RESPETO A LA VOLUNTAD DEL PUEBLO VENEZOLANO
Los abajo firmantes, integrantes de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC) junto a colegas especializados en el estudio de la violencia, seguridad ciudadana, política criminal y derechos humanos en la región, así como activistas, intelectuales y académicos, expresamos nuestra profunda preocupación ante la intensificación de la violencia institucional que se ha expandido durante la última semana en Venezuela, a raíz de la precipitada proclamación de Nicolás Maduro como Presidente de la República, sin haberse totalizado el 100% de los votos, tal como lo ordena la legislación electoral del país, por un Consejo Nacional Electoral totalmente controlado por el Ejecutivo Nacional y que carece de credibilidad nacional e internacional. La oposición posee más del 81% de las actas escrutadas y dan como ganador a Edmundo González Urrutia por una diferencia 2 a 1 respecto a Maduro. Este desconocimiento de la voluntad popular por parte del gobierno generó una serie de protestas espontáneas, más de 500 en todo el país, a las que la coalición gobernante ha respondido de manera violenta, arbitraria e ilegal.
El Estado venezolano ha puesto en marcha de una manera intensiva, como nunca antes, todos los dispositivos represivos que ha venido diseñando e implementado durante los últimos 12 años, tales como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), que se han caracterizado por tener los índices de letalidad más altos de la región, tal como ha sido demostrado por diversos estudios académicos e informes de organismos internacionales, entre los que destaca los del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina y el Caribe; así como los informes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, ambas de la ONU.
En una semana se cuentan más de 20 personas fallecidas, al menos cuatro por intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, otras a manos de funcionarios de civil, que actúan como bandas paramilitares, popularmente conocidas como “colectivos”.
Estos dispositivos letales se complementan y alimentan con diversos mecanismos disciplinarios y de delación vecinal, que van desde los Comités Locales de Alimentación (CLAP), pasando por las UBCH (Unidades de Batalla Hugo Chávez), las RAAS (Red de Articulación y Acción Sociopolítica), hasta llegar a aplicaciones para los teléfonos celulares como VenApp para que los vecinos denuncien, de manera anónima, a disidentes, opositores y manifestantes.
El estado de excepción permanente que vive Venezuela desde hace años ha pasado a otro nivel; en las calles se vive un estado de sitio, los militares y policías tienen puntos de control, dónde, entre otras, revisan los teléfonos celulares de los ciudadanos, y si les encuentran cualquier información alusiva al candidato de oposición o de sus partidos aliados los detienen. Los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas se han hecho comunes. Después de las 6 pm ya no se puede circular libremente por las calles, el que lo haga es detenido. Hasta una masiva utilización de drones se ha dispuesto para ampliar la vigilancia sobre los ciudadanos y a la vez sembrar el terror en ellos, socavando por completo la libertad de movimiento y la tranquilidad del país. Nada de esto ha sido decretado formalmente, todo se impone por la vía de los hechos.
En los primeros cuatros días posteriores a las elecciones, ya se contaban oficialmente más de 1.062 personas detenidas. El propio Nicolás Maduro informó, además, que vendrían 1000 detenciones más y que estaba refaccionando dos cárceles de máxima seguridad para recluir a los manifestantes. La amenaza de ser detenidos por las operaciones “TUN TUN” es constante. Cómo ha sido práctica común con los presos políticos durante los últimos años en el país, los detenidos no tienen derecho a elegir un abogado propio, han sido trasladados a distintos lugares sin informar a familiares sobre su paradero e incomunicándolos; se están realizando audiencias masivas virtuales donde no se individualizan las responsabilidades, se aplican tipos penales genéricos y difusos (incitación al odio, traición a la patria, terrorismo, etc); tal y como está siendo documentado por organizaciones de defensa de DDHH, por los propios ciudadanos que ante la censura informativa utilizan las redes sociales como vía de denuncia y difusión, y los pocos medios de comunicación internacionales que reportan desde el país. Parte de ello se recoge en el pronunciamiento de la CIDH del pasado 31 de agosto: “La represión que replica patrones observados en 2014 y 2017 en un contexto de ausencia de Estado de Derecho y democracia”.
Como es costumbre, esta violencia institucional ilimitada se aplica de manera diferenciada según el estrato social: en los barrios periféricos de las ciudades es más letal. Este ejercicio ilimitado trae también como consecuencia que las extorsiones y robos por parte de los funcionarios contra sus víctimas, también se hagan comunes durante estos días. El botín es parte de la recompensa.
El discurso oficial es estigmatizante y criminalizador en contra de cualquier disidencia, los señalan como drogadictos y delincuentes, a los detenidos los exhiben públicamente, comportando ello un proceso de deshumanización permanente para intentar justificar mediática y socialmente la violación de sus derechos humanos. También los han expuesto coreando consignas en favor del gobierno o pidiendo perdón en una suerte de reeducación política.
Exigimos, en tal sentido:
- El cese inmediato de estas violaciones masivas a los derechos humanos en contra de la población, y la adjudicación de las responsabilidades penales correspondientes para garantizar su no repetición.
- Que se realice un conteo y auditoría técnica, creíble e independiente, de todas las actas de escrutinio. Los votos y las actas de escrutinio, la aceptación de los resultados, son el camino para la paz.
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