por WOLA
3 de enero de 2026
Tras meses de cerco militar en la región, el 3 de enero de 2026, las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra múltiples objetivos en Venezuela y el presidente Trump anunció la captura y la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Aún se desconoce el número de personas heridas y fallecidas durante esta operación. La administración Trump llevó a cabo el ataque sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos y en violación de los límites constitucionales del poder del presidente en materia de guerra. Las acciones de los Estados Unidos también violan el derecho internacional. No parece haber ningún argumento válido de legítima defensa por parte de los Estados Unidos.
Durante años, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha promovido una política estadounidense hacia Venezuela basada en los principios de los derechos humanos, al tiempo que ha condenado los abusos del gobierno autoritario de Nicolás Maduro. El 28 de julio de 2024, las personas venezolanas votaron abrumadoramente a favor de un cambio democrático, pero su voluntad fue ignorada por Nicolás Maduro, quien permaneció ilegalmente en el poder y lanzó una amplia campaña de represión. Venezuela sigue siendo el único país en las Américas con una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, y hay docenas de investigaciones en curso sobre casos de gran corrupción.. El país sigue atravesando una emergencia humanitaria compleja. Las y los venezolanos merecen una transición pacífica hacia la democracia y el respeto de sus derechos fundamentales. No obstante, la acción militar unilateral de Estados Unidos, que viola las normas que han guiado el orden internacional durante casi un siglo, resulta imprudente y peligrosa.
Desde el ataque del 2 de septiembre de 2025 contra una embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas, WOLA ha denunciado los 32 ataques militares estadounidenses y al menos 115 muertes en el Caribe y en el Pacífico oriental, que constituyen ejecuciones extrajudiciales y un uso unilateral e injustificado de la fuerza letal. Hemos proporcionado información basada en pruebas que desmiente muchas de las afirmaciones de la administración Trump para justificar estas acciones como parte de una operación antinarcótica.
Las acciones más recientes de Estados Unidos establecen un precedente preocupante para la región. El Secretario General de la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y múltiples gobiernos de todo el mundo han dado la voz de alarma sobre las acciones de la administración Trump, que podrían generar aun más polarización y disturbios en la región. Es esencial que los esfuerzos de las y los venezolanos y de la comunidad internacional se centren ahora en desescalar las tensiones, proteger a los civiles y lograr una transición pacífica y democrática. Las autoridades de facto venezolanas deben respetar la vida y la integridad de la sociedad civil venezolana, respetar el derecho a la protesta pacífica y respetar la integridad física —y liberar incondicionalmente— a los cientos de presos políticos que se encuentran bajo custodia del gobierno.
El retorno de la administración Trump a la “diplomacia de las cañoneras” y su desprecio por el derecho internacional dañan la reputación de Estados Unidos a nivel mundial y alienan a importantes aliados. WOLA insta a la administración a que ponga fin a estas acciones unilaterales y apoye un proceso de negociación centrado en los derechos de las personas venezolanas y en la democracia. El Congreso de Estados Unidos debe reafirmar su poder para autorizar el uso de la fuerza letal y exigir respuestas inmediatas sobre las implicaciones de las acciones militares de la administración para los derechos humanos, la democracia y el futuro de la política exterior estadounidense en la región.
