Tabla de Contenidos
I. El 28 de julio de 2024 como hito reciente de la historia venezolana
2. Contexto post-electoral: la represión expresada en la “Operación Tun Tun”
3. Un ataque sostenido: suspensión de facto de garantías
III. Elecciones regionales, locales y legislativas sin garantías ni participación
IV. ¿Reforma constitucional en el horizonte? El avance hacia el estado comunal
V. La emergencia humanitaria compleja continúa
VI. La relación entre Estados Unidos y Venezuela en el período 2024-2025
1. Revocación de licencias petroleras e imposición de nuevas sanciones individuales
b. Nueva administración: cambio en la política
2. Congelamiento y terminación de ayuda extranjera
VII. Algunas conclusiones sobre el panorama actual
Resumen Ejecutivo
El 28 de julio de 2024 marcó un hito en la historia reciente de Venezuela, al celebrarse unas elecciones presidenciales bajo un contexto de cierre del espacio cívico y persecución política sistemática. A pesar de las condiciones adversas, millones de personas ejercieron su derecho al voto con la esperanza de una transición democrática y pacífica. Sin embargo, esta manifestación de voluntad ciudadana fue respondida con una nueva oleada represiva por parte del Estado, que derivó en múltiples y graves violaciones de derechos humanos.
Este informe abarca el período comprendido entre enero de 2024 y julio de 2025. Ante el incesante transcurrir de los acontecimientos, los hechos descritos y el análisis de los mismos, tienen como fecha de corte el 23 de julio de 2025. El informe busca sistematizar hallazgos clave a partir de fuentes secundarias y evidencia cualitativa obtenida mediante el monitoreo constante del contexto nacional e internacional. El análisis se basa en una metodología predominantemente descriptiva, sustentada en la revisión documental de informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil, pronunciamientos de organismos internacionales y fuentes de información de acceso restringido, recopiladas en el marco del trabajo de incidencia y acompañamiento de WOLA.
A través de la información obtenida se ha logrado concluir que entre julio de 2024 y julio de 2025 se consolidó un patrón de represión estatal dirigido a inhibir la participación política y fortalecer el control autoritario del poder. Este patrón incluyó: detenciones arbitrarias; incluso de familiares de dirigentes opositores, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y hostigamiento judicial, además de muertes bajo custodia de presos políticos. Estos hechos no son aislados. Según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, todas estas violaciones forman parte de una política estatal destinada a silenciar y neutralizar a la disidencia.
Después de las elecciones presidenciales de 2024 y sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicara los resultados y evidencia que los sustentara, se convocaron nuevos eventos electorales. Las elecciones regionales y legislativas de mayo de 2025, así como las municipales previstas para el 27 de julio, se desarrollan en condiciones que no cumplen con los estándares mínimos para ser consideradas libres ni democráticas.
En paralelo, el gobierno ha promovido el llamado Estado Comunal, un modelo político que, bajo el discurso de una “democracia protagónica”, sustituye el orden constitucional por estructuras de poder local centralizadas, sin garantías de pluralismo, participación libre ni rendición de cuentas. La intención de reformar la Constitución bajo estas premisas representa una amenaza directa al modelo democrático y a la separación de poderes.
El gradual cierre del espacio cívico ha sido igualmente alarmante. Organizaciones de la sociedad civil enfrentan cancelaciones arbitrarias de personería jurídica, fiscalizaciones abusivas, campañas de estigmatización, leyes regresivas como la que criminaliza la labor de las ONG. A esto se suma intentos legislativos que buscan etiquetar a estas organizaciones como “fascistas” y un aumento sostenido de la censura digital, vigilancia y bloqueo informativo. Pese a este entorno hostil, persisten expresiones de resistencia cívica que mantienen vivo el tejido social y la defensa de los derechos humanos dentro del país.
A nivel internacional, el panorama se ha transformado. En enero de 2025, Nicolás Maduro asumió ilegítimamente un nuevo mandato presidencial. Este hecho coincidió con el inicio del nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, lo que reconfiguró profundamente la política exterior hacia Venezuela. Entre los cambios más relevantes están la revocación de licencias petroleras, la reactivación de vuelos de deportación y el endurecimiento de otras medidas migratorias, la suspensión parcial de ayuda humanitaria, el desmantelamiento de programas de asistencia y negociaciones bilaterales centradas en intercambios políticos sin enfoque en derechos humanos.
Las posturas de WOLA expuestas en este texto se fundamentan en el derecho internacional de los derechos humanos, tal como ha sido desarrollado por sistemas internacionales de protección. Asimismo, están profundamente influenciadas por el trabajo de la sociedad civil venezolana, en un esfuerzo por amplificar las voces y experiencias del activismo de movimientos sociales y grupos de base que se encuentran en la primera línea de la lucha por la democracia, la justicia y la dignidad en Venezuela. En el escenario de innumerables violaciones en el contexto postelectoral descrito en este informe Venezuela demanda una respuesta firme, coherente y comprometida con la defensa de los derechos humanos.
Para esta respuesta, WOLA propone una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos de todo el mundo, con especial énfasis en Estados Unidos. Se insta a priorizar la defensa de los derechos humanos y el restablecimiento del orden democrático en Venezuela como eje central de cualquier posible negociación, fortalecer los mecanismos internacionales que resultan claves para el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia. Asimismo, se recomienda proteger a las personas perseguidas que hayan salido del país mediante la agilización de mecanismos de asilo y refugio, y el acceso a mecanismos de regularización migratoria e integración socioeconómica. También se hace un llamado a respaldar a la sociedad civil mediante el financiamiento sostenido a organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos y la preservación del espacio cívico en Venezuela, así como a condenar las leyes que estigmatizan y obstaculizan su labor. Finalmente, se urge a no criminalizar a las personas migrantes venezolanas y a garantizar una respuesta humanitaria coordinada que asegure su protección y el pleno respeto de sus derechos.
Introducción
Ha transcurrido un año desde que la población venezolana acudió a las urnas para elegir a un nuevo presidente. El 28 de julio de 2024 constituye un hito en la historia reciente de Venezuela porque, aún en un contexto de cierre del espacio cívico y persecución política, la población participó de manera decidida para buscar avenidas para una transición democrática y pacífica. Esta esperanza de cambio fue respondida con una represión sin precedentes, que ha derivado en una nueva lista de incalculables víctimas de violaciones de derechos humanos, ataques a la sociedad civil y mayor cierre de los espacios para la vida en sociedad. Sin embargo, en Venezuela aún hay una sociedad civil que resiste los embates del autoritarismo y que determinadamente se preserva dentro del territorio.
El escenario ha cambiado radicalmente desde julio de 2024; no solo en Venezuela, sino en el mundo. De forma casi simultánea a la ilegítima toma del poder por parte de Nicolás Maduro en enero de 2025, inició en Estados Unidos (EE UU) un nuevo período presidencial de Donald Trump. Con ello, la aproximación estadounidense hacia la situación de Venezuela también ha variado. Desde la revocación de licencias petroleras, la visita de un funcionario de Trump a suelo venezolano para negociar el intercambio de prisioneros, el restablecimiento de vuelos de deportación hacia Venezuela y el endurecimiento de políticas anti-inmigratorias contra la población venezolana en EE UU, el período 2024-2025 ha estado lleno de abrumadores acontecimientos. Ante ese incesante transcurrir de los hechos, los sucesos descritos y el análisis de los mismos, tienen como fecha de corte el 23 de julio de 2025.
Es por ello que este resulta un momento propicio para la publicación de este informe, que tiene como objetivo elaborar un recuento de los hechos más relevantes, acompañado de un análisis de los mismos a la luz del contexto actual, así como proveer algunas recomendaciones a tomadores de decisiones y a actores clave que pueden incidir en la búsqueda de aperturas democráticas en Venezuela, en particular a EE UU. Debido a la complejidad de la situación en Venezuela y la magnitud de las graves violaciones de derechos humanos cometidas, este recuento no pretende ser exhaustivo, sino más bien representativo de los hechos más relevantes ocurridos durante el período analizado. Este informe se basa en una metodología predominantemente descriptiva, sustentada en la revisión documental de informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil, pronunciamientos de organismos internacionales y fuentes de información de acceso restringido, recopiladas en el marco del trabajo de incidencia y acompañamiento de WOLA. El análisis abarca el período comprendido entre enero de 2024 y julio de 2025, y busca sistematizar hallazgos clave a partir de fuentes primarias y secundarias y evidencia cualitativa obtenida mediante el monitoreo constante del contexto nacional e internacional.
El informe aborda la importancia de lo ocurrido el 28 de julio de 2024 y describe la política sostenida de persecución política a la oposición o a quienes son percibidos como parte de ella, y su impacto sobre el cierre del espacio cívico. Luego, se describe el contexto en el que tuvieron lugar las elecciones de gobernadores y diputados en mayo de 2025, así como la convocatoria a las elecciones de alcaldes para julio de 2025. Asimismo, el informe analiza los avances hacia la consolidación de un Estado Comunal en Venezuela, que es un proyecto político impulsado por el partido gobernante para centralizar el control político y económico en estructuras locales que sustituyen el modelo democrático liberal establecido en la Constitución. Debido a la importancia de su rol, se aborda el papel de EE UU y su relación con Venezuela durante este período. Finalmente, el informe provee algunas reflexiones conclusivas sobre el panorama actual para Venezuela y una serie de recomendaciones para actores clave.
I. El 28 de julio de 2024 como hito reciente de la historia venezolana
A diferencia de las dictaduras militares del pasado, los gobiernos autoritarios contemporáneos suelen celebrar elecciones con mucha frecuencia y con pocas o ninguna garantía. Lo anterior plantea enormes desafíos y dilemas para las oposiciones en su búsqueda de transiciones democráticas. Venezuela no es la excepción. Luego de que la oposición decidiera no participar en las elecciones presidenciales de 2018 ampliamente criticadas y no reconocidas a nivel internacional[1], y convocadas tras la ruptura del hilo constitucional en 2017[2], una serie de eventos políticos dieron lugar a un cambio en la postura de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Precedidos por múltiples procesos frustrados de negociación entre representantes de la oposición y el gobierno, hay al menos dos antecedentes clave a las elecciones de 2024 que conviene destacar. Por un lado, la negociación que conllevó a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2021 y, por otro, la firma de los Acuerdos de Barbados de 2023. Ambos eventos, en los que el Reino de Noruega jugó un rol como mediador[3], contribuyeron significativamente en la decisión de la oposición de participar en las elecciones presidenciales.
En 2021 se renovaron las autoridades del CNE por primera vez en casi 18 años. Fueron designados cinco nuevos rectores, dos de los cuales no tenían vínculo con el partido de gobierno: Enrique Márquez, hoy privado arbitrariamente de libertad en el reconocido centro de tortura El Helicoide, y Roberto Picón, ahora en el exilio. Esta nueva composición del CNE fue responsable de la creación de un sistema de verificación de actas electorales por medio de un código QR, empleado por primera vez en las elecciones regionales de 2021[4]. Según el Centro Carter, “El código QR permite una lectura automática de los resultados con un smartphone para capturar datos sin errores durante los conteos rápidos y los ejercicios de tabulación paralela”[5]. Este fue un elemento decisivo para el esfuerzo que haría la oposición de documentar en tiempo real los resultados electorales y demostrar el triunfo de su candidatura.
Por su parte, en el marco de un proceso formal de negociación entre la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) opositora y el gobierno, con la mediación de Noruega, tuvo lugar la firma de los Acuerdos de Barbados el 17 de octubre de 2023, estableciendo una ruta para el desarrollo de elecciones libres[6]. Al día siguiente, EE UU emitió una serie de licencias para aliviar temporalmente las sanciones sectoriales impuestas sobre Venezuela[7], con el fin de generar incentivos para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno. El 22 de octubre de 2023, la oposición celebró sus elecciones primarias para escoger una candidatura unitaria, de las que resultó electa María Corina Machado.
En paralelo a la búsqueda de soluciones por medio de un proceso de diálogo acompañado por actores internacionales, siguieron sucediendo irregularidades que comprometieron la integridad del proceso electoral. El 14 de junio de 2023, la Asamblea Nacional anunció la renuncia de los rectores principales y suplentes del CNE, a pesar de que aún les restaban cinco años de período constitucional. El 24 de agosto se designó un nuevo CNE, encabezado por Elvis Amoroso, abiertamente militante del partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y quien hasta entonces se desempeñaba como Contralor. Durante su gestión como Contralor, Amoroso fue responsable de una serie de inhabilitaciones políticas a miembros de la oposición sin garantías del debido proceso, entre las que destacaba la inhabilitación de María Corina Machado[8].
Luego, a pesar de que el acuerdo en materia electoral firmado en Barbados establecía que se promovería la autorización a todas las personas candidatas presidenciales y partidos políticos para participar en la elección presidencial, siempre que cumplieran con los requisitos establecidos en la ley venezolana[9], las autoridades insistieron en imponer obstáculos ilegales a la participación política. En noviembre de 2023, las partes del proceso de negociación acordaron un procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación política, que consistía en una revisión de amparos cautelares por parte de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)[10]. A pesar de que las y los candidatos inhabilitados acudieron de buena fe al máximo tribunal, el 26 de enero de 2024, éste anunció la decisión de mantener la inhabilitación política a María Corina Machado y a Henrique Capriles Radonski.
Dicha decisión estuvo precedida por la designación, el 18 de enero de 2024, de Caryslia Rodríguez, militante del PSUV, como presidenta del TSJ. Hay una amplia documentación sobre la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela[11], el cual tuvo una injerencia importante en el socavamiento de las condiciones para el proceso electoral presidencial. Tan solo una semana después de las elecciones primarias de la oposición, Caryslia Rodríguez había emitido una sentencia[12] mientras fungía como magistrada encargada de la Sala Electoral del TSJ, mediante la cual “se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la ‘Comisión Nacional de Primaria’” y se ordena notificar al Fiscal General de la República por la presunta comisión de ilícitos electorales y otros delitos. Ahora, se le premiaba con la presidencia del máximo tribunal.
Tanto organizaciones locales independientes, como la propia oposición política, observadores internacionales independientes y organizaciones internacionales, han documentado las notorias irregularidades que hubo a lo largo del proceso electoral. Violaciones a la normativa electoral en el proceso de convocatoria a la elección, incumplimiento del cronograma electoral, insuficiencia del proceso de inscripción y actualización del Registro Electoral, ventajismo electoral y violaciones al derecho de acceso a la información, hicieron de la elección un evento incompatible con estándares internacionales en materia electoral.
Por ejemplo de las 38 organizaciones que fueron habilitadas por el CNE para postular candidatos, 11 de ellas (equivalente al 28,94%) fueron intervenidas por el TSJ o se dictó una sentencia en su contra[13]. Por intervención se entiende el proceso mediante el cual el TSJ desplaza a los miembros de un partido político o asociación, ordenando una junta directiva ad hoc y designando a sus miembros.
Arbitrariamente impedida de competir en las elecciones, la candidata elegida en las primarias de la oposición, María Corina Machado, no pudo participar. Tampoco se le permitió sustituir su candidatura con la de Corina Yoris[14]. Finalmente, el CNE permitió la inscripción de la candidatura de Edmundo González Urrutia. Ninguna mujer pudo participar como candidata a la presidencia.
A pesar de tratarse de un proceso electoral marcado por la persecución de la oposición, ésta se mantuvo comprometida con la ruta electoral y la participación fue masiva[15]. En parte, la confianza en el voto tenía que ver con la solidez del Sistema Automatizado de Votación y su capacidad de ser auditado debido a la traza de papel verificado que el sistema emite, y que permitía a la oposición comprobar los resultados escrutados por las máquinas de votación electrónica.
Pasada la medianoche del 28 de julio, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, emitió el primer boletín anunciando resultados “irreversibles” que daban a Nicolás Maduro ganador con el 51,20% de los votos y señaló que el retraso en la emisión del boletín se debía a una “agresión en el sistema de datos”. La tesis del ataque informático fue reafirmada por el propio Maduro y luego por el Fiscal General de la República el 29 de julio. Ese mismo día, de forma apresurada y sin que se hubiese concluido la totalización de los votos ni publicado evidencias que sustentaran los resultados anunciados, el CNE proclamó a Nicolás Maduro como ganador.
Según la propia normativa venezolana[16], el boletín final de totalización debe ir acompañado de un desglose de los resultados tabulados por mesa de votación. A la fecha de publicación del presente informe, transcurrido un año desde el momento de la elección, el CNE no ha publicado los resultados de esas elecciones y la página del CNE está deshabilitada.
La oposición, organizada a través del Comando con Venezuela, diseñó un sistema descentralizado para el monitoreo de cada mesa de votación y la transmisión de información en tiempo real de los resultados electorales, vía código QR de las actas[17]. Según estos datos, que son públicos, Edmundo González Urrutia obtuvo al menos 7.443.584 (67% de los votos)[18]. La verificación de estas actas por parte de medios independientes[19], académicos[20] y organizaciones internacionales[21], sumado a los pronunciamientos públicos de las misiones de observación electoral acreditadas por el CNE[22], trajo como consecuencia una enorme presión internacional en su exhorto a la publicación transparente de los resultados. Al momento de publicar este informe, un año después, este llamado no ha sido atendido por el CNE.
En un esfuerzo por dar cierre al asunto y en medio de numerosas protestas en todo el país, Nicolás Maduro introdujo un recurso contencioso ante el TSJ, aunque ello era improcedente[23]. Al día siguiente, en tiempo récord, la Sala Electoral admitió el recurso y tras un peritaje irregular, la Sala Electoral convalidó los resultados anunciados por el CNE que daban la victoria a Nicolás Maduro. Esa sentencia del TSJ sigue sin ser pública[24]. Cabe destacar que la emisión de dicha decisión no exime al CNE de su obligación de publicar los escrutinios de cada mesa de votación. Sin embargo, sobre la base de estos hechos, Nicolás Maduro se juramentó el 10 de enero de 2025 para un nuevo período presidencial de seis años. Todo lo anterior en un contexto marcado por una feroz persecución política y represión sostenida, que se describe a continuación.
II. Política de persecución política: la represión sostenida y la suspensión de facto de las garantías constitucionales
A las pobres condiciones electorales en las que transcurrieron las elecciones presidenciales, se sumó un contexto de violencia y persecución política. Si bien durante el contexto electoral se exacerbaron las violaciones de derechos humanos, los hechos que se describen en este capítulo no son hechos aislados, sino que hacen parte de una política del Estado para atacar a la población civil en Venezuela. Así lo ha señalado la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos (MIDH), que ha encontrado que tiene motivos razonables para creer que entre 2014 y 2024, se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela como parte de una política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a personas opositoras o percibidas como tales y personas críticas del Gobierno[25].
Como ya lo había descrito la MIDH en el pasado, las autoridades en Venezuela activan y desactivan mecanismos “duros” y “blandos” de represión contra opositores reales o percibidos del gobierno. Estos mecanismos son empleados “con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y relevancia percibida de la disidencia social”; y estos mecanismos de represión se alimentan mutuamente[26]. La MIDH concluyó que “tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el sistema de acoso y represión violenta contra personas opositoras o percibidas como tales se reactivó de manera intensa y acelerada”[27].
En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela y destacó que “[e]l régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder”[28]. En un posterior pronunciamiento, en enero de 2025, la CIDH repudió el continuo uso de prácticas de terrorismo de Estado para sembrar miedo y ejercer control sobre la población[29].
Para entender por qué se hace referencia a un contexto de represión sostenida, es importante distinguir tres momentos del período 2024-2025:
1. Contexto pre-electoral:
Además de las inhabilitaciones políticas (que son una práctica de larga data en Venezuela y que ha dado lugar a múltiples pronunciamientos internacionales en la materia[30]), los obstáculos para la inscripción de candidaturas opositoras, la discriminación para el ejercicio del voto de las personas venezolanas en el exterior, y demás irregularidades en materia electoral previamente mencionadas, tuvieron lugar otra serie de violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hostigamientos contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos[31]. La CIDH encontró que las acciones del Estado evidenciaron “(…) un patrón sistemático de persecución y represión política en Venezuela en los meses previos a las elecciones de 2024”[32].
El 2024 inició con el lanzamiento del Plan “Furia Bolivariana” por parte de Nicolás Maduro, el día 18 de enero. El mismo presidente lo describió como un “plan cívico, militar y policial para enfrentar cualquier intentona terrorista”[33]. El 23 de enero fueron vandalizadas sedes de partidos opositores y se registraron detenciones arbitrarias en 11 estados. Ese día, de forma simultánea y sin orden judicial, fueron detenidos los coordinadores del partido Vente Venezuela (liderado por María Corina Machado) de los estados Yaracuy (Luis Camacaro), Vargas (Juan Freites) y Trujillo (Guillermo López) por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Este sería el comienzo de una larga lista de detenciones de miembros de Vente Venezuela, incluyendo los casos del director del comando de campaña en Barinas, Emil Brandt Ulloa, y los miembros del equipo de organización y campaña en Caracas, Henry Alviárez y Dignora Hernández. De los nueve responsables nacionales del Comando Con Venezuela, que es la plataforma política conformada para respaldar a la candidatura de María Corina Machado y posteriormente de Edmundo González Urrutia, cuatro de ellos se tuvieron que refugiar en la embajada de Argentina en Caracas y ahora están en el exilio; mientras que otros tres (Henry Alviarez, Luis Tarbay y Perkins Rocha), permanecían arbitrariamente privados de su libertad al cierre de este informe[34].
Un caso que merece mayor análisis por el uso le dio el gobierno para generar presión sobre la oposición, es el de los miembros del Comando con Venezuela que buscaron asilo diplomático en la embajada de Argentina en Caracas, luego de que se emitieran órdenes de captura contra seis miembros del Comando, acusados de terrorismo, conspiración y traición a la patria. Allí estuvieron durante más de un año. Tras el anuncio del boletín electoral por parte del CNE en julio de 2024 y su desconocimiento por parte de Argentina, Venezuela rompió relaciones con ese país y Brasil asumió la custodia de la embajada. Sin embargo, el 7 de septiembre, la Cancillería anunció la revocación unilateral del permiso otorgado a Brasil para la custodia de la sede diplomática. Durante más de un año, seis personas permanecieron en dicha sede, rodeados por funcionarios armados, con la interrupción del suministro de electricidad, internet y agua. En diciembre de 2024, una de las personas que allí se encontraba – Fernando Martínez Móttola – decidió abandonar la embajada y entregarse a la Fiscalía, y tan solo unas semanas después murió a causa de una hemorragia cerebral, y se estima que su salud pudo haberse deteriorado producto del prolongado confinamiento y falta de atención médica[35]. Este caso, en donde miembros clave del Comando con Venezuela estuvieron de forma ininterrumpida en riesgo de ser detenidos arbitrariamente, fue una constante fuente de presión sobre la oposición en el contexto electoral.
La CIDH documentó al menos 50 detenciones de personas opositoras, defensores de derechos humanos y líderes sociales en el primer semestre de 2024[36], aunque la cifra de organizaciones locales es superior[37]. Muchas de las detenciones a líderes regionales o locales, ocurrieron tras la visita de María Corina Machado a esas zonas del país, en el marco de la campaña electoral. Ejemplos de ello son los casos de Emil Brandt Ulloa (Barinas) y Víctor Castillo (Portuguesa). Las autoridades también clausuraron e impusieron multas a establecimientos comerciales utilizados por miembros de la oposición, confiscaron medios de transporte, y se reportaron detenciones arbitrarias y hostigamiento de proveedores de servicios al comando de campaña opositor, como por ejemplo del sistema de sonido para actos públicos. La oposición documentó bloqueos a vías públicas por parte de autoridades y actos de vandalismo contra vehículos y otros de sus bienes[38].
La persecución no estuvo limitada únicamente a activistas políticos. El 9 de febrero de 2024, fue detenida la defensora de derechos humanos y académica Rocío San Miguel en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, quien permaneció en una situación de desaparición forzada por 6 días[39]. Este es un caso emblemático y que generó un gran temor dentro del movimiento de derechos humanos. En este caso las autoridades detuvieron a otros cinco miembros de su familia, empleando el patrón de persecución familiar con un nivel de intensidad sin precedentes. La denuncia de la desaparición forzada por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH)[40], conllevó a la decisión de la Cancillería de suspender sus actividades y expulsar a su equipo del territorio[41].
Algunos de los patrones comunes en el marco de estas detenciones arbitrarias ha sido la detención sin que existan órdenes judiciales; la denegación de información sobre el paradero de la persona durante varios días (configurando efectivamente desapariciones forzadas); la imposición de defensa pública en contra de la voluntad de las personas detenidas y/o sus familiares; y la incomunicación prolongada. También constituye un patrón la celebración de audiencias de presentación de manera virtual, sin presencia ni conocimiento de abogados de confianza y familiares, así como la denegación del acceso a los expedientes judiciales.
El 17 de julio, a tan solo días de las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro advirtió que “El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito»[42]. El objetivo de la represión pre-electoral era el de neutralizar a los líderes y colaboradores de la oposición, disuadir la participación electoral, así como atemorizar a toda la sociedad venezolana.
2. Contexto post-electoral: la represión expresada en la “Operación Tun Tun”
Tras la negativa del CNE a publicar las actas electorales y resultados desagregados por mesa, tal como lo establece la normativa electoral, y acaecidos los hechos descritos en el primer apartado de este informe, las denuncias de fraude electoral no se hicieron esperar y, con ello, la reacción de la ciudadanía que se manifestó para exigir transparencia y respeto a la voluntad popular. Como respuesta, el Estado desató una ola represiva que alcanzó el umbral de prácticas de terrorismo de Estado[43], cometiendo graves violaciones a los derechos humanos.
Las acciones del CNE y demás autoridades motivaron protestas masivas y espontáneas en todo el país. Según la organización de derechos humanos Provea, entre el 29 y el 30 de julio, se registraron 915 protestas en 20 estados; 138 de ellas fueron reprimidas y hubo presencia de colectivos armados en 119[44]. Según cifras oficiales, 25 personas fueron asesinadas y 2.400 fueron detenidas[45]. La sola existencia de un mensaje o fotografía en un celular, que indicasen apoyo a la oposición, era suficiente para incriminar a una persona. En ese momento inmediatamente posterior a la elección, la represión fue masiva y generalizada. El 1ro de agosto de 2024, Nicolás Maduro dijo en una alocución: “Tocorón y Tocuyito (…) criminales (…) los voy a meter en Tocorón a toditos, en cárceles de máxima seguridad, para que paguen sus crímenes ante el pueblo”[46].
Un elemento novedoso en los métodos de represión y delación fue el uso de la aplicación VenApp para denunciar a manifestantes y personas opositoras[47]. Esta aplicación había sido originalmente desarrollada para la gestión de programas sociales, y en el contexto post-electoral se habilitó una pestaña para la denuncia de “guarimba fascista”. El propio Nicolás Maduro ordenó públicamente el uso de la aplicación para ello. Múltiples esfuerzos nacionales e internacionales, lograron que la aplicación fuese bloqueada por Google Play y Apple Store. La censura y represión digital, incluyendo bloqueo de YouTube, TikTok y Twitter, así como de VPN para saltar la censura, también fueron ampliamente documentados[48].
Las autoridades enmarcaron esta serie de violaciones de derechos humanos en lo que se conoce como “Operación Tun-Tun”[49]. La frase, que hace alusión a la onomatopeya de golpear la puerta y que es conocida popularmente en Venezuela por hacer parte de un aguinaldo navideño, fue acuñada por Diosdado Cabello en 2017[50]. Esta operación, consistente en allanamientos y detenciones sin orden judicial, así como desapariciones forzadas, institucionalizó el terror y fue ampliamente difundida por el mismo Ministro, así como en las redes sociales de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Las publicaciones iban acompañadas de canciones alusivas a películas de terror, voces distorsionadas e imágenes atemorizantes. Tal como señaló la MIDH de la ONU, la mayoría de las personas detenidas en el marco de esta operación provenían de barrios populares y fueron identificadas por las fuerzas de seguridad tras la obtención de vídeos o fotografías o por la delación de personas afines al gobierno[51].
En el marco de estas detenciones masivas, se detuvieron a al menos 142 menores de edad y 180 mujeres, 16 personas con discapacidad y 5 personas indígenas[52]. La detención masiva de estos perfiles no tiene precedentes. La tortura contra personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela es generalizada[53]. Sin embargo, es importante destacar que se registraron denuncias de tortura contra niños, incluyendo golpizas que ocasionaron la pérdida de dientes, y quemaduras en el pecho producto de uso de electricidad como forma de tortura[54]. Para julio del 2025, un año después de las elecciones, aún había cuatro adolescentes privados de libertad injustamente[55]. Las condiciones de detención son tan deplorables, que se han registrado muertes en custodia de personas arrestadas en el contexto electoral producto de distintas enfermedades adquiridas en las cárceles o por falta de atención a enfermedades pre-existentes que eran tratables, además del fallecimiento de personas al poco tiempo de su liberación[56].
Si bien entre noviembre de 2024 y enero de 2025 se llevaron a cabo una serie de excarcelaciones[57], los procesos judiciales no han sido sobreseídos y las personas permanecen con régimen de presentación. A la fecha, no se conoce de ninguna investigación penal por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas cometidas en este período[58].
Un nuevo patrón de represión identificado fue el de la anulación de pasaportes de forma arbitraria y sin justificación legal por parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), documentó 40 casos de personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y familiares[59], y la CIDH calificó esto como una “práctica dirigida a limitar la libre circulación e infundir terror”[60]. La medida, que un año después aún persiste, limita el derecho a la libre circulación y “constituye una forma de represalia por la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y la participación política”[61].
Fue justamente en este contexto represivo que se materializó una amenaza que se ceñía sobre la sociedad civil durante años: la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines[62]. Ello ocurrió el 16 de agosto de 2024, y la Ley entró en vigor en noviembre de ese mismo año. Esta ley, que exige que las organizaciones sean autorizadas por el gobierno para poder operar en el país, socava el derecho humano y constitucional a la libertad de asociación y amenaza a muchas organizaciones con un cierre inminente[63]. La ley contiene siete tipos de sanciones (multas, anulación del registro, medida preventiva de suspensión, disolución, prohibición de registro, anulación del registro a organizaciones no domiciliadas en el país, y expulsión del territorio de personas extranjeras miembros de una organización no domiciliada en el país) y 17 supuestos en los que esas sanciones podrían tener lugar. Uno de los objetivos que persigue, es el de restringir la capacidad de las organizaciones para recibir financiación internacional. Bajo la normativa, las autoridades se reservan el derecho de disolver organizaciones, con un amplio margen de discreción para aplicar la ley a organizaciones que promueven ideales o causas que se perciben como contrarias al partido gobernante.
Días después de la aprobación de la ley, el 27 de agosto, Diosdado Cabello, quien había estado formalmente fuera del gabinete por un período de 14 años, fue designado como Ministro de Interior, Justicia y Paz. Cabello, desde su programa televisivo semanal “Con el Mazo Dando” que conduce desde 2014, regularmente desacredita a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sindicales, a menudo como antesala a su persecución y arresto. Bajo su cargo está el control del orden público, por lo que todos los organismos con competencia en ello y en inteligencia, responden a él. Su nombramiento redujo las posibilidades de generar apertura al diálogo para dirimir la crisis política por la vía de la negociación[64].
Además de la aprobación de la Ley de Fiscalización, el 29 de noviembre del 2024 entró en vigor otra ley con gran impacto en el cierre del espacio cívico. Conocida como la Ley Bolívar[65], esta norma prevé duras sanciones, incluyendo hasta 30 años de prisión y 60 años de inhabilitación política, a quienes expresen su apoyo a las sanciones contra Venezuela o rechacen a las “autoridades legítimamente constituidas”. También se mantienen las amenazas de aprobar al menos dos proyectos de ley que también tendrían el efecto de cerrar aún más el espacio cívico: el Proyecto de Ley contra el Facismo, Neofacismo y Expresiones Similares, aprobado en primer debate en abril de 2024 y el Proyecto de Ley de cooperación internacional, que la Asamblea Nacional incluyó en su agenda legislativa 2025.
El 2 de septiembre, un juez con competencia en terrorismo, ordenó la captura de Edmundo González Urrutia por supuesta incursión en usurpación de funciones, forjamiento de documento público, conspiración, entre otros delitos. El 7 de septiembre, para salvaguardar su libertad e integridad personal, el candidato presidencial abandonó Venezuela[66]. Desde entonces, se encuentra en Madrid, España, como asilado político.
3. Un ataque sostenido: suspensión de facto de garantías
Si bien los métodos de la represión han variado, el ataque contra la población civil en el marco de una política de persecución política no ha cesado[67]. Sin que se hubiesen publicado los resultados electorales ni evidencia de la supuesta victoria de Nicolás Maduro, llegó el 10 de enero del 2025, fecha en la que iniciaba un nuevo período presidencial.
Un informe publicado a finales de agosto de 2024 de forma anónima por la sociedad civil, con el fin de evitar represalias en su contra, identificó que 76 artículos de la Constitución que contemplan garantías, eran sistemáticamente ignorados. Con ello, manifestaban que el 21,7% de la Constitución había sido suspendida por la vía de los hechos[68].
Durante los primeros 15 días del año, se registraron 84 nuevas detenciones[69]. Solo el 7 de enero, se registraron 7 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Una de ellas fue la de Rafael Tudares Bracho, el yerno de Edmundo González Urrutia. Mientras que el patrón en la mayoría de los casos de desaparición forzada es que pasados unos días es posible conocer el paradero de la persona, este caso destaca porque tras más de seis meses desde la detención[70], sigue sin conocerse el paradero ni el estado de la integridad física de Rafael Tudares Bracho. Según reportes de su esposa, le fue impuesta defensa pública en contra de su voluntad y producto de sus múltiples e infructuosas visitas a tribunales, sin acceso al expediente del caso, pudo conocer que le imputan los mismos delitos que a su padre. Con Edmundo González Urrutia en el exilio y una órden de captura en su contra, las autoridades atacan a su familia, en búsqueda de que éste cese su actividad política.
Ese mismo día, 7 de enero, también fue detenido Carlos Correa, reconocido defensor de derechos humanos y director de la ONG Espacio Público[71]. Carlos Correa estuvo desaparecido durante nueve días, hasta que finalmente fue liberado. Otro caso destacado de esa misma fecha es el de Enrique Márquez, quien había fungido como rector del CNE (designado en 2021) y que participó en las elecciones del 28 de julio como candidato presidencial por el partido Centrados.
El día antes de la toma de posesión, hubo en Caracas una protesta en la que por primera vez en varios meses, María Corina Machado hizo una aparición pública, frente al alto riesgo de ser privada de libertad. Ese día, Machado fue detenida por unas horas, obligada a grabar un video y luego fue liberada[72]. Human Rights Watch hizo una verificación de imágenes y videos, que le permitió concluir que las mismas son consistentes con el relato de la lideresa opositora[73]. Desde entonces, y ante la detención de gran parte de su equipo cercano y el exilio de Edmundo González Urrutia para evitar una inminente detención, Machado se ha mantenido a resguardo y no ha hecho ninguna otra aparición pública.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 28 casos de personas que siguen desaparecidas luego de las elecciones presidenciales[74]. Tal como lo señalaron la CIDH y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU en un pronunciamiento conjunto,
“El uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos, busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad y se ve alimentado por la impunidad generalizada y la justicia selectiva.”[75]
Un nuevo patrón que se agudizó durante este período, fue la privación arbitraria de libertad y desaparición forzada de personas extranjeras, quienes han sido acusadas de participar en conspiraciones contra el gobierno. En febrero de 2025, Nicolás Maduro anunció que había detenido a “más de 150 mercenarios extranjeros”[76]. En la mayoría de los casos, a las personas extranjeras se les viola el derecho a la asistencia consular, consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
Sin que se hubiesen cumplido con las auditorías establecidas en la legislación venezolana, publicado los resultados electorales ni reactivado el sitio web del CNE, se convocaron a elecciones de gobernadores y diputados a la Asamblea Nacional. En anticipación a esas elecciones, que tuvieron lugar el 25 de mayo de 2025, hubo un nuevo pico represivo. El 9 de mayo fue detenido el defensor de derechos humanos y miembro de Provea, Eduardo Torres, quien permaneció en situación de desaparición forzada durante cinco días y se encuentra injustamente en El Helicoide[77]. El 23 de mayo, el Ministro de Interior anunció la detención del líder opositor Juan Pablo Guanipa y de otras 70 personas, a las que acusó de ser “terroristas” y de querer “sabotear” las referidas elecciones regionales y legislativas[78]. Cabe destacar que Guanipa se encuentra en una situación de desaparición forzada, pues las autoridades siguen negando información sobre su paradero[79]. También fueron detenidas al menos otras 17 personas extranjeras[80].
La represión masiva de los primeros días posteriores a las elecciones ahora se ha transformado en una más selectiva, pero no ha cesado en ningún momento. La severidad de aquél momento ha cambiado el comportamiento asimismo de la sociedad, que no ha dejado de protestar y manifestar su descontento, pero de formas distintas a la protesta masiva, para salvaguardar su libertad e integridad personal.
III. Elecciones regionales, locales y legislativas sin garantías ni participación
Tras la violación masiva del derecho a la participación política de la población venezolana el 28 de julio de 2024 y sin haber adoptado ninguna recomendación hecha por las misiones internacionales de observación electoral en el pasado, se llevaron a cabo elecciones de gobernadores y diputados el 25 de mayo de 2025 y se convocaron a elecciones de alcaldes para el 27 de julio de este mismo año. Desde la elección presidencial, el sitio web del órgano rector del poder electoral sigue deshabilitado, demostrando la opacidad en la que estos subsiguientes procesos electorales han transcurrido. Expertos electorales concuerdan en que el CNE “no ofreció información pública verificable de los distintos pasos que estaba desarrollando dentro del cronograma”[81].
Respecto de las elecciones del 25 de mayo, las irregularidades fueron notorias y alarmantes[82]. En ellas se elegían 569 cargos: 285 diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales[83]. A pesar de que las autoridades manifestaron haber cumplido con el cronograma electoral, el mismo nunca fue publicado en Gaceta Oficial, en clara violación de la normativa electoral. No hubo misiones de observación independientes. Tampoco hubo un operativo de actualización del Registro Electoral. No se conoce si hubo auditorías al Sistema de Votación Automatizado. Tampoco se divulgaron públicamente las circunscripciones de votación.
Como se mencionó previamente, el código QR fue eliminado de las actas de votación, un instrumento de verificación ciudadana que fue clave para la totalización por parte de la oposición en tiempo real de los resultados durante las elecciones presidenciales. Además, hacer estos dos procesos electorales de forma conjunta conllevó a distorsiones, pues hubo personas postulándose en una misma elección a varios cargos (diputados y gobernadores, o diputados y concejales legislativos de estados).
Un elemento llamativo de esta elección es que se incluyó la región del Esequibo, un territorio en reclamación. Se creó una circunscripción electoral ad hoc en un municipio del estado Bolívar, en lo que expertos denominan “una ficción electoral”, para la elección de un gobernador y 8 diputados[84]. La Corte Internacional de Justicia, a cargo de dirimir el conflicto territorial, emitió medidas cautelares en el caso, para pedir a Venezuela no celebrar elecciones en territorio guyanés y se abstuviera de cualquier acción que pretendiera anexar el territorio en disputa. Esto ha incrementado tensiones y ha generado preocupación a nivel internacional[85].
La estrategia de los gobiernos autoritarios al convocar a elecciones sin condiciones es plantear dilemas a las oposiciones sobre si participar o no, y generar divisiones. De cara a las elecciones del 25 de mayo, se generaron intensos debates dentro de la oposición y la sociedad[86]. Maduro ofreció incentivos a algunos dentro de la oposición, levantando algunas inhabilitaciones políticas. Estos debates culminaron con la renuncia del Secretario General de la Plataforma Unitaria Democrática, Omar Barboza[87]; la expulsión de Un Nuevo Tiempo y el Movimiento por Venezuela de dicha Plataforma, y la expulsión de Henrique Capriles Radonski y otros miembros de Primero Justicia[88]. La decisión de la Plataforma Unitaria Democrática y de María Corina Machado como líder de la oposición fue la de no participar.
Organizaciones locales denunciaron que los resultados oficiales son incontrastables e inconsistentes, que no hay acceso a datos ni auditorías independientes, razón por la cual este proceso profundizó la desconfianza ciudadana[89]. De hecho, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció detalles de los presuntos resultados electorales antes de que lo hiciera el propio CNE. El ente adjudicó el triunfo de las elecciones parlamentarias a la coalición de Nicolás Maduro con el 82,6% de los votos y una victoria de 23 de las 24 gobernaciones. Una vez más, no se publicaron resultados desagregados ni se hicieron las auditorías que exige la ley para poder verificar estos resultados[90].
Finalmente, con tan solo 53 días de anticipación, el CNE convocó a elecciones municipales para el 27 de julio de 2025. Ello a pesar de que el mandato de los alcaldes no finaliza sino en noviembre de ese año. La LOPRE exige en su artículo 42, que la convocatoria a elecciones se haga con al menos seis meses de anticipación. Las falencias electorales previamente descritas se han profundizado. Con al menos 11 partidos políticos intervenidos, 12 alcaldes inhabilitados, 8 alcaldes privados de libertad y una persecución política incesante, se llevarán a cabo estas elecciones[91].
IV. ¿Reforma constitucional en el horizonte? El avance hacia el estado comunal
El Estado comunal, concebido por Hugo Chávez como la máxima expresión de la sociedad socialista y promovido desde 2006, está nuevamente sobre la mesa. Representa el principal objetivo de la reforma constitucional impulsada por su sucesor Nicolás Maduro, quién entregó a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, la reforma de 80 artículos de la Constitución venezolana[92] aunque luego anunció su aplazamiento hasta 2026. Este no es el primer intento de reformar la Constitución para formalizar el Estado Comunal, en 2007 Chávez promovió una reforma similar mediante un referéndum que terminó siendo rechazado contundentemente.
A pesar de este rechazo, la Asamblea Nacional sancionó en 2010 un paquete de siete leyes orgánicas que establecieron el marco legal para el Estado comunal[93]. Estas leyes definen a las comunas como la célula básica del Estado conformadas por voceros elegidos en asambleas ciudadanas quienes se encargarían de ejercer el poder popular. Las comunas pueden integrarse en estructuras territoriales más amplias, como la ciudad comunal, la federación comunal o la confederación comunal, con competencias para promover el desarrollo local, contribuir a la formulación de políticas públicas, impulsar la justicia de paz comunal y el desarrollo económico, además de otras funciones que determine el Ejecutivo.
Juristas expertos han advertido sobre la inconstitucionalidad del Estado Comunal, pues vulnera la Constitución al crear entidades políticas que restan competencias a municipios y estados, o les atribuyen funciones sin garantizar autonomía, descentralización ni pluralismo[94]. La consolidación del Estado Comunal también distorsionaría el derecho a la participación democrática al sustituir el sufragio universal, directo y secreto, toda vez que los voceros comunales se eligen a través de asambleas controladas políticamente, ignorando las competencias constitucionales del CNE[95]. Asimismo, señalan que estas comunas están explícitamente ligadas a una ideología política, lo que las convierte en un mecanismo para excluir de la participación ciudadana a quienes piensan diferente[96].
Nicolás Maduro ha entendido las comunas principalmente como un mecanismo para distribuir bienes o recursos con el fin de asegurar apoyos políticos, acompañado de una constante retórica sobre el poder popular, pero sin permitir autonomía para resolver problemas comunitarios. Esto ha fomentado una cultura clientelar, en la que las comunas agrupan a voceros que administran recursos con escaso o nulo control[97]. Además, se han eliminado las juntas parroquiales, antes elegidas por voto directo, evidenciando cómo el proyecto del Estado comunal ya ha avanzado en desmontar estructuras democráticas y centralizar el poder, sin lograr un auténtico empoderamiento ciudadano[98].
Desde 2021, el gobierno de Maduro ha dado pasos para consolidar el Estado Comunal, profundizando la desinstitucionalización del Estado venezolano. En febrero envió a la Asamblea Nacional oficialista los proyectos de Ley de las Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal Nacional, aprobados en primera discusión[99]. Estas leyes establecen que la ciudad comunal debe tener su propia carta fundacional, parlamento, consejo de gobierno, autoridad electoral, consejo moral y procuraduría, funcionando casi como un mini-Estado dentro del Estado[100]. La Ley del Parlamento Comunal Nacional otorga la facultad de presentar propuestas de leyes y reformas legales en todos los niveles. Aunque no tiene potestad legislativa general, invade competencias propias de estados y municipios. También se permite que los consejos comunales reciban denuncias por violencia de género, estableciendo oficinas receptoras y desarrollando planes de prevención financiados con recursos públicos[101]. Esto otorga a estructuras sin autonomía ni capacidad para proteger garantías judiciales, funciones que corresponden al sistema de justicia formal.
Después de las fraudulentas elecciones del 28 de julio de 2024, Maduro sostuvo que Venezuela “está preparada para eliminar el viejo Estado burgués” y llamó a todas las autoridades y a los cuerpos de seguridad a trabajar para crear la sala de comunas y circuitos comunales, consolidando el poder popular a través de una reforma constitucional, que podría tener lugar en el 2026[102].
En este contexto, el 15 diciembre de 2024 se realizó la elección de 28.486 jueces de paz y sus suplentes, que servirían como mediadores comunitarios para resolver conflictos locales mediante conciliación y arbitraje[103]. No existe un listado público que pueda consultarse con los jueces electos y el CNE no publicó ningún dato sobre la participación en esos comicios. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal permite la elección de tres jueces por cada ámbito territorial junto con sus suplentes[104]. Esta legislación abre la posibilidad de una mayor politización de la justicia a nivel comunitario, ya que introduce un componente ideológico y partidista. Esto es evidente si se toma en cuenta que entre los requisitos para ser jueces de paz, se establece que los candidatos deben:
“(…) mantener una conducta intachable y no incurrir en la promoción del odio, la intolerancia, la discriminación, traición a la Patria, así como en posturas fascistas, neofascistas o expresiones similares y cualquier otra conducta que afecte los intereses de la Nación o que manifieste públicamente el incumplimiento o desacato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público, que deshonren los símbolos de la Patria y sus valores culturales o que cometan actos en contra de la protección de la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial y la autodeterminación”[105].
Sin embargo, después de la elección de jueces de paz aún hay mucha confusión e incertidumbre[106]. Aunque Nicolás Maduro no ha sido explícito sobre los alcances de la reforma constitucional que impulsa, la información que es pública apunta a que la misma buscará modificar aún más o incluso eliminar de raíz aspectos fundamentales de la Constitución como la descentralización, el papel de los municipios y el principio federal de Venezuela, sustituyéndolos por un diseño centrado en el llamado Poder Popular.
Este avance hacia un Estado Comunal implicaría reemplazar el sistema representativo por mecanismos de participación protagónica controlada desde el ejecutivo y desdibujando la separación de poderes. El objetivo sería consolidar un modelo sustentado en comunidades organizadas como “núcleos espaciales del Estado Socialista”[107], sin origen en el sufragio universal, que funcionarían como la nueva base del poder público. Dentro de este esquema, se fortalecería el papel de los jueces de paz y la justicia comunal, estableciendo un sistema paralelo al judicial ordinario, profundamente subordinado a intereses políticos. Esto significaría la consolidación de un entramado institucional hecho a la medida del partido en el poder.
V. La emergencia humanitaria compleja continúa
No es posible comprender la gravedad de la situación venezolana, el clamor por un cambio en el contexto electoral, y las difíciles condiciones para la movilización política, si no se tiene en cuenta la situación humanitaria y económica que atraviesa el país. Al igual que la represión, la emergencia humanitaria no ha cesado y ha adquirido nuevas expresiones[108].
El término Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) es empleado internacionalmente para describir a aquellas crisis humanitarias mayores de origen político, que tienen su origen en una multiplicidad de factores[109], entre los que predominan la “fragilidad, tensión y/o inestabilidad política que al mantenerse por largo tiempo, provocan la ruptura y/o derrumbe de las capacidades de gobernanza de un país, con impactos de gran escala y extensión geográfica que vulneran múltiples ámbitos de la vida de las personas”[110].
En Venezuela, la EHC ha sido producto de un largo período de inestabilidad en el que han intervenido el desmantelamiento del sistema democrático y erosión del Estado de Derecho, la política sistemática de persecución contra la oposición real o percibida, la destrucción del aparato productivo, la gran corrupción y el colapso de los servicios públicos, producto de su abandono y de la depredación de recursos públicos. Ya desde el 2016 tanto el Secretario General de la OEA[111] como el de la ONU[112], hacían referencia a la grave situación humanitaria que atravesaba el país. La migración forzada proveniente de Venezuela, con enormes necesidades humanitarias y de protección internacional, hizo ineludible que la comunidad internacional prestara atención a la situación[113] y que en 2019 se instalara en Venezuela un mecanismo de respuesta humanitaria coordinado por la ONU[114].
Si bien entre 2021 y 2024 hubo una ligera mejoría en algunos indicadores económicos[115], así como en los ingresos per cápita[116], ello no fue suficiente para alcanzar una mejoría de los indicadores humanitarios. La privación en el acceso a servicios públicos básicos se mantuvo, según los resultados del diagnóstico comunitario elaborado por la plataforma HumVenezuela. Un análisis integral de los datos de este estudio muestra que hay al menos 13.5 millones de personas con necesidades humanitarias críticas y 5.6 millones con necesidades severas[117]. HumVenezuela también documentó un incremento en la intención de emigrar, explicando que “[h]asta junio de 2024, la intención de migrar había bajado a 11,7%, pero dio un salto a 17,2% en noviembre, aumentando en al menos la mitad de todos los estados del país”[118].
Sobre la situación económica del país, es importante señalar que el Banco Central de Venezuela (BCV) no publica cifras oficiales sobre inflación desde noviembre de 2024. Por su parte, analistas y expertos independientes en materia económica han sido objeto de persecución por parte de autoridades. En junio de 2025 fueron detenidos arbitrariamente al menos ocho economistas y analistas financieros[119].
Tras esta ola represiva, la página web del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) dejó de funcionar, limitando el acceso a sus reportes sobre la situación financiera venezolana. Hasta marzo de 2025, el OVF había reportado una inflación mensual del 13,1 % y una acumulada del 36,1 %. En su último informe del 9 de junio, registró una inflación del 26 %, previamente había reportado una inflación anual del 85 % para todo 2024[120]. Este contexto impacta directamente el poder adquisitivo de la población: el salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares, que equivalen a aproximadamente 1,2 dólares según la tasa oficial del BCV el 16 julio de 2025, una cifra completamente insuficiente frente al aumento sostenido de los precios. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el costo de la canasta básica alimentaria se ubicaba por encima de los USD $503 para el mes de abril[121].
A esta grave situación, se suma la decisión de EE UU de congelar y recortar programas de asistencia internacional. Mientras en 2024 EE UU fue responsable del financiamiento del 52.2% del Plan de Respuesta Humanitaria en Venezuela[122], para julio de 2025 solo había aportado el 3.8%. El Plan de Respuesta Humanitaria de 2025 requiere USD 606.5 millones, y solo ha conseguido cubrir el 9.5%, equivalente a USD 57.5 millones[123].
VI. La relación entre Estados Unidos y Venezuela en el período 2024-2025
Los hechos acaecidos el 28 de julio y en los días subsiguientes en Venezuela, ocasionaron una fuerte reacción internacional[124]. La naturaleza autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro, así como la falta de legitimidad de su mandato, quedaron al desnudo. Esa respuesta generó la expulsión de Venezuela del personal diplomático de ocho países[125] y la orden a las embajadas de tres países europeos de reducir su personal y restringir su circulación por el territorio[126]. Los pronunciamientos oficiales de las dos misiones internacionales invitadas a observar la elección en los que concluyen que el evento electoral no cumplió con las condiciones de una elección libre y democrática[127], aunados a otros pronunciamientos de organizaciones y entidades internacionales independientes, fortalecieron el llamado casi uniforme de la comunidad internacional a la publicación de las actas electorales. Ello incluyó a gobiernos con mayor relación con Nicolás Maduro, como Colombia y Brasil. El Consejo Permanente de la OEA aprobó por consenso una resolución exigiendo la publicación expedita de los resultados electorales[128]. El 5 de septiembre de 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU abordó la situación de Venezuela en una sesión privada[129], luego de un histórico pronunciamiento conjunto de Relatores Especiales y Grupos de Trabajo de la ONU manifestando su preocupación por las alegaciones de graves violaciones de derechos humanos[130].
En este apartado, sin embargo, nos referimos específicamente a la relación entre EE UU y Venezuela. EE UU tiene una importante influencia económica y política en Venezuela y ha denunciado consistentemente la erosión democrática en ese país. Sin embargo, desde que Maduro asumió la presidencia en 2014, han transcurrido cuatro períodos presidenciales en EE UU y las aproximaciones de Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump, respectivamente, han sido muy distintas. Luego de las elecciones presidenciales de 2018, junto a otros casi 60 países, EE UU rompió relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, desconociendo a Nicolás Maduro como presidente electo. Aunque esa política formalmente no cambió, durante la administración del presidente Biden el gobierno de EE UU mantuvo conversaciones directamente con Maduro y se emitieron licencias para aliviar las sanciones económicas con el objetivo de impulsar el proceso de negociación entre la PUD de la oposición y el gobierno, e incentivar la celebración de elecciones libres[131]. La toma de posesión de Nicolás Maduro tuvo lugar el 10 de enero de 2025, y tan solo diez días después, asumió la presidencia por segunda vez Donald Trump. A continuación, se hace un recuento de las principales acciones adoptadas desde entonces.
1. Revocación de licencias petroleras e imposición de nuevas sanciones individuales
a. Antecedentes: EE UU otorgó licencias durante el proceso de negociación previo a la elección presidencial
Desde 2005, Estados Unidos ha ampliado gradualmente su política de sanciones sobre Venezuela[132]. Hasta 2017 se limitaba a sanciones a individuos y a la prohibición de ventas de armas. A partir de entonces, incluyó sanciones financieras y sectoriales, así como sanciones al gobierno. En enero de 2019, en virtud de la Orden Ejecutiva 13850, el Departamento del Tesoro designó a PDVSA, congeló todos los bienes de la empresa sujetos a la jurisdicción de EE UU y prohibió a las empresas e individuos estadounidenses realizar transacciones con dicha compañía[133].
En noviembre de 2022, en el contexto de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la PUD de la oposición, la OFAC emitió la Licencia General (LG) 41 a Chevron[134], permitiéndole ampliar sus operaciones en Venezuela. Al año siguiente, el 18 de octubre de 2023, el Departamento del Tesoro emitió la LG 44, autorizando temporalmente transacciones relacionadas con el sector petrolero y gasífero en Venezuela[135]. La emisión de la LG 44, junto con otras medidas, coincidió con la firma del Acuerdo de Barbados. La lógica de la administración Biden fue ofrecer incentivos al gobierno venezolano para que permitiera la celebración de elecciones presidenciales libres y justas en 2024, condicionando dichos incentivos al cumplimiento del acuerdo. Cabe destacar que EE UU no era parte del proceso formal de negociación entre el gobierno de Venezuela y la PUD de la oposición venezolana, sino que actuó en paralelo en otras negociaciones directamente con el gobierno de Nicolás Maduro, que tuvieron lugar con la mediación de Qatar[136].
Después de que el máximo tribunal de Venezuela decidiera mantener la inhabilitación política a María Corina Machado, quien había sido elegida en un proceso de primarias como la candidata presidencial de la oposición, la OFAC revocó una licencia (LG 43) que autorizaba transacciones con Minerven, una empresa aurífera[137]. Luego, al vencer la LG 44 que permitía transacciones relacionadas con el sector petrolero o gasífero, la administración optó por no renovarla, basándose en la violación del Acuerdo de Barbados. En su lugar, el 17 de abril de 2024, la OFAC emitió la LG 44A, que dio a las empresas 45 días (hasta el 31 de mayo de 2024) para cerrar las operaciones autorizadas bajo la LG 44 y señaló que las empresas podrían solicitar licencias específicas a la OFAC para operar en Venezuela, que serían evaluadas caso a caso[138].
No toda la información sobre las licencias individuales otorgadas bajo la LG 44A, es pública. Sin embargo, la prensa y expertos en materia petrolera, han dado a conocer que bajo dicha licencia general, se otorgaron licencias individuales y cartas de respaldo (“comfort letters”) que pueden clasificarse según su propósito: por ejemplo, para la producción de petróleo (Chevron, Repsol, Maurel & Prom), para proyectos de gas natural con Trinidad y Tobago (BP y Shell con National Gas Company of Trinidad and Tobago) y para compra o intercambio de derivados del petróleo (por ejemplo, ENI/Repsol, Reliance y Global Terminal).
Según el entonces jefe de misión de la Unidad de Asuntos para Venezuela de EE UU, Francisco Palmieri, hasta mayo de 2024 había entre 20 y 50 solicitudes de licencias privadas[139]. No se tiene información precisa sobre todas las empresas que solicitaron licencias ni sobre cuáles de ellas obtuvieron licencias. Como práctica general, el Departamento del Tesoro no publica las licencias individuales ni las cartas de respaldo, sino únicamente licencias generales, regulaciones y otra información no confidencial[140].
Si bien las licencias emitidas por el Departamento del Tesoro no permiten el pago de impuestos ni regalías al gobierno de Venezuela o a PDVSA, es fundamental comprender el marco normativo bajo el que operan las empresas autorizadas en Venezuela, que favorece la opacidad. A partir de las sanciones sectoriales impuestas en enero de 2019 por parte de Estados Unidos, Venezuela aprobó una normativa conocida como la “Ley Antibloqueo”[141]. Bajo este marco, que contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos en materia de transparencia y publicidad de los contratos petroleros, se crea un régimen de reserva, confidencialidad y divulgación limitada de información (artículos 37 y siguientes), y se levantan restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en sectores considerados estratégicos (artículo 31). Así, ha tenido lugar en Venezuela una política de privatización de PDVSA, en la medida en que se han transferido derechos petroleros a empresas mixtas, al margen del régimen aplicable para estos contratos, que son de interés público nacional[142].
En conclusión, aunque la administración de Biden otorgó incentivos en el contexto pre-electoral y luego adoptó medidas frente al incumplimiento del Acuerdo de Barbados, la fórmula por la que optó permitió que se mantuviera la operación de Chevron (a través de la LG41) y de compañías que habían obtenido licencias específicas.
b. Nueva administración: cambio en la política
Desde la elección de Donald Trump en noviembre de 2024 e incluso ya adentrado en su segundo mandato, ha habido mucha especulación sobre cuál sería – o debería ser – la estrategia de su administración a la situación de Venezuela: si habría una vuelta a la política conocida como de “máxima presión” de su primer mandato o si, por el contrario, tendría un enfoque más transaccional o pragmático[143]. Sin embargo, lo que demuestran las acciones adoptadas por la administración hasta la fecha de cierre de este informe, aún permite plantear inquietudes sobre en qué consiste la política exterior de EE UU con respecto a Venezuela. La designación de Marco Rubio como Secretario de Estado y de Christopher Landau como Subsecretario, así como el nombramiento de Mauricio Claver-Carone como Enviado Especial para Latinoamérica, generó altas expectativas en la oposición venezolana[144], por tratarse de personas con vínculos a la región latinoamericana.
Para atender la situación de Venezuela, sin embargo, Trump también designó a Richard Grenell como enviado especial[145]. Aunque los enviados especiales requieren confirmación del Senado si están bajo la supervisión y competencia del secretario de Estado, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, controlado por mayoría del partido republicano, respaldó la postura del Presidente Trump, conforme a la cual el cargo de enviado especial opera bajo la competencia del presidente y no requiere confirmación del legislativo. Al menos un representante en la Cámara Baja del Congreso ha pedido al Secretario de Estado clarificación sobre el rol de los enviados especiales, haciendo mención específica a la misión en la que Richard Grenell visitó Caracas y se reunió con Nicolás Maduro en el mes de enero[146].
Como revela la línea de tiempo, hay razones para creer que hay posturas distintas sobre Venezuela dentro de la administración de Trump e intereses que compiten: por un lado, la necesidad de contener la migración y lograr que Venezuela reciba de manera ininterrumpida vuelos de deportación, y por otro lado contrarrestar un gobierno autoritario con vínculos políticos y económicos opuestos a los intereses de EE UU. En febrero de 2025 el presidente Trump anunció en redes sociales[147] la decisión de revocar la licencia a Chevron (responsable del 25% de la producción petrolera venezolana[148]), cosa que luego materializó el Departamento del Tesoro. Sin embargo, antes del período en el que la empresa debía cesar actividades, Richard Grenell dijo públicamente que la licencia sería extendida, cosa que fue inmediatamente desmentida por Marco Rubio.
A continuación, se presenta una línea de tiempo sobre las actuaciones en materia de política exterior bajo la segunda administración del presidente Trump, que muestra estas contradicciones.
La emergencia humanitaria y el contexto de gran corrupción precede a las sanciones internacionales[149]. Sin embargo, también es cierto que éstas tienen efectos sobre las finanzas públicas, que a su vez provoca daños en la calidad de vida de la población[150]. Economistas proyectan que la revocación de las licencias, y en particular la de Chevron, podría ocasionar una contracción de entre el 2 y 3% del PIB para el 2025, con una caída del 20% en el sector petrolero, y una disminución de la disponibilidad de divisas en el mercado cambiario[151]. Más aún, la revocación de las licencias, en conjunto con la imposición de aranceles del 25% para cualquier país que importe petróleo de Venezuela[152], podría limitar su capacidad para importar los diluyentes que requiere para producir gasolina y diesel, con un profundo impacto sobre el ya reducido sector productivo y, en definitiva, sobre la población. Adicionalmente, si se llegara a aplicar esta medida arancelaria, se reduciría la posibilidad de que China, responsable de la compra del 69% de las exportaciones venezolanas hasta 2024[153], siguiera comprando al país caribeño. Frente a este escenario, Venezuela vendería su petróleo a mayores descuentos en el mercado petrolero no autorizado.
Tal como anticiparon algunos analistas al inicio del mandato de Trump, pareciera que la política de dicha administración a la situación de Venezuela consiste en una vía intermedia entre la máxima presión y el pragmatismo, con medidas sin precedentes[154]; por ejemplo, la designación de una banda venezolana, el Tren de Aragua, como organización terrorista y la invocación de una ley de tiempos de guerra para presuntamente combatirla[155].
Al 18 de julio de 2025, Venezuela había recibido 43 vuelos de deportación de personas provenientes de Estados Unidos o México, que sumaban casi 8.500 personas, incluyendo a al menos mil menores de edad[156]. Cabe destacar que se han reportado vuelos de deportación, desde suelo estadounidense, en aviones de la aerolínea Conviasa, aunque está sancionada por Estados Unidos y cuya licencia para vuelos de repatriación expresamente señala que deben ser vuelos desde otros países, fuera de la jurisdicción de EE UU[157]. A la fecha, no se conoce que Conviasa haya recibido una licencia distinta por parte del Departamento del Tesoro para operar esos vuelos.
En respuesta a los acontecimientos del 28 de julio y la represión posterior, la administración de Biden impuso sanciones individuales a 16 funcionarios públicos alineados con el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo a miembros del CNE, magistrados del TSJ y funcionarios del SEBIN[158]. La decisión se fundamentó en su presunto rol en la consolidación de la violación a la soberanía popular. Bajo la segunda administración de Trump, hasta el 17 de julio de 2025, las sanciones individuales impuestas han estado orientadas específicamente a miembros de la banda denominada Tren de Aragua[159], que fue designada en febrero como Organización Internacional Terrorista (FTO por sus siglas en inglés)[160].
El 18 de julio, se materializó un acuerdo que involucró a los gobiernos de El Salvador, Venezuela y EE UU. El Salvador envió a Venezuela a los 252 migrantes venezolanos que habían sido deportados desde EE UU sin garantías del debido proceso[161] y que habían permanecido privados de libertad en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. A cambio, Venezuela entregó a EE UU a diez personas, de las cuales al menos cuatro eran ciudadanos americanos y cinco eran residentes permanentes en ese país. Adicionalmente, Venezuela se comprometió a liberar a 80 personas privadas de libertad por razones políticas. Sin embargo, hasta el 23 de julio solo se había podido confirmar la excarcelación de 72 personas[162]. En ese proceso, las autoridades venezolanas no han tenido en cuenta criterios de vulnerabilidad en razón de la edad, el género o la necesidad urgente de atención en salud. En el transcurso del fin de semana en el que se producían estas excarcelaciones, fueron privadas de libertad otras personas[163]. Lo anterior permite concluir que la represión en Venezuela no ha cesado y que las detenciones realizadas entre Estados como instrumento de negociación frente a otro estado (“diplomacia de rehenes”), robustece las prácticas autoritarias y socava la seguridad global[164].
Si bien la revocación de las licencias petroleras envía un mensaje a Nicolás Maduro luego de lo acaecido tras el 28 de julio, la medida no debe analizarse en el vacío. En paralelo, la terminación de programas de cooperación (especialmente de aquellos relacionados con democracia y derechos humanos), el cierre de rutas de regularización migratoria para población migrante y refugiada en Estados Unidos, y la negociación con quienes detentan el poder para enviar vuelos de deportación sin las debidas garantías de debido proceso, son medidas que afectan a la población venezolana que ha estado sometida a un gobierno autoritario y contribuyen al cierre del espacio cívico en Venezuela. Las señales contradictorias dentro de la administración también impactan de forma negativa la capacidad de otros países – en particular de Europa y América Latina – para articular una política exterior coherente, que persiga los mismos objetivos democráticos.
2. Congelamiento y terminación de ayuda extranjera
El mismo día que tomó posesión como presidente, Donald Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas. Una de ellas consistió en detener toda la asistencia internacional – inicialmente por un período de 90 días – para hacer una revisión de todos los programas, bajo lineamientos emitidos por el Secretario de Estado[165]. El impacto de la medida a nivel global ha sido devastador.
La decisión de suspender la cooperación internacional proveniente de EE UU fue abiertamente celebrada por gobiernos autoritarios que el propio gobierno norteamericano considera sus adversarios[166]. Uno de ellos es el gobierno de Venezuela. El Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien está sancionado y tiene una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló lo siguiente tras la decisión del Presidente Trump:
“La oposición anda por ahí destrozada y hay que ayudarlos a que se terminen de destrozar. Cuando el enemigo anda mal, hay que dejarlos quietos y no hacer nada. Que sigan chocando con la realidad. Después de que la USAID les sacó la escalera, ya ni aparecen en redes sociales”[167].
En otra alocución, además de mencionar a organizaciones electorales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, acusándolas de corrupción, señaló que con la medida de EE UU se había “internacionalizado el ‘Tun Tun’”[168], haciendo referencia a la operación de persecución que se puso en marcha luego de la elección del 28 de julio para perseguir a la oposición real o percibida.
Más allá de la posibilidad de destinar fondos de varias partidas en el presupuesto para el apoyo al exterior, el Congreso había apropiado 50 millones de dólares para programas de democracia en Venezuela en el año fiscal 2024, así como fondos para la asistencia de comunidades receptoras de población migrante proveniente de Venezuela[169]. La misma cantidad fue destinada por el Congreso para el año fiscal 2025[170], y así quedó bajo la resolución de continuación del presupuesto que fue aprobada en marzo de este año[171], aunque con condiciones ligeramente distintas. Si se llegara a aprobar el borrador de la declaración explicativa[172] que acompaña a la versión preliminar del proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2026 de la Cámara de Representantes, se asignarían 50 millones de dólares a Venezuela, provenientes de los nuevos Programas de Inversión en Seguridad Nacional[173].
Ahora bien, en julio de 2025, el Congreso aprobó una norma para rescindir más de 8.000 millones de dólares del presupuesto del año en curso; la mayor parte en ayuda extranjera, pero aún no se conocen todos los detalles de las implicaciones de dicha rescisión[174]. De modo que, a la fecha de cierre de este informe, no es posible afirmar cuántos recursos se mantienen para la asistencia a Venezuela para el año actual ni afirmar cuántos dinero sería asignado para el año fiscal 2026.
Además de esos recursos, EE UU contribuyó en 2024 con $210.8 millones de dólares para Venezuela a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), de los cuales $154.3 millones estuvieron destinados a asistencia humanitaria y $12.15 millones a salud[175]. Hasta junio de 2025, EE UU había disminuido dicha asistencia a través de USAID a $13 millones de dólares, destinando $11.5 millones a asistencia humanitaria y $1.5 millones a salud[176]. Tal como se señaló previamente, EE UU pasó de financiar el 52.2% del Plan de Respuesta Humanitaria en 2024, a cubrir solo 3.8% del Plan de Respuesta de 2025[177].
De la información recabada por WOLA, existen razones para creer que todos los programas con financiamiento de USAID para Venezuela en materia de democracia y derechos humanos han sido terminados. Algunos programas de naturaleza humanitaria que habían sido terminados, han recibido exenciones (“waivers”) hasta septiembre de 2025 y las organizaciones implementadoras se mantienen en incertidumbre frente a la posibilidad de continuar en el año fiscal 2026. Debido al clima de temor en Venezuela y de incertidumbre en EE UU sobre el futuro de la cooperación internacional, hay obstáculos para acceder a información sobre el estado de los programas. Un medio de comunicación publicó una tabla con el estatus de programas de USAID que fue presentado al Congreso en marzo, pero es posible que esa información esté desactualizada[178].
Tal como WOLA ha explicado[179], la decisión de EE UU coincidió con la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro en Venezuela, adoptada justamente con el fin de perseguir a la sociedad civil y socavar el derecho a la asociación. La orden ejecutiva de “transparencia radical” de la Casa Blanca, que haría pública “en la máxima medida permitida por la ley” la información sobre qué organizaciones recibieron financiación[180], ha aumentado significativamente los riesgos que enfrenta la sociedad civil en Venezuela, bien sea porque recibe apoyo de EEUU o porque está en riesgo de ser criminalizada bajo esa excusa[181].
La terminación de programas y disminución de fondos disponibles para atender a la emergencia humanitaria compleja en el país, sumado al impacto de esta misma medida en países receptores de población migrante y refugiada, deja a la población más vulnerable en una situación de desprotección[182]. Tal como documentó HumVenezuela en su último diagnóstico de hogares[183], la intención de emigrar incrementó notablemente en el segundo semestre de 2024. Si a ello se suma la gran corrupción que se mantiene en Venezuela, el impacto económico de la revocación de licencias petroleras, la percepción de diálogo con el gobierno de Maduro en torno a la liberación de ciudadanos americanos y la recepción de vuelos de deportación – sin concesiones democráticas a cambio -, la política exterior del gobierno de Trump apunta a una posición transaccional hacia Venezuela que no prioriza la situación de derechos humanos ni identifica diversas vías para encontrar soluciones a la consolidación del modelo autocrático que se ha instalado en el país.
Mientras, los grupos armados y criminales, que operan en zonas de frontera – incluyendo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Tren de Aragua -, se aprovechan de la situación de la población migrante y refugiada, convirtiéndolas en víctimas de reclutamiento, trata y tráfico de personas[184]. Trabajadores humanitarios en la frontera entre Colombia y Venezuela han advertido sobre el riesgo de que, ante la drástica reducción de su presencia por falta de fondos, no exista la capacidad para responder ante una nueva alza migratoria en esa región, en la que ahora se observa la confluencia de personas regresando de EE UU y personas abandonando Venezuela, ya que las condiciones en ese país no han mejorado[185].
Finalmente, es importante destacar que, en un contexto de máxima opacidad e impunidad en Venezuela[186], es gracias a la sociedad civil independiente que la comunidad internacional tiene acceso a datos fiables y documentación sobre la situación humanitaria, violaciones de derechos humanos, personas extranjeras privadas de libertad, corrupción, economías ilícitas, actuación de grupos armados, entre otros asuntos. De allí la importancia de preservar el espacio cívico y contribuir a la sostenibilidad del tejido social en Venezuela.
3. Revocación de medidas de protección y regularización migratoria, deportaciones masivas y criminalización de población migrante y refugiada venezolana
La administración de Trump ha reconocido que en Venezuela hay un gobierno autoritario, ha denunciado sus vínculos con economías ilícitas, y ha reconocido que este no es un país seguro, en la medida en que ha re-emitido una alerta advirtiendo a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Venezuela[187]. Sin embargo, esa misma lógica no ha aplicado para las personas migrantes y refugiadas de nacionalidad venezolana en EE UU, y mantiene canales de negociación que hasta ahora han estado orientados a lograr que Venezuela reciba vuelos masivos de deportación y a que libere a ciudadanos o residentes permanentes de EE UU.
Según el Migration Policy Institute (MPI), hasta el 29 de abril de 2025, Trump había adoptado 181 medidas ejecutivas en materia migratoria[188]. Además de los obstáculos que ha encontrado el ejecutivo para llevar a cabo esas medidas, producto del control y contrapeso judicial, éste se enfrentaba a una limitación presupuestaria para echar a andar su promesa de deportaciones masivas. Sin embargo, el 4 de julio el Congreso aprobó una ley de presupuesto que dedica más de 170 mil millones de dólares al control migratorio hasta el final del año fiscal 2029[189]. Un análisis exhaustivo de todas las medidas migratorias adoptadas desde enero que afectan a la población venezolana – incluso más allá de las fronteras estadounidenses -, excede el alcance y objetivo de este informe. Sin embargo, esta sección pretende ilustrar cómo las medidas migratorias adoptadas son desproporcionadas y discriminatorias hacia la población venezolana en razón de su nacionalidad. Además, muestra cómo dichas medidas contra quienes huyen de un gobierno autoritario y una emergencia humanitaria compleja, contrastan con la anunciada intención de la administración de apoyar los esfuerzos hacia una transición democrática en Venezuela.
El presidente Trump ha calificado la llegada de personas venezolanas a EE UU como una “invasión”[190] y la ha señalado de estar compuesta de “criminales”[191]. Cerca de 8 millones de personas venezolanas, según cifras de agencias de Naciones Unidas, han salido del país desde 2014. De este flujo migratorio sin precedentes en la región, el 85% residen en América Latina y el Caribe[192]. Según la Agencia Nacional del Censo de EE UU, al cierre del 2023 había en el país cerca de un millón de nacionales venezolanos[193]. Eso representa menos del 2% del total de inmigrantes en EE UU[194]. Con el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) y parole humanitario, medidas que la administración actual ha buscado terminar, más del 70% tiene – o tenía para enero de 2025 – un estatus migratorio regular. Cabe destacar que más del 75% de las personas de nacionalidad venezolana en EE UU ingresaron al territorio luego de 2010[195], lo que muestra que se trata de una población que ha huido de la crisis y desmantelamiento democrático de larga data en Venezuela.
Como WOLA ha señalado en el pasado[196], históricamente ha habido un reconocimiento bipartidista de la severa crisis que atraviesa Venezuela y ello ha conllevado a la determinación de vías de regularización migratoria para quienes huyen de ella. Incluso, en 2021 el presidente Trump durante su primer mandato tomó la decisión de diferir la remoción de personas venezolanas del territorio durante 18 meses[197].
A continuación se enuncian las principales medidas adoptadas por la segunda administración de Trump hasta julio de 2025, que tienen un impacto especial sobre personas venezolanas. Cabe destacar que muchas de ellas continúan bajo escrutinio judicial[198] y podrían ser revocadas o modificadas.
| Medida | Fecha | Observaciones |
| Terminar todos los programas de parole humanitario para personas cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas[199]. | 20 de enero 2025 | En mayo, y después de que un juez federal le impidiera al gobierno poner fin a este programa, la Corte Suprema permitió revocar este estatus legal. |
| Cesar el uso de la aplicación CBP One como herramienta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para programar citas en los puertos de entrada, para personas que buscan solicitar asilo o presentarse ante las autoridades migratorias[200]. | 20 de enero 2025 | El DHS indicó en abril que los migrantes que entraron a EE UU mediante la aplicación CBP One deben salir de inmediato, cambiaron su nombre a CBP Home, habilitando una función para “auto-deportarse”. |
| Anular la extensión de la designación del TPS de 2023, que había sido otorgada hasta octubre de 2026[201]. | 29 de enero 2025 | En mayo la Corte Suprema concedió al gobierno de Trump la revocación del bloqueo temporal de esta orden previamente dictada por un juez federal de California. Para julio de 2025, el litigio aún continúa. Adicionalmente, la designación TPS para venezolanos de 2021 expira en septiembre de 2025. |
| Terminar la Iniciativa de Movilidad Segura y cerrar sus oficinas en la región (Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador), así como suspender el Programa de Admisión a Refugiados[202]. | 20 de enero 2025 | Personas refugiadas que habían procesado sus solicitudes de reasentamiento antes del 20 de enero, enfrentan incertidumbre frente a sus procesos. Para julio de 2025, el litigio aún continúa. |
| Designar al Tren de Aragua como una Organización Internacional Terrorista (FTO por sus siglas en inglés)[203]. | 20 de febrero de 2025 | La designación del Tren de Aragua como FTO sirvió a la administración como fundamento para la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros y la deportación de personas venezolanas a El Salvador. |
| Invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para responder a la presunta “invasión a los Estados Unidos por parte del Tren de Aragua”[204]. | 15 de marzo de 2025 | Autoriza a agentes de distintas dependencias a aprehender, detener y remover del territorio a personas que califiquen como enemigos extranjeros, de conformidad con la proclamación. |
| Deportar a 252 venezolanos a El Salvador, donde fueron transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)[205]. Durante el tiempo que estuvieron allí, las personas venezolanas permanecieron incomunicadas. Las autoridades estadounidenses y salvadoreñas no divulgaron la lista oficial de las personas trasladadas al CECOT.[206] | 15 de marzo 2025 | Estas personas fueron deportadas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 invocada por orden del presidente Trump respecto de miembros del Tren de Aragua. Sus casos no guardan relación con El Salvador; fueron deportadas sin acceso a un procedimiento judicial o administrativo, ni oportunidad para que se demostrara su inocencia en EE UU. Tampoco fueron presentadas ante un juez en El Salvador. Expertos independientes de Naciones Unidas señalaron que estas deportaciones y detenciones en régimen de incomunicación parecieran implicar desapariciones forzadas. |
| Restringir parcialmente y limitar la entrada de nacionales de Venezuela (“Travel ban”).[207] Se suspende la entrada a Estados Unidos de nacionales de Venezuela como inmigrantes, así como como no inmigrantes con visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J[208]. La medida aplica a personas extranjeras que se encontraban fuera de EEUU en la fecha de entrada en vigor (9 de junio de 2025) y que para entonces no poseían una visa válida. | 4 de junio 2025 | La medida será revisada dentro de 90 días y 180 días de emisión para evaluar si todavía es apropiada. |
| Acordar con el gobierno de El Salvador y con quienes ostentan el poder en Venezuela, la repatriación de las 252 personas que permanecían detenidas en El Salvador, a Venezuela. | 18 de julio de 2025 | EE UU obtuvo a cambio la liberación de cinco ciudadanos estadounidenses y cinco residentes permanentes en EE UU. El acuerdo incluía la liberación de 80 personas venezolanas privadas de libertad por razones políticas. A la fecha de cierre de este informe, se había confirmado la excarcelación de 72 personas y, al mismo tiempo, ocurrieron nuevas detenciones arbitrarias. EE UU había deportado al grupo de 252 migrantes a El Salvador bajo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, alegando que se trataba de miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, las autoridades en EE UU no brindaron evidencia de ello y luego entregaron a estas personas al gobierno venezolano con el que, según la proclamación que invocó dicha Ley, el Tren de Aragua tendría vínculos directos. |
Los vuelos de deportación hacia Venezuela han sido recibidos por autoridades venezolanas, quienes se han ufanado de hacerlo en el marco del “Plan Vuelta a la Patria”, cosa que Nicolás Maduro destacó como “un primer paso por una agenda de entendimiento” entre Venezuela y EEUU[209]. Los vuelos de deportación son recibidos por cuerpos de seguridad del Estado y, en algunas oportunidades, han sido recibidos personalmente por el Ministro de Interior Diosdado Cabello[210] y por el jefe de la Unidad de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, Alexander Granko Arteaga[211]. Ambos son funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de EE UU y, señalados por la MIDH de Naciones Unidas como responsables de graves violaciones de derechos humanos[212].
Ante la falta de garantías del debido proceso en el marco de los procesos de deportación, no ha sido posible que una autoridad competente e independiente evalúe el temor fundado de las personas venezolanas de regresar al país del que huyeron[213]. En el contexto represivo venezolano descrito en este informe, organizaciones de derechos humanos y medios independientes han enfrentado obstáculos para documentar la suerte de las personas deportadas una vez llegan a Venezuela.
En suma, estas políticas y acciones han dejado a la población migrante y refugiada venezolana en Estados Unidos en una situación de profunda desprotección y vulnerabilidad, enfrentando el riesgo de ser deportadas a un país que no ofrece condiciones seguras ni garantías de respeto a sus derechos fundamentales. Este escenario contradice el reconocimiento oficial de la crisis humanitaria y el carácter autoritario del gobierno venezolano, perpetuando graves injusticias y exponiendo a estas personas a peligros que intentaron dejar atrás.
VII. Algunas conclusiones sobre el panorama actual
De la información recabada y analizada en el período comprendido entre enero de 2024 y julio de 2025 (con fecha de corte al 23 de julio), queda claro que la elección presidencial de 2024 en Venezuela estuvo profundamente marcada por irregularidades estructurales, persecución política y falta de transparencia, lo que impidió una contienda electoral libre, justa y competitiva. A pesar de una participación ciudadana masiva y un compromiso democrático con la ruta electoral, Nicolás Maduro consolidó su control autoritario, tomando posesión del cargo sin evidencia que sustentara su elección. A continuación, se presentan algunas conclusiones de esta investigación:
- La política de persecución por motivos políticos no ha cesado. A través de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, hostigamiento y leyes restrictivas, el gobierno venezolano ha profundizado un aparato de persecución política y control social que alcanza el umbral de prácticas de terrorismo de Estado y ha continuado cometiendo crímenes que, bajo el derecho internacional, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Esta represión se intensificó en el período inmediatamente posterior a la elección presidencial y fue de carácter masiva. Con el paso del tiempo, los métodos de la represión han variado, pero el ataque contra la población civil en el marco de una política para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición o a quienes son percibidos como oposición, continúa.
- Se ha consolidado un entramado legal para cerrar el espacio cívico. En Venezuela se ha consolidado un marco normativo orientado a restringir gravemente los derechos a la libertad de expresión, asociación y participación política. A las ya existentes Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo —frecuentemente utilizadas para criminalizar la disidencia—, se suman normativas como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro. Además, se discuten en la Asamblea Nacional proyectos de ley como el de Cooperación Internacional y el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, los cuales ampliarían aún más las facultades estatales para controlar y sancionar el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, particularmente en contextos de crítica al poder o movilización ciudadana. Este entramado legal, en su conjunto, consolida una arquitectura de control que profundiza el cierre del espacio cívico en el país.
- Los eventos electorales posteriores al 28 de julio, sin condiciones mínimas, debilitan la confianza ciudadana en el voto. Las elecciones regionales y legislativas celebradas en mayo de 2025, así como la convocatoria para las elecciones municipales que tendrán lugar el 27 de julio, se celebran sin condiciones mínimas de transparencia, equidad y legalidad. Esto profundiza la crisis de legitimidad institucional. Lejos de corregir las graves irregularidades del proceso presidencial del 28 de julio de 2024, el Estado continuó instrumentalizando los procesos electorales para consolidar su poder, aplicando estrategias con el fin de dividir a la oposición, imponiendo resultados incontrastables y desconociendo incluso mandatos constitucionales y recomendaciones internacionales. Estas elecciones debilitan la confianza ciudadana en el derecho al sufragio como herramienta de cambio democrático.
- La reforma constitucional que impulsa Nicolás Maduro para el 2026, busca consolidar el Estado Comunal. El impulso del Estado Comunal en Venezuela representa una amenaza directa al sistema democrático, al modelo federal consagrado en la Constitución y al principio de soberanía popular basado en el sufragio universal. Aunque presentado como una forma de empoderamiento ciudadano, el proyecto comunal avanza en realidad hacia la centralización autoritaria del poder, sustituyendo instituciones formales y representativas por estructuras controladas desde el Ejecutivo, restringiendo la participación política a quienes adhieren a una ideología oficialista y creando un sistema paralelo de justicia sin garantías ni independencia. La posible reforma constitucional que ha planteado Nicolás Maduro para el 2026 apunta a consolidar este modelo, institucionalizando un orden político profundamente excluyente, clientelar y antidemocrático.
- La emergencia humanitaria compleja en Venezuela persiste y se agrava en múltiples dimensiones. A pesar de ciertos indicadores de recuperación económica entre 2021 y 2024, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela persiste y se agrava en múltiples dimensiones, afectando de forma crítica los derechos fundamentales de millones de personas. La privación prolongada de bienes y servicios básicos, la falta de información oficial sobre indicadores económicos clave y la persecución contra expertos que monitorean la crisis, han generado un entorno de vulnerabilidad extrema. Esta situación se ve agravada por la drástica reducción del financiamiento internacional, lo que amenaza con desmantelar la frágil respuesta humanitaria existente. Sin considerar esta emergencia estructural, no es posible comprender plenamente las barreras para la participación política ni el alcance del malestar ciudadano.
Con respecto a la relación entre EE UU y Venezuela, se destaca que si bien en EE UU sigue existiendo una comprensión bipartidista que reconoce que en Venezuela hay un gobierno autoritario que comete graves violaciones a los derechos humanos, la aproximación a la situación de Venezuela en su política exterior ha variado de una administración a otra. Algunas reflexiones conclusivas sobre esta relación son:
- Hay razones para creer que hay posturas distintas sobre Venezuela dentro de la administración de Trump e intereses que compiten. Por un lado, la necesidad de contener la migración y lograr que Venezuela continúe recibiendo de manera ininterrumpida vuelos de deportación, y por otro lado contrarrestar un gobierno autoritario con vínculos políticos y económicos opuestos a los intereses de EE UU.
- La revocación de las licencias petroleras no debe ser analizada en el vacío ni ser el único indicador para medir la postura de la administración de Trump frente a Maduro. Si bien esta medida puede ser percibida como una que socava los pilares de soporte del gobierno autoritario en Venezuela, su impacto debe medirse sobre la base de evidencia verificable. La terminación de programas de cooperación, el cierre de rutas de regularización migratoria para población migrante y refugiada en EEUU, y la negociación transaccional con quienes detentan el poder en Venezuela para enviar vuelos masivos de deportación, son medidas que afectan a la población venezolana que ha estado sometida a un gobierno autoritario y contribuyen al cierre del espacio cívico en Venezuela.
- Las licencias otorgadas bajo la administración de Biden generaron resultados mixtos. Estas licencias buscaban ofrecer incentivos para que el gobierno venezolano permitiera la celebración de elecciones libres y justas, y esas negociaciones contribuyeron a la firma del Acuerdo de Barbados. Tras la violación del Acuerdo de Barbados, se revocó la autorización más amplia que se había otogado en materia petrolera y se pasó a un régimen de evaluación de licencias caso a caso. Esas licencias, sin embargo, operaron bajo un marco normativo opaco en Venezuela (la Ley Anti-Bloqueo), que favorece la corrupción.
- La revocación de las licencias bajo la administración de Trump también puede generar impactos mixtos. La emergencia humanitaria compleja y la gran corrupción preceden a las sanciones sectoriales. Sin embargo, diversos estudios demuestran que éstas profundizan la crisis económica, lo que se traduce en impactos humanitarios. La revocación de las licencias, en conjunto con la imposición de aranceles del 25% para cualquier país que importe petróleo de Venezuela (esta última medida se encuentra bajo litigio), podría limitar su capacidad para importar los diluyentes requeridos para producir gasolina y diesel, con un profundo impacto sobre el ya reducido sector productivo y, en definitiva, sobre la población. De allí que se requiere mitigar de todas las formas posibles el efecto humanitario de la aplicación de este tipo de sanciones. Además, es también necesaria una evaluación objetiva y sobre la base de evidencia verificable, que permita estudiar la contribución – o no – de estas medidas en la construcción de avenidas hacia una transición democrática y pacífica, y en el socavamiento de los pilares de soporte de la estructura represiva en Venezuela.
- La reducción de la cooperación internacional por parte de EE UU y de otros donantes reduce la capacidad de la comunidad internacional de contar con información confiable y actualizada sobre lo que ocurre en Venezuela. Al marco normativo venezolano que criminaliza la cooperación internacional y restringe el trabajo de la sociedad civil, se suma el impacto de la drástica reducción de la asistencia y cooperación internacional. Ello pone en riesgo su sostenibilidad de la sociedad civil en Venezuela, en un contexto de emergencia humanitaria compleja y persecución política del trabajo de la sociedad civil independiente.
- Existe una contradicción entre el apoyo de EE UU a la causa democrática en Venezuela y sus políticas respecto de quienes han emigrado huyendo del gobierno autoritario y la emergencia humanitaria compleja. La combinación entre la emergencia humanitaria compleja, la persecución política y el cierre del espacio cívico, sigue siendo un factor central del desplazamiento forzado venezolano. Las restricciones impuestas por varios países de la región y el endurecimiento de políticas migratorias (incluyendo la terminación de TPS y parole humanitario, así como las deportaciones masivas y otras medidas) agravan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes y refugiadas, y no contribuyen a modificar las razones por las que las personas emigran en primer lugar.
VIII. Recomendaciones
En Venezuela hay una sociedad civil que busca determinadamente preservar el espacio cívico y defender los principios democráticos consagrados en su Constitución. Para ello, es necesario el apoyo de otros actores a nivel internacional. Desde WOLA, proponemos algunas recomendaciones a los gobiernos con relaciones diplomáticas y comerciales activas con Venezuela y a aquellos que, aunque no la tengan formalmente, mantienen interlocución con quienes ostentan el poder.
- Frente a la represión y las violaciones de derechos humanos en Venezuela:
- Incorporar, como eje central de cualquier proceso de negociación, el cese inmediato de la represión, la liberación de personas detenidas arbitrariamente y el acceso a información sobre el paradero de víctimas de desapariciones forzadas.
- Sostener y adherirse a los principios recogidos en la Declaración contra la Detención Arbitraria en las Relaciones entre Estados. Lo anterior implica luchar en contra de la diplomacia de rehenes, velar por el cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y buscar que las negociaciones estén orientadas al respeto por los derechos humanos, la preservación del espacio cívico en Venezuela y la búsqueda de aperturas hacia la democracia.
- Financiar y proteger iniciativas de sociedad civil dentro y fuera de Venezuela, con el propósito de salvaguardar el espacio cívico en el país, así como contribuir a su capacidad para continuar documentando la situación dentro del país, incluyendo violaciones de derechos humanos.
- Financiar y respaldar a mecanismos internacionales que contribuyen al esclarecimiento de la verdad sobre violaciones de derechos humanos, a la justicia y a la rendición de cuentas de los responsables, lo que a su vez aporta a la seguridad global. En ese sentido, se debe restablecer y robustecer la cooperación internacional dirigida a sistemas internacionales de derechos humanos.
- Apoyar en la búsqueda de avenidas para la restauración de la democracia y preservar el espacio cívico en Venezuela:
- Sin dejar de insistir en la falta de reconocimiento de los resultados de elecciones realizadas sin garantías mínimas el 28 de julio de 2024, promover una estrategia coordinada que combine distintos mecanismos para la apertura de avenidas democráticas, el cese de la represión y la protección de derechos humanos.
- Insistir en la necesidad de condiciones previas a cualquier elección futura, de conformidad con las recomendaciones realizadas por misiones internacionales independientes y organizaciones locales expertas. Entre otras, deben garantizarse la recuperación de la independencia e imparcialidad del CNE, rehabilitación de partidos y candidatos, publicación transparente de cronogramas, celebración de auditorías técnicas, actualización del registro electoral y observación internacional independiente.
- Financiar y respaldar a actores nacionales e internacionales que monitorean y documentan los procesos electorales, con énfasis en aspectos técnicos (registro, totalización, auditorías) y su impacto político.
- Alertar sobre el carácter regresivo y autoritario de la reforma constitucional propuesta por Nicolás Maduro para el 2026, urgiendo el respeto a los principios del pluralismo político, la autonomía local y el sufragio universal, directo y secreto.
Algunas recomendaciones específicas para tomadores de decisiones en EE UU son:
- Promover un enfoque de derechos humanos y democracia como eje de la política exterior, incluido el marco en el que opera la aplicación de diversas sanciones, y garantizar que éstas no profundicen la emergencia humanitaria o impacten el bienestar de la población civil. Priorizar sanciones dirigidas a personas y grupos responsables de corrupción y violaciones de derechos humanos, en lugar de medidas sectoriales.
- Vincular cualquier alivio de sanciones a acciones concretas y medibles por parte del gobierno venezolano, como la liberación de presos políticos, garantías electorales y cese de la persecución. Si bien la imposición de sanciones sectoriales no debe ser un fin en sí mismo, ni las mismas deben ser consideradas inamovibles, para que puedan ser efectivas como instrumentos de política exterior, es necesario que exista una estrategia robusta e integral respecto de Venezuela que apoye los esfuerzos de la población venezolana para construir avenidas hacia una transición democrática y pacífica, y que contribuya a socavar los pilares de soporte de la estructura represiva en Venezuela.
- En caso de que se levanten sanciones o emitan licencias, es fundamental que el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y otras agencias competentes, puedan evaluar e implementar mecanismos para evitar que, como consecuencia indeseada, se contribuya a la corrupción en Venezuela, por medio de su operación en marcos normativos opacos. La política exterior de EE UU debe estar orientada por la necesidad de contribuir a la transparencia y lucha contra la corrupción, así como por el respeto de los derechos humanos, lo que requiere una constante calibración de su política y una evaluación cuidadosa de todas las aristas de un complejo asunto.
- Para atender a la emergencia humanitaria compleja y las necesidades de la población migrante y refugiada de origen venezolano:
- Abstenerse de hacer uso de discursos y políticas que criminalicen la migración venezolana, e incentivar medidas de regularización, protección y acogida humanitaria
- Sobre este punto, recomendamos especialmente al gobierno de EE UU:
Asegurar que toda política orientada a combatir el crimen transnacional y las economías ilícitas originadas en Venezuela se base en evidencia verificable, evitando generalizaciones que criminalicen a personas venezolanas por su nacionalidad. Las acciones en esta materia deben estar alineadas con los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y los estándares internacionales de derechos humanos, así como con la normativa estadounidense vigente.
- Incluir el análisis de la emergencia humanitaria en toda evaluación del contexto político venezolano, así como en las respuestas de política pública a la migración proveniente de Venezuela.
- Revertir el desfinanciamiento de la respuesta humanitaria. Deben reinstaurarse e incrementarse con urgencia los niveles de financiamiento al Plan de Respuesta Humanitaria, priorizando a las poblaciones más vulnerables y los sectores críticos como salud, alimentación, educación y agua/saneamiento.
- Instar al restablecimiento de la publicación regular de estadísticas económicas y sociales por parte del Estado venezolano, así como el cese de la criminalización contra analistas independientes y organizaciones que generan datos confiables.
- Articular esfuerzos regionales para atender las crecientes intenciones de migración y las necesidades de protección internacional de la población migrante y refugiada venezolana, particularmente desplazada hacia países vecinos. Los países receptores deben habilitar mecanismos para la regularización migratoria, protección internacional y autorización de empleo de personas migrantes y refugiadas.
- Priorizar el financiamiento flexible, directo y de largo plazo para organizaciones que operan dentro y fuera del país, especialmente aquellas que trabajan con poblaciones vulnerables. Contribuir a la diversificación de fuentes de financiamiento y adoptar medidas para superar las barreras impuestas por el gobierno de Venezuela para criminalizar y limitar el trabajo de las organizaciones de sociedad civil.
- Reforzar los canales multilaterales y regionales para sostener la cooperación humanitaria bajo principios de neutralidad, imparcialidad e independencia.
[1] “Presidenciales 2018,” Observatorio Electoral Venezolano, 20 de mayo de 2019. https://oevenezolano.org/tag/presidenciales-2018/.
[2] Red Electoral Ciudadana. “REC: Ante la ruptura del hilo constitucional en Venezuela y la grave crisis que atraviesa el país.” PROVEA, 25 de abril de 2017. https://provea.org/actualidad/rec-ante-la-ruptura-del-hilo-constitucional-en-venezuela-y-la-grave-crisis-que-atraviesa-el-pais/.
[3] Norway, Ministry of Foreign Affairs. “The Venezuelan Negotiation Process,” 2024, https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/peace-and-conflict-resolution/norways_engagement/venezuela_negotiations/id2674295/
[4] Ana María Rodríguez Brazón, “Venezuela eliminaría para elecciones regionales el código QR que le permitió a Edmundo González validar su triunfo”, El Tiempo, 20 de mayo de 2025, https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/venezuela-eliminaria-para-elecciones-regionales-el-codigo-qr-que-le-permitio-a-edmundo-gonzalez-validar-su-triunfo-3455360.
[5] The Carter Center, Observación de las Elecciones Presidenciales en Venezuela: Julio de 2024, Informe Final, https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/venezuela/venezuela-final-report-2025-spanish.pdf.
[6] Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, 13 de agosto de 2021. https://www.regjeringen.no/contentassets/ac03d5655a8448e0a9653cd95d5c7978/garantias-electorales.pdf.
[7] U.S. Embassy Caracas. “Signing of Electoral Roadmap Between the Unitary Platform and Representatives of Maduro,” October 18, 2023, https://ve.usembassy.gov/signing-of-electoral-roadmap-between-the-unitary-platform-and-representatives-of-maduro/
[8] Laura Cristina Dib. “Explainer: What Happened With the Key Electoral Body in Venezuela and Why Does it Matter?,” WOLA, September 7, 2023, https://www.wola.org/analysis/explainer-what-happened-with-the-key-electoral-body-in-venezuela-and-why-does-it-matter/
[9] Punto 11 del Acuerdo de Barbados.
[10] Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Procedimiento para la Revisión de las Medidas de Inhabilitación Acordadas por la Contraloría General de la República, 30 de noviembre de 2023, https://www.regjeringen.no/contentassets/ac03d5655a8448e0a9653cd95d5c7978/procedimiento.pdf
[11] ONU, Consejo de Derechos Humanos. Conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, doc. A/HRC/48/CRP.5, 16 de septiembre de 2021, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A-HRC-48-CRP.5_SP.pdf; Consejo de Derechos Humanos, ACNUDH. Independencia del sistema judicial y acceso a la justicia en la República Bolivariana de Venezuela, doc. A/HRC/44/54, 29 de septiembre de 2020, https://docs.un.org/es/A/HRC/44/54; CIDH. Situación de derechos humanos en Venezuela. Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela. OEA/Ser.L/V/II, doc. 209, 31 de diciembre de 2017, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/venezuela2018-es.pdf
[12] Al momento de la presente publicación, la decisión (sentencia 122 de la Sala Electoral del TSJ, del 30 de octubre de 2023) no se encuentra publicada en la página web del TSJ;
Acceso a la Justicia. “Suspensión Cautelar de los Efectos de las Elecciones Primarias de la Oposición,” 30 de octubre de 2023, https://accesoalajusticia.org/suspension-cautelar-de-los-efectos-de-las-elecciones-primarias-de-la-oposicion/
[13] Espacio Público. “Opacidad del CNE en información pautada por el calendario electoral,” 18 de julio de 2024. https://espaciopublico.ong/opacidad-estatal-en-informacion-pautada-por-el-calendario-electoral/.
[14] DW. “Venezuela: impiden inscripción de candidata opositora”, 26 de marzo de 2024, https://www.dw.com/es/venezuela-impiden-inscripci%C3%B3n-de-candidata-opositora/a-68665893
[15] Según el Comando con Venezuela, se registró la participación de al menos 11 millones de votantes. Comando con Venezuela. “Resultados elecciones presidenciales: Nacional,” 2024, https://resultadosconvzla.com; Por su parte, el CNE en su boletín oficial, que no se encuentra disponible para pública consulta, estimó más de 12 millones de votos válidos. CNE Venezuela. “Consejo Nacional Electoral anunció segundo boletín con resultados de la elección presidencial 2024,” Instagram, 2 de agosto de 2024, https://www.instagram.com/reel/C-LsBnoBsk5/?hl=es.
[16] Consejo Nacional Electoral, Resolución n.º 120801-0493 Caracas 202.º y 153.º, 1 de agosto de 2012, https://identidad.reniec.gob.pe/documents/d/guest/7-4-venezuela-reglamento-general-de-la-ley-organica-de-procesos-electorales, arts. 382 y 383.
[17] Comando Con Vzla. Informe Técnico Electoral sobre las Actas y los Resultados de la Elección Presidencial del 28 de julio de 2024 en Venezuela, https://ganovzla.info/wp-content/uploads/2024/10/Informe-tecnico-electoral-sobre-las-actas-y-los-resultados-de-la-eleccion-presidencial-del-28-de-julio-de-2024-en-Venezuela1.pdf
[18] Comando con Venezuela. “Resultados Con Vzla”, https://resultadosconvzla.com/
[19] Regina Garcia Cano, Joshua Goodman, and Angeliki Kastanis. “Revisión de AP a actas de la oposición expone serias dudas sobre resultados electorales en Venezuela,” AP News, 3 de agosto de 2024, https://apnews.com/world-news/general-news-domestic-news-domestic-news-72fc10b86aa82c2cc58324fd0a6f4e4f ; Samantha Schmidt et al. “Maduro perdió las elecciones según actas recopiladas por la oposición,” The Washington Post, 5 de agosto de 2024, https://www.washingtonpost.com/world/2024/08/04/maduro-gonzalez-election-actas-analysis-2/
[20] Walter R. Mebane. Analysis of the Venezuela 2024 Presidential Election. August 11, 2024, https://websites.umich.edu/~wmebane/Venezuela2024.pdf
[21] Misión de Observación Electoral. “Revisión de actas y documentos electorales: Elección Venezuela 2024,” 3 de agosto de 2024, https://moe.org.co/revision-de-actas-y-documentos-electoraleseleccion-venezuela-20243-de-agosto-de-2024/
[22] United Nations, “Venezuela: Guterres Calls for ‘Complete Transparency’ Following Disputed Presidential Election,” July 29, 2024, https://news.un.org/en/story/2024/07/1152606.
The Carter Center, “Carter Center Statement on Venezuela Election,” July 30, 2024, https://www.cartercenter.org/news/pr/2024/venezuela-073024.html.
[23] Acceso a la Justicia. “Seis observaciones al recurso contencioso electoral ante el TSJ sobre las elecciones del 28J,” 8 de agosto de 2024, https://accesoalajusticia.org/seis-observaciones-recurso-contencioso-electoral-ante-tsj-sobre-elecciones-28j/
[24] Sentencia 031 del 22 de agosto de 2024. Lo anterior puede verificarse en el sitio web del TSJ, en donde solo está disponible un extracto de la misma: Tribunal Supremo de Justicia, “Decisiones – Tribunal Supremo de Justicia,” 2025, http://www.tsj.gob.ve/decisiones#.
[25] ONU, Consejo de Derechos Humanos, Conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Doc. A/HRC/45/CRP.11, 15 de septiembre de 2020, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf ; Doc. A/HRC/57/CRP.5, 14 de octubre de 2024, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/advance-versions/a-hrc-57-crp-5-es.pdf
[26] Consejo de Derechos Humanos, MIDH. El aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democrático. doc. A/HRC/54/CRP.8, 18 de septiembre de 2023, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/A_HRC_54_CRP8_260923.pdf, párr. 1555.
[27] ONU, Consejo de Derechos Humanos. Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Doc. A/HRC/57/57. 19 de septiembre de 2024, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/advance-versions/a-hrc-57-57-es.pdf, párr. 34.
[28] CIDH. “CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de estado en Venezuela. Comunicado No. 184/24,” 15 de agosto de 2024, https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/184.asp
[29] CIDH. “CIDH condena las persistentes prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela y recuerda que María Corina Machado es beneficiaria de medidas cautelares. Comunicado No. 009/25”, 9 de enero de 2025, https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/009.asp
[30] Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. C No. 233, 1 de septiembre de 2011.https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_233_esp.pdf;
CIDH. Venezuela: Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 253/24, 27 de diciembre de 2024, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2025/informe-venezuela-graves-violacionesddhh-contexto-electoral.pdf
[31] CIDH. “CIDH: Venezuela debe poner fin a la persecución política y garantizar el desarrollo de elecciones libres. Comunicado de prensa No. 159/24,” 8 de julio de 2024, https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/159.asp
[32] CIDH. Venezuela: Graves violaciones a los derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 253/24 (27 de diciembre de 2024), párr. 37, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2025/informe-venezuela-graves-violacionesddhh-contexto-electoral.pdf.
[33] Laboratorio de Paz. Reporte Furia Bolivariana, 23 de enero 2024, https://labpaz.org/reporte-furia-bolivariana-23-de-enero-2024
[34] Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela. Entrevista, marzo 2025.
[35] Florantonia Singer. “Los opositores refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, liberados y trasladados a ‘suelo estadounidense’,” El País, May 6, 2024, https://elpais.com/america/2025-05-07/los-opositores-refugiados-en-la-embajada-de-argentina-en-caracas-liberados-y-trasladados-a-estados-unidos.html ; WOLA, “Llamado urgente para proteger a las personas asiladas por motivos políticos en la Embajada de Argentina en Caracas,” 17 de diciembre de 2024, https://www.wola.org/es/2024/12/llamado-urgente-proteccion-personas-asiladas-por-motivos-politicos-en-embajada-de-argentina-en-caracas/.
[36] CIDH. Venezuela: Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, párr. 28.
[37] La organización Foro Penal, registró 181 detenciones en el período comprendido entre el 1ro de enero y el 27 de julio de 2024. Foro Penal. Reporte Especial sobre Represión Política en Venezuela, 2024, https://foropenal.com/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-ano-2024/
[38] Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela. Entrevista, marzo 2025.
[39] Amnistía Internacional. Acción Urgente: Libertad para defensora venezolana Rocío San Miguel, 20 de febrero de 2024, https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/7734/2024/es/
[40] ACNUDH, Twitter (now X), 13 de febrero de 2024, https://x.com/UNHumanRights/status/1757307231614202368
[41] VTV. “Venezuela suspende actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del ACNUDH,” 15 de febrero de 2024, https://www.vtv.gob.ve/venezuela-suspende-actividades-oficina-tecnica-acnudh/
[42] Alexis Correia. “¿Qué amenazas hizo Nicolás Maduro sobre la posibilidad de “guerra civil” y “baño de sangre” en Venezuela?,” Espaja.com, 19 de julio de 2024, https://espaja.com/explain/elecciones-2024-que-amenazas-hizo-nicolas-maduro-sobre-la-posibilidad-de-guerra-civil-y-bano-de-sangre-en-venezuela
[43] CIDH. Venezuela: Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, párr. 56 y ss.
[44] Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). “Conflictividad social en Venezuela durante julio de 2024,” 23 de agosto de 2024, https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-durante-julio-de-2024; Provea. Informe especial: La ruta del cierre democrático, 2024. https://provea.org/wp-content/uploads/2025/05/Provea-Informe-Anual-2024-22_Informe_Especial.pdf
[45]ABC, “El fiscal general de Venezuela cifra en cuatro los muertos en las protestas tras conocerse los resultados,” agosto 12, 2024, https://www.abc.es/internacional/fiscal-general-venezuela-cifra-muertos-protestas-resultados-20240812214107-nt.html ; Provea. “Informe Especial. Gobierno de Maduro rompe cifras históricas de represión en Venezuela,” 23 de agosto de 2024, https://provea.org/actualidad/informe-especial-gobierno-de-maduro-rompe-cifras-historicas-de-represion-en-venezuela/
[46] Nicolás Maduro, X, 1 de agosto de 2024, https://x.com/NicolasMaduro/status/1819174829746008323
[47] Probox. “#TerrorEnRedes: VenApp, la aplicación que “evolucionó” para reprimir,” 27 de agosto de 2024, https://proboxve.org/publicacion/terrorenredes-venapp-la-aplicacion-que-evoluciono-para-reprimir/
[48] Conexión Segura y Libre & VE Sin Filtro. Redes de Control: Censura y represión digital en las elecciones presidenciales en Venezuela, 2025, https://vesinfiltro.org/res/files/informe-presidenciales_2024-VEsinFiltro.pdf
[49] CNN. “El chavismo convierte un villancico venezolano en sinónimo de represión. “¿En qué consiste la “operación Tun, Tun”?,” 7 de agosto de 2024, https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/07/chavismo-villancico-venezolano-represion-que-consiste-operacion-tun-tun-orix; Probox. “TerrorEnRedes: «Operación TunTun», la cacería de voces críticas,” 29 de agosto de 2024, https://proboxve.org/publicacion/terrorenredes-operacion-tuntun-la-caceria-de-voces-criticas/
[50] Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. Informe: Crisis postelectoral y de DDHH 2024 en Venezuela. El Libro Negro de la Dictadura 2024, 29 de agosto de 2024 https://provea.org/wp-content/uploads/2024/09/Libro-Negro-Informe-DDHH-Vzla.pdf
[51] ONU, MIDH. Informe, doc. A/HRC/57/57, 17 de septiembre de 2024, https://docs.un.org/en/A/HRC/57/57 párr. 59.
[52] Provea. Informe especial: La ruta del cierre democrático, 2024. https://provea.org/wp-content/uploads/2025/05/Provea-Informe-Anual-2024-22_Informe_Especial.pdf ; Amnistía Internacional. Venezuela: Detenciones masivas de grupos vulnerables, 7 de agosto de 2024, https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/8396/2024/es/
[53] Provea. “Informe Especial:Gobierno de Maduro rompe cifras históricas de represión en Venezuela,” 23 de agosto de 2024, https://provea.org/actualidad/informe-especial-gobierno-de-maduro-rompe-cifras-historicas-de-represion-en-venezuela/
[54] Florantonia Singer. “Perdieron piezas dentales y les pusieron electricidad”: la denuncia de las madres de los menores encarcelados por Maduro,” El País, 4 de octubre de 2024, https://elpais.com/america/2024-10-04/perdieron-piezas-dentales-y-les-pusieron-electricidad-la-denuncia-de-las-madres-de-los-menores-encarcelados-por-maduro.html
[55] Justicia, Encuentro y Perdón, “Mil vidas tras las rejas desde las elecciones presidenciales: el costo humano de la persecución en Venezuela,” 12 de julio de 2025, https://www.jepvenezuela.com/2025/07/12/mil-vidas-tras-las-rejas-desde-las-elecciones-presidenciales-el-costo-humano-de-la-persecucion-en-venezuela/.
[56] Justicia, Encuentro y Perdón. “Omisión, Impunidad y Dolor: Hay una responsabilidad directa del estado venezolano por las muertes bajo su custodia,” 7 de mayo de 2025, https://www.jepvenezuela.com/2025/05/07/omision-impunidad-y-dolor-hay-una-responsabilidad-directa-del-estado-venezolano-por-las-muertes-bajo-su-custodia/
[57] Ministerio Público.Comunicado, Instragram, 25 de enero de 2025, https://www.instagram.com/mpublicove/p/DFQNv2qpsB8/comunicadoel-/
[58] Según la MIDH, “A mediados de agosto de 2024, el Fiscal General declaró que se habían realizado numerosas investigaciones y análisis de expertos sobre las muertes ocurridas durante las protestas poselectorales. Sin embargo, la información pública disponible es mínima y se refiere casi exclusivamente a la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y dos militantes del partido de gobierno.” Marta Valiñas, “Statement by Marta Valiñas, Chair of the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, at the 58th Session of the Human Rights Council,” OHCHR, 18 de marzo de 2025, https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2025/03/statement-marta-valinas-chair-independent-international-fact
[59] CEJIL. “Anulación de pasaportes en Venezuela”, abril de 2024, https://cejil.org/publicaciones/anulacion-de-pasaportes-en-venezuela/
[60] CIDH. Venezuela: Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 253/24, 27 de diciembre de 2024, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2025/informe-venezuela-graves-violacionesddhh-contexto-electoral.pdf, párr. 81.
[61] CIDH. “Venezuela debe restituir pasaportes anulados ilegal y arbitrariamente a personas opositoras, defensoras y periodistas,” 20 de mayo de 2025, https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/106.asp&utm_content=country-ven&utm_term=class-mon.
[62] República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial Extraordinaria 6.855, 15 de noviembre de 2024, https://www.wola.org/wp-content/uploads/2025/03/gaceta_oficial_6855_15_11_2024.pdf
[63] Laura Cristina Dib, Alex Bare, “La nueva ley de fiscalización de ONG en Venezuela y el congelamiento de la financiación estadounidense son un golpe mortal para la sociedad civil,” WOLA, 9 de abril de 2025, https://www.wola.org/es/analysis/nueva-ley-fiscalizacion-ong-venezuela/
[64] Alicia Hernández. “Quién es Diosdado Cabello, uno de los “hombres más poderosos” de Venezuela (y cuál es la estrategia de Maduro al nombrarlo ministro de Interior),” BBC Mundo, 29 de agosto de 2025, https://www.bbc.com/mundo/articles/clyn2l824k2o
[65] Gaceta Oficial, Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar Contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, No. 6.859 Extraordinario, 29 de noviembre de 2024, https://www.aporrea.org/media/2024/12/ge-6859.pdf . Esta ley fue aprobada luego de que la Cámara Baja del Congreso de EE UU aprobara la Ley BOLIVAR, prohibiendo temporalmente a cualquier agencia del poder Ejecutivo contratar con el gobierno de Maduro (H.R. 825, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/825).
[66] CIDH. “Venezuela: CIDH condena exilio de Edmundo González y hostigamiento a la residencia de la embajada de Argentina,” 13 de septiembre de 2024, https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/215.asp&utm_content=country-ven&utm_term=class-mon.
[67] ONU, MIDH. “La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela dice que continúan la dura represión y los crímenes de lesa humanidad,” 18 de marzo de 2025, https://www.ohchr.org/es/press-releases/2025/03/venezuela-harsh-repression-and-crimes-against-humanity-ongoing-fact-finding ; ACNUDH. “Venezuela: Continúa la represión contra los críticos del Gobierno en Venezuela,” 13 de mayo de 2025, https://www.ohchr.org/es/press-briefing-notes/2025/05/venezuela-continuing-crackdown-government-critics-venezuela
[68] Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. Informe: Crisis postelectoral y de DDHH 2024 en Venezuela. El Libro Negro de la Dictadura 2024, 29 de agosto de 2024, https://ddhhenmovimiento.info/2025/01/05/crisis-postelectoral-y-de-derechos-humanos-2024-en-venezuela/
[69] ONU, MIDH. “La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela dice que continúan la dura represión y los crímenes de lesa humanidad,” 18 de marzo de 2025, https://www.ohchr.org/es/press-releases/2025/03/venezuela-harsh-repression-and-crimes-against-humanity-ongoing-fact-finding
[70] Mariana González de Tudares, X, 7 de julio de 2025, https://x.com/MarianaGTudares/status/1942186193740845316
[71] International Service for Human Rights (ISHR). “Venezuela: Over 80 NGOs demand immediate release of human rights defender Carlos Correa,” 10 de enero de 2025, https://ishr.ch/latest-updates/venezuela-ngos-demand-immediate-release-of-human-rights-defender-carlos-correa/
[72] Julie Turkewitz. “Venezuela’s Opposition Leader Is Forcibly Detained and The Released,” The New York Times, January 9, 2024, https://www.nytimes.com/2025/01/09/world/americas/venezuela-maria-corina-machado-detained.html
[73] Juanita Goebertus, X, 22 de enero de 2025, https://x.com/JuanitaGoe/status/1882169526961471877
[74] ACNUDH. “El Alto Comisionado Türk informa al Consejo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela,” 27 de junio de 2025, https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2025/06/hc-turk-updates-council-human-rights-situation-venezuela. Por su parte, para el 30 de junio de 2025, Foro Penal documentaba 50 casos de personas cuyo paradero aún se desconoce. Véase: Amnistía Internacional. Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela, 2025, https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/0083/2025/es/
[75] CIDH & GTDF. “Expertos y expertas instan a Venezuela a cumplir con el derecho internacional para evitar daños irreparables a las víctimas de desaparición forzada,” 28 de febrero de 2025, https://www.ohchr.org/es/press-releases/2025/02/experts-urge-venezuela-comply-international-law-prevent-irreparable-harm
[76] TalCual. «Maduro aumentó a 150 la cifra de presuntos mercenarios detenidos en Venezuela,» 9 de enero de 2025, https://talcualdigital.com/maduro-aumento-a-150-la-cifra-de-presuntos-mercenarios-detenidos-en-venezuela/.
[77] WOLA. “Venezuela: Autoridades deben liberar a Eduardo Torres, cesar persecución contra defensores de derechos humanos y represión por motivos políticos,” 30 de mayo de 2025, https://www.wola.org/es/2025/05/venezuela-autoridades-deben-liberar-a-eduardo-torres-cesar-persecucion-contra-defensores-de-derechos-humanos-y-represion-por-motivos-politicos/
[78] France 24. “Detienen en Venezuela al opositor Juan Pablo Guanipa, Aliado de María Corina Machado, por “boicot” electoral,” 24 de mayo de 2025, https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20250523-detienen-en-venezuela-al-opositor-juan-pablo-guanipa-aliado-de-mar%C3%ADa-corina-machado-por-boicot-electoral
[79] Infobae. “El hijo de Juan Pablo Guanipa dijo desconocer el paradero de su padre al cumplirse un mes de su detención,” 24 de junio de 2024, https://www.infobae.com/venezuela/2025/06/24/el-hijo-de-juan-pablo-guanipa-dijo-desconocer-el-paradero-de-su-padre-al-cumplirse-un-mes-de-su-detencion/
[80] TeleSUR, “Diosdado Cabello denuncia planes ‘terroristas’ de extrema derecha para sabotear las elecciones,” 19 de mayo de 2025, https://www.telesurtv.net/diosdado-cabello-denuncia-planes-de-extrema-para-sabotear-las-elecciones/.
[81] Efecto Cocuyo. “Las patas que cojean en las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo,” 24 de mayo de 2025, https://efectococuyo.com/politica/las-patas-que-cojean-en-las-elecciones-regionales-y-parlamentarias-del-25-de-mayo/
[82] Transparencia Venezuela, “Elecciones regionales y legislativas de Venezuela 2025: Un proceso lleno de sombras,” junio de 2025, https://transparenciave.org/elecciones-regionales-y-legislativas-de-venezuela-2025-un-proceso-lleno-de-sombras/.
[83] CNN en Español, “Venezuela vuelve a tener elecciones tras las polémicas presidenciales: ¿qué se vota el 25 de mayo?,” 25 de mayo de 2025, https://cnnespanol.cnn.com/2025/05/23/venezuela/elecciones-25-mayo-legislativas-regionales-que-se-vota-orix.
[84] Alicia Hernández. “Qué significa que Venezuela haya elegido un gobernador de la disputada región del Esequibo (y cuál es la respuesta de Guayana),” BBC News Mundo, 26 de mayo de 2025, https://www.bbc.com/mundo/articles/czxy0zggr75o
[85] Nadeska Noriega. “¿Cuál es el valor del Esequibo y qué tan probable es una guerra?,” Connectas Plataforma para las Américas, 28 de marzo de 2025, https://www.connectas.org/analisis/cual-es-el-valor-del-esequibo-y-que-tan-probable-es-una-guerra/
[86] Efecto Cocuyo. “¿Votar en contextos autoritarios? Fernando Mires y Armando Chaguaceda lo analizan,” 28 de abril de 2025, https://efectococuyo.com/politica/fernando-mires-y-armando-chaguaceda-analizan-votar-en-contextos-autoritarios/
[87] El Nacional. “Omar Barboza renunció como secretario de la Plataforma Unitaria Democrática,” 13 de marzo de 2025, https://www.elnacional.com/2025/03/omar-barboza-renuncio-como-secretario-de-la-plataforma-unitaria-democratica/
[88] EFE. “El antichavista Henrique Capriles, expulsado de su partido político por <<traicionar>> la unidad,” 15 de abril de 2025, https://efe.com/mundo/2025-04-15/venezuela-henrique-capriles-expulsado-partido-primero-justicia/
[89] Transparencia Electoral. “Elecciones en Venezuela: la abstención como respuesta a la falta de garantías,” 27 de mayo de 2025, https://transparenciaelectoral.org/blog/elecciones-en-venezuela-la-abstencion-como-respuesta-a-la-falta-de-garantias/ ; Acceso a la Justicia. “La opacidad marca la pauta de las elecciones del 25 de mayo,” 21 de mayo de 2025, https://accesoalajusticia.org/opacidad-marca-pauta-elecciones-25-de-mayo/
[90] El País. “Así le hemos contado las elecciones parlamentarias y regionales en Venezuela 2025,” 26 de mayo de 2025, https://elpais.com/america/2025-05-25/elecciones-parlamentarias-y-regionales-en-venezuela-2025-en-vivo.html
[91] Tal Cual. “Elecciones municipales llegan con alcaldes detenidos e inhabilitados,” 8 de junio de 2025, https://talcualdigital.com/elecciones-municipales-llegan-con-alcaldes-detenidos-e-inhabilitados/ ; Acceso a la Justicia. “Elecciones municipales exprés,” 26 de junio de 2025, https://accesoalajusticia.org/elecciones-municipales-expres/
[92] La Hora de Venezuela, “‘Reforma constitucional abriría las puertas a un Estado Comunal en Venezuela,’” Connectas Plataforma para las Américas, 22 de abril de 2025, https://www.connectas.org/reforma-constitucional-abriria-las-puertas-a-un-estado-comunal-en-venezuela.
[93] Asamblea Nacional de Venezuela, Ley Orgánica de las Comunas, 21 de diciembre de 2010, https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-organica-de-las-comunas.
[94] Allan Brewer Carías, Sobre el poder popular y el Estado comunal en Venezuela, 2011, https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2011/01/78.-Brewer-Car%C3%ADas.-Sobre-el-Estado-Comunal…opular-en-Venezuela-31-12-2010.doc.pdf.
[95] Rafael Badell Madrid, Del Estado federal al Estado comunal (Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2021), https://www.acienpol.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/DEL-ESTADO-FEDERAL-AL-ESTADO-COMUNAL.pdf.
[96] Jesús María Casal, “¿Qué implica el relanzamiento del Estado comunal?,” Prodavinci, 9 de agosto de 2021, https://prodavinci.com/que-implica-el-relanzamiento-del-estado-comunal/.
[97] Margarita López Maya, “Socialismo y comunas en Venezuela,” Nueva Sociedad, 2018, https://static.nuso.org/media/articles/downloads/3.TC_Lopez_Maya_274.pdf.
[98] Casal, “¿Qué implica el relanzamiento?”
[99] Acceso a la Justicia, “Venezuela, hacia el afianzamiento del poder popular y el Estado comunal,” 28 de abril de 2021, https://accesoalajusticia.org/venezuela-hacia-afianzamiento-poder-popular-y-estado-comunal/.
[100] Ibíd.
[101] Ibíd.
[102] TeleSUR, «Venezuela avanza en la construcción del Estado Comunal», 21 de febrero de 2025, disponible en: https://www.telesurtv.net/venezuela-avanza-en-la-construccion-del-estado-comunal/.
[103] Efecto Cocuyo, «Jueces de paz: cuáles son sus competencias y por qué genera incertidumbre sus funciones», 15 de enero de 2025, https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/jueces-de-paz-cuales-son-sus-competencias-y-por-que-genera-incertidumbre-sus-funciones/.
[104] República Bolivariana de Venezuela. Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal. Gaceta Oficial No. 6.854 Extraordinario, 14 de noviembre de 2024, http://www.tsj.gob.ve/documents/10184/170761/COMPENDIO+NORMATIVO+JUSTICIA+DE+PAZ+COMUNAL+7/fa9ea035-d45b-45d5-bcd5-1e710ac3746c
[105] Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Reglamento para las elecciones de las juezas y jueces de paz comunal del 15 de diciembre de 2024, 2024, https://www.caracas.gob.ve/wp-content/uploads/2024/11/Reglamento-1.pdf.
[106] Efecto Cocuyo, «Jueces de paz», 2025, https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/jueces-de-paz-cuales-son-sus-competencias-y-por-que-genera-incertidumbre-sus-funciones/.
[107] Casal, “¿Qué implica el relanzamiento?”, 2021, https://prodavinci.com/que-implica-el-relanzamiento-del-estado-comunal/
[108] Alerta Venezuela. “2025: Una emergencia que no cesa,” 11 de febrero de 2025, https://alertavenezuela.org/blog/2025/02/11/2025-una-emergencia-que-no-cesa/
[109] Civilis Derechos Humanos et al. Manual sobre el derecho a la protección internacional en crisis mayores, abril de 2019. https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Manual-Derecho-a-la-Protección-Internacional-en-Crisis-Mayores.pdf.
[110] Jo D’Elia, Carlos Pedraja y Feliciano Reyna Ganteaume, Los papeles del marco internacional en la emergencia humanitaria compleja de Venezuela (2021), https://www.mpil.de/files/pdf6/blog-delia-pedraha-y-reina.pdf.
[111] Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Llamado a sesión al Consejo Permanente para la defensa de la democracia en Venezuela. OAS.org, 30 de mayo de 2016. https://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es.pdf.
[112] La Nación. “Ban Ki-moon: ‘En Venezuela hay una crisis humanitaria.’”, 10 de agosto de 2016. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/ban-ki-moon-en-venezuela-hay-una-crisis-humanitaria-nid1926563/.
[113] Human Rights Watch. “La emergencia humanitaria en Venezuela.”, 4 de abril de 2019. https://www.hrw.org/es/report/2019/04/04/la-emergencia-humanitaria-en-venezuela/se-requiere-una-respuesta-gran-escala-de.
[114] Office for the Resident Coordinator in Venezuela, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), y UNETE Intersectoral Coordination Group. “Venezuela – UN Humanitarian Scale-Up, Situation Report, January–April 2019.” Unocha.org, 15 de mayo de 2019. https://www.unocha.org/publications/report/venezuela-bolivarian-republic/venezuela-un-humanitarian-scale-situation-report-january-april.
[115] International Monetary Fund (IMF). “Real GDP growth, annual percent change, Venezuela,” https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/VEN?zoom=VEN&highlight=VEN ; Voz de América. “Venezuela 2024: economía cierra con mejores cifras, futuro político sigue siendo incierto.” Voz de América, 24 de diciembre de 2024. https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela-resumen-anual-2024-economia-politica-/7907214.html.
[116] “Entre 2023 y 2024, la mediana de ingresos de los hogares se incrementó un 65,4%, subiendo de 102,5$ a 169,6$ al mes, lo cual representa el estimado de 2,3 dólares más, ascendiendo de 3,4$ a 5,7$ al día”. HumVenezuela. Reporte Final de los Diagnósticos Comunitarios, 2024, 4 de febrero de 2025, https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/reporte-final-de-los-diagnosticos-comunitarios-2024
[117] Alerta Venezuela. “2025: Una emergencia que no cesa,” 11 de febrero de 2025, https://alertavenezuela.org/blog/2025/02/11/2025-una-emergencia-que-no-cesa/
[118] HumVenezuela. Reporte Final de los Diagnósticos Comunitarios, 2024, 4 de febrero de 2025, https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/reporte-final-de-los-diagnosticos-comunitarios-2024
[119] Ramón Cardozo Álvarez, “En Venezuela medir la inflación es un acto subversivo,” DW Global Media Forum, junio de 2025, https://www.dw.com/es/en-venezuela-medir-la-inflaci%C3%B3n-es-un-acto-subversivo/a-73036068.
[120] Infobae, “Tras la detención de cinco economistas, una ONG venezolana advirtió que existe un ‘desbordamiento represivo’ del régimen de Maduro,” 18 de junio de 2025, https://www.infobae.com/venezuela/2025/06/18/tras-la-detencion-de-cinco-economistas-una-ong-venezolana-advirtio-que-existe-un-desbordamiento-represivo-del-regimen-de-maduro/.
NTN24, “‘Visualizamos para este 2025 un escenario complejo’: economista sobre inflación en Venezuela tras último reporte del OVF,” abril de 2025, https://www.ntn24.com/noticias-economia/visualizamos-para-este-2025-un-escenario-complejo-economista-sobre-inflacion-en-venezuela-tras-ultimo-reporte-del-ovf-549304.
Swissinfo.ch, “Venezuela cerró 15 emisoras de radio esta semana, según sindicato de prensa,” 6 de enero de 2025, https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-cerr.
[121] Federación Venezolana de Maestros. “Canasta alimentaria familiar – abril 2025.”, 21 de mayo de 2025. https://fvmaestros.org/canasta-alimentaria-familiar-abril-2025/.
[122] OCHA Financial Tracking Service. “Venezuela: plan de respuesta humanitaria 2024.” OCHA.org, 2024. https://fts.unocha.org/plans/1158/summary.
[123] OCHA Financial Tracking Service, “Venezuela: plan de respuesta humanitaria 2025,” OCHA.org, 2025, https://fts.unocha.org/plans/1277/summary.
[124] Provea. Informe especial: La ruta del cierre democrático, 2024. https://provea.org/wp-content/uploads/2025/05/Provea-Informe-Anual-2024-22_Informe_Especial.pdf, págs. 162 y ss.
[125] Inicialmente fueron expulsados los cuerpos diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay; en enero se sumó Paraguay a esta lista. Véanse: DW. “Venezuela ordena a siete países retirar personal diplomático,” 29 de julio de 2024, https://www.dw.com/es/venezuela-ordena-retirada-de-personal-diplom%C3%A1tico-de-siete-pa%C3%ADses-latinoamericanos/a-69802260 ; CNN. “Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Paraguay por reconocimiento a Edmundo González,” 6 de enero de 2025, https://cnnespanol.cnn.com/2025/01/06/venezuela/venezuela-rompe-relaciones-diplomaticas-paraguay-apoyo-edmundo-gonzalez-orix
[126] El País. “Venezuela limita sus relaciones con Países Bajos, Francia e Italia por su “conducta hostil”,” 14 de enero de 2025, https://elpais.com/america/2025-01-14/venezuela-limita-sus-relaciones-con-paises-bajos-francia-e-italia-por-su-conducta-hostil.html
[127] Centro Carter. Observación de las elecciones presidenciales en Venezuela, julio de 2024: informe final del Centro Carter. 2025. https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/venezuela/venezuela-final-report-2025-spanish.pdf.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). “La gestión de los resultados electorales en Venezuela no cumplió con los estándares de transparencia necesarios para ser creíbles.” Noticias ONU, 14 de agosto de 2024. https://news.un.org/es/story/2024/08/1532016.
[128] OEA, Consejo Permanente. “La situación en Venezuela.” X, 16 de agosto de 2024. https://x.com/OEA_oficial/status/1824555424282010085?lang=en.
[129] ONU. UN Security Council in Review, September 2024, https://main.un.org/securitycouncil/sites/default/files/2024/UN%20Security%20Council%20in%20Review_Monthly%20Newsletter_September%202024.pdf
[130] ONU. “Venezuela debe poner fin a violaciones de derechos humanos tras elecciones, dicen personas expertas,” 4 de septiembre de 2024, https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/09/venezuela-must-stop-human-rights-violations-following-elections-say-experts
[131] Véase: Congressional Research Service. “Venezuela: Political Crisis and U.S. Relations,” April 4, 2025, https://www.congress.gov/crs-product/IF10230
[132] Clare Ribando Seelke. “Venezuela: overview of U.S. sanctions policy.” Congress.gov, 4 de junio de 2025, https://www.congress.gov/crs-product/IF10715.
[133] Office of Foreign Assets Control. Issuance of a New Venezuela-related Executive Order and General Licenses; Venezuela-related Designation, 28 de enero de 2019, https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20190128
[134] Office of Foreign Assets Control. Authorizing certain transactions related to Chevron Corporation’s joint ventures in Venezuela, 26 de noviembre de 2022, https://ofac.treasury.gov/media/929531/download?inline
[135]Office of Foreign Assets Control, Authorizing Transactions Related to Oil or Gas Sector Operations in Venezuela, 18 de octubre de 2023, https://ofac.treasury.gov/m
[136] Miami Herald. “Secret deal: Biden offered normal relations with Venezuela if Maduro agreed to elections,” August 9, 2024, https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article290702924.html
[137] Office of Foreign Assets Control. Authorizing Transactions Involving CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA, 18 de octubre de 2023, https://ofac.treasury.gov/media/932226/download?inline.
[138] Office of Foreign Assets Control. Authorizing the wind down of transactions related to oil or gas sector operations in Venezuela, 17 de abril de 2024, https://ofac.treasury.gov/media/932826/download?inline.
[139] Bloomberg. “US Official Says OFAC Reviewing 20-50 licenses,” May 23, 2024, https://news.bloomberglaw.com/bankruptcy-law/us-official-says-ofac-reviewing-20-50-venezuela-licenses-efecto
[140] Office of Foreign Assets Control. “Venezuela-Related Sanctions,” https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions
[141] Asamblea Nacional Constituyente, Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Publicada en Gaceta Oficial No. 6.583 Extraordinario, 12 de octubre de 2020, http://spgoin.imprentanacional.gob.ve/cgi-win/be_alex.cgi?Documento=T028700033940/0&Nombrebd=spgoin&CodAsocDoc=2307&Sesion=2023551607
[142] José I Hernández. “Los Nuevos Contratos Petroleros en el Derecho Venezolano, » Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, diciembre de 2024, pp. 79-114; Benedicte Bull, Antulio Rosales. “How Sanctions Led to Authoritarian Capitalism in Venezuela,” Current History (2023) 122 (841): 49-55.
[143] The Dialogue. “Where Are the U.S. Relations With Venezuela Headed?,” December 13, 2024, https://thedialogue.org/analysis/where-are-u-s-relations-with-venezuela-headed ; David Vought and Patricia Ventura, “There’s a More Effective Way Forward than ‘Maximum Pressure’ for Venezuela,” Energy Source, Atlantic Council, December 3, 2024, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/theres-a-more-effective-way-forward-than-maximum-pressure-for-venezuela/; José Ignacio Hernández, “As Maduro Goes Rogue, Trump Has Choices to Make,” Americas Quarterly, February 6, 2025, https://americasquarterly.org/article/as-maduro-goes-rogue-trump-has-choices-to-make/.
[144] Agenda Pública. “Entrevista a María Corina Machado,” 7 de enero de 2025, https://agendapublica.es/noticia/19547/maria-corina-machado-propongo-proceso-reencuentro-perdon-basado-justicia-sin-ningun-tipo-resentimiento
[145] AP. “Trump appoints longtime foreign policy adviser Richard Grenell to serve as special missions envoy,” December 14, 2024, https://apnews.com/article/richard-grenell-secretary-of-state-trump-5e7410edd659870307a5eba762f8136c
[146] House Foreign Relations Committee. “Meeks Demands Answers from Rubio Over Official Status and Duties of Special Envoys,” May 20, 2025, https://democrats-foreignaffairs.house.gov/2025/5/meeks-demands-answers-from-rubio-over-official-status-and-duties-of-special-envoys
[147] Donald J. Trump, Truth Social, 26 de febrero de 2025, https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114071774104516883.
[148] Luisa Palacios. “The Impact of the New U.S. Oil Tariffs on Venezuela,” Columbia University, April 1, 2025, https://www.energypolicy.columbia.edu/the-impact-of-the-new-us-oil-tariffs-on-venezuela/
[149] Transparencia Venezuela. Sanciones Internacionales, ¿Origen o Fin de la Crisis?, 2020, https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2020/12/Sanciones-Internacionales-TV-.pdf
[150] Ibid; Manuel Sutherland. Las sanciones económicas contra Venezuela: Consecuencias, Crisis Humanitaria, Alternativas y Acuerdo Humanitario, Provea, Noviembre 2020, https://provea.org/wp-content/uploads/2020/11/infome_sanciones_v5.pdf
[151] Ahiana Figueroa. “How Chevron’s Exit Will Impact the Venezuelan Economy,” Connectas, https://www.connectas.org/how-chevrons-exit-will-impact-the-venezuelan-economy/
[152] The White House. “Executive Order: Imposing Tariffs on Countries Importing Venezuelan Oil,” March 24, 2025. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/imposing-tariffs-on-countries-importing-venezuelan-oil/
[153] U.S. Energy Information Administration, Country Analysis Brief: Venezuela, February 2024, (Washington, DC: EIA, 2024), https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Venezuela/pdf/venezuela_2024.pdf.
[154] Naím, Moisés. “What Does Trump 2.0 Mean for Venezuela?,” February 3, 2025, https://www.project-syndicate.org/commentary/what-is-trump-administration-venezuela-policy-by-moises-naim-2025-02
[155] Véase la sección VII.3 de este informe.
[156] Arepita, un medio venezolano, lleva esta base de datos hecha a partir de información pública: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z6LdNNi778BoGNhAB_Tq9bjJcAHFJqu_zEGmDdkkvb8/edit?gid=0#gid=0
[157] Departamento del Tesoro, OFAC. Licencia 45B, 29 de febrero de 2024, https://ofac.treasury.gov/media/932686/download?inline
[158] Departamento del Tesoro, OFAC. “Treasury Targets Venezuelan Officials Aligned with Nicolas Maduro in Response to Electoral Fraud”, 12 de septiembre de 2024, https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2577
[159] Departamento del Tesoro, OFAC. “Treasury Sanctions Top Leaders of Tren de Aragua,”
17 de julio de 2025, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0195
[160] State Department. “Designation of International Cartels,” February 20, 2025, https://www.state.gov/designation-of-international-cartels/
[161] OACNUDH, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresa preocupaciones de derechos humanos por las deportaciones desde Estados Unidos, 13 de mayo de 2025, https://www.oacnudh.org/alto-comisionado-para-los-derechos-humanos-de-la-onu-expresa-preocupaciones-de-derechos-humanos-por-las-deportaciones-desde-estados-unidos/
[162] Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla), X, 23 de julio de 2025, https://x.com/JEPvzla/status/1948055092827185184.
[163] France 24, ¿“Puerta giratoria” en Venezuela?: tras excarcelaciones, surgen denuncias de nuevas detenciones, 23 de julio de 2025, https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20250723-puerta-giratoria-en-venezuela-tras-excarcelaciones-surgen-denuncias-de-nuevas-detenciones
[164] Government of Canada, Declaration Against the Use of Arbitrary Detention in State-to-State Relations, https://www.international.gc.ca/news-nouvelles/assets/pdfs/arbitrary_detention-detention_arbitraire-declaration-en.pdf.
[165] The White House. “Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid,” January 20, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/reevaluating-and-realigning-united-states-foreign-aid/
[166] WOLA. “La suspensión de Trump de la ayuda internacional a América Latina: Una política equivocada,” February 3, 2025, https://www.wola.org/es/analysis/la-suspension-de-trump-de-la-ayuda-internacional-estadounidense/
[167] El Universal, “Diosdado Cabello: La oposición extremista quedó destrozada después que la USAID «les sacara la escalera»” 23 de febrero de 2025, https://www.eluniversal.com/politica/202311/diosdado-cabello-la-oposicion-extremista-quedo-destrozada-despues-que-la-usaid-les-sacara-la
[168] El Heraldo. “El ministro de Interior de Venezuela dice que la USAID ‘pagó’ unas primarias antichavistas.” YouTube, February 4, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=jceJ8EV_Eg8.
[169] U.S. Congress, Committee on Appropriations. Further Consolidated Appropriations Act, 2024, H.R. 2882/Public Law 118-47, https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-118HPRT55008/pdf/CPRT-118HPRT55008.pdf pps. 1122-1123.
[170] Congressional Research Service, Library of Congress. “U.S. Foreign Assistance to Latin America and the Caribbean: FY 2025 Appropriations,” January 14, 2025, https://www.congress.gov/crs-product/R48266#:~:text=The%20United%20States%20has%20long,of%20assistance%20to%20the%20region
[171] U.S. Congress. Full-Year Continuing Appropriations and Extensions Act, 2025. H.R. 1968/Public Law 119-4, https://www.congress.gov/search?q=%7B%22source%22%3A%22legislation%22%2C%22search%22%3A%22cite%3APL119-4%22%7D
[172] U.S. Congress, Mr. Diaz-Balart, Committee on Appropriations. Report: National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Bill, 2025, https://docs.house.gov/meetings/AP/AP00/20250723/118543/HMKP-119-AP00-20250723-SD002.pdf
[173] U.S. Congress. H.R. _, Bill: Making appropriations for National Security, Department of State, and Related Programs for the fiscal year ending September 30, 2026, and for other purposes, July 2025, https://docs.house.gov/meetings/AP/AP00/20250723/118543/HMKP-119-AP00-20250723-SD002.pdf
[174] U.S. Congress, H.R.4 – Rescissions Act of 2025, 119th Cong., presented to the President on July 18, 2025,https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/4/text.
[175] Foreign Assistance, https://foreignassistance.gov/
[176] Ibíd.
[177] Ver capítulo V. OCHA Financial Tracking Service, “Venezuela: plan de respuesta humanitaria 2025,” OCHA.org, 2025, https://fts.unocha.org/plans/1277/summary.
[178] Politico, Usaid – Active programs list (light green highlight), https://www.politico.com/f/?id=00000195-d4ba-dc7d-add5-f6fe93e40000
[179] Laura Cristina Dib and Alex Bare. “La nueva ley de fiscalización de ONG en Venezuela y el congelamiento de la financiación estadounidense son un golpe mortal para la sociedad civil.” WOLA, April 9, 2025. https://www.wola.org/es/analysis/nueva-ley-fiscalizacion-ong-venezuela/.
[180] The White House. “Radical Transparency about Wasteful Spending,” February 18, 2025. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/radical-transparency-about-wasteful-spending/.
[181] Caracas Chronicals. “USAID’s Funding Freeze Meets Anti-NGO Law in Venezuela,” February 11, 2025, https://www.caracaschronicles.com/2025/02/11/usaids-cut-meets-anti-ngo-law-in-venezuela/
[182] Christina Noriega, “Trump’s Aid Freeze Is Undermining His Immigration Policy.” Foreign Policy, May 14, 2025. https://foreignpolicy.com/2025/05/14/us-aid-cuts-colombia-venezuela-migrants-trump-immigration/.
[183] HumVenezuela. Reporte Final de los Diagnósticos Comunitarios, 2024, 4 de febrero de 2025, https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/reporte-final-de-los-diagnosticos-comunitarios-2024
[184] World Bank Group. Cabra-Ruiz, Nicolás et al. Policy Research Working Paper. Forced Displacement, the Perpetuation of Autocratic Leadership, and Development in Origin Countries, January, 2025, https://documents1.worldbank.org/curated/en/099311301282539013/pdf/IDU16c569dbe13693148bc180a7155fdb8e85136.pdf
[185] Caracas Chronicles. “A Silent Emergency is Unfolding on the Colombia-Venezuela Border,” July 14, 2025, https://www.caracaschronicles.com/2025/07/14/a-silent-emergency-is-unfolding-on-the-colombia-venezuela-border/
[186] Venezuela ocupa el puesto 178 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional: https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/ven
[187] Department of State. Venezuela travel advisory. May 12, 2025, https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/venezuela-travel-advisory.html
[188] MPI. “In First 100 Days, Trump 2.0 Has Dramatically Reshaped the U.S. Immigration System, but Is Not Meeting Mass Deportation Aims,” April 24, 2025, https://www.migrationpolicy.org/article/trump-2-immigration-first-100-days
[189] Adam Isacson. “Trump Budget Bill Threatens Migrant Rights and Civil Liberties: Ugly Consequences of a Police State Agenda,” WOLA, July 11, 2025, https://www.wola.org/analysis/trump-budget-bill-threatens-migrant-rights-and-civil-liberties-ugly-consequences-of-a-police-state-agenda/
[190] The White House, “Invocation of the Alien Enemies Act Regarding the Invasion of The United States by Tren De Aragua,” March 15, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/invocation-of-the-alien-enemies-act-regarding-the-invasion-of-the-united-states-by-tren-de-aragua/.
[191] Axios. “Trump keeps calling Venezuelan and Congolese migrants criminals.” October 2, 2024, https://www.axios.com/2024/10/05/trump-migrants-venezuelan-congolese-rhetoric
[192] Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, Plataforma R4V, https://www.r4v.info/ .
[193] United States Census Bureau, Explore Census Data, Census.gov, 2025, https://data.census.gov/table/ACSSPP1Y2023.S0201?q=Venezuelan.
[194] Jeanne Batalova and Ana Alanis Amaya, “Inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.” Migration Policy Institute, February 5, 2025. https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-venezolanos-en-estados-unidos.
[195] United States Census Bureau, Explore Census Data, Census.gov, 2025, https://data.census.gov/table/ACSSPP1Y2023.S0201?q=Venezuelan.
[196] WOLA, “By Terminating Legal Pathways, the U.S. Is Abandoning Venezuelans”, February 14, 2025. https://www.wola.org/analysis/terminating-legal-pathways-u-s-abandoning-venezuelans/.
[197] The White House. “Memorandum on Deferred Enforced Departure for Certain Venezuelans.” Archives.gov (The White House), January 19, 2021. https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/memorandum-deferred-enforced-departure-certain-venezuelans/.
[198] Just Security. Litigation Tracker: Legal Challenges to Trump Administration Actions, July 17, 2025, https://www.justsecurity.org/107087/tracker-litigation-legal-challenges-trump-administration/
[199] The White House, “Securing Our Borders,” January 21, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/securing-our-borders/.
[200] Ibíd.
[201] U.S. Citizenship and Immigration Services and U.S. Department of Homeland Security, “Termination of the October 3, 2023 Designation of Venezuela for Temporary Protected Status,” Federal Register, February 29, 2025, https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/05/2025-02294/termination-of-the-october-3-2023-designation-of-venezuela-for-temporary-protected-status
[202] Camilo Montoya-Galvez, “Trump Officials Closing Immigration Offices Biden Set Up in Latin America,” CBS News, January 23, 2025, https://www.cbsnews.com/news/trump-officials-closing-immigration-offices-biden-set-up-latin-america/.
The White House, “Realigning the United States Refugee Admissions Program,” January 20, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/realigning-the-united-states-refugee-admissions-program/.
[203] U.S. Department of State, “Foreign Terrorist Organization Designations of Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generacion, Carteles Unidos, Cartel Del Noreste, Cartel Del Golfo, and La Nueva Familia Michoacana,” February 20, 2025, https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/20/2025-02873/foreign-terrorist-organization-designations-of-tren-de-aragua-mara-salvatrucha-cartel-de-sinaloa.
[204] The White House, “Invocation of the Alien Enemies Act Regarding the Invasion of the United States by Tren de Aragua,” March 15, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/invocation-of-the-alien-enemies-act-regarding-the-invasion-of-the-united-states-by-tren-de-aragua/.
[205] Adam Isacson. “288 People Rendered to El Salvador’s Mega-Prison. We Only Know 258 of Their Names,” April 22, 2025, https://adamisacson.com/288-people-rendered-to-el-salvadors-mega-prison-we-only-know-257-of-their-names/
[206] Human Rights Watch, “Estados Unidos/El Salvador: Desaparición Forzada de Deportados Venezolanos,” April 11, 2025, https://www.hrw.org/es/news/2025/04/11/estados-unidos/el-salvador-desaparicion-forzada-de-deportados-venezolanos; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Expertos de la ONU alarmados por deportaciones ilegales de Estados Unidos a El Salvador,” 30 de abril de 2025, https://www.ohchr.org/es/press-releases/2025/04/un-experts-alarmed-illegal-deportations-united-states-el-salvador.
[207] The White House, “Restricting the Entry of Foreign Nationals to Protect the United States from Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats,” June 4, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/06/restricting-the-entry-of-foreign-nationals-to-protect-the-united-states-from-foreign-terrorists-and-other-national-security-and-public-safety-threats/.
[208] WOLA, “Travel Ban and Its Impact for the Nationals of Cuba, Haiti, and Venezuela: What You Need to Know,” June 12, 2025, https://www.wola.org/analysis/travel-ban-and-its-impact-for-the-nationals-of-cuba-haiti-and-venezuela-what-you-need-to-know/.
[209] BBC News Mundo, “Maduro habla de un ‘primer paso por una agenda de entendimiento’ entre Venezuela y EE.UU. al recibir los primeros vuelos de migrantes deportados,” 11 de febrero de 2025, https://www.bbc.com/mundo/articles/cpdx7w7zgpvo.
[210] NTN24, “‘Ese cuento de que todos tienen antecedentes penales es mentira, muy pocos’: Diosdado Cabello en la llegada de deportados desde EE. UU.,” 10 de febrero de 2025, https://www.ntn24.com/noticias-actualidad/ese-cuento-de-que-todos-tienen-antecedentes-penales-es-mentira-muy-pocos-diosdado-cabello-en-la-llegada-de-deportados-desde-ee-uu-538482.
[211] Monitoreamos, “Alexander Granko acompañó a Diosdado Cabello a recibir migrantes repatriados de México,” 20 de marzo de 2025, https://monitoreamos.com/venezuela/alexander-granko-acompano-a-diosdado-cabello-a-recibir-a-migrantes-repatriados-de-mexico
[212] ONU, MIDH. Conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, doc. A/HRC/51/CRP.3, 20 de septiembre de 2022, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-20/FFMV-CRP-3-Spanish.doc
[213] SwissInfo. “Dos militares desertores entre venezolanos deportados desde EEUU, dice titular de Interior,” 17 de febrero de 2025, https://www.swissinfo.ch/spa/dos-militares-desertores-entre-venezolanos-deportados-desde-eeuu%2C-dice-titular-de-interior/88889095
