La noche del 20 de abril, Nayib Bukele propuso a Nicolás Maduro a través de X un “acuerdo humanitario”: la repatriación de 252 migrantes venezolanos, quienes habían sido expulsados desde EE. UU. a El Salvador, a Venezuela, a cambio de la liberación de 252 presos políticos. El régimen venezolano respondió rápidamente rechazando la propuesta. Pero más allá de los titulares y los intercambios en redes sociales, queda una pregunta de fondo: ¿fue esta una oferta legítima desde el principio?
Lo que está ocurriendo entre EE. UU., El Salvador y Venezuela es profundamente preocupante: seres humanos están siendo utilizados como moneda de cambio en juegos de poder y narrativas entre gobiernos, mientras se violan o ignoran sus derechos más básicos. Aquí presentamos 3 razones por las cuales la propuesta del Presidente Bukele es problemática.
1. Las intenciones detrás de la oferta son dudosas y socavan la narrativa del gobierno de Trump de que los hombres venezolanos son “terroristas”.
Si bien negociaciones políticas podrían conducir a la liberación de personas injustamente detenidas en determinados momentos, no es usual que se anuncien por redes sociales, lo que hace pensar que se trata más de un esfuerzo discursivo que sustantivo.
De acuerdo al gobierno del Presidente Trump, 137 de las personas migrantes venezolanas enviadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador son supuestamente peligrosos criminales pertenecientes al Tren de Aragua, una banda criminal a la que EE. UU. designó recientemente como Organización Terrorista Extranjera y utilizó como excusa para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Sin embargo, no ha habido control judicial sobre las expulsiones desde EE. UU., ni sobre las detenciones en El Salvador. Estas personas no han sido presentadas ante un juez y ninguno de los dos gobiernos ha aportado pruebas que evidencien su vinculación al Tren de Aragua.
Más aún, el hecho que Bukele ofrezca liberar a estas personas pone en duda si realmente hay evidencia e indicios de actividades criminales, pues las estaría enviando a Venezuela, un país con una impunidad rampante y en donde —si fuese el caso— seguramente no serían investigadas ni sancionadas. La verificación independiente de los expedientes judiciales por medio de medios de comunicación muestra que el 90 por ciento de personas llevadas a El Salvador no tienen antecedentes penales en Estados Unidos. Esta propuesta también pone en evidencia que no hay ninguna base jurídica que justifique que El Salvador tenga en una prisión de máxima seguridad a cientos de migrantes que no cometieron delitos en su territorio.
Lo ocurrido es una muestra de los múltiples retos que enfrenta la región en un contexto de declive democrático, en el que se usan las redes sociales para llevar a cabo una política del espectáculo, y se hace uso de las instituciones y del lenguaje de derechos humanos no con el fin de defenderlos, sino de controlar narrativas. El Presidente Bukele, al nombrar a personas específicas detenidas o desaparecidas en Venezuela, seguramente no evaluó de qué manera esa vinculación las pone a ellas y a sus familiares en una situación de mayor riesgo. En este caso, la “propuesta” parece estar diseñado más para volverse viral que para generar resultados humanitarios reales.
2. El derecho al debido proceso ha sido violado en los tres países: EE. UU., El Salvador, y Venezuela.
El derecho al debido proceso de las cerca de 500 personas que harían parte de este “intercambio”, ha sido violado en los países involucrados. El debido proceso es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado sin importar ninguna condición social, incluyendo la nacionalidad, situación migratoria o afiliación política de una persona. En el caso de las personas migrantes venezolanas detenidas en la prisión de máxima seguridad CECOT, tanto EE. UU. como El Salvador han violado su derecho al debido proceso. Lo mismo es cierto para el caso de las personas privadas de libertad injustamente en Venezuela, por motivos políticos.
Las personas migrantes expulsadas no tuvieron ninguna oportunidad para recurrir su orden judicial, les fue negada la revisión judicial de sus casos, y para las personas expulsadas a través de la ley de 1798, no se les permitió demostrar que no pertenecen al Tren de Aragua o explicar si tienen un temor fundado de ser regresadas a Venezuela porque su vida, integridad personal o libertad corren peligro en ese país. Hasta donde se sabe, en El Salvador estas personas no han tenido un procedimiento legal de ningún tipo, no han tenido acceso a un abogado ni han sido presentadas ante un juez, sino que simplemente han sido mantenidas en una cárcel de máxima seguridad en aislamiento.
Mientras, el gobierno autoritario en Venezuela capitaliza este momento político e interpela a las autoridades en El Salvador sobre las garantías del debido proceso de las personas migrantes detenidas en El Salvador y pide información sobre su integridad física, pero se niega a brindar este mismo tratamiento a las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela por razones políticas. Tras negar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024 y permanecer sin legitimidad en el poder, en Venezuela hoy hay casi mil personas consideradas presas y presos políticos y decenas de personas desaparecidas. En el marco de una política para perseguir a la oposición o a quienes son percibidos como opositores, en Venezuela se llevan a cabo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles e inhumanos. Sería ideal que las preguntas que el Fiscal General Tarek William Saab hizo a las autoridades de El Salvador fuesen contestadas a los familiares de los presos políticos en Venezuela.
3. Los países deben respetar el derecho internacional en materia de retorno de migrantes que buscan protección.
Finalmente, hay un aspecto que a menudo es dejado de lado al momento de analizar la situación de las personas expulsadas de EE. UU. hacia El Salvador, así como la propuesta de “canje” elaborada por el Presidente Bukele: el principio de no devolución. Ningún extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida, integridad o libertad personal están en riesgo a causa de su nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.
Algunos de los hombres venezolanos que actualmente se encuentran en el CECOT ya habían iniciado solicitudes en el sistema de asilo de Estados Unidos debido a su temor de regresar a su país de origen o tenían estatus de protección temporal (TPS). EE. UU. y El Salvador no han evaluado los riesgos que una persona venezolana puede correr si es regresada a Venezuela y es percibida como opositora o como “traidora a la patria” por haber emigrado a EE. UU., un país que Venezuela considera enemigo. Adicionalmente, en algunos casos las cortes en EE. UU. se han pronunciado sobre el derecho de las personas con órdenes finales de deportación a tener “una oportunidad significativa” para argumentar que ser enviadas a su país de origen o un tercer país, según sea el caso, representa un nivel de peligro que justifica protección.
