En solo un mes desde la llegada al poder del gobierno de Dina Boluarte, al menos 48 civiles han fallecido en el contexto de protestas sociales, 41 de ellos como consecuencia de heridas causadas por disparos de armas de fuego. Los grupos de derechos humanos han criticado duramente a las fuerzas de seguridad peruanas, que parecen ser responsables de la mayoría de las muertes, por el uso indiscriminado de fuerza letal contra civiles.
Desde el inicio de la actual crisis política en Perú, altos funcionarios de la administración Biden de la Embajada de EE.UU., el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional han compartido reiteradas expresiones públicas de apoyo a la presidenta peruana Dina Boluarte y su gobierno. Hasta la fecha, sin embargo, los funcionarios de la administración Biden no han hecho declaraciones públicas que indiquen preocupaciones específicas sobre la respuesta del gobierno a las protestas y las graves violaciones de los derechos humanos que han resultado del uso excesivo de la fuerza. Un tuit de la embajadora Lisa Kenna del 10 de enero en respuesta a los últimos asesinatos afirmaba que “es urgente que se tomen medidas para detener esta dolorosa situación de violencia y evitar la pérdida de más vidas humanas”.
Una declaración tan ambigua contrasta con los comentarios realizados por instituciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han expresado públicamente su profunda preocupación, al igual que gobiernos como los del Reino Unido, Canadá y la UE.
Como organizaciones internacionales de derechos humanos y medioambientales, exigimos al gobierno de los Estados Unidos que exprese urgentemente su rechazo inequívoco al uso desproporcionado y excesivo de la fuerza contra los manifestantes y a las detenciones arbitrarias en Perú. Asimismo, el Gobierno de los Estados Unidos debe condenar el uso de lenguaje estigmatizante contra los manifestantes, que crea el ambiente propicio para que las fuerzas de seguridad hagan uso indiscriminado de la fuerza letal. Instamos al gobierno de Biden a que se sume a los llamados de la comunidad internacional para que el Estado Peruano garantice investigaciones imparciales e independientes dirigidas por instituciones civiles, y a que rechace explícitamente el uso de la jurisdicción militar para las investigaciones.
Además, debería ofrecer su apoyo público a la importante labor de la Defensoría del Pueblo, sometida a presiones políticas por su papel en la documentación y difusión de información sobre las numerosas violaciones de los derechos humanos.
Independientemente de que la administración Biden ya esté expresando en privado estas preocupaciones al gobierno de la Presidente Boluarte, ya es hora de que los funcionarios estadounidenses se pronuncien públicamente. Si siguen sin pronunciarse contra las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad peruanas, se corre el riesgo de que se perciba que al gobierno estadounidense no le preocupan los riesgos que estas tácticas represivas representan para la democracia peruana.
