La terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador ocurre en un contexto de grave deterioro de la democracia y de los derechos humanos en el país. Por más de siete años al mando, el gobierno de Nayib Bukele ha debilitado los contrapesos institucionales, limitado las garantías del debido proceso y ampliado el poder de las fuerzas de seguridad. El régimen de excepción, implementado originalmente para combatir a las pandillas, ha derivado en un encarcelamiento masivo, detenciones arbitrarias, prisión política y numerosas denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos.
Si bien El Salvador ha logrado una reducción histórica de los homicidios y un debilitamiento significativo de las estructuras de las pandillas, estos avances no pueden evaluarse de manera aislada de los graves retrocesos en materia de Estado de derecho. Para las personas salvadoreñas que podrían ser retornadas, el riesgo ya no proviene únicamente de la violencia criminal: en determinadas circunstancias, el propio Estado puede representar una amenaza para su seguridad y sus derechos fundamentales.
Es en este contexto que Estados Unidos decidió no renovar el TPS que las y los salvadoreños han tenido desde 2001, al igual que ha hecho con todas las demás nacionalidades que se han beneficiado del TPS durante muchos años. Solamente personas de Ucrania, Líbano y Sudán tienen TPS vigente, y todas estas con fechas de vencimiento antes del cierre de 2026. La medida afectará a aproximadamente 232.000 personas, una cifra que aumenta considerablemente al considerar a sus familiares.
Un impacto con varias aristas
El primer efecto es personal y familiar. La terminación del TPS puede provocar la separación de familias que han construido su vida en Estados Unidos durante más de 25 años y que tienen vínculos profundos con sus comunidades. Más de 150.000 niños ciudadanos estadounidenses tienen por lo menos un pariente salvadoreño con TPS.
El segundo es económico. Las remesas familiares han sostenido la economía salvadoreña durante décadas y actualmente representan entre el 24% y el 26% del Producto Interno Bruto (PIB). Una reducción significativa de estos ingresos por la cancelación de TPS, aparte de las políticas del gobierno de Estados Unidos de detener y deportar a personas migrantes indocumentadas en el país, tendría efectos importantes en los hogares salvadoreños y en una economía que ya enfrenta bajos niveles de crecimiento e inversión extranjera.
El tercero, y el más preocupante, es el impacto en materia de seguridad y de derechos humanos. Diversos organismos internacionales han documentado detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso y otras graves vulneraciones cometidas en el marco del régimen de excepción. También existen preocupaciones sobre el uso de las instituciones de justicia para perseguir a personas consideradas críticas o incómodas para el gobierno.
TPS fue establecido en consideración de condiciones en determinados países que “impiden temporalmente que sus nacionales regresen de manera segura o, en determinadas circunstancias, cuando el país no puede gestionar adecuadamente el retorno de sus nacionales.” Por ello, las condiciones para el retorno no deberían evaluarse únicamente a partir de la reducción de los homicidios. La seguridad de las personas retornadas también depende de la existencia de instituciones democráticas, garantías judiciales y mecanismos efectivos de protección de los derechos humanos.
Además, la terminación del TPS no debe analizarse como una decisión migratoria aislada. Estados Unidos debe reconocer que está tomando decisiones de retorno hacia un país donde el deterioro democrático y las violaciones de derechos humanos siguen siendo motivo de seria preocupación. Cualquier política hacia El Salvador debería, por tanto, proteger los derechos de las personas afectadas y evitar que las consideraciones de seguridad o migración terminen subordinando los principios de democracia, Estado de derecho y derechos humanos.
