El 3 de noviembre, el Partido Demócrata obtuvo una amplia mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, con lo cual asumirá el control del 120.º Congreso que se instalará el 3 de enero de 2027. Si bien Donald Trump seguirá siendo presidente de los Estados Unidos durante dos años más, el cambio drástico en la correlación de fuerzas brinda a los demócratas en el Congreso la oportunidad de ejercer una supervisión rigurosa sobre la administración Trump y de incidir en el rumbo de la política estadounidense, en particular mediante la definición de las prioridades presupuestarias, la confirmación de nombramientos y la labor legislativa.
Este es el momento de frenar los excesos de los últimos dos años, así como de restringir y revertir las políticas que han perjudicado a comunidades dentro y fuera del país y contribuido a desmantelar el orden internacional basado en normas que gobiernos estadounidenses anteriores dedicaron décadas a ayudar a construir.
Si bien WOLA publicará en los próximos meses análisis y propuestas más exhaustivos, a continuación, se presentan cuatro áreas clave que el nuevo Congreso debería priorizar en relación con América Latina y el Caribe.
Ejercer una supervisión rigurosa
La administración Trump ha emprendido una larga serie de acciones y políticas que van desde lo manifiestamente ilegal, pasando por lo potencialmente corrupto, hasta lo lesivo para los derechos humanos y lo militarmente excesivo. Su búsqueda de petróleo y minerales, su afán de detener toda migración y su desacertado enfoque «cinético» frente al problema, muy real, del crimen organizado, merecen un escrutinio mucho mayor y un acceso público a la información, lo cual constituye el primer paso hacia una verdadera rendición de cuentas y reforma.
Algunas de las áreas de alta prioridad para la supervisión del Congreso en las Américas incluyen, pero no se limitan a:
- La orden dada a las fuerzas armadas estadounidenses de ejecutar extrajudicialmente a al menos 243 civiles en el Caribe y el Pacífico oriental, sobre la base de acusaciones no comprobadas de «narcoterrorismo».
- El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para trasladar, sin el debido proceso, a 280 personas, entre ellas 252 migrantes venezolanos, a la megacárcel CECOT de El Salvador, donde varios de ellas fueron sometidas a abusos que constituyen tortura u otras formas de malos tratos, y por lo cual la administración pagó al gobierno salvadoreño 4,76 millones de dólares provenientes de fondos de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado.
- La omisión de publicar información sobre los miles de millones de dólares depositados en una cuenta del Tesoro de EE. UU. procedentes de la venta de petróleo venezolano, así como sobre un acuerdo legalmente cuestionable que otorga el control de varios yacimientos petrolíferos a la empresa privada NABEP.
- La violación de las facultades del Congreso en materia de guerra, al involucrar a personal estadounidense en hostilidades —mediante los ataques a embarcaciones, la intervención en Venezuela y posiblemente en otros lugares bajo un nuevo marco de «operaciones conjuntas»— sin la autorización del Congreso que exige la Constitución.
- La decisión de que el mejor enfoque frente al crimen organizado —una amenaza que, a diferencia de las insurgencias, prospera gracias a sus vínculos corruptos con gobiernos y empresas lícitas— consiste en reclasificar a los grupos criminales como «terroristas» y combatirlos militarmente, a pesar de que este enfoque nunca ha logrado más que fragmentar a las organizaciones criminales y allanar el camino para sus sucesoras.
Miembros del Congreso, principalmente de la minoría, han enviado decenas de cartas a funcionarios de la administración para expresar su oposición y solicitar información sobre diversas políticas y acciones, por lo general, sin éxito. Ahora, los demócratas tendrán mayor poder para exigir la divulgación de información y detener conductas ilegales. Deberían aprovechar su mayoría para ejercer un escrutinio de alto perfil, celebrando audiencias con funcionarios de la administración, el sector privado, exfuncionarios, organizaciones de la sociedad civil y otros actores, a fin de obtener una visión más clara del impacto y los excesos de las políticas de los últimos dos años. La negativa a atender las solicitudes de información o a cumplir con los requerimientos de comparecencia debe acarrear consecuencias severas.
Comenzar a replantear la ayuda exterior
El presupuesto del año fiscal 2026 demostró que un Congreso de mayoría republicana estaba dispuesto a ejercer, al menos en cierta medida, su autoridad sobre la ayuda exterior. Sin embargo, persisten los daños derivados del recorte abrupto de la asistencia exterior y del desmantelamiento de USAID el año anterior, así como los esfuerzos de la administración y de los republicanos de la Cámara por promover nuevos recortes. Asimismo, aunque se han destinado fondos a cuentas que la administración pretendía eliminar, como el Fondo para la Democracia, informes de prensa indican que la mayor parte de este apoyo se ha alejado del respaldo tradicional a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Además, se ha restringido el financiamiento a la sociedad civil para cualquier organización que suscriba la «ideología de género»; se destinan alrededor de 500 millones de dólares al reasentamiento de sudafricanos blancos como refugiados; y se han reducido o eliminado programas de apoyo a mujeres y niñas.
Como ha señalado WOLA, aunque la ley exige transparencia, el gasto actual en ayuda es opaco. Desde 2025, el Departamento de Estado no ha proporcionado al Congreso ni al público «el valor en dólares de toda la asistencia exterior y de los beneficiarios, por categoría y por país» correspondiente al año anterior, ni el financiamiento previsto para el año en curso y el siguiente, tal como lo exige la ley. El Congreso debe exigir transparencia sobre el presupuesto de ayuda para tener una visión clara no solo del impacto de los recortes de gasto de 2025 y 2026, sino también de dónde y para qué se están utilizando realmente los fondos. Esta transparencia es especialmente urgente respecto de la asistencia en materia de seguridad, incluida la que fluye a través de los canales presupuestarios del Departamento de Defensa, que parece estar creciendo con rapidez.
El Congreso también tiene la oportunidad de replantear, restablecer, y condicionar la ayuda exterior para 2028 (y quizás para 2027, según el resultado de las negociaciones presupuestarias en los próximos meses). Ello no significa reconstruir el aparato de ayuda que existía antes de 2025: el desmantelamiento, por parte de la administración Trump, de la mayor parte de la infraestructura de ayuda exterior abre la oportunidad de construir algo más ágil, más capaz de garantizar que la mayor parte de la asistencia llegue a las comunidades destinatarias y más acorde con los intereses estadounidenses de largo plazo, entre ellos la seguridad duradera, la rendición de cuentas y el Estado de derecho. El nuevo Congreso puede comenzar a diseñar canales eficaces para brindar un apoyo sólido a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos universales, restablecer o incrementar el respaldo a organismos regionales e internacionales, y aumentar la asistencia humanitaria, en particular ante las consecuencias potencialmente graves del «Súper El Niño» en América Latina y el Caribe. Significa también restablecer las condiciones de derechos humanos a la asistencia de seguridad estadounidense, incluida la destinada a Colombia, México y Centroamérica, y garantizar el cumplimiento de la Ley Leahy (que prohíbe financiar a unidades de seguridad que violan derechos humanos con impunidad).
El Congreso debe asegurar que los fondos de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado se orienten a fortalecer las instituciones de justicia penal, proteger a la ciudadanía y combatir la corrupción vinculada al crimen organizado, en lugar de un enfoque obsoleto de «drogas y matones» que se centra excesivamente en las fuerzas militares, las operaciones letales o las deportaciones. Las donaciones a gobiernos como el de El Salvador, donde se utilizaron fondos de INL para encarcelar a migrantes expulsados, merecen un escrutinio y una condicionalidad muy rigurosos. No debe asignarse financiamiento alguno, bajo ninguna categoría presupuestaria, a nuevos ataques contra embarcaciones.
Ante un poder ejecutivo que ha ignorado las directrices de asignación presupuestaria del Congreso, este debe redactar con cuidado la legislación de asignaciones para protegerse contra la elusión deliberada de su voluntad. Ello implica aplicar con firmeza la Ley de Control de Retención de Fondos (Impoundment Control Act) por medio de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), e incluso censurar o someter a juicio político a los funcionarios que vulneren la facultad constitucional del Congreso sobre el presupuesto. Implica asimismo revitalizar la facultad de los encargados de comités de imponer «bloqueos» a la ayuda cuando no se respete la voluntad del Congreso. Estos «bloqueos» solo son exigibles cuando existe la probabilidad de que ignorarlos tenga consecuencias para las prioridades de la administración en la legislación de asignaciones de los años siguientes; los encargados de los comités tendrán que demostrar su disposición a recorrer este camino cuando sea necesario.
Exigir rendición de cuentas al DHS
Esta mayoría en el Congreso fue elegida en medio de una ola de indignación por los numerosos excesos y abusos cometidos por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) desde 2025: violaciones flagrantes y con demasiada frecuencia letales en el uso de la fuerza, perfilamiento racial, condiciones crueles e inhumanas en los centros de detención —incluidas las muertes bajo custodia de al menos 60 personas—, separaciones familiares y deportaciones peligrosas, todo ello cometido, al menos hasta ahora, con impunidad. El nuevo Congreso tiene un mandato y un deber moral de exigir cuentas al DHS, aunque carezca del control sobre el poder ejecutivo y de la mayoría a prueba de veto necesaria para transformar de raíz un departamento cuya creación apresurada tras el 11 de septiembre de 2001 instauró fallas profundas que hoy propician su politización y falta de profesionalismo.
Uno de los desafíos es que el 119.º Congreso, mediante un procedimiento legislativo especial denominado «reconciliación», aprobó dos leyes que otorgaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alrededor de un cuarto de billón de dólares, una cantidad enorme de recursos garantizada hasta 2029, con menos supervisión que en el pasado. Si bien es probable que el nuevo Congreso carezca de la mayoría de dos tercios necesaria para superar un veto presidencial, debe intentarlo —repetidamente si es necesario— para rescindir o recuperar la mayor cantidad posible de estos fondos.
Debería ser posible utilizar el proceso de asignaciones para condicionar el financiamiento futuro del DHS al cumplimiento de los siguientes requisitos: apego a estándares profesionales en el uso de la fuerza; uso de cámaras corporales; cooperación con fiscales locales cuando se vulneren derechos; fortalecimiento de la credibilidad de las investigaciones internas y de las agencias encargadas de realizarlas, hoy desmanteladas; eliminación del perfilamiento racial; mejora sustancial de los estándares de detención; observancia de estándares para mujeres embarazadas y lactantes; cierre de los centros de detención familiar; fin de las crueles deportaciones a terceros países; restablecimiento del acceso al asilo en la frontera; suspensión de las deportaciones aceleradas de menores no acompañados; derogación de las cuotas de arrestos y del mandato de detención del ICE; y cese de la práctica de no devolver las pertenencias y los documentos de identificación de las personas detenidas. Las condiciones también podrían buscar la revocación de al menos parte de la construcción del muro fronterizo más perjudicial, en zonas de alta sensibilidad ambiental, tierras indígenas y propiedades privadas. La lista de posibles condiciones presupuestarias es extensa debido a la gravedad de los abusos del DHS.
Los denunciantes y los testigos también desempeñarán un papel fundamental para frenar los abusos, poner fin a la corrupción y el despilfarro —especialmente en lo que respecta a los contratistas del DHS— y dar inicio al proceso más amplio de reforma. El nuevo Congreso debe garantizar que estén protegidos de represalias profesionales, judiciales o políticas, y dar seguimiento a las denuncias fundadas.
Defender el espacio cívico y apoyar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas en riesgo
Las organizaciones de la sociedad civil de numerosos países latinoamericanos enfrentan gobiernos alineados con la administración Trump que promueven estrategias de seguridad punitivas y lideradas por los militares, restringen el espacio cívico, reducen los controles sobre el poder ejecutivo, y avanzan una agenda contraria a los derechos. En América Latina existen leyes que restringen y regulan a las organizaciones de la sociedad civil en Cuba, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Perú, El Salvador y Ecuador; en estos últimos cinco países, fueron promulgadas a partir de 2024, mientras que el gobierno de Milei en Argentina también propone una ley de transparencia y publicidad de la gestión de intereses (ley sobre lobby) que podría restringir a dichas organizaciones. Hay presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como en El Salvador, un gobierno, encabezado por Nayib Bukele, que la administración Trump considera un aliado cercano.
Los miembros del Congreso han servido con frecuencia como contrapeso al poder ejecutivo, independientemente del partido en el gobierno, al pronunciarse a favor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo, exigir la liberación de presos políticos, denunciar violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas militares aun cuando sean aliadas de los Estados Unidos, y defender la democracia y el papel de la comunidad internacional en el logro de objetivos comunes. Ahora, con un nuevo Congreso en enero, WOLA exhorta a sus miembros a seguir defendiendo el principio de que la promoción y la protección de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales son «componentes fundamentales» de la política exterior estadounidense, tal como lo consagra la legislación del país.
Es probable que las acciones de la administración sigan poniendo en riesgo los derechos humanos y la democracia, tanto dentro como fuera del país. Ello hace aún más importante que los miembros del Congreso utilicen sus plataformas y su mayor poder para denunciar las injusticias y visibilizar el trabajo de valientes personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas que luchan para exponer las irregularidades gubernamentales y para fortalecer la democracia y el Estado de derecho en América Latina y en todo el mundo.
