“Killing Spree (Oleada de muertes)” es el primer informe integral sobre los ataques de las fuerzas armadas de los Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental. Resumen ejecutivo en español a continuación; informe completo en inglés aquí.
Resumen Ejecutivo
Desde el 2 de septiembre de 2025, funcionarios de alto rango estadunidenses han publicado 63 videos en redes sociales que muestran el momento en que se apagaron las vidas de 221 personas, cuando las pequeñas embarcaciones en las que viajaban explotaron tras ser destrozadas por bombas y misiles lanzados por las fuerzas armadas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental.
Después de casi 11 meses, las nuevas publicaciones de estos videos por parte del gobierno de Trump apenas generan atención en los medios de Estados Unidos y de la región. Cada ataque es tan similar a los anteriores que hay poco “gancho noticioso” del que agarrarse. Los ataques a las embarcaciones se están mezclando con el trasfondo, sepultados bajo capas de crisis más recientes que distraen a la opinión pública. Tras la conmoción e indignación iniciales, las consecuencias de estas operaciones ilegales y letales se están normalizando.
Este informe explica por qué los ataques militares del gobierno de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental no son normales y nunca deben llegar a serlo. Constituyen homicidio en el derecho interno y ejecuciones extrajudiciales en el derecho internacional de los derechos humanos. Son el resultado del uso irresponsable, por parte del poder ejecutivo, de la etiqueta de “terrorista” para habilitar el uso de las fuerzas militares estadounidenses contra civiles. Sus muertes ocurren sin la presentación de ninguna evidencia de conducta ilícita, y mucho menos con el debido proceso para quienes son atacados. Estos ataques deben detenerse ahora, y quienes los han ordenado y ejecutado deben rendir cuentas ante todas las instancias disponibles.
Los ataques mencionados son mucho más que una estrategia antidrogas que salió mal. Tienen graves implicaciones para la democracia estadounidense, la transparencia, los controles al poder ejecutivo y las relaciones civíco-militares. Son emblemáticos de un reajuste agresivo y militarizado de las relaciones de Estados Unidos con América Latina que podría hacer retroceder causas que personas defensoras de los derechos humanos, la democracia, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción han defendido durante más de medio siglo. Representan un enfoque deficiente de la política antidrogas, basado en una comprensión errónea de cómo opera el crimen organizado y de cómo enfrentarlo. Y plantean un desafío complejo para la próxima administración estadounidense.
Debido a que las consecuencias de los ataques militares se extienden a tantos ámbitos, este informe es extenso. Dividimos su narrativa en nueve secciones.
La Sección 1 explica el alcance de los ataques, su propósito declarado y el número de muertos. Aunque el gobierno publica videos e información general sobre cada ataque, casi todo lo demás relacionado con lo que denomina “Operación Lanza del Sur” (Operation Southern Spear) permanece en secreto, incluyendo su misión y las razones por las cuales los funcionarios del Departamento de Defensa optan por ataques letales en lugar de prácticas de aplicación de las leyes marítimas que se han utilizado durante mucho tiempo. Esta sección analiza lo que se sabe sobre los recursos militares empleados y el costo de la operación hasta ahora, que compite con el monto anual de ayuda exterior que el gobierno estadounidense proporcionaba al hemisferio antes de 2025, año en que el gobierno de Trump la redujo drásticamente.
La Sección 2 explica cómo los ataques militares a embarcaciones se enmarcan en la visión más amplia y agresiva del gobierno de Trump sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Esta visión plantea una ofensiva militar a nivel regional contra lo que el gobierno denomina “narcoterrorismo”, con las fuerzas armadas estadounidenses a menudo a la vanguardia. Esta sección resume lo que se sabe sobre las deliberaciones internas y las maniobras legales en la Casa Blanca y en el Departamento de Defensa previas a los ataques. En su núcleo se encuentra un documento crucial: un memorando aún secreto del Departamento de Justicia, fechado el 5 de septiembre de 2025, que busca, mediante argumentos rebuscados, obligar a las fuerzas militares estadounidenses a seguir órdenes claramente ilegales.
La Sección 3 explica la ilegalidad de los ataques militares desde diversas perspectivas. Los ataques encajan firmemente en la definición de homicidio prevista en la Sección 1111 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, entre otros estatutos. En el derecho internacional, constituyen ejecuciones extrajudiciales. No son “crímenes de guerra” porque Estados Unidos no está en guerra. Si bien el memorando del Departamento de Justicia sostiene que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con una lista aún secreta de grupos criminales designados como “terroristas”, resulta inconstitucional involucrar a las fuerzas militares estadunidenses en un conflicto sin la autorización del Congreso. Para eludir esta preocupación, el ejercicio de sofismas legales continúa, con el argumento de que este “conflicto armado” no cumple con la definición de “hostilidades” en las leyes sobre poder de guerra y, por lo tanto, no requiere la aprobación del Congreso. La orden permanente de cometer homicidios y desafiar los poderes de guerra constitucionales sitúa a las fuerzas militares estadounidenses en una posición difícil y peligrosa, con posibles implicaciones internas.
La Sección 4 analiza la dudosa calidad de la inteligencia utilizada para atacar a civiles a bordo de las embarcaciones, ninguno de los cuales fue acusado, en primer lugar, de cometer un delito capital. Según informes, los funcionarios del Departamento de Defensa no conocen la identidad de muchas de las personas que están asesinando y, sin embargo, las consideran, al menos, “afiliadas” a organizaciones terroristas, un término amplio que podría terminar por incluir a personas apenas relacionadas de forma indirecta con los grupos criminales mismos. Como resultado, existe una alta probabilidad de que algunas o la mayoría de las personas asesinadas fueran pasajeros, migrantes, víctimas de trata, pescadores o, en el peor de los casos, transportistas de drogas empobrecidas de bajo nivel.
La Sección 5 reúne lo que se sabe sobre las propias víctimas. Debido al crimen organizado o al control represivo que ejercen sus gobiernos sobre sus comunidades, sus seres queridos, en la mayoría de los casos, no han podido presentarse públicamente ni contar sus historias. En Trinidad y Tobago, en la costa venezolana y colombiana y en otros lugares, los retratos que emergen son de personas que no estaban involucradas en absoluto en el narcotráfico o, cuando sí lo estaban, de muchas que aceptaron tripular embarcaciones por una paga modesta debido a la desesperación económica. A menudo, sus historias confirman serias dudas sobre la inteligencia y los métodos de selección de blancos utilizados por Estados Unidos.
La Sección 6 analiza las opciones para hacer rendir cuentas a quienes violaron la ley al planificar y ordenar los ataques contra embarcaciones. La respuesta no es sencilla en el caso del personal uniformado: tiene la responsabilidad de desobedecer órdenes ilegales, pero el memorando del Departamento de Justicia—por más débiles que sean sus argumentos—ha añadido un manto de legalidad a las órdenes ilegales que se les han dado. Las posibles vías de rendición de cuentas incluyen los sistemas de justicia civil y militar de Estados Unidos; disputas civiles en representación de las familias de las víctimas ante tribunales estadounidenses; tribunales extranjeros que busquen reparación para el homicidio de sus ciudadanos; y organismos internacionales e interamericanos cuyos hallazgos pueden revelar la verdad y construir memoria, pero que no pueden obligar al gobierno de Estados Unidos a sancionar a sus funcionarios ni a otorgar reparaciones. La rendición de cuentas será una lucha.
La Sección 7 explora las respuestas de otros Estados ante los ataques militares a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental, su posible complicidad y las medidas que al menos algunos han adoptado para criticar la política o evitar quedar implicados en ella. Varios gobiernos latinoamericanos han elogiado dichos ataques y algunos, en particular El Salvador, República Dominicana y Trinidad y Tobago, parecen haber brindado apoyo logístico. Otros han expresado críticas, aunque varios han experimentado cambios recientes de gobierno que han llevado al poder a líderes acríticos o incluso favorables a esta política. Algunos países de la OTAN, como Canadá, el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, han tomado medidas para evitar compartir información de inteligencia sobre presunto tráfico marítimo que pudiera facilitar un ataque letal de Estados Unidos.
La Sección 8 concluye que, a pesar de las muertes y la retórica agresiva, el impacto de los ataques a embarcaciones en el tráfico de cocaína, la principal droga transportada desde América del Sur ha sido escaso o inexistente. La información disponible sobre los mercados de cocaína en Estados Unidos y sobre los decomisos en las fronteras estadounidenses no muestra que los ataques a embarcaciones tengan ningún efecto real. Los traficantes siguen contando con otras opciones no afectadas por los ataques, que van desde viajes cortos en lanchas por las costas hasta el uso de barcos contenedores y de rutas terrestres.
La Sección 9 concluye con recomendaciones dirigidas a instituciones y actores del gobierno de Estados Unidos, de otros Estados y de organizaciones internacionales. El llamado a la acción principal y urgente es cesar de inmediato los ataques militares a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental y revocar todas las órdenes que los autorizan. Estos homicidios en alta mar deben terminar y Estados Unidos debe regresar a la legalidad. Después, será fundamental poner en marcha una serie de medidas, desde la rendición de cuentas hasta las salvaguardas institucionales, para evitar que el gobierno de Estados Unidos repita este trágico error y para impedir que los ataques a embarcaciones lleguen a considerarse “normales” en algún momento de la historia.
