(AP Photo/Salvador Melendez)
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Un régimen de excepción es un mecanismo legal para abordar situaciones de emergencia y debe ser eminentemente temporal y extraordinario; sin embargo, el presidente Nayib Bukele ha gobernado a El Salvador bajo esta figura desde marzo de 2022, dándole un carácter permanente e indefinido a la limitación de derechos constitucionales. Durante estos meses, el poder ejecutivo ha utilizado a las fuerzas de seguridad del Estado para implementar una política contra la violencia desde la represión, persecución y estigmatización en contra de la población; agravando con ello la crisis de gobernabilidad democrática y de derechos humanos que atraviesa el país.
El régimen de excepción no solo ha permitido suspender garantías constitucionales sino además ha eliminado controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones del Estado y el derecho al acceso a la información pública. Es decir, ha fomentado la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.
Con información de la Policía Nacional Civil, Bukele ha venido reportando cero homicidios en el país y nuevamente, el 13 de septiembre de 2022 se reportó cero homicidios en El Salvador. Esto refleja una caída significativa de los índices de violencia y muertes violentas en un país que, hasta hace unos meses, era considerado uno de los más violentos del mundo. No obstante, la veracidad de estas cifras no se puede verificar o constatar si son reportadas adecuadamente debido a la falta de acceso a la información. Además es importante anotar que el gobierno de Bukele ha cambiado qué tipos de muertes se incluyen en las cifras totales de homicidios, quitando, por ejemplo, las muertes de presuntos pandilleros en confrontaciones con la policía.
Si bien el régimen de excepción ha sido la herramienta que ha utliziado el gobierno para violar garantías y libertades fundamentales, como se ha documentado ampliamente, hay otra serie de derechos “llave”, como el derecho a la información pública, cuyo goce y ejercicio se ha vulnerado por parte del Estado.
Abajo se describe algunas de las situaciones más preocupantes derivadas del régimen de excepción:
En el año 2011 El Salvador promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) garantizando el derecho de buscar y recibir información en manos del Estado, lo cual fortalecía la participación ciudadana y la gobernabilidad democrática. Sin embargo, desde el inicio de su gobierno, Bukele ha incumplido dicha normativa, declarando la mayoría de información pública como reservada, convirtiendo la confidencialidad de la gestión pública como la regla y no en la excepción como dicta la ley. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha dejado de ser un órgano de control, ya que sus decisiones reflejan falta de independencia e imparcialidad, por ejemplo, al declarar como información confidencial la declaración patrimonial del presidente Bukele.
El Salvador había superado la cultura del secreto heredada desde la guerra; no obstante, medidas como el régimen de excepción han debilitado la democracia al limitar el acceso a la información y clasificar las políticas de seguridad como confidenciales con el criterio de proteger la “seguridad nacional”, cuyo concepto era aplicado durante la guerra. Ni la prensa ni la sociedad civil ha tenido acceso a información detallada sobre las políticas de seguridad y combate a la violencia como el Plan de Control Territorial que fue declarado en reserva por siete años por el Instituto de Acceso a la Información Pública. De esa manera, el sistema democrático se ha deslegitimado al excluir a la ciudadanía en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas, especialmente las relativas a la seguridad ciudadana.
La prensa y organizaciones de la sociedad civil han denunciado de una posible manipulación de la información sobre los índices de violencia, con fines clientelares. Como señalan algunos académicos respecto a líderes populistas, su finalidad es “la búsqueda de una relación directa con el electorado, y un discurso político de amigo/enemigo”. Según la revista Gato Encerrado, la Policía Nacional Civil declaró bajo reserva la información de homicidios y víctimas del delito de desaparición en El Salvador, lo cual es una muestra de cómo los datos y la información se ocultan y no pueden verificarse.
El derecho al acceso a la información es una herramienta vital en la lucha contra la corrupción ya que permite implementar la auditoría ciudadana a los actos del gobierno y promueve una mayor rendición de cuentas. El régimen de excepción ha exacerbado la suspensión -de facto- de este derecho que se había iniciado desde el inicio de Bukele, anulando la capacidad de la ciudadanía de verificar el uso de fondos públicos por parte de la Policía Nacional Civil y de los Ministerios de Seguridad y Justicia, entre otras instituciones. La Asamblea Legislativa -controlada por el partido oficialista- ha aprobado otros decretos junto con las seis prórrogas del decreto del régimen de excepción, que le permiten al Estado administrar los fondos públicos sin respetar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el actuar de los Estados debe “encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas”. Pese a ello, desde la pandemia de COVID-19, el Estado ha limitado -tanto a la prensa como para la ciudadanía- información que podría revelar posibles abusos de poder, mal manejo de fondos públicos y cualquier mala gestión en el sector público.
El régimen de excepción a favorecido la corrupción debido a:
En el marco de la “guerra contra las pandillas” y bajo el régimen de excepción, Bukele inició la construcción de un nuevo centro penal al que el mismo Bukele denominó “centro de confinamiento del terrorismo” y de cuya gestión no se tiene información, especialmente sobre los préstamos y costos que implicarían. Los procesos de “compra express” también se han extendido para la construcción de los nuevos megaproyectos que ha anunciado Bukele: el aeropuerto y el tren del Pacífico.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda de El Salvador asignó la cantidad de $890 millones en el presupuesto general para 2022 para temas de seguridad y defensa. A este monto, se suma $400 millones en reorientaciones de fondos y deuda asignado también para temas de seguridad. Se desconocen todas las fuentes de financiamiento; el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- ha desembolsado más de $1,600 millones al gobierno de El Salvador desde mayo de 2021 y la ciudadanía no tiene acceso a información sobre cómo se están usando los fondos .
Transparencia Internacional ubica a El Salvador en su lista roja como países cuya percepción de la corrupción es baja, con una ponderación de 34/100 (0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio) para el año 2021, mostrando una caída respecto del año anterior que le ponderó con 36/100. En un país con recursos limitados y grandes necesidades, cada dólar mal invertido o desviado para fines personales es una vulneración a los derechos de los miles de ciudadanos que necesitan del Estado.
Las graves violaciones a los derechos humanos han sido el efecto más visible y preocupante del régimen de excepción debido a que día a día se agudiza y normaliza el clima de irrespeto a las garantías constitucionales como el derecho a la defensa, el debido proceso, la libertad de locomoción y asociación, entre otros. Si bien esta afectación ha sido específica a ciertas víctimas, la magnitud de las medidas del régimen de excepción han afectado a la sociedad salvadoreña en su conjunto.
La estigmatización, persecución y represión no han sido acciones aisladas, sino que forman parte de un objetivo mayor contra un sector de la población de manera sistemática. Es alarmante que se esté creando una cultura judicial del abuso del poder y normalizando del uso de la fuerza como método de órden social por parte de la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas y el poder judicial.
Régimen de excepción para acallar voces disidentes
El régimen de excepción, cuya finalidad es reducir la violencia generada por las maras y pandillas, se ha utilizado para reprimir y acallar voces críticas a las acciones del gobierno de Bukele como la detención del especialista digital Mario Gomez quien hizo señalamientos sobre el uso del Bitcoin y posible fraude financiero del gobierno de Bukele.
Otro caso, es la reciente detención de Luis Alexander Rivas, quien publicó en la red social Twitter una foto de dos hermanos del Presidente Bukele caminando con un grupo de guardaespaldas. Esta acción tuvo represalias por parte de Bukele y Rivas fue acusado por el delito de desacato. Aunque el delito no tiene relación con la violencia generada por las pandillas, se llevó a cabo bajo las reglas del régimen de excepción lo cual permitió la eliminación de algunas garantías constitucionales de Rivas.
De acuerdo a los datos que maneja el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, desde el inicio del régimen de excepción hasta el 12 de septiembre, habían detenido a 52,549 personas sin órdenes de captura ni ninguna garantía como el debido proceso. Aunque es difícil corroborar las cifras del gobierno y saber con certeza cuántos detenidos hay en total y cuántos de estos han sido por detenciones arbitrarias, hay indicios de que muchas de estas se llevaron a cabo de manera arbitraria. A casi cinco meses del régimen de excepción, seis organizaciones sociales habían recibido 3,186 denuncias sobre el abuso de poder, de las cuales la mayoría eran casos de detenciones arbitrarias.
En las prisiones hay un hacinamiento extremo que ha dado lugar a condiciones deplorables. Las organizaciones locales de derechos humanos han documentado la falta de necesidades básicas como el acceso a agua potable, servicios sanitarios y alimentos suficientes en condiciones decentes. También ha habido una falta total de atención médica para las personas detenidas que necesitan medicamentos para afecciones preexistentes, así como para las que desarrollan COVID-19 u otras afecciones mientras están detenidas. Hasta el 25 de agosto, el Instituto de Medicina Legal (IML) había registrado 73 muertes en el sistema penitenciario del país desde que se instauró el estado de excepción. El IML confirmó que 35 de ellas fueron consecuencia de torturas o muertes violentas, 22 de negligencia médica y el resto por causas indeterminadas. En la mayoría de los casos, las familias de las víctimas no son informadas ni se les dan detalles sobre la causa de la muerte, lo que sugiere la posibilidad de un subregistro de muertes como resultado de abusos o negligencia.
Además de las detenciones arbitrarias masivas y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, tanto durante estas detenciones como en las propias prisiones, también se han producido casos de desapariciones forzadas y abusos contra los derechos humanos cometidos por el poder judicial. Hasta el 23 de agosto, 45.260 personas habían sido enviadas provisionalmente a prisión durante las audiencias masivas y en una sola audiencia, 552 personas fueron acusadas. Grupos locales han denunciado estas audiencias ya que no permiten la individualización de los casos, ni el derecho a la defensa.
Más allá de los problemas jurídicos que conlleva la implementación y extensión indefinida del régimen de excepción en El Salvador, durante sus cinco meses de vigencia ha reflejado que el abordaje de la violencia y la criminalidad es hoy por hoy un problema de carácter político, de concentración del poder. Se ha utilizado el populismo punitivo con fines clientelares-electorales generalizando un discurso que defiende la creación de nuevos delitos, el aumento de penas y el uso de la cárcel como las medidas más apropiadas para resolver el problema de la criminalidad.
La gravedad y las circunstancias en las que han ocurrido las violaciones a los derechos humanos en El Salvador, reflejan a un Estado que utiliza medidas punitivas -no preventivas- y violatorias a los derechos humanos como una estrategia de seguridad. Las detenciones arbitrarias y la tortura en las cárceles se han dado de manera sistemática, generalizada y masiva reprimiendo a una parte de la población, lo cual supone un riesgo a que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Además, el régimen de excepción ha exacerbado la anulación -de facto- que inició el gobierno de Bukele sobre el derecho al acceso a la información pública. Esto ha provocado que se hayan cerrado los espacios cívicos que puedan permitir a la ciudadanía conocer cualquier tipo de información generada por el Estado y su administración pública.
El régimen de excepción ha permitido evadir procedimientos y filtros legales para el manejo de fondos públicos y ejecución presupuestaria. Debido a la falta de acceso a la información no existe certeza sobre el procedimiento para la adquisición de bienes o servicios en materia de seguridad, facilitando actos de corrupción como malversación de fondos.
Debido a los riesgos que supone para la democracia, es indispensable que la comunidad internacional en general -incluyendo gobierno, organismos multilaterales y donantes- hagan llamados y ejerzan presión diplomática al Estado salvadoreño al respeto de los derechos humanos y a no utilizar el régimen de excepción de forma indefinida.
Es indispensable que el gobierno de los Estados Unidos busque formas para que sus iniciativas como Voces, la Estrategia de las Causas Raíz de la Migración, entre otras, sean más efectivas para proteger a la sociedad civil y a la prensa independiente.
El gobierno de EEUU también debe:
Para prevenir la corrupción en el manejo de fondos públicos, los organismos financieros internacionales -como el Fondo Monetario Internacional- pueden promover la auditoría del uso de los préstamos en materia de seguridad, defensa y justicia en El Salvador. Asimismo, pueden jugar un rol fundamental para detener la ola autoritaria y de violaciones a derechos humanos a través del condicionamiento de los fondos que son aprobados para El Salvador en el respeto por el estado de derecho.
Por último, la cooperación internacional debe verificar que la asistencia y los fondos que están dirigidos al sistema de justicia, las cárceles, y a las fuerzas de seguridad se ejecuten con base a principios de transparencia y respeto a los derechos humanos.
*Este pronunciamiento fue remitido por Ana María Méndez-Dardón al registro de la audiencia del Estado de excepción en El Salvador del 12 de septiembre de 2022 en la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
