La información de este artículo se basa en entrevistas realizadas con la sociedad civil, representantes locales y personas que participaron en la mesa de paz durante la visita de noviembre de 2024 del Congreso de los EE. UU. encabezada por el representante Hank Johnson, y en siete entrevistas de seguimiento realizadas por WOLA en las últimas dos semanas.
Durante el último fin de semana de marzo, la violencia se apoderó de Buenaventura, cobrándose varias vidas en la ciudad portuaria más importante de Colombia. Entre las víctimas se encontraba el futbolista afrocolombiano Vladimir Bravo Núñez, de 24 años, que fue disparado mientras compraba comida en el barrio de La Independencia. La última ola de violencia, que comenzó tras la ruptura de la tregua entre los dos principales grupos armados ilegales urbanos el 5 de febrero, ha provocado indignación y ha reavivado las convocatorias de #SOSBuenaventura.
En medio de la violencia, empezó a circular por WhatsApp una alerta en la que se pedía un “Pandemiaplomo”, es decir, un encierro al estilo COVID bajo la amenaza de ser tiroteado (“plomo” es un colombianismo que se refiere a balas). Los grupos armados ilegales también emitieron su propia orden, afirmando que disparaban a cualquiera que estuviera en las calles en cuanto lo vieran.
La actual crisis en Buenaventura surge a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno Petro para avanzar la paz en Colombia. Aunque la mesa sociojurídica establecida por el gobierno nacional en julio de 2023 con los grupos armados ilegales parece estar avanzando, la violencia, el abuso y el miedo siguen rampantes. El 13 de marzo, el gobierno llegó a un acuerdo con estos grupos para que dejen de reclutar menores. Esta negociación de casi dos años —el primer esfuerzo de paz que atrae la atención de los medios como parte de la política de Paz Total desde que Petro asumió la presidencia— ha visto tanto avances como retrocesos. En sus momentos más álgidos se redujeron los homicidios, se levantaron fronteras invisibles y las personas se sintieron libres para realizar sus actividades cotidianas sin miedo. En sus momentos más bajos, reinaba el miedo y la gente se desesperaba. A pesar de sus defectos, sigue siendo el mejor camino para desmantelar los grupos armados ilegales que aterrorizan a los habitantes de esta ciudad.
Un puerto con una larga trayectoria de violencia
El principal puerto de Colombia está situado sobre la Isla Cascajal en el Distrito de Buenaventura en la costa pacífica colombiana. La población total del distrito supera las 450.000 personas, la mayoría de las cuales vive en la isla y en los asentamientos urbanos circundantes en tierra firme. En Buenaventura, más del 88 por ciento de la población es afrocolombiana, más del 82 por ciento vive en la pobreza, el 41 por ciento en la pobreza extrema, y la tasa de desempleo ronda el 66 por ciento. Muchos de los bonaverenses proceden de las cuencas de los ríos Valle del Cauca y Chocó, que albergan las tierras ancestrales de muchas comunidades rurales afrodescendientes tradicionales de Colombia. También vive en Buenaventura una pequeña población indígena Emberá-Wounaan, muchos de los cuales son desplazados internos de sus territorios en el sur del departamento del Chocó.
Como una zona de gran biodiversidad, tierras fértiles y geografía compleja, la situación geoestratégica de Buenaventura la convierte en un centro ideal para el narcotráfico. La zona sufre una violencia endémica debido a los conflictos armados internos con las FARC (ahora disidentes de las FARC), la guerrilla del ELN, las AGC (paramilitares del Clan del Golfo), los narcotraficantes y las bandas criminales urbanas de carácter local. Estos grupos armados ilegales colombianos son a veces subcontratados por los cárteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa para llevar a cabo actividades de narcotráfico.
En diciembre de 2023, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó de que los grupos armados ilegales tienen presencia en 112 de los 136 barrios de Buenaventura, donde han cometido graves violaciones de derechos humanos. Desde 2018, esta misma oficina ha emitido trece alertas tempranas para Buenaventura, que contienen recomendaciones a las fuerzas de seguridad y a las autoridades civiles sobre cómo salvaguardar a los civiles ante amenazas inminentes.
Desde la década de 1980 hasta finales de la década de 2000, grupos armados ilegales como las guerrillas de las FARC y el ELN, y posteriormente el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), controlaron Buenaventura. En respuesta, en la década de 2000, las fuerzas armadas colombianas militarizaron la zona portuaria. Esta militarización, sin embargo, no ha servido de mucho para evitar los homicidios y las atrocidades masivas, como las “casas de pique” (donde las víctimas han sido desmembradas vivas), los desplazamientos internos forzados y la persecución de líderes sociales y de cualquier otra persona que los grupos armados ilegales hayan considerado enemigos u “objetivos militares”.
El racismo estructural en Colombia socava la vida de las personas afrodescendientes en todo el país, mientras que el clasismo devalúa la vida de las comunidades rurales empobrecidas y de las personas desplazadas internamente. En Buenaventura, estas realidades subyacentes, combinadas con la percepción de que el puerto es simplemente un activo económico dominado por intereses comerciales y una corrupción sistémica, ayudan a explicar por qué ocurren abusos tan graves en esta zona altamente militarizada.
En 2016, el grupo armado y criminal organizado “La Local” dominaba las operaciones de narcotráfico en la ciudad y sus zonas fluviales. Los integrantes de La Local aterrorizaban a la población local, extorsionando negocios y secuestrando personas con fines de lucro. El grupo se fragmentó en 2019 luego de que la Policía Nacional capturara y encarcelara a sus líderes. Los desacuerdos sobre quién debía liderar la organización resultaron en la formación de dos facciones rivales, conocidas como los Shottas y los Espartanos. Ahora enemigos acérrimos, estas facciones se disputan los intereses comerciales ilícitos y el control territorial. Con más de 1.500 integrantes —principalmente jóvenes afrocolombianos— operan en 40 barrios y nueve veredas. Mientras tanto, los líderes de estos grupos controlan las operaciones desde las cárceles.
Los grupos armados ilegales de mayor envergadura que operan en la región —disidencias de las FARC, guerrilla del ELN y el Clan del Golfo/AGC— subcontratan labores y partes de sus operaciones a estos grupos criminales urbanos. Estos están presentes en las zonas rurales alrededor del puerto, a lo largo de la costa pacífica y en el interior de la región. Además de los Shottas y los Espartanos, existen otros grupos urbanos ilegales más pequeños, como los Chiquillos.
Estos grupos imponen “fronteras invisibles” y toques de queda a la población. Una frontera invisible es una zona delimitada por un grupo a la que no se puede ingresar sin permiso; cruzarla puede costar la vida. Los tiroteos y otras formas de violencia se concentran en las noches, tras la imposición de estos toques de queda. Este entorno genera temor y limita el movimiento de la población, afectando su vida cotidiana y sus medios de subsistencia. Una tregua negociada en 2022 redujo la tasa de homicidios, eliminó las fronteras invisibles, levantó los toques de queda y disminuyó los secuestros. Sin embargo, cuando la tregua se rompió, la violencia resurgió, con asesinatos de lado y lado, y personas civiles atrapadas en medio del fuego cruzado.
Gráfico de Pares 2023 que muestra la disminución de homicidios tras la tregua de 2022.
Fuente: Gicri Policía Nacional. Elaboración: Unidad de Monitoreo y Evaluación FIP.
Este gráfico muestra cómo la tregua y la instalación de la mesa sociojurídica llevaron a una caída en los homicidios. Esto indica que un acuerdo futuro podría reducir significativamente los asesinatos y la violencia.
Los esfuerzos de ‘Paz Total’ ofrecen un nuevo camino
En 2024, el gobierno de Petro reiteró su compromiso con el proceso de paz urbana orientado a reducir la violencia y establecer una ruta para que los grupos armados transiten hacia la vida civil y democrática. A pesar del impulso inicial por parte de congresistas del Pacto Histórico, no se concretó el marco legal necesario para avanzar en las negociaciones con los grupos armados urbanos. Esto incluyó el fracaso en aprobar una ley que permitiera a las autoridades judiciales levantar órdenes de captura y otorgar incentivos para la desmovilización. Como resultado, la situación sigue siendo altamente volátil. Los dos grupos continúan involucrados en sus actividades ilícitas, dependiendo del puerto para operar.
El 13 de marzo, los Shottas y los Espartanos llegaron a un acuerdo con el gobierno para frenar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en sus actividades ilegales. En este pacto, los grupos acordaron cesar toda violencia “física, psicológica y sexual contra niños y niñas”. Paralelamente, la Policía anunció que reforzaría la seguridad desplegando a cien oficiales en el puerto, incluidos especialistas en inteligencia, antinarcóticos e investigación.
Este acuerdo es un paso hacia la reducción de la participación de menores en la violencia desbordada que afecta al principal puerto internacional del país, que recientemente abrió una ruta de comercio marítimo con China. Es una victoria menor para el gobierno colombiano, dado que lograr la paz total con la larga lista de grupos armados ilegales del país —cada uno con características complejas y particulares— ha sido una tarea abrumadora. La pregunta ahora es: ¿cómo transformar el diálogo urbano por la paz en Buenaventura en resultados concretos?
Para responder a esto, consultamos con actores clave (sociedad civil, gobierno y población local) sobre su opinión respecto al acuerdo de reclutamiento, los desafíos del proceso y qué pueden hacer el gobierno nacional y la comunidad internacional para fortalecerlo.
Detener el reclutamiento forzado es clave para la paz
Existe un amplio consenso en que poner fin al reclutamiento forzado de menores es fundamental para avanzar en la paz. Sin embargo, aunque se han dado pasos en los procesos de paz urbana, el reclutamiento forzado sigue siendo una realidad preocupante. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es una de las violaciones más atroces en Buenaventura, donde menores desde los diez años son incorporados a las filas de los grupos ilegales. La falta de empleo y las desesperantes condiciones socioeconómicas de las comunidades crean un terreno fértil para que los jóvenes sean reclutados. Los grupos ilegales se presentan como una “solución” a la pobreza, atrayendo a los jóvenes con ropa de marca, calzado y armas.
Quienes se niegan a ingresar reciben amenazas de muerte, y muchos se ven forzados a abandonar la ciudad. En casos donde un niño, niña o adolescente es señalado como objetivo, toda la familia puede verse obligada a huir, ya que los grupos armados pueden ocupar sus viviendas y apoderarse de sus pertenencias. Las mujeres adultas, adolescentes y niñas son particularmente vulnerables, al estar expuestas a violencia sexual y otras formas de explotación.
Estrategias como la implementación de programas comunitarios de protección, la creación de espacios seguros para la niñez y el fortalecimiento de la coordinación entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil han contribuido a reducir la vulnerabilidad al reclutamiento. Asimismo, el aumento de la visibilidad del problema ha mejorado el compromiso institucional para prevenir y atender casos de reclutamiento forzado.
Obstáculos del proceso de paz urbana
El proceso de paz urbana enfrenta desafíos legales y estructurales, como la falta de un marco normativo, la desconfianza, la corrupción, instituciones débiles y la persistente influencia de los grupos armados ilegales en varios barrios. Para que el proceso tenga éxito, todas las partes deben demostrar un compromiso serio con la implementación efectiva de cualquier acuerdo futuro. Como se mencionó anteriormente, un obstáculo importante es que el Congreso colombiano no ha aprobado la legislación necesaria para garantizar un marco jurídico que permita avanzar plenamente. Esta deficiencia socava la confianza construida en las mesas de negociación y deja el proceso expuesto a las dinámicas de violencia vigentes en la ciudad.
Las comunidades también desconfían del proceso, pues los grupos armados siguen cometiendo delitos y abusos incluso mientras se desarrollan las mesas de diálogo. Persisten la extorsión, las desapariciones forzadas, la imposición de fronteras invisibles, los asesinatos, la violencia sexual y el reclutamiento forzado. Prácticas culturales y ancestrales como los velorios han sido restringidas en algunos barrios, donde los grupos armados prohíben a las familias realizarlas en sus casas, lo que evidencia la imposición de la violencia en la vida cotidiana. Esta contradicción entre lo que se discute en las mesas de paz y la realidad en las calles de Buenaventura genera escepticismo generalizado y erosiona la esperanza.
Esto se agrava por la incapacidad de las fuerzas de seguridad para proteger a la población y su falta de acción ante violaciones. Aunque las autoridades patrullan ciertas zonas, los habitantes señalan que los grupos armados ejercen un control absoluto en muchos barrios, desplazando a las fuerzas de seguridad. Las denuncias ciudadanas son ignoradas y pueden provocar represalias, incluidas amenazas a quienes se atreven a hablar. En algunos casos, los ciudadanos se han visto obligados a retirar las cámaras de seguridad de sus casas para evitar retaliaciones.
Muchos en la comunidad señalan la corrupción, complicidad y omisión de miembros de la fuerza pública, líderes políticos regionales y del poder judicial como factores altamente problemáticos. Informes periodísticos indican que algunas autoridades han mantenido relaciones con grupos ilegales, como en los casos del director de la unidad de investigaciones técnicas de Buenaventura, exalcaldes, jueces y fiscales. En algunos casos, la administración regional y ciertos jueces no envían a los criminales a prisión, lo que permite que continúen delinquiendo con impunidad. Peor aún, muchos de estos líderes siguen dirigiendo actividades ilícitas desde prisión, perpetuando el ciclo de violencia y caos. Estas situaciones generan desconfianza en la fuerza pública y en las instituciones, y hacen que la población tema denunciar los delitos.
Otro desafío son las conexiones de los grupos armados ilegales con otras regiones. Algunos de sus líderes residen en otras ciudades de Colombia o en el extranjero. Esto dificulta la resolución del conflicto, ya que vincula la violencia con dinámicas económicas ilícitas. En el mundo del narcotráfico, la paz no es una prioridad, pues esta industria prospera con la guerra y la ilegalidad.
La incapacidad de los gobiernos nacional, regional y local de satisfacer las necesidades de la población suele ser señalada como una de las razones por las que los grupos armados ilegales siguen prosperando. Esta falta de atención también obstaculiza su desmovilización. La ausencia de inversión social en educación, salud, acueductos, vivienda, empleo y verdaderas alternativas de subsistencia impide avanzar. Un paro cívico masivo en 2017 paralizó la ciudad durante 22 días y derivó en acuerdos con el gobierno nacional para reducir la brecha de desigualdad que aún no se han cumplido plenamente. Las personas entrevistadas por WOLA expresan su deseo de contar con otras opciones de vida digna para ellas y sus comunidades. Las víctimas de estos grupos señalan que las instituciones son débiles y tienen escasa capacidad para articular rutas de atención y protección frente al reclutamiento forzado.
Los habitantes también señalan a las empresas multinacionales y al sector privado como cómplices de la violencia. Aunque Buenaventura gestiona el 48,4 por ciento de las exportaciones de Colombia, quienes se benefician del comercio no invierten en las comunidades locales. Algunas personas creen que al sector privado le conviene no ayudar para provocar desplazamientos y así facilitar la expansión de las operaciones portuarias.
El camino a seguir
La violencia y los conflictos en Buenaventura son estructurales y endémicos. No hay soluciones rápidas ni sencillas. La comunidad internacional debe respaldar política y financieramente las negociaciones sociojurídicas para asegurar su avance y facilitar la desmovilización de los grupos ilegales. La comunidad internacional, junto con los gobiernos nacional, regional y local y la sociedad civil, debe apoyar a las organizaciones sociales de Buenaventura y a la Iglesia Católica en sus esfuerzos por construir paz, promover justicia y cerrar las brechas socioeconómicas de la región.
Algunos pasos adicionales que pueden tomarse para impactar la violencia y fortalecer la mesa sociojurídica en Buenaventura incluyen:
- El Congreso colombiano debe aprobar un marco legal que garantice seguridad jurídica a todas las partes involucradas en el proceso sociojurídico. Según Pares, “la ausencia de un marco normativo sólido, la dependencia de acuerdos voluntarios y la falta de planificación estratégica evidencian la necesidad urgente de adoptar medidas sostenibles para consolidar la paz en la región.”
- El gobierno nacional debe priorizar y cumplir los acuerdos alcanzados tras el Paro Cívico de 2017. Debe invertir tanto o más en la población del puerto como lo hace en las operaciones comerciales del mismo.
- Sectores sociales, empresariales, gubernamentales, nacionales, departamentales y locales deben unirse para implementar el Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura 2040 (PIEDB 2040). Esto implica avanzar en el Fondo para Buenaventura y cambiar su ejecutor, desarrollar proyectos sociales centrados en las personas y no solo en la infraestructura portuaria, fortalecer el marco institucional del distrito de Buenaventura, mejorar el sistema judicial e invertir en agua, saneamiento básico, emprendimientos, educación y salud. También se debe trabajar en campañas contra la corrupción y en la creación de escuelas de formación política y liderazgo.
- Los grupos armados ilegales, los Shottas y los Espartanos, deben demostrar su compromiso con el proceso cesando la violencia entre sí y contra la población civil. Deben detener el reclutamiento forzado de menores, las violaciones de derechos humanos y la violencia de género, así como cesar las extorsiones y el control de la población.
- Es necesario enfrentar la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y las instituciones judiciales locales. La fuerza pública debe mantener su presencia en los barrios afectados por el conflicto. Los recientes escándalos de inteligencia deben resolverse y se deben incorporar nuevos actores que generen confianza en la comunidad. Las autoridades deben capturar a quienes financian estas estructuras y asegurar una presencia más robusta del Estado en el territorio.
