guatemala le tomó mucho tiempo fortalecer su sistema legal para investigar y enjuiciar adecuadamente estos delitos, una vez que lo hizo, desató un proceso que, si bien se ha mantenido bajo intensa presión, también continúa avanzando.

Aunque el momento parece sombrío en la lucha por la verdad y la justicia en Guatemala, las víctimas continúan presionando por sus derechos a través de la búsqueda de seres queridos desaparecidos, la conmemoración local y la búsqueda de justicia en los 13 casos que actualmente se encuentran ante los tribunales. Apenas la semana pasada, los restos de 112 personas que fueron asesinadas durante la guerra civil fueron enterrados por familiares, vecinos y organizaciones de derechos humanos. El mes pasado, las víctimas protestaron contra la fiscal general Consuelo Porras por trasladar de su cargo a la fiscal jefe de derechos humanos Hilda Pineda y por la presunta protección que ha otorgado Porras a veteranos militares y políticos corruptos.

Mientras la lucha por la justicia en Guatemala continúa, la comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos para garantizar que el país cumpla con su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar las violaciones graves de derechos humanos. Esto debe incluir prestar mucha atención e impulsar en su búsqueda de justicia a los casos abiertos de justicia transicional y apoyar las acciones de las víctimas, la sociedad civil, los grupos activistas y los pocos operadores de justicia independientes que quedan.