«Nos han golpeado dos terremotos: el que nos envió Dios y el que encabeza el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella», dijo un líder comunitario a WOLA.
Esta comparación refleja un temor compartido por líderes de zonas rurales y urbanas inseguras de Colombia. La destrucción física causada por el terremoto del 10 de agosto coincide con un giro brusco en la política nacional de seguridad. Para entender qué significa esto para la población civil, WOLA entrevistó a 20 líderes involucrados en esfuerzos de autoprotección comunitaria en zonas afectadas por el conflicto en la región del Pacífico, Cauca, Antioquia y la frontera colombo-venezolana. WOLA reservó sus identidades por razones de seguridad.
Una respuesta al desastre que ha dejado expuestas a las comunidades
Colombia ya enfrentaba numerosas emergencias humanitarias derivadas del conflicto cuando, el 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el departamento del Chocó. Le siguieron más de 150 réplicas. Según el reporte del 10 de septiembre de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo dejó 331 personas fallecidas, 111 desaparecidas y 4.505 heridas. Ha afectado a 466.345 personas en 497 municipios de 16 departamentos. El desastre destruyó 36.327 viviendas y dañó otras 201.939, y 759 edificaciones colapsaron. También afectó a 4.316 centros educativos, 397 centros de salud y 6.118 centros comunitarios.
Los líderes describieron una respuesta que con demasiada frecuencia no ha llegado a quienes más la necesitan. Señalaron que la asistencia se ha concentrado en las zonas urbanas y, en ocasiones, ha llegado a barrios con daños limitados, mientras las comunidades rurales afectadas siguen esperando apoyo. Algunos barrios recibieron atención excesiva y otros ninguna. Informaron que hubo poca consulta con los líderes comunitarios o las autoridades étnicas, y que no hubo un esfuerzo constante por adaptar la ayuda a las necesidades de las comunidades afrocolombianas e indígenas. En muchos lugares, las redes de solidaridad y la ayuda mutua han cubierto los vacíos.
Los líderes reconocieron la importancia de las visitas del presidente De la Espriella y de otros altos funcionarios a las zonas afectadas. Lo que estuvo notoriamente ausente en esas visitas fue el diálogo con las autoridades y organizaciones étnicas, así como una evaluación clara de las condiciones sobre el terreno y de los daños potenciales de las intervenciones. En muchos casos, se tendió a privilegiar las demostraciones públicas de acción, sobre todo de cara a las cámaras. Con ello, el Gobierno vulneró el principio humanitario de «acción sin daño», causó perjuicios y debilitó la eficacia de la respuesta.
Varios líderes citaron como ejemplo de insensibilidad racial la entrega del 16 de agosto de balones de fútbol con el logotipo del partido del presidente De la Espriella a niños y niñas en Buenaventura, cuando las familias necesitaban con urgencia alimentos, agua y refugio. Fue un acto aparentemente bien intencionado que, en cambio, reforzó dinámicas raciales dolorosas. Para los líderes, el episodio reflejó una falla más amplia de escuchar a las comunidades y respetar su dignidad.
Los miembros de las comunidades describen la respuesta del Gobierno nacional al terremoto como improvisada y mal coordinada con los líderes comunitarios y las autoridades locales, lo cual también atribuyen a que la administración De la Espriella no llevó a cabo un proceso de transición eficaz. Manifestaron que el nuevo Gobierno no solo mostró incapacidad para escuchar a las comunidades, sino que su primera crisis lo desbordó. Le faltó una comprensión de la realidad, necesaria para entender la situación y responder como gobierno.
Las deficiencias en la respuesta al desastre también tienen consecuencias para la seguridad. Los daños en carreteras e infraestructura dificultan el desplazamiento entre comunidades. Los cortes de energía hacen más difícil detectar incursiones armadas, alertar a las redes de protección o ayudar a que las personas amenazadas lleguen a un lugar seguro. Las viviendas y edificios comunitarios destruidos dejan a la gente con menos lugares donde refugiarse. Los líderes expresaron especial preocupación por la mayor exposición a la violencia sexual y a otras formas de violencia de género.
En lugares donde el terremoto golpeó a comunidades que ya enfrentaban crisis humanitarias superpuestas por el conflicto armado, como las comunidades de San Juan y Baudó en el Chocó, el terremoto afectó zonas ya gravemente castigadas por la confrontación armada, en particular las subregiones del San Juan y el Baudó. Este desastre expone aún más los límites de las medidas de protección individual. Proteger a un líder comunitario es insuficiente cuando comunidades enteras están confinadas, sus movimientos restringidos, no hay refugio adecuado y se han perdido espacios comunitarios esenciales.
Los niños, niñas y adolescentes enfrentan riesgos agudos. Todas las personas entrevistadas identificaron a la niñez como uno de los grupos menos protegidos tras el terremoto. Los daños en las escuelas y la suspensión de clases interrumpieron su educación y dejaron a muchos sin la protección y la alimentación diarias que la escuela les brinda. Según las Naciones Unidas, el sismo dañó más de 3.800 instalaciones educativas y afectó a más de un millón de estudiantes. Unos 178.000 niños y niñas asisten a escuelas con daños estructurales graves. Líderes del Chocó y del Valle del Cauca afirmaron que grupos armados ilegales estaban aprovechando la crisis para reclutar forzosamente a menores. Esto agrava una crisis ya aguda. A comienzos de este año, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en diez zonas del país, incluidos ambos departamentos.
El terremoto también ha desviado la atención de instituciones ya sobrecargadas de sus funciones ordinarias de protección y de servicio social. Según los líderes, algunas autoridades locales invocan ahora la emergencia para justificar que no atienden las amenazas ni prestan servicios esenciales. Las personas enfermas, con discapacidad y las adultas mayores son las más afectadas.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) realizó su propia evaluación de los daños del terremoto en las comunidades indígenas. Encontró cientos de miles de personas indígenas afectadas, siendo el Chocó, Risaralda y el Valle del Cauca los departamentos más golpeados. La organización sostiene que la asistencia debe planificarse y entregarse en coordinación con las autoridades indígenas, quienes conocen sus territorios y pueden identificar mejor las necesidades y las estrategias para llegar a las comunidades aisladas. La ONIC también instó a que haya transparencia en el gasto y la distribución de la ayuda, y pidió al Gobierno colombiano que complemente su asistencia con la proveniente de la cooperación internacional.
Plan Marshall para el Chocó
El 7 de septiembre, el Gobierno colombiano anunció que implementaría una estrategia de reconstrucción denominada Plan Marshall para el Chocó. Según el Gobierno, el plan busca transformar la región aprovechando un compromiso del sector privado de 2 billones de pesos colombianos (aproximadamente 588 millones de dólares), junto con recursos públicos. El viceministro de Desarrollo Rural, José Leonidas Tobón, estará a cargo de su gestión. El proyecto incluye cinco obras viales, la construcción de un malecón en Quibdó, el mejoramiento del aeropuerto de Bahía Solano y capital semilla para un canal interoceánico.
Los líderes manifestaron su preocupación debido a que el Gobierno colombiano anunció toda una estrategia de megaproyectos sin adelantar el proceso de consulta previa con las autoridades territoriales del Chocó. No les ha compartido los detalles del plan ni ha tenido en cuenta los puntos de vista de las comunidades afectadas. Dado que la mayor parte del territorio chocoano es de propiedad colectiva de pueblos afrocolombianos e indígenas, esto es sumamente problemático. Algunos líderes temen que intereses económicos externos estén aprovechando el terremoto y la disrupción que ha causado para impulsar proyectos de larga data sin consentimiento local. Advierten que la crisis podría facilitar el despojo de tierras y ampliar el acceso a los recursos minerales y de biodiversidad de la región, mientras las comunidades afectadas reciben pocos de los beneficios.
Un giro militar en un panorama ya frágil
Los riesgos asociados al terremoto se desarrollan mientras la nueva administración avanza hacia una estrategia de seguridad de «mano dura». Desde que asumió el cargo el 7 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella ha puesto fin a las conversaciones políticas con los grupos armados ilegales, ha restablecido las órdenes de captura vigentes contra sus integrantes y ha prometido una ofensiva de gran escala contra los grupos que no se sometan a la justicia. Su administración ha ampliado las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos, y busca una cooperación más estrecha en materia de seguridad con Estados Unidos e Israel.
El Gobierno presenta estas medidas como una forma de debilitar a los grupos armados y de enfrentar la extorsión y el narcotráfico. Sin embargo, los líderes entrevistados por WOLA señalaron que la reanudación de cualquier fumigación aérea de cultivos de coca no pondría fin al cultivo de coca a largo plazo, y temen que la presión por obtener resultados rápidos aumente, en cambio, el daño a la población civil. Los grupos armados ya operan y se desplazan por sus comunidades. Las operaciones militares realizadas sin salvaguardas adecuadas podrían forzar a las familias a abandonar sus hogares. La dependencia de informantes y la presión por lograr capturas también podrían exponer a los habitantes a falsas acusaciones y abusos por parte de la fuerza pública.
Los líderes indicaron que los grupos armados ilegales se están preparando para la confrontación. En las zonas que describieron, estos grupos han endurecido las restricciones a la movilidad, han incrementado su desconfianza hacia los residentes y han aumentado el reclutamiento, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Algunos líderes temen, además, que regiones como el Chocó, donde la mayoría de los votantes no apoyó electoralmente al presidente, reciban un trato especialmente severo. Estas preocupaciones enfatizan la necesidad de evaluar las consecuencias de la estrategia de seguridad para la población civil a medida que se implementa.
Las personas entrevistadas fueron francas respecto de las deficiencias de la política de Paz Total del expresidente Petro. Describieron algunas negociaciones como improvisadas y señalaron que el Congreso no había aprobado la legislación necesaria para que ciertos procesos avanzaran. Aun así, afirmaron que algunos diálogos abrieron un espacio para abordar las condiciones estructurales que impulsan la violencia y, en ciertos lugares, redujeron el daño a la población civil. Clausurar esos canales sin ofrecer un medio creíble de proteger a las comunidades en riesgo deja a los habitantes atrapados entre las operaciones militares y las represalias de los grupos armados.
La preocupación central es que las capturas y los avances en el campo de batalla, por sí solos, no desmantelarán a los grupos armados. La desigualdad, la escasez de servicios y la falta de medios de vida viables siguen impulsando el reclutamiento y sosteniendo las economías ilícitas. Mientras esas condiciones no cambien, otras personas y grupos reemplazarán a quienes sean removidos.
Las comunidades se unifican
La combinación del terremoto, el enfoque de seguridad de línea dura del Gobierno colombiano y la contracción de la cooperación internacional está obligando a los líderes a replantear sus estrategias de seguridad colectiva y autoprotección. Muchos de estos procesos están realizando reuniones internas para determinar cuál es la mejor manera de enfrentar este nuevo escenario con menos recursos y menos acompañamiento internacional. Todos los líderes entrevistados afirmaron que el único camino posible es la unidad entre comunidades, estrategias de autoprotección y organizaciones. Están buscando fortalecer sus procesos desde adentro, así como a escala regional, nacional e internacional.
Lo que puede hacer el acompañamiento internacional
Los líderes consideran que el acompañamiento internacional forma parte de su protección. Piden a los actores internacionales que llamen la atención sobre los efectos de las políticas de seguridad del Gobierno y que insistan en un diálogo directo entre los funcionarios nacionales, los líderes comunitarios afectados y las autoridades étnicas (representantes de los consejos comunitarios afrocolombianos y de los cabildos indígenas). Argumentaron que los planes de seguridad deben nutrirse del conocimiento local y evaluarse frente a los riesgos de abusos y desplazamiento. Son necesarias salvaguardas que garanticen la protección del principio de distinción del derecho internacional respecto de la población civil. Identificaron al Congreso de Estados Unidos como una voz particularmente influyente ante el Gobierno colombiano.
Los líderes piden a la comunidad internacional que recomiende al Gobierno colombiano avanzar en medidas formales de protección colectiva. Señalaron que algunas de ellas provienen de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que otras, que no forman parte de dichas medidas, también deberían priorizarse.
Los líderes también solicitaron una presencia internacional sostenida en las zonas donde las comunidades han construido procesos de seguridad colectiva y autoprotección. Esto incluye la presencia de acompañantes internacionales sin armas en las zonas de conflicto o visitas frecuentes de las Naciones Unidas y otros actores internacionales. Dicha presencia podría ayudar a disuadir ataques, hacer más visibles las amenazas contra los líderes y conectar a comunidades que enfrentan peligros similares para que compartan estrategias.
El terremoto ha debilitado la infraestructura y los servicios de los que depende la seguridad de la población civil, justo cuando una estrategia de seguridad más agresiva aumenta la posibilidad de nuevos enfrentamientos. El llamado de los líderes es a una respuesta nacional construida con las comunidades que cargarán con sus consecuencias. Solo así se puede garantizar que la ayuda por el desastre llegue a quienes más la necesitan y que la protección refleje las condiciones sobre el terreno. Las políticas de seguridad no deberían medirse únicamente por el número de integrantes de grupos armados ilegales abatidos, capturados y extraditados, sino por si la población civil está más segura.
