(Oficina presidencial de prensa de El Salvador via AP)
(Oficina presidencial de prensa de El Salvador via AP)
Tras desafiar repetidamente las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador que prohíben la detención arbitraria de personas acusadas de incumplir la cuarentena obligatoria, el Presidente de El Salvador Nayib Bukele ha demostrado esta semana su intención de utilizar COVID-19 como un pretexto para socavar el Estado de derecho, y generar una crisis constitucional en su país.
En un tuit publicado esta semana, el Presidente Bukele ordenó a la Policía Nacional Civil y al ejército a usar fuerza letal en el cumplimiento de sus labores de seguridad pública. Bukele también declaró que el gobierno se encargaría de la defensa legal de cualquier policía bajo investigación por el asesinato de presuntos miembros de pandillas. La retórica empleada en el anuncio parece condonar ejecuciones extrajudiciales por parte miembros de las fuerzas de la seguridad pública, lo cual viola el derecho penal de El Salvador y las leyes que rigen la conducta militar y policial.
Las órdenes recientes de Bukele adoptando medidas represivas en los centros penitenciarios salvadoreños también son perturbadoras. Tras responsabilizar a líderes de pandillas encarcelados por ordenar un aumento reciente de los homicidios, fuerzas del gobierno implementaron un encierro total en las prisiones y realizaron requisas masivas de celdas, mientras resguardaban a los prisioneros en condiciones degradantes.
Aunque es posible que algunos líderes de pandillas puedan estar emitiendo órdenes desde la cárcel, promover y jactar el trato abusivo y severo de personas en conflicto con la ley no contribuye a la seguridad del pueblo salvadoreño. De hecho, mientras gobiernos en Latinoamérica se empeñan por reducir la población carcelaria para prevenir una catástrofe de salud pública en sus sistemas penitenciarios, el gobierno de Bukele se enfoca en promover medidas represivas que podrían propagar el virus.
Las recientes acciones de Bukele, que incluyen el desafío de resoluciones de la Corte Suprema de El Salvador, la detención ilegal e inhumana de 778 ciudadanos acusados de incumplir con la cuarentena, condonar el uso de fuerza letal por las fuerzas de seguridad pública, y la adopción de medidas represivas en los centros penitenciarios, evidencian su intención de consolidar poder en la rama ejecutiva.
Dicha concentración de poder sería grave en cualquier país de la región. Sin embargo, es particularmente peligrosa en un país que ha batallado para superar el legado de dictaduras militares. El instinto de Bukele de acudir a la imposición de medidas represivas y tácticas de mano dura es un asalto frontal a las leyes que protegen la democracia y el orden constitucional en El Salvador.
Como lo señala el congresista Eliot L. Engel (D-N.Y.), Presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y el congresista Albio Sires (D-N.J.), Presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, todas las medidas recientes empleadas por el gobierno de Bukele ponen en peligro los derechos humanos del pueblo salvadoreño y la democracia de El Salvador. “Le urgimos adherirse a la Constitución de su país y a respetar la autoridad de los poderes Legislativo y Judicial de El Salvador”, dice la carta. “Las políticas que promueven el distanciamiento social son indispensables, pero también deben garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales”.
