La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se suma a los diversos llamados internacionales que condenan la detención y persecución penal del reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora y de la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, así como el intento del Ministerio Público de ahogar financieramente a El Periódico.
Un sistema democrático no podría consolidarse sin libertad de prensa, sin que la ciudadanía cuente con una justicia independiente y sin tener acceso a medios de expresión. Los ataques al diario El Periódico y la detención de Zamora son acciones de un estado autoritario que no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos como garantizar la independencia judicial, respetar el derecho a la libertad de prensa y abstenerse de interferir en el goce de las mismas.
La prensa independiente —como El Periódico y José Rubén Zamora— ha jugado un rol fundamental en investigar, informar y revelar serios casos de corrupción y los vínculos del crimen organizado con la clase política guatemalteca, quienes se han visto afectados por sus publicaciones.
Estas acciones del Estado de Guatemala no son solo actos de censura sino una represalia. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que, detrás de los ataques a la prensa “pueden encontrarse diversos tipos de actores, como el crimen organizado, autoridades nacionales o locales u otros grupos de poder político o económico que quieren silenciar a periodistas”.
Hacemos un llamado al Estado de Guatemala a respetar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y garantizar la integridad física y la vida de José Rubén Zamora y de la fiscal Gómez Díaz. Asimismo exhortamos al Organismo Judicial para que cumpla el ordenamiento jurídico nacional e internacional sobre la publicidad de los procesos, actúe objetivamente y mantenga su integridad e independencia.
Nuestra solidaridad con la prensa guatemalteca y de toda la región centroamericana por los ataques y la persecución de las que son víctimas.
“Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”. Artículo 19 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
