(AP Photo/Oliver de Ros)
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Con fecha 31 de enero del presente año se instaló la Comisión de Postulación que seleccionará las candidaturas para ocupar el cargo de Fiscal General de Guatemala para el periodo 2022-2026. Pese a la falta de claridad en la metodología, en sus primeras sesiones, la Comisión avanzó en la aprobación de documentos preparatorios, como el perfil del cargo, la tabla de gradación, la guía de entrevistas y la convocatoria a concurso; habiéndose presentado un total de 26 candidaturas, entre ellas, la de la actual Fiscal General, María Consuelo Porras.
El proceso de elección de la persona que ocupe la jefatura del Ministerio Público de Guatemala es de suma importancia para la democracia en Guatemala y para evitar retrocesos irreversibles en la lucha contra la corrupción, así como la preservación del Estado de derecho en el país, por lo que viene recibiendo una atención prioritaria por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, vemos con preocupación algunas circunstancias que pueden afectar las condiciones de imparcialidad y transparencia que deben garantizarse en el proceso para lograr la designación de una persona idónea, competente e independiente.
El excesivo retraso del Congreso de Guatemala en la conclusión del proceso de elección de Corte Suprema y Corte de Apelaciones, que ya ha superado los dos años, es uno de los factores que inciden directamente sobre la elección de la Fiscalía General. Según la legislación aplicable, la Comisión de Postulación a cargo de este proceso debe ser presidida por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, quien actualmente tiene un mandato que venció hace más de 27 meses, y cuya designación ha sido materia de investigación por corrupción en el ámbito penal, en los casos conocidos como “Comisiones Paralelas I y II”. La presidencia del ente postulador tiene la facultad de convocar a sus sesiones y establecer su agenda, así como la responsabilidad de garantizar la seguridad de la información del proceso, por lo que debiera estar libre de cualquier cuestionamiento.
Por otro lado, preocupan las posibles presiones de actores externos que puedan ejercerse contra la Comisión de Postulación, como lo refleja la renuncia de 3 de los 12 decanos que integran dicha Comisión, todas ellas ocurridas en la víspera de su instalación o en los primeros días de funcionamiento. De manera particular, la renuncia del Sr. David Gaitán, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci, se habría producido en los días siguientes a la interposición de una denuncia penal en su contra, en un intento de utilizar la justicia penal para criminalizar un acto interno de la universidad e impactar la composición del ente postulador. Según información difundida por los medios de comunicación, tal denuncia habría buscado impedir que Gaitán presentara una propuesta metodológica integral y basada en estándares internacionales ante la Comisión de Postulación y fuera debatida públicamente en la sesión programada para el 03 de febrero pasado.
Finalmente, nos sumamos a las voces que alertan acerca del recrudecimiento de los ataques a la inmunidad judicial de la jueza Erika Aifán Dávila, ya sometida desde hace años a un patrón de acoso y ataques sistemáticos. Estos incluyen la presentación reciente de dos solicitudes de antejuicio por parte del Ministerio Público, encabezado por la actual Fiscal General, Maria Consuelo Porras Argueta, con fechas 13 y 18 de enero, a la que se ha sumado una nueva solicitud presentada el 24 de enero de 2022 por la Fundación contra el Terrorismo por medio de Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, ambos señalados de actores corruptos por el Gobierno de los Estados Unidos en la “lista Engel”.
El recrudecimiento de los inaceptables ataques a la jueza Aifán Dávila, además de atentar directamente contra su independencia, coinciden con el inicio de las labores de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscalía General y podrían tener un impacto directo sobre su resultado, pues entre los asuntos a cargo de la jueza se encuentran los casos de presunta corrupción en la designación de altos cargos judiciales conocidos como “Comisiones Paralelas I y II”. Ambos casos involucran a personas y actores que participan directamente en el proceso de selección de Fiscalía General en curso, entre ellos, a la actual Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien preside la comisión postuladora. Asimismo, resulta preocupante que estos ataques sean impulsados directamente por la gestión de la actual Fiscal General, teniendo en cuenta que también ha presentado su candidatura al concurso, con el objetivo de ser reelecta en el cargo.
Compartimos la preocupación expresada por la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia en relación con “la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad que determina que el ejercicio de la judicatura no se cuenta como años de ejercicio profesional de abogado” y por tanto eliminó la posibilidad de presentación de candidaturas de jueces y juezas independientes para el cargo de Fiscal General.
Las organizaciones que conformamos el Observatorio Internacional sobre los Derechos Humanos en Guatemala, vemos con profunda preocupación estas circunstancias que afectan directamente las condiciones de imparcialidad, transparencia y ausencia de presiones externas que deberían rodear el desarrollo del proceso de elección de Fiscalía General.
En ese sentido, hacemos un llamado a quienes integran la Comisión de Postulación, a garantizar la máxima transparencia, el cumplimiento de estándares internacionales y de los plazos de todo el proceso. Instamos a la Jefa del Ministerio Público de Guatemala a detener los ataques ilegítimos a la jueza Aifán Dávila y a otros operadores de justicia, así como a abstenerse de impulsar actuaciones que puedan generar presiones externas sobre el proceso de elección de Fiscal General, en el que ella misma participa.
Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional a continuar dando seguimiento cercano a este proceso de selección y pronunciarse públicamente acerca de la necesidad de garantizar condiciones de imparcialidad para su desarrollo, y sobre el impacto de esta elección en el fortalecimiento democrático y del Estado de derecho en Guatemala.
Organizaciones firmantes:
American Jewish World Service (AJWS)
Be Just
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)
Impunity Watch
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Programa ACTuando Juntas Jotay Guatemala
Protección Internacional Mesoamérica
Robert F. Kennedy Human Rights
