Imagina intentar proteger un bosque al que ya no puedes entrar, o defender a comunidades cuyas luchas ya no puedes presenciar de primera mano. Para Fundación del Río, una organización ambiental que trabajó durante casi tres décadas junto a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en el sureste de Nicaragua, esta es la realidad del exilio.
En diciembre de 2018, el gobierno de Nicaragua revocó el estatus legal de la organización y confiscó sus propiedades, lo que obligó a trasladar su labor más allá de las fronteras del país. Desde entonces, Fundación del Río ha seguido defendiendo a distancia los territorios y las comunidades que constituyen el centro de su misión, documentando amenazas ambientales y abogando por los derechos de quienes permanecen en Nicaragua.
Este año, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) rinde homenaje a Fundación del Río con su Premio de Derechos Humanos 2026. Este reconocimiento subraya la importancia de defender los derechos territoriales, incluso cuando la consolidación del régimen autoritario hace que la protección de la tierra y de los derechos comunitarios sea una lucha cuesta arriba.
Defender la tierra y el medio ambiente
Fundada en 1990 como la primera organización ambiental del sureste de Nicaragua, Fundación del Río construyó su trabajo sobre la convicción de que la conservación no podía tener éxito sin la participación de quienes viven más cerca de la tierra.
La organización trabajó con las comunidades para proteger los bosques y la fauna, fortalecer la educación y defender los derechos de los residentes indígenas, afrodescendientes y rurales. Su enfoque vinculaba la protección ambiental con los derechos humanos y con la capacidad de las comunidades para incidir en las decisiones que afectan sus territorios.
En 2015, como resultado directo de la presión ejercida por Fundación del Río y por otras organizaciones nacionales e internacionales, los humedales de San Miguelito recibieron a una delegación internacional de la Convención de Ramsar, un tratado intergubernamental dedicado a la conservación y el uso sostenible de los humedales, del cual Nicaragua es parte, con el fin de evaluar el posible daño del proyecto de canal propuesto a través del Lago de Nicaragua. El grupo concluyó posteriormente que el canal causaría daños críticos al medio ambiente y a las comunidades, y el proyecto fue finalmente cancelado.
La población de la guacamaya verde, catalogada como especie en peligro crítico, ha comenzado a aumentar como resultado directo de los esfuerzos binacionales de conservación liderados por Fundación del Río.
La organización también ha desempeñado un papel importante en la preservación de la Reserva Biológica Indio Maíz en Nicaragua, denunciando la tala ilegal, la minería y la ganadería dentro de sus límites. En julio, publicó un informe sobre las concesiones otorgadas a empresas chinas y sobre las comunidades indígenas que se verán afectadas por ellas.
Confrontar a un régimen autoritario
En Nicaragua, proteger el medio ambiente significa cada vez más confrontar a un régimen que no tolera el escrutinio independiente.
Amaru Ruiz, vocero de Fundación del Río, explica que la organización se encontró en conflicto con el régimen a raíz de su trabajo, lo que la convirtió en un blanco. «Ya veníamos recibiendo amenazas y siendo vigilados por nuestra oposición al proyecto del canal interoceánico impuesto por el régimen», afirma.
En abril de 2018, un incendio arrasó la Reserva Biológica Indio Maíz. Fundación del Río criticó públicamente la respuesta del gobierno, llamando la atención sobre el daño ambiental y sobre la gestión de la emergencia por parte de las autoridades. Comenzaron a multiplicarse las amenazas y, a medida que el país entraba en un período de convulsión política, estas llegaron a su punto máximo.
Masivas protestas se extendieron por Nicaragua en 2018 y fueron respondidas con una severa represión por parte del régimen. Más de 350 personas murieron durante el estallido social. En su secuela, las autoridades emplearon una campaña de intimidación contra las organizaciones de la sociedad civil: vigilaron movimientos, encarcelaron a opositores políticos, activistas, líderes indígenas y otras personas, y normalizaron el uso de la desaparición forzada y la tortura. Expertos internacionales señalaron que estas acciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, el gobierno comenzó a implementar una serie de leyes destinadas a eliminar a las organizaciones restantes que amenazaban su poder.
Ese diciembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua revocó el estatus legal de Fundación del Río, junto con el de muchas otras organizaciones. Hasta la fecha, 5,635 organizaciones han perdido su estatus. Las propiedades de Fundación del Río fueron confiscadas posteriormente.
«Fue un momento de duelo colectivo», explica Ruiz, «estos fueron algunos de los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar la organización».
Entonces se vieron obligados a adaptarse.
Trabajar desde el exilio
A más de ocho años de que el gobierno revocara su estatus legal, Fundación del Río continúa su labor desde el exilio. Su personal ha tenido que reconstruirse a través de las fronteras, manteniendo las relaciones con las comunidades mientras se adapta a una realidad en la que ya no puede trabajar abiertamente en Nicaragua.
La organización ha seguido documentando las amenazas a los recursos naturales y a los derechos territoriales. Su atlas minero registra las concesiones y sus implicaciones para los territorios indígenas y afrodescendientes, haciendo más accesible la información sobre la extracción de recursos.
En julio, testificó junto con otras organizaciones en una audiencia de la CIDH, denunciando los impactos negativos de las concesiones mineras sobre las comunidades indígenas y afrodescendientes.
A través de Voces del Bosque, Fundación del Río llama la atención sobre los guardabosques mayangna y otros defensores indígenas que enfrentan criminalización y amenazas. Su labor de incidencia ha incluido esfuerzos para lograr el reconocimiento de los presos políticos y para promover medidas internacionales de protección para las personas en riesgo.
La organización continúa documentando las restricciones a la libertad de asociación.
Pero este trabajo no está exento de costos. Incluso desde el exilio, los miembros de la organización deben tomar medidas serias para protegerse. Aunque la organización trabaja bajo un modelo colectivo, Ruiz es el único vocero, ya que otros miembros enfrentan amenazas transfronterizas por su asociación con ella.
Rendir homenaje a Fundación del Río
WOLA decidió honrar a una organización nicaragüense este año para llamar la atención sobre el dramático retroceso de los derechos humanos y la democracia en el país, una situación que con frecuencia se pasa por alto en los espacios regionales y globales y que se percibe como intratable.
A medida que las normas democráticas se erosionaban y un número cada vez mayor de organizaciones aliadas, medios de comunicación independientes y muchos otros activistas se han visto forzados al exilio, WOLA ha buscado visibilizar la situación de Nicaragua a través de su programa para Centroamérica, con el objetivo de mantener informados y comprometidos a los responsables de políticas en Estados Unidos y a otros actores de la comunidad internacional, a medida que las condiciones empeoran.
El premio honra a quienes defienden los derechos humanos y la democracia contra todo pronóstico. Fundación del Río encarna ese compromiso. Que las comunidades puedan decidir sobre lo que ocurre en sus territorios, acceder a información sobre los proyectos que amenazan sus medios de vida y exigir cuentas a quienes ostentan el poder por el uso de los recursos naturales es fundamental para una transición democrática.
«Tenemos una visión de perdurar, de que otras generaciones se sumen al trabajo de la organización y contribuyan a la defensa de los recursos naturales de Nicaragua. En otras palabras, es una forma de seguir trabajando por la restauración de la organización en Nicaragua por medios democráticos», añade Ruiz.
Para WOLA, honrar a Fundación del Río reconoce tanto la labor que ya ha realizado, como su determinación de ayudar a construir un futuro distinto para Nicaragua. Y es un recordatorio de que no están solos en esta lucha.
