por WOLA
El 10 de junio, Colombia sufrió una ola de violencia en el suroeste del país, donde por la mañana ocurrieron 24 ataques violentos distintos. Se detonaron coches y motocicletas bomba, se lanzaron bombas de cilindro y explosivos, y se produjeron tiroteos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. La violencia afectó a la ciudad de Cali, a zonas urbanas de Cali, Jamundí, Buenaventura y Palmira, y a las zonas rurales de Corinto, Suárez, Caloto, Toribío, El Bordo, Villa Rica, Morales y Buenos Aires, zonas con gran población indígena y afrodescendiente.
Estos ataques, atribuidos a la acción coordinada de los frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño y Dagoberto Ramos de las FARC disidentes, tuvieron como objetivo instalaciones policiales, oficinas municipales y carreteras, y causaron la muerte de cinco civiles y dos policías, así como heridas a al menos 28 personas.
Según la Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), una organización de derechos humanos que opera en las regiones afectadas, estos ataques tenían la “clara intención de poner de relieve el poder desestabilizador de los grupos armados”. NOMADESC ha alertado sobre la inseguridad rampante en la región, que se ha deteriorado significativamente en los últimos años. El grupo informa de que, desde 2024, 63 líderes sociales y ocho organizaciones de base con las que trabajan han recibido amenazas de muerte. Cuatro fueron asesinados.
La vida de las personas que viven bajo el control de este grupo armado es aterradora. Los disidentes de las FARC-EP no respetan históricamente el derecho internacional humanitario y utilizan con frecuencia propiedades civiles como escudos. En las zonas donde tienen una fuerte presencia, los niños y adolescentes son reclutados a la fuerza o incentivados a unirse a sus filas debido a la pobreza y la falta de oportunidades. La violencia sexual contra las mujeres, especialmente las negras, indígenas y campesinas, también es común y ha aumentado en los últimos años.
NOMADESC y otras organizaciones de derechos humanos instan al gobierno a activar mecanismos colectivos e individuales, y a no impulsar negociaciones de paz «exprés» que no aborden las cuestiones subyacentes necesarias para una paz verdadera.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) condena enérgicamente esta violencia y lamenta el sufrimiento humano que deja a su paso. Recordamos al Gobierno de Gustavo Petro que parte de la razón por la que esta región se ve afectada por la violencia, el conflicto, el desplazamiento, el confinamiento y las crisis humanitarias es el persistente incumplimiento del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, de los compromisos gubernamentales con el Paro Cívico de Buenaventura y de las promesas hechas tras el estallido social del 2021.
Apoyamos los esfuerzos para construir la paz con los grupos armados ilegales, ya que estos alivian las condiciones de las comunidades que viven bajo su influencia y ganan tiempo para reformas más profundas y urgentes, como la construcción de un sector de seguridad democrático, responsable y libre de impunidad. También creemos que cualquier proceso de construcción de paz debe ir acompañado de una estrategia de seguridad que proteja a los líderes sociales, a la población civil y a los pueblos afrocolombianos e indígenas vulnerables.
Durante demasiado tiempo, los gobiernos colombianos han medido el «éxito» de sus estrategias de seguridad en toneladas incautadas, hectáreas erradicadas, puntos de control conquistados y líderes de grupos armados muertos o capturados. La elección de Petro en 2022 trajo la promesa de un nuevo enfoque, que mediría el éxito por la reducción del número de líderes sociales amenazados o asesinados, la disminución de los delitos contra la población civil y el aumento del número de personas que pueden prosperar en sus comunidades de origen, sintiéndose protegidas por un gobierno receptivo, consultivo y respetuoso de la ley. Entre enero de 2016 y el 3 de junio de 2025, se han producido 644 masacres que han cobrado la vida de 2354 personas (112 de ellas menores de edad) en 31 departamentos de Colombia. Esto indica que ni las políticas del expresidente Iván Duque ni las del presidente Gustavo Petro han logrado erradicar la violencia hasta la fecha.
Reajustar esa promesa original de un nuevo enfoque, en el marco de los Acuerdos de Paz y otros compromisos, debe ser la principal prioridad del Gobierno de Petro en el suroeste de Colombia y en el resto del país durante el último año de su mandato.
