por WOLA
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresa su más profunda preocupación y firme condena ante la prolongación indefinida del régimen de excepción en El Salvador, una medida que, lejos de ser temporal, se ha convertido en una política permanente de seguridad basada en la suspensión de derechos fundamentales y en el debilitamiento sistemático del Estado de derecho.
Desde el inicio de su implementación en marzo de 2022, el régimen ha derivado en la detención masiva de más de 91.000 personas, muchas de ellas sin órdenes judiciales ni evidencia suficiente, en un contexto de graves violaciones al debido proceso. Organizaciones tanto nacionales como internacionales han documentado patrones consistentes de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, así como el uso de procesos judiciales colectivos que imposibilitan una defensa individual efectiva.
WOLA advierte que el sistema de justicia salvadoreño se encuentra en un estado crítico. Reformas legales han permitido que personas permanezcan encarceladas durante años sin juicio, mientras fiscales y defensores públicos enfrentan cargas insostenibles de casos, lo que erosiona cualquier garantía de justicia imparcial. Este deterioro institucional ha eliminado los contrapesos democráticos y ha consolidado un poder punitivo sin una supervisión efectiva.
Es particularmente alarmante el creciente número de muertes bajo custodia estatal. Informes recientes estiman al menos 482 fallecimientos en centros penitenciarios durante el régimen de excepción, muchos de ellos en circunstancias violentas o por falta de atención médica. Lo cual refleja una crisis humanitaria dentro del sistema carcelario. Estas muertes, en su gran mayoría no investigadas, evidencian la incapacidad —o falta de voluntad— del Estado para garantizar el derecho a la vida de las personas bajo su custodia.
Asimismo, WOLA condena el clima de represión contra voces críticas, incluyendo periodistas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes han enfrentado persecución judicial, detenciones y exilio forzado. Este entorno restrictivo limita gravemente el espacio cívico y socava los principios básicos de una sociedad democrática.
En este contexto, WOLA rechaza categóricamente las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, incluyendo aquellas que permiten la reelección indefinida y la introducción de la cadena perpetua. Estas medidas consolidan una peligrosa concentración de poder y profundizan la erosión del orden constitucional, debilitando aún más los controles y equilibrios esenciales en una democracia .
La institucionalización de un modelo de seguridad basado en el castigo extremo, sin garantías judiciales ni supervisión independiente, representa una grave amenaza para los derechos humanos y el estado de derecho y sienta un precedente alarmante en la región.
Finalmente, WOLA subraya el papel crucial de Estados Unidos ante esta situación. Ante la creciente cooperación en materia de seguridad entre ambos gobiernos, es imperativo que el Congreso de Estados Unidos ejerza una supervisión rigurosa sobre cualquier acuerdo con o asistencia brindada a El Salvador. Dicha fiscalización debe asegurar que la cooperación no contribuya, directa o indirectamente, a violaciones de derechos humanos y que esté condicionada al respeto de estándares internacionales, a la rendición de cuentas, y a la restauración del Estado de derecho.
WOLA hace un llamado urgente a la comunidad internacional para exigir el fin del régimen de excepción, la restitución de las garantías constitucionales y la adopción de políticas de seguridad que respeten plenamente los derechos humanos.
