Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado rechazamos el aumento y perfeccionamiento del sistema represivo del Estado venezolano en el actual contexto pre-electoral. El patrón de persecución se ha materializado a través del socavamiento del ejercicio de derechos fundamentales, como lo son la participación política, la libertad de expresión y el derecho de asociación, lo que mantiene las restricciones, ya de larga data, sobre el espacio cívico y democrático en el país.
Solo durante el mes de agosto de 2023, 6 sindicalistas fueron condenados a 16 años de prisión tras haber sido juzgados por un tribunal con competencia en materia de terrorismo por delitos de conspiración y asociación para delinquir. Asimismo, el 15 de agosto la Sra. Yosida Vanegas, madre del Sargento Juan Carlos Monasterios quien fue juzgado y condenado por intento de magnicidio, fue detenida sin orden judicial en una alcabala y desaparecida en el estado Táchira. Según la información difundida por sus familiares en el momento, la señora Monasterios habría sido detenida en la alcabala para ser trasladada a Caracas por una Comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Por otra parte, el día 21 de agosto fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana el enfermero y dirigente José Cádiz frente a su casa, y el día 23 del mismo mes, el ancla de Globovisión Seir Contreras fue despedido tras haberse expresado y cuestionado al diputado Ramón Magallanes durante una entrevista. Delsa Solorzano, María Corina Machado y otros candidatos han recibido amenazas a su integridad física en el contexto de los recorridos en diferentes estados del país a propósito de sus precandidaturas para los próximos procesos electorales.
El Estado venezolano continúa avanzando en represalias hacia sectores de la ciudadanía y la sociedad civil, a través de la agresión y la criminalización como forma de retaliación por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la participación en asuntos públicos. Vemos con preocupación el aumento de hechos de violencia e intimidación en la fase preelectoral que suponemos pretenden generar un efecto inhibitorio en procesos electorales venideros. Lo anterior se suma a inhabilitaciones políticas sin sentencia definitiva, a los actos de intimidación y hostigamiento a sectores de la sociedad que procuran incentivar la participación política a través de elecciones primarias, junto con la intervención judicial de asociaciones civiles como la Cruz Roja Venezolana y partidos políticos como el Partido Comunista de Venezuela. Es esta una forma de disuadir y condicionar al electorado en Venezuela, lo que junto a los obstáculos institucionales y fácticos que se han impuesto desde el Estado, limitan un proceso electoral auténtico, ajustado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y restringen aún más el espacio cívico en el país.
La persecución del Estado venezolano a través de la criminalización de las voces disidentes debe cesar. Es obligación del Estado, dirigir sus acciones en garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, garantizar y respetar, sin discriminación, el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos.
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