Llamado urgente para poner fin a la violencia y abordar la crisis humanitaria en el Catatumbo, Colombia

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por WOLA

WOLA se une a las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, Defendemos la Paz y otras organizaciones en el llamado a un cese inmediato de la violencia perpetrada por grupos armados ilegales en la región del Catatumbo, en Colombia, ubicada cerca de la frontera con Venezuela. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) debe cesar las violaciones de derechos humanos y declarar una tregua que ponga fin a los enfrentamientos armados con los disidentes de las FARC (Estado Mayor de los Bloques). El gobierno nacional y otros gobiernos de la región deben actuar de inmediato para rescatar a quienes están atrapados en medio de la violencia y proporcionar ayuda humanitaria urgente y protección a las personas desplazadas internamente. Todos los grupos armados deben respetar el derecho internacional humanitario y permitir que ayuda humanitaria llegue a quienes lo necesitan.

Los hallazgos del informe preliminar de la Defensoría del Pueblo del 18 de enero son alarmantes: aproximadamente 60 muertes violentas se han registrado en Convención, Ábrego, Teorama, Hacarí y Tibú. Informes de prensa indican que la cifra de muertos podría llegar a 80, con otras 20 personas heridas. Entre las víctimas se encuentran el líder social Carmelo Guerrero, de la Asociación para la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), y siete excombatientes de las FARC que se desmovilizaron bajo el acuerdo de paz de 2016. El jueves pasado, 20 personas fueron secuestradas, incluidas 10 mujeres, y según la Defensoría, 17 siguen en cautiverio hasta el día de ayer. A través de la región, miles de personas han sido desplazadas internamente. Otras enfrentan emergencias humanitarias graves debido al confinamiento y están en alto riesgo de desplazamiento interno. Algunas personas han huido hacia Venezuela; el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que 60 personas buscaron refugio en el Estado Zulia, en dicho país.

La situación en el Catatumbo es crítica. Las personas mayores, mujeres, niños y personas con discapacidad requieren atención especial. Las comunidades indígenas se han visto particularmente afectadas. La comunidad indígena Bari Irocobingkayra de El Tarra fue desplazada al resguardo La Gabarra Catalaura. Según la Defensoría del Pueblo, Tibú ha recibido al menos 2,500 personas desplazadas por vía terrestre y fluvial. Cientos de familias están llegando a Cúcuta y aproximadamente 850 han llegado a Ocaña. Los pueblos indígenas Yukpa también se han visto gravemente afectados, con muchos en riesgo de desplazamiento y otros que ya han huido a Tibú y a Venezuela. Las comunidades indígenas Ucha Petajpo y Manuracha también enfrentan una grave crisis.

Hacemos un llamado urgente a los gobiernos nacionales y regionales para que trabajen en colaboración con las autoridades étnicas locales y nacionales, incluida la Comisión Étnica, para garantizar una respuesta integral y culturalmente adecuada a esta grave crisis humanitaria.

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