Ana Gimena Sánchez, directora, WOLA – Washington Office for Latin America y Camila Asano, directora ejecutiva, Conectas Derechos Humanos
Artículo publicado originalmente en Portugués en Folha de S. Paulo
Este lunes, con la toma de posesión de Donald Trump, comienza un capítulo en la historia mundial en el que, más que nunca, deben fortalecerse los lazos de solidaridad entre los defensores de los derechos humanos en Brasil y Estados Unidos. La buena noticia es que ambos países cuentan con una vibrante gama de organizaciones de la sociedad civil que se han mantenido firmes en la defensa de los valores democráticos.
Durante parte del primer gobierno de Trump, Jair Bolsonaro era presidente de Brasil, y ambas naciones avanzaron en plataformas políticas antidemocráticas similares. Entre los principales valores promovidos se encontraban la negación de la crisis climática y del COVID-19, el nacionalismo cristiano, el ataque al multilateralismo y las agendas antigénero y contrarias a los derechos reproductivos. Esta retórica, junto con las políticas y acciones resultantes, tuvo un impacto devastador sobre las protecciones socioambientales y sobre los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTQI+, las personas negras, indígenas y las poblaciones empobrecidas.
El estilo agresivo de ambos populistas autoritarios incluyó ataques a las voces críticas, las minorías y los profesionales de la prensa, especialmente las mujeres periodistas. Ambos desacreditaron sin pruebas el sistema electoral de sus respectivos países y difundieron desinformación. Como resultado, el Capitolio fue invadido el 6 de enero de 2021 y las sedes de los Tres Poderes en Brasilia fueron atacadas el 8 de enero de 2023. La democracia y los derechos humanos se vieron gravemente amenazados en ambos territorios.
En este segundo gobierno de Trump, el panorama en Brasil es diferente. Lula da Silva es presidente y el alineamiento antidemocrático previo da paso a una relación marcada por tensiones. El anuncio de que Elon Musk, dueño de X y quien protagonizó un enfrentamiento con el Poder Judicial brasileño, formará parte de la administración estadounidense se suma al reciente anuncio de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, sobre el fin del programa de verificación de hechos y cambios en las reglas de moderación. Esto, sin contar que grupos brasileños de extrema derecha mantienen profundas relaciones con políticos de Estados Unidos como parte de una alianza global ultraconservadora que distorsiona el derecho a la libertad de expresión en favor de un supuesto derecho al salvo conducto para atacar e incitar a la violencia contra minorías y contra la democracia misma.
La regulación de las plataformas digitales debe estar en el centro de la agenda diplomática y nacional del gobierno de Lula si el objetivo es que Brasil esté en la primera línea de la defensa de la democracia a nivel global.
El inicio de Trump II y su predilección por la desinformación desenfrenada, así como la negación de la ciencia, la historia y los hechos, tiene impacto en cuestiones fundamentales para el presente y el futuro de la humanidad, como la crisis climática. Luchas centrales para la dignidad humana, como el combate a las desigualdades y al racismo, se ven gravemente perjudicadas en un ambiente informativo nocivo. El protagonismo internacional de Brasil, ya sea en las relaciones bilaterales, en la COP30 en Belém, o en foros como la ONU y la CIDH, deberá ser aún más contundente. Una vez más, las políticas y medidas adoptadas en Brasil deben estar en consonancia con los derechos humanos para que el país pueda enfrentarse a la ofensiva anunciada por Trump contra las personas trans, contra los derechos reproductivos y a la promesa de deportaciones masivas que podrían afectar incluso a nacionales brasileños que residen en Estados Unidos.
La sociedad estadounidense enfrentará desafíos significativos a medida que la administración Trump inicie su agenda de reversión de derechos y libertades civiles y una política exterior influenciada en gran medida por el nacionalismo cristiano, con efectos contagiosos de desprecio a los valores democráticos. Las experiencias de resistencia de comunidades, movimientos sociales y organizaciones en diferentes partes del mundo —incluido Brasil— son innumerables y pueden y deben contribuir. El escenario que se abre a partir del 20 de enero es extremadamente desafiante, con impactos profundos en Estados Unidos y en la agenda global de derechos humanos.