por WOLA
WOLA condena el atentado que se realizó contra el Senador Miguel Uribe Turbay, uno de los precandidatos presidenciales para el partido del Centro Democrático en Colombia el 7 de junio; actualmente el senador sigue en un estado de “máxima gravedad.” Este crimen debe ser investigado y sus autores materiales e intelectuales llevados ante la justicia. Nos unimos a las múltiples voces de colombianos de diferentes índoles que exigen que Colombia no retrocede a su pasado histórico donde la violencia fue utilizada para silenciar a los políticos.
Colombia es un país con una larga trayectoria de violencia política. Durante los años de 1987 y 1990, cinco aspirantes presidenciales de diferentes índoles políticos fueron asesinados. El caso que galvanizó a toda una generación fue el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, el popular candidato del partido liberal que fue asesinado en 1989 en una manifestación política pública por sicarios contratados por el narco traficante Pablo Escobar. Al mismo tiempo, el 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Colombia responsable por el exterminio de más de seis mil miembros del Partido Político de la Unión Patriótica que empezó en 1984 y duró más de dos décadas. Mientras que asesinatos y amenazas de muerte contra personas políticas y candidatas de cargos menores siguen ocurriendo, en lo general el nivel de violencia política ha disminuido en las últimas décadas. Con el acuerdo de paz del 2016, el país avanzó hacia un escenario político más democrático e incluyente de diversas voces socioeconómicas, étnicas y regionales.
Atentados de asesinato contra políticos no suceden en un vacío. Mientras que todavía no se sabe quiénes fueron responsables por el atentado contra el Senador Uribe, cabe resaltar que el discurso político, la polarización y la erosión del debate político respetuoso juegan un papel en incentivar la violencia. En Colombia, las redes sociales y algunos medios, a todos los niveles políticos, han elevado el tono poco constructivo entre quienes tienen diferencias de opinión en varios temas y asuntos políticos. En el 2024, la firma Edelman le dio a Colombia el rango de segundo país más polarizado del mundo, solamente después de Argentina.
El presidente Gustavo Petro ha atacado verbalmente a miembros de la oposición, ex funcionarios de su gobierno y empresarios quienes no han acogido su visión de gobierno y han impedido sus reformas. A su vez, miembros de la oposición también lanzan acusaciones infundadas y fomentan el odio. Este tipo de lenguaje solo aumenta la polarización y la hostilidad en un país bajo un gobierno que se autodenomina favorable a enfrentar las diferencias por la vía del diálogo y acuerdos políticos. Es bienvenido que el presidente Petro haya ordenado que se refuerce la seguridad para los miembros de la oposición, pero mejor sería que impulse un diálogo respetuoso y constructivo para encontrar soluciones a cuestiones políticas donde existen desacuerdos.
