WOLA/Sergio Ortiz Borbolla
WOLA/Sergio Ortiz Borbolla
Experta de WOLA disponible para comentarios y análisis
Ciudad de Guatemala – El lunes 9 de enero de 2023 está previsto que comience el juicio contra dos altos mandos militares guatemaltecos acusados de responsabilidad en el genocidio de indígenas mayas ixiles durante el gobierno de Romero Lucas García (1978-1982).
El jefe retirado del ejército, Benedicto Lucas García, y el ex jefe de inteligencia militar, Manuel Callejas y Callejas, han sido acusados de delitos de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad que dejaron al menos 1.421 víctimas. Ambos fueron condenados en 2018 por violación, tortura y desaparición forzada de la activista política Emma Molina Theissen, y por la desaparición forzada de su hermano de 14 años, en 1981.
El caso es uno de los varios procesos emblemáticos por crímenes de guerra que siguen activos en los tribunales guatemaltecos, con supervivientes y familiares de víctimas que piden responsabilidades por graves abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar durante los 36 años de guerra civil en el país (1960-1996). Todo ello a pesar de la campaña para destituir, criminalizar o forzar al exilio a decenas de jueces y fiscales independientes de Guatemala.
Según los fiscales, los oficiales acusados son responsables de planificar y llevar a cabo la estrategia de contrainsurgencia del ejército guatemalteco en la región ixil, tras haber determinado que la zona era “territorio enemigo”. Los fiscales alegan que las políticas de tierra arrasada dieron lugar a masacres y otros delitos graves contra la población maya ixil y que el ejército diseñó las políticas para eliminar a la población civil. Las pruebas de la acusación incluyen testimonios de testigos, declaraciones de peritos, documentos oficiales y pruebas forenses.
Los tribunales guatemaltecos han determinado en dos ocasiones que el ejército guatemalteco llevó a cabo una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, dirigido por Efraín Ríos Montt. Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los mayas ixiles en 2013 y condenado a 80 años. En un fallo muy controvertido, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala posteriormente anuló la condena. Ríos Montt murió en abril de 2018 en medio de su nuevo juicio. En una sentencia de 2018, un tribunal declaró por unanimidad que el ejército guatemalteco cometió genocidio contra la población maya ixil, pero absolvió al único acusado en ese caso de cualquier delito.
Jo-Marie Burt, investigadora de WOLA, experta internacional en justicia transicional y observadora durante mucho tiempo de los juicios por crímenes de guerra en Guatemala, hará un seguimiento de los procedimientos en el caso del genocidio maya ixil, con el apoyo de Verdad y Justicia en Guatemala, organización que fundó y codirige con el defensor de los derechos humanos guatemalteco Paulo Estrada.
Información general
Según el informe Guatemala Nunca Más de la Iglesia Católica, entre 1978 y 1982, el alto mando militar desplegó una contraofensiva militar mediante operativos que dejaron al menos 12.400 víctimas en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal ubicados en el departamento de El Quiché.
El 25 de noviembre de 2019, el Ministerio Público imputó responsabilidad de mando por los delitos de genocidio, desaparición forzada y lesa humanidad cometidos en el marco de estas operaciones a tres miembros del Estado Mayor del Ejército, entre ellos Lucas García, Callejas y Callejas y el jefe de operaciones militares César Octavio Noguera Argueta.
El juez Miguel Ángel Gálvez, quien en su momento presidió el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, estuvo a cargo de la fase de instrucción del caso. Las audiencias de la fase probatoria comenzaron en marzo de 2020. En agosto de 2021, tras resolver las impugnaciones de la defensa, el juez dictaminó que existían pruebas suficientes para llevar a juicio a Lucas García y Callejas y Callejas.
Noguera Argueta falleció el 20 de noviembre de 2020, por lo que los cargos que se le imputaban fueron sobreseídos.
Tras una intensa campaña de intimidación y persecución, el juez Gálvez dimitió el 15 de noviembre de 2022 y vive en el exilio.
La fiscalía, integrada por el Ministerio Público, la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), presentó como pruebas 200 testigos sobrevivientes, 148 peritajes forenses de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, 12 peritajes de expertos científicos y más de 70 documentos militares, históricos y hemerográficos que respaldan a las víctimas de las masacres, actos individuales y colectivos, así como las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas.
Como WOLA señaló recientemente, durante la última década, redes formadas por miembros de la élite política y militar de Guatemala, grupos criminales y el sector privado se han movilizado para hacer frente a los esfuerzos contra la impunidad. Estos grupos han encontrado una causa común en el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei, que ha supervisado el desmantelamiento total de las instituciones creadas para aplicar los Acuerdos de Paz. Estas acciones del gobierno de Giammattei amenazan con socavar la capacidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos para acceder a la justicia, la verdad y la reparación. El juicio de los altos mandos militares acusados de genocidio, que comenzará el 9 de enero de 2023, será una prueba crucial para el sistema de justicia de Guatemala.
Si desea más información sobre el ensayo, consulte los siguientes artículos:
Esperanza en medio de la oscuridad: Las víctimas siguen presionando para que se haga justicia por las atrocidades cometidas durante la guerra en Guatemala, por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada.
“Nadie me dijo esto. Lo vi con mis propios ojos”. Un superviviente se dirige al tribunal cuando está a punto de concluir la fase probatoria del caso del genocidio maya ixil, por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
“Incluso en tiempos de guerra hay límites morales”. Los querellantes ultiman la presentación de cargos por genocidio contra altos mandos militares, por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
Para más información y actualizaciones sobre el juicio, póngase en contacto con
Jo-Marie Burt: jmburt.wola@gmail.com o +1 (703) 946-9714
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