WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas
9 Feb 2023 | Pronunciamiento de WOLA

El deterioro de la situación de derechos humanos en Perú es señal de una crisis política más profunda

El 2 de febrero, la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Carolina Jiménez Sandoval, junto con la Senior Fellow y experta en Perú, Jo-Marie Burt, se reunieron con la ministra peruana de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, en la oficina de WOLA en Washington, D.C., para discutir la situación de derechos humanos en un país afligido por una crisis.

Grandes protestas han sacudido Perú desde que el presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso después de que intentara disolverlo ilegalmente e instalar un gobierno de emergencia el 7 de diciembre de 2022. Después de su destitución, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en la sexta presidenta de Perú en esos mismos años. 

En los dos meses transcurridos desde entonces, según la Defensoría del Pueblo de Perú, al menos 58 civiles han muerto en el contexto de los disturbios que han estallado en todo el país. De estas muertes, 47 han ocurrido por heridas de bala o por otros proyectiles, como de gas lacrimógeno, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Pruebas de vídeo y testimoniales, incluyendo en algunos casos informes de balística, apuntan al papel de la policía y las fuerzas armadas de Perú en estas muertes. También se ha informado de cientos de manifestantes con heridas, incluyendo a 59 periodistas. 

WOLA también ha tenido conocimiento de cientos de detenciones arbitrarias, incluidas las de menores de edad y reporteros, algunos de los cuales se quejaron de haber sido maltratados y de que les fue impedido contactar a sus abogados durante su detención. WOLA también ha tomado nota de muchos informes sobre el uso de lenguaje racista y degradante por parte de la policía contra los manifestantes, muchos de los cuales proceden de regiones rurales e indígenas de Perú. Organizaciones de derechos humanos también han documentado cientos de casos de acoso y ataques contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Estos abusos representan un grave deterioro en la situación de los derechos humanos en Perú.

Además, otras 11 personas murieron en el contexto de las decenas de bloqueos de carreteras levantados por manifestantes en todo el país. Un agente de policía fue encontrado muerto por quemaduras. WOLA también recibió informes preocupantes de violencia, vandalismo, quema de edificios gubernamentales y toma de aeropuertos. Aunque el gobierno tiene el deber de mantener el orden público e investigar y sancionar los actos de violencia o criminalidad, debe hacerlo manteniendo un estricto respeto por los derechos humanos. 

La presidenta Boluarte y su gobierno dicen estar comprometidos con garantizar la seguridad pública. Sin embargo, intentar conseguir la seguridad mediante el uso desproporcionado de la fuerza es una estrategia previsiblemente contraproducente que, hasta ahora, sólo ha intensificado las protestas y agravado la crisis del país. 

Hasta la fecha, ningún funcionario ha sido acusado por las muertes que se han producido como consecuencia del actuar de las fuerzas de seguridad durante las protestas. Representantes del gobierno han pedido a la Fiscalía que investigue los abusos. Pero la impunidad generalizada de las violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad peruanas atempera las esperanzas de una rendición de cuentas efectiva. Además, la presidenta Boluarte y sus ministros han hecho hincapié en mensajes públicos que elogian a las fuerzas de seguridad y vilipendian a los manifestantes, felicitando a la policía por su “conducta inmaculada” mientras culpan a los manifestantes de provocar el “caos“. Tales mensajes socavan la confianza en que el gobierno está comprometido a garantizar la rendición de cuentas y prevenir nuevos abusos.

WOLA también expresa su preocupación por los decretos de estado de emergencia del gobierno que permiten la participación de las fuerzas armadas en acciones policiales de control social. El 14 de diciembre se declaró el estado de emergencia por 30 días en regiones específicas del país y al día siguiente, soldados habrían matado a diez manifestantes, incluyendo a un hombre que atendía a un manifestante herido en Ayacucho. El estado de emergencia se renovó el 15 de enero, y el 5 de febrero se declaró un estado de emergencia de 60 días en varias regiones. Este último decreto de estado de emergencia pone a las fuerzas armadas a cargo del orden interno en el departamento de Puno, donde 18 manifestantes murieron el 9 de enero a manos de la policía. Las fuerzas armadas no están preparadas para llevar a cabo este tipo de operaciones y los decretos de estado de excepción en un contexto de profunda crisis política sólo contribuyen a agravar la crisis de derechos humanos.

Las protestas han seguido extendiéndose por todo el país en las últimas semanas. Los llamados a la dimisión de la presidenta Boluarte y a convocar elecciones generales anticipadas resuenan con fuerza, tanto como lo hace la preocupación por el retroceso democrático en Perú. Aunque existía la esperanza de que el Congreso atendiera las demandas de elecciones anticipadas, que durante los últimos días fueran archivadas todas las propuestas legislativas encaminadas a ese fin, parece haber cerrado esa vía, lo que probablemente aumentará aún más el malestar social y la inestabilidad política. 

El gobierno de Boluarte ha declarado que prioriza el diálogo para abordar la actual crisis política. Si el gobierno de Boluarte está comprometido con un diálogo genuino y productivo entre la población peruana, es esencial que cambie fundamentalmente su enfoque a la retadora crisis política e institucional que enfrenta Perú. 

En primer lugar, debe cesar la represión violenta contra manifestantes pacíficos y garantizar que las fuerzas de seguridad actúen dentro del marco de la ley para prevenir y responder a cualquier acto de violencia. Responder a las protestas con fuerza excesiva, incluida la letal, no sólo es contrario a las normas de derechos humanos que Perú se ha comprometido a respetar, sino que alimenta el caos y la desconfianza en el gobierno. 

En segundo lugar, el gobierno debe revisar urgentemente la forma en que se refiere públicamente a los manifestantes, en particular a los que han sufrido abusos contra los derechos humanos. Estigmatizar y criminalizar ampliamente a los manifestantes como forma de deslegitimar sus demandas no contribuirá a resolver esta crisis ni a abrir las puertas al diálogo. En lugar de ello, el gobierno de Boluarte debe mostrar buena voluntad reconociendo públicamente los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y pidiendo disculpas por ellos, y garantizando que las víctimas tengan acceso a la justicia y a las reparaciones a las que tienen derecho. A menos que el gobierno reconozca los abusos cometidos y se comprometa a repararlos, hay pocas posibilidades de que se genere una conversación significativa.

A falta de diálogo, es probable que la represión y la violencia se intensifiquen y que la crisis de derechos humanos de Perú se convierta también en una crisis humanitaria. En este sentido, el deterioro de la situación de los derechos humanos en Perú refleja una profunda crisis política que requiere una solución urgente y pacífica.

Por su parte, como WOLA ha manifestado anteriormente, Estados Unidos y otros actores internacionales deberían condenar inequívocamente las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas, exigir una pronta investigación de los responsables y apoyar el camino hacia la celebración de elecciones generales anticipadas como un paso para abordar la frágil democracia del país.