Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes y las instituciones y redes académicas que trabajamos en migración, desplazamiento y derechos humanos en el continente americano, condenamos enérgicamente los planes de la República Dominicana de deportar semanalmente a unos 10.000 migrantes haitianos a condiciones inseguras en Haití. Haití no está en condiciones de absorber a los haitianos deportados. El país se enfrenta a una crisis humanitaria y de seguridad que está fuera de control. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití carece de personal, fondos y recursos suficientes. No es una operación de mantenimiento de la paz, por lo que no puede detener este nivel de violencia y destrucción. En Haití hay un historial de fuerzas de seguridad extranjeras que generan problemas y cometen abusos en el país.
Devolver a los haitianos involuntariamente a su país es inhumano y cruel. Las bandas violentas se han apoderado de diferentes zonas del país, obligando a la gente a huir para ponerse a salvo e imposibilitando que las personas trabajen y cubran sus necesidades básicas. Más de 450 negocios y hogares han quedado destruidos por los incendios provocados por las bandas. Se estima que “1.379 personas murieron o resultaron heridas y otras 428 fueron secuestradas entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2024”, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. La situación es especialmente grave para las mujeres, las niñas y las embarazadas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informó de un aumento del 49% de la violencia de género en 2023.
Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF) del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, Haití sufre una emergencia alimentaria. Se estima que 5,4 millones de personas no pueden alimentarse ni alimentar a sus familias diariamente. Aparte de una crisis de seguridad que comenzó tras el asesinato del presidente en octubre de 2021, el PMA informa que dos millones de haitianos “se enfrentan a una escasez extrema de alimentos, malnutrición aguda y altos niveles de enfermedad”. El número de desplazados internos se ha disparado en los últimos seis meses hasta alcanzar la cifra estimada de 700.000 personas. Estos desplazados internos viven en refugios improvisados en unos 100 emplazamientos de Puerto Príncipe. De ellos, se calcula que 6.000 sufren niveles catastróficos de inseguridad alimentaria debido a “la escasez de alimentos, la malnutrición aguda y las elevadas tasas de morbilidad”. Estos desplazados internos “se enfrentan al hambre, la muerte, la indigencia y niveles de desnutrición aguda extremadamente críticos”.
La deportación masiva de haitianos es, además de una injuria, un agravio más, cuando existe racismo sistémico, xenofobia y rechazo a los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Muchos dominicanos de ascendencia haitiana han perdido su nacionalidad y se enfrentan a circunstancias precarias. Sus líderes sociales sufren ataques que incluyen amenazas de muerte y acoso en las redes sociales por parte de nacionalistas que desean librar al país de los haitianos. Los migrantes haitianos que trabajan en el país sufren a menudo maltratos y abusos. La comunidad internacional debe condenar estos planes e instar a que se respeten de inmediato los derechos de los migrantes haitianos, los trabajadores y los dominicanos de ascendencia haitiana.
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