En 2014, 43 estudiantes de una escuela normal rural en el estado mexicano de Guerrero fueron atacados por fuerzas de seguridad y desaparecidos forzadamente. Después de “tomar” cinco autobuses comerciales de pasajeros en la ciudad de Iguala para que los estudiantes viajaran a una manifestación, los estudiantes fueron interceptados, atacados y detenidos por las fuerzas de seguridad en la zona. Desde entonces, los restos de un estudiante han sido localizados e identificados, pero el paradero de las otras 42 víctimas aún se desconoce. El 26 de septiembre de 2017, se cumple el tercer aniversario de la desaparición de los estudiantes. A continuación presentamos una actualización de la investigación sobre el caso para el 2017.
Marzo: La CIDH realizó una audiencia sobre el caso Ayotzinapa durante el 161º Período Ordinario de Sesiones
En una audiencia de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno mexicano declaró una vez más que su principal teoría sobre lo que pasó con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa es que fueron asesinados y quemados en un basurero por miembros de un grupo de la delincuencia organizado, a pesar de que esta teoría ya ha sido desacreditada por numerosos análisis científicos.
Abril: El Mecanismo de Seguimiento de la CIDH para el caso Ayotzinapa realizó su segunda visita a México
Durante su segunda visita a México en abril, el Mecanismo de Seguimiento designado por la CIDH para monitorear la investigación expresó su preocupación por la insistencia del gobierno en validar la teoría del basurero y urgió a la Procuraduría General de la República (PGR) a que siguiera las otras líneas de investigación indicadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la CIDH para brindar asistencia técnica al gobierno en la investigación. Durante la visita, la PGR presentó un cronograma para abordar las recomendaciones del Grupo de Expertos y acordó informar sobre los avances en las líneas de investigación en octubre.
Mayo: Los familiares de los estudiantes desaparecidos se reunieron con el Procurador General de la República
El 31 de mayo, miembros de la familia de los estudiantes desaparecidos se reunieron con el Procurador General Raúl Cervantes Andrade para solicitar que el cronograma de investigación de la PGR fuera acelerado para mostrar avances concretos en la investigación para agosto, dado que ya había pasado más de un año y medio desde que el Grupo de Expertos dio a conocer su primer informe sobre el caso en septiembre de 2015. Las familias, junto con los miembros del Mecanismo de Seguimiento, instaron a la PGR a explorar pronta y exhaustivamente las líneas de investigación sobre:
- La posible participación de varias fuerzas de seguridad. Existe evidencia de que las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno estaban presentes en el área donde los estudiantes se enfrentaron con la policía local y que estaban al tanto de los ataques contra los estudiantes pero no intervinieron para protegerlos. También hay evidencia de que algunos miembros de la Policía Federal participaron en la desaparición de los estudiantes.
- Comunicaciones telefónicas. El seguimiento y análisis de los datos de teléfonos celulares de los estudiantes y sospechosos ha llevado a varios avances importantes en el caso, incluyendo la confirmación de que una policía adicional, la Policía Municipal de Huitzuco, estuvo involucrada en la desaparición de los estudiantes.
- La posible conexión entre la desaparición de estudiantes y el tráfico de drogas a los Estados Unidos. En su primer informe, el Grupo de Expertos resaltaron la posibilidad de que los estudiantes pudieran haber “tomado” un autobús que, sin saberlo, se utilizaba para transportar drogas ocultas o dinero. La ciudad de Iguala, donde los estudiantes se apoderaron de los autobuses, es un importante centro para el tráfico de heroína hacia el norte. Como destacaron los Expertos, hubo contradicciones en el expediente de la PGR con respecto a uno de los autobuses—el quinto autobús—así como discrepancias en el testimonio del conductor del autobús. El uso no intencional de un autobús que transportaba drogas también puede explicar por qué los estudiantes fueron recibidos con tal violencia extrema para evitar que el autobús saliera de la ciudad.
- Utilizando la tecnología LIDAR, una tecnología de detección remota que puede ayudar a identificar fosas clandestinas en la zona, para buscar a los estudiantes.
- Iniciando juicios penales federales para investigar las muertes y lesiones de otros involucrados en el caso. En los eventos previos a la desaparición de los estudiantes, seis personas murieron y decenas resultaron heridas. Dos de los estudiantes que sobrevivieron al ataque siguen recuperándose de sus lesiones: Edgar Andrés Vargas sufrió una herida de bala en la mandíbula y Aldo Gutiérrez Solano permanece en estado vegetativo hasta la fecha.
Julio: La CIDH realizó una audiencia sobre el caso Ayotzinapa durante la 163ª Sesión Especial
En la audiencia pública de la CIDH sobre “Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México” realizada en julio, el gobierno mexicano informó que aún no se había avanzado en la determinación del paradero de los estudiantes ni en identificación de los responsables de su desaparición. Sin embargo, los funcionarios mexicanos informaron de avances en las líneas de investigación sobre:
- Comunicaciones telefónicas. El gobierno mexicano reconoció que las investigaciones sobre la actividad telefónica de los celulares de los estudiantes revelaron serias fallas en su teoría original de lo que les ocurrió. Nueve de los 43 teléfonos de los estudiantes estaban activos después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014, cuando—según la versión oficial del gobierno—los teléfonos ya habían sido destruidos en el basurero donde los estudiantes fueron asesinados e incinerados por el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos. La PGR ha documentado que algunos de estos teléfonos estaban activos durante semanas e incluso meses después de la desaparición de los estudiantes. Es importante investigar quiénes usaron los teléfonos de estos estudiantes y cómo tenían acceso a ellos, ya que esto puede proporcionar información que podría ayudar a determinar el paradero de los estudiantes.
- La posible conexión entre la desaparición de estudiantes y el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Las autoridades mexicanas confirmaron que el quinto autobús no tomó la ruta que las autoridades originalmente reclamaron y que el autobús fue interceptado por la policía antes de abandonar la ciudad. Esto añade evidencia adicional a la posibilidad de que los estudiantes fueron atacados porque se habían apoderado sin intención de un autobús involucrado en una operación de narcotráfico. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando actualmente un caso en Chicago que involucra a los Guerreros Unidos y el uso de autobuses comerciales de pasajeros para transportar heroína y cocaína de México a Illinois. El gobierno mexicano tomó varios meses para solicitar asistencia legal internacional de los Estados Unidos en este aspecto de la investigación.
En el contexto de la audiencia, la CIDH anunció su grave preocupación por los supuestos intentos de espionaje contra miembros del Grupo de Expertos mientras aún estaban trabajando en México. Estas acusaciones fueron confirmadas posteriormente por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, en un informe hecho público por The New York Times. El análisis forense de Citizen Lab demuestra que los investigadores fueron atacados por Pegasus, un software de espionaje sofisticado que se vende exclusivamente a los gobiernos bajo la condición de que sólo sea usado para combatir a terroristas y criminales. El software espía infecta los teléfonos celulares de los objetivos mediante el envío de un enlace malicioso que, cuando se abre, convierte el teléfono en un potente dispositivo de vigilancia. Un teléfono perteneciente a los investigadores recibió al menos dos intentos de infección utilizando estos enlaces en marzo del 2016, poco después de que el Grupo de Expertos criticara al gobierno mexicano por obstaculizar su investigación y mientras los investigadores estaban preparando su informe final. Varios miembros de la organización que proporciona representación legal a las familias de los estudiantes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh, incluyendo una ciudadana estadounidense, también fueron objeto de este software de espionaje. La documentación disponible muestra que varias agencias gubernamentales mexicanas, incluyendo la PGR, han adquirido el software espía Pegasus.
Agosto: El Mecanismo de Seguimiento de la CIDH para el caso Ayotzinapa realizó su tercera visita a México
En agosto, el Mecanismo de Seguimiento llevó a cabo su tercera visita oficial a México. La delegación visitó el “Colegio de Maestros Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa” en Guerrero—la escuela a la que asistieron las víctimas—y se reunió con las familias de los estudiantes, quienes reiteraron su frustración por la falta de progreso en el caso.
Durante la visita, el personal del Mecanismo también se reunió con funcionarios de la PGR y del Ministerio del Interior, quienes informaron a la CIDH de las medidas que están tomando en la investigación, incluyendo:
- La designación de un equipo de más de 90 personas dedicadas exclusivamente a la investigación.
- Identificando potenciales personas que puedan proporcionar información relevante para el caso. La identificación y detención de estos individuos podría ayudar a obtener información valiosa sobre la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, las autoridades todavía tienen que investigar a estos sospechosos o a los oficiales de policía federales identificados como supuestos involucrados en los eventos. Además, las autoridades todavía tienen que presentar cargos basados en una nueva narrativa sobre la desaparición de los estudiantes, en lugar de la “verdad histórica” del gobierno.
- El uso continuo de tecnología LIDAR. La PGR informó que utilizará tecnología de teledetección para ampliar su búsqueda de los estudiantes y que las autoridades trabajarán conjuntamente con un equipo multidisciplinarios expertos propuestos por los miembros de familia para analizar las imágenes y llevar acabo visitas in situ a las potenciales fosas clandestinas. Sin embargo, el gobierno mexicano aún tiene que crear una base de datos para fosas en el estado que puedan ser replicadas en otros estados, como lo ha recomendado el Mecanismo de Seguimiento.
- Atender a las victimas sobrevivientes. El hospital más cercano a la familia de Aldo Gutiérrez se encuentra a seis horas de su casa, por lo cual ha causado una tremenda carga para la familia. El gobierno mexicano se ha comprometido a llevar a cabo un acuerdo para establecer una instalación de tratamiento médico para Aldo cerca de su ciudad natal de Tutupec, Gerrero y recientemente firmo un acuerdo interinstitucional para lograrlo. Sin embargo, no se han tomado medidas para construir esta instalación o para desarrollar un plan para garantizar que Aldo reciba atención médica completa.
En un comunicado de prensa luego de la visita, la CIDH instó al gobierno mexicano a “acelerar el trabajo de búsqueda de los estudiantes desaparecidos” y avanzar en los temas señalados anteriormente, incluyendo la máxima importancia de investigar la posible conexión entre el narcotráfico y el uso de autobuses comerciales en el caso. La Comisión también expresó su preocupación por la falta de progreso del gobierno mexicano en la promulgación de una Ley General contra las Desapariciones Forzadas. En Julio del 2015, se aprobó una reforma constitucional que dio al Congreso mexicano seis meses para aprobar la ley. En enero del 2016, el plazo para aprobar la ley se expiró. Desde entonces, discusiones sobre la ley han sido largas y complicadas, con las organizaciones de la sociedad y miembros de familia de los estudiantes desaparecidos luchando para asegurar que su contribución este incluida en la versión final. La CIDH instó al gobierno mexicano que adopte medidas concretas para desarrollar una ley que cumpla con las normas internacionales de derechos humanos, y que cuente con el apoyo de familias y organizaciones representativas de los desaparecidos e incluya disposiciones que garanticen la aplicación efectiva de la ley.
