(AP Photo Moises Castillo)
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Washington D.C.-Hoy, organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos lanzan tres informes que plantean la preocupación sobre el camino de Guatemala hacia el autoritarismo y piden respuestas más fuertes del gobierno de Estados Unidos. Veinticinco jueces y fiscales, incluido el principal fiscal anticorrupción de la nación, han huido del país, y otros siguen encarcelados o fueron obligados a renunciar. Dada la gravedad de la crisis de la democracia en Guatemala y las próximas elecciones generales en 2023, estos informes proporcionan información valiosa para entender los desafíos del país en la promoción del estado de derecho y los impactos en los objetivos de la política de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción, la promoción de los derechos humanos, el avance del estado de derecho, la migración y el crecimiento económico.
El primer informe, “La espiral descendente de Guatemala“, resume las formas en que las élites corruptas han capturado el Estado desde el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), respaldada por la ONU, hasta la actual cooptación del sistema del sector de la justicia, e identifica los actores que están detrás de los ataques a quienes luchan por la justicia y las futuras amenazas a la democracia en Guatemala.
El segundo informe, “Bajo ataque en Guatemala: Periodistas y Activistas de Derechos Humanos e Indígenas“, esboza el cierre del espacio cívico como una de las estrategias utilizadas por las redes corruptas para sofocar las interrupciones de su poder, evitar la responsabilidad histórica por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno y silenciar las voces que exponen la corrupción. Proporciona información sobre las formas de criminalización de los periodistas, los derechos humanos y los activistas indígenas en Guatemala, incluso a través de la legislación contra las ONG, y el cierre de las instituciones de derechos humanos.
“Cuando cae el dominó: La cooptación del sistema de justicia en Guatemala“ofrece un análisis de las medidas adoptadas para socavar el sistema de justicia de Guatemala, desde la cooptación de sus más altos tribunales con jueces corruptos hasta la cooptación y el desmantelamiento de la Fiscalía General y las fiscalías especializadas. Explica las implicaciones a largo plazo de la destitución de jueces y fiscales honestos y de un sistema de justicia roto para el Estado de derecho, la justicia transicional y la protección de la libertad de expresión y los derechos de las comunidades marginadas en Guatemala.
Los informes ofrecen una serie de recomendaciones al Congreso de EE.UU. y a la Administración Biden sobre cómo apoyar el Estado de Derecho en Guatemala, incluyendo la expresión de la preocupación por los ataques contra jueces independientes, fiscales, periodistas y activistas indígenas y de derechos humanos; la emisión de sanciones de visado para los individuos corruptos y la intensificación de la investigación y la congelación de los activos económicos y las tenencias en el sistema financiero de Estados Unidos de tales individuos; revisar los préstamos o ayudas de instituciones financieras para asegurar que no se canalizan hacia entidades corruptas; y llevar a cabo iniciativas para proteger y defender el espacio cívico en Guatemala como parte de esfuerzos más amplios de este tipo en Centroamérica.
“La toma de control de las instituciones guatemaltecas por parte de las élites corruptas hará imposible alcanzar el objetivo de Estados Unidos de abordar las causas fundamentales de la migración. La corrupción roba al Estado no sólo los recursos, sino la voluntad política de servir a los ciudadanos de Guatemala. El gobierno de Biden debe mejorar su juego y aumentar las consecuencias financieras para los líderes corruptos. Debemos apoyar a los valientes activistas indígenas y de derechos humanos y a los jueces y fiscales honestos que están arriesgando sus vidas para defender el estado de derecho en Guatemala”, dijo Lisa Haugaard, co-directora del Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG).
“La democracia de Guatemala se enfrenta a uno de los momentos más frágiles de las últimas décadas. Las prácticas autoritarias se reflejan en la falta de independencia judicial, la criminalización de los operadores de justicia y los ataques contra cualquier voz disidente. Las redes criminales se han infiltrado en las esferas política y judicial, convirtiendo al gobierno en su principal aliado para promover sus propios intereses. El gobierno de Estados Unidos debe implementar una política coherente para salvaguardar los valores democráticos y proteger a la sociedad civil”, afirma Ana María Méndez-Dardón, Directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“En Guatemala, el uso político de la justicia penal para perseguir a los operadores de justicia independientes, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas y a otras voces críticas se caracteriza por un alto nivel de coordinación entre las instituciones, que sólo es posible con una cooptación casi total del sistema de justicia”, dijo Úrsula Indacochea, Directora de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF).
“Los defensores de derechos humanos enfrentan hoy un peligro sin precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz. Las protecciones y los mecanismos establecidos para proteger los derechos humanos y las comunidades indígenas en Guatemala han sido sistemáticamente despojados, dejando a los defensores con pocas opciones, lo que a menudo les obliga a huir de sus hogares, de sus comunidades y de Guatemala por completo”, dijo Corie Welch, Directora de Incidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/Estados Unidos (GHRC).
Para ver los tres informes, haga clic aquí.
“La espiral descendente de Guatemala“
“Bajo ataque en Guatemala: Periodistas y activistas de derechos humanos e indígenas”
“Cuando cae el dominó: La cooptación del sistema de justicia en Guatemala”
