Washington DC. 15 de marzo del 2024. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) condenamos la iniciativa de ley aprobada el 12 de marzo por la Comisión de Constitución del Congreso y que podría ser sometida a voto en el Pleno en los próximos días. De ser aprobada, los efectos de aplicar esta iniciativa podrían llevar a la impunidad de decenas de casos de graves violaciones a derechos humanos en Perú que constituyen crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional.
El “Proyecto de ley que Precisa la Aplicación y los Alcances del Delito de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en la Legislación Peruana” propone la prescripción de todos aquellas investigaciones y procesos judiciales por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Es decir, permitiría revisar y evitar que se investigue los casos vinculados a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, esterilizaciones forzadas, tortura, entre otros delitos de alta gravedad cometidas entre 1980 y 2000, incluyendo condenas ya impuestas y en ejecución, los cuales quedarían en impunidad.
Por su extrema gravedad, este tipo de crímenes no admite ningún tipo de amnistía, prescripción, o medida que busque evitar la responsabilidad y castigo efectivo de sus perpetradores. Bajo el derecho internacional, existe un reconocimiento común u consuetudinario de que estos crímenes son imprescriptibles, lo que constituye un principio imperativo, general y obligatorio para los estados, más allá de su incorporación específica en otros instrumentos internacionales o en las disposiciones de derecho interno. Sin perjuicio de ello, el Estado peruano también se encuentra obligado a perseguir estos crímenes, en virtud de su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (vigente desde el 24 de abril de 1978) y al Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (vigentes desde el 14 de enero de 1990).
A su vez, es importante recordar que Perú ha sido condenado en más de una decena de casos relacionados con graves violaciones a derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, varios de ellos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. En múltiples decisiones, incluyendo las sentencias emitidas en los casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú, la Corte Interamericana ha establecido que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”.
Ignorando estas obligaciones, la iniciativa de ley pretende que el Estado peruano solo deba perseguir y sancionar estos crímenes a partir de la creación de la Corte Penal Internacional con la entrada en vigencia del Estatuto de Roma. La inclusión de disposiciones de prescripción para los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes del año 2002 establecido en esta iniciativa, permitiría que los hechos atroces perpetrados durante el periodo 1980-2000 queden en la absoluta impunidad, incumpliendo con las obligaciones de Perú en materia de acceso a la justicia y afectando gravemente los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en Perú. Es de notar que esta propuesta se da en un momento en que están avanzando nuevos procesos contra Alberto Fujimori como por ejemplo el caso de la Masacre de Pativilca. Asimismo, otros procesos en contra de Alberto Fujimori podrían iniciarse próximamente como consecuencia de la revisión de extradición en Chile.
Este intento del Congreso peruano de imponer una nueva ley de amnistía por crímenes de lesa humanidad no se da de manera aislada. Existen otras acciones que incumplirían las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos y afectarían gravemente la institucionalidad democrática, entre ellos, los diversos proyectos de ley para denunciar la Convención Americana y la Carta de la OEA. Asimismo, en diciembre de 2023, el Estado peruano desacató a la Corte IDH al ordenar la liberación de Alberto Fujimori.
El Perú atraviesa una grave crisis frente a la cual las autoridades nacionales están jugando un papel clave para lesionar la democracia y la institucionalidad impactando en los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades en Perú, incluyendo al Congreso y al Poder Ejecutivo, a detener el trámite de esta propuesta legislativa. Es hora de que la comunidad internacional tome medidas contundentes ante el sostenido ataque a la democracia peruana. Asimismo, solicitamos a la comunidad internacional, especialmente a los Estados de la Organización de Estados Americanos a condenar a esta iniciativa de ley debido a la grave afectación que generaría a la búsqueda de verdad, justicia y reparación en Perú, y a convocar de manera inmediata una sesión del Consejo Permanente al Estado para que el Perú exponga su posición sobre ello.