por WOLA
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Tapachula, Nogales y Washington, 26 de agosto de 2026: Las «deportaciones masivas» de la administración Trump están provocando una auténtica crisis humanitaria en las regiones fronterizas del norte y el sur de México, según un nuevo informe elaborado por tres organizaciones estadounidenses y mexicanas. «Desterrados al sur: el costo humano de la deportación» reúne el trabajo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula (México), cerca de la frontera con Guatemala; la Kino Border Initiative, en la frontera entre EE. UU. y México, en Nogales (Arizona y Sonora); y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), en Washington, DC. Entre las alarmantes conclusiones de estos grupos:
- A diferencia de años anteriores, cuando la mayoría de las personas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportaba a México eran quienes acababan de cruzar la frontera, ahora la población deportada está compuesta principalmente por personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el interior de EE. UU., normalmente después de haber pasado años o décadas viviendo en Estados Unidos.
- Más de 1.100 personas deportadas al mes a México son ciudadanos de otros países latinoamericanos, con un gran número procedentes de Cuba y Venezuela.
- Muchos de los mexicanos o ciudadanos de terceros países que están siendo deportados llevaban tiempo viviendo en Estados Unidos con un estatus —libertad condicional humanitaria, Estatus de Protección Temporal o solicitudes de asilo pendientes— que la administración de Trump ha cancelado o revocado.
- Desde mediados de abril, el ICE apenas ha deportado a ciudadanos mexicanos a través de la frontera terrestre. En su lugar, y con un gasto considerable, la agencia los traslada en avión a ciudades del interior de México, normalmente a las de la zona fronteriza sur: Villahermosa, en Tabasco, y Tapachula, en Chiapas.
- Cuando México recibe a personas deportadas de terceros países en la frontera con EE. UU., sus autoridades las suben rápidamente a autobuses y las trasladan a esas mismas ciudades de la frontera sur.
- Una vez que llegan a Tapachula, las personas deportadas —tanto mexicanas como de terceros países— forman una población atemorizada, traumatizada, indigente, vulnerable e invisible. El Gobierno mexicano solo les da diez días para quedarse en el país, y su sistema de asilo, desbordado, es la única opción para la mayoría.
- El ICE suele no devolverte los documentos de identidad, lo que dificulta demostrar su ciudadanía, solicitar protección o incluso recibir transferencias electrónicas de dinero. Quienes quieran arriesgarse a volver a sus países de origen no pueden hacerlo sin los documentos que les han confiscado.
- Muchas personas encontradas en Nogales y Tapachula dicen que el ICE las separó de sus hijos con ciudadanía estadounidense y no les dio la oportunidad de elegir ser deportadas junto a ellos.
- Atrapados en Tapachula, los migrantes de terceros países están sometidos a un «círculo vicioso» de detención y puesta en libertad, sin poder trabajar legalmente ni salir del estado de Chiapas. Junto con los ciudadanos mexicanos recién deportados, son vulnerables a los grupos del crimen organizado que se aprovechan de ellos: los secuestros con fines de rescate son un riesgo constante.
Esta situación, que no deja de empeorar, no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas, sostienen las tres organizaciones. La mayor parte de la culpa recae en las duras políticas antiinmigrantes de Washington. Pero la Ciudad de México tampoco está haciendo lo que puede y debe hacer para aliviar el trauma.
Las deportaciones masivas deben acabar, y Estados Unidos tiene que restablecer de inmediato las garantías procesales para los migrantes que buscan protección. Hasta que eso ocurra, Desterrados al Sur ofrece una serie de recomendaciones sensatas sobre las medidas que el Estado mexicano puede tomar para apoyar a las personas deportadas que está acogiendo: tanto a sus propios ciudadanos como a los de otros países.
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