El 4 de febrero de 2024, en un contexto de grave deterioro del estado de derecho, falta de garantías judiciales y debilidad institucional, la ciudadanía salvadoreña acudió a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la República así como las diputaciones de la Asamblea Legislativa. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Latin America Working Group (LAWG), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Robert F. Kennedy Human Rights, expresan su profunda preocupación por las numerosas denuncias de fallos ocurridos durante el escrutinio electoral y las irregularidades que han surgido durante el proceso de transmisión de datos para los resultados oficiales.
Sin que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hubiera comunicado los resultados oficiales, se publicó un sondeo a boca de urna realizado por la empresa CID Gallup, el cual fue la única información a la que tuvieron acceso los ciudadanos durante la noche electoral. Aun sin los resultados oficiales, el candidato Nayib Bukele, quien fue inscrito pese a prohibición constitucional, se declaró ganador según datos propios de su campaña, y no datos oficiales.
La última actualización de los resultados preliminares en la página web del TSE presenta el procesamiento del 70,25 por ciento de las actas de la elección presidencial y del 5,06 por ciento de las actas para diputaciones de la Asamblea. La falta de presentación de resultados oficiales por parte del TSE refleja falta de transparencia y genera graves dudas sobre la integridad del proceso electoral y la credibilidad del tribunal electoral.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE OEA) reportó haber recibido 42 denuncias relacionadas con retrasos en el sistema de transmisión de resultados y en relación a propaganda electoral en los centros de votación, entre otras irregularidades. Asimismo, grupos de observación nacional como “Observa El Salvador 2024”, reportaron la realización de actividades de propaganda electoral en el 55 por ciento de los centros de votación, lo cual está prohibido por el Código Electoral.
Al finalizar el cierre de las urnas, las misiones de observación reportaron un inicio tardío del proceso de escrutinio, debido a que las juntas receptoras de votos (JRV) no habían recibido el equipo técnico para iniciar la transmisión de votos. Debido al retraso y a las fallas tecnológicas, la etapa de escrutinio se prolongó hasta altas horas de la noche. Según reportó la MOE OEA, sólo el 56 por ciento de las JRV observadas siguieron los procedimientos establecidos para el conteo de votos.
Las autoridades salvadoreñas deben cumplir imparcialmente y sin demora con la normativa electoral y los estándares internacionales para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía salvadoreña, especialmente sobre la seguridad y publicidad del conteo de votos de manera que se garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores, tal como lo establece el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es necesario que el TSE actúe con rapidez para abordar cualquier irregularidad, garantizar la integridad del proceso electoral y proporcionar información precisa al público. Al no cumplir, se socava aún más la confianza en el sistema electoral y la legitimidad de los resultados de las elecciones.
Finalmente, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a las autoridades salvadoreñas sobre su deber de garantizar la libertad de expresión, manifestación y reunión de todas las voces disidentes especialmente, del movimiento feminista y de derechos humanos.