24 Feb 2016 | Análisis | Noticias

Ficha de datos del caso Ayotzinapa: Investigando la desaparición forzada de 43 estudiantes en México

¿Qué pasó la noche cuando los estudiantes fueron desaparecidos?

El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero tomaron autobuses de pasajeros comerciales en la ciudad aledaña de Iguala, Guerrero. Los estudiantes pretendían usar los autobuses para viajar a la Ciudad de México y participar en una marcha para conmemorar una masacre estudiantil de 1968. Tomar autobuses es una práctica tradicional de estudiantes de normales rurales a través de México; esta práctica es común, reconocida y tolerada. En incidentes anteriores, autoridades en Guerrero habían intentado prevenir que los estudiantes tomaran autobuses, pero la respuesta a esta práctica jamás había sido emprendida con fuerza letal o persecución sostenida.

Los estudiantes se fueron de Ayotzinapa viajando en dos autobuses que habían tomado previamente. No tenían intención de ir a Iguala, y sólo fueron porque el conductor de otro autobús que estaban intentando tomar en una caseta fuera de la ciudad dijo que debía dejar a sus pasajeros en el terminal de autobuses de Iguala. En este terminal, los estudiantes decidieron tomar tres autobuses más, llevando el total de autobuses a cinco usados esa noche. Después de dejar la estación de Iguala, los estudiantes se dirigieron hacia la autopista para regresar a Ayotzinapa. Tomaron rutas distintas al salir de la estación, y por ende viajaban en tres grupos separados: un grupo de estudiantes contenía tres autobuses; los otros dos autobuses viajaban solos.

En una serie de ataques coordinados que ocurrieron a lo largo de tres horas, los tres grupos de estudiantes fueron perseguidos e interceptados por fuerzas de seguridad en el área. Los ataques fueron cometidos principalmente por la policía municipal de Iguala y de la ciudad aledaña de Cocula, algunas veces con la participación de la Policía Federal, policía estatal y policía ministerial, y con el conocimiento del ejército. Las autoridades continuaron usando fuerza letal después de que los autobuses habían sido parados y los estudiantes habían sido bajados de estos. El resultado de los ataques fue de seis muertos y más de cuarenta heridos, algunos de gravedad. Entre las víctimas había estudiantes, transeúntes, miembros de un equipo juvenil de fútbol, y maestros y otros individuos que vinieron a ayudar a los estudiantes. Durante los ataques, la policía municipal detuvo a 43 de los estudiantes quienes no han sido vistos desde entonces. La participación activa de autoridades del Estado en la desaparición de los estudiantes la convierte en una “desaparición forzada”.

Hasta la fecha, el destino de sólo uno de los 43 estudiantes ha sido confirmado. En diciembre de 2014, a través de análisis de ADN, un laboratorio especializado de la Universidad de Innsbruck en Austria identificó una muestra de los restos que pertenecían a Alexander Mora Venancio.

¿Qué es el Grupo de Expertos?

Tras el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, las familias de las víctimas y sus representantes legales, así como el gobierno mexicano, solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En noviembre de 2014, las tres partes firmaron un acuerdo que creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Su mandato es buscar a los estudiantes desaparecidos, desarrollar líneas de investigación, brindar atención a las víctimas y ayudar a hacer frente al problema general de desapariciones forzadas en México. El GIEI está formado por cinco expertos: Carlos Martín Beristain (España), Angela Buitrago (Colombia), Francisco Cox Vial (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Alejandro Valencia Villa (Colombia), quienes son todos internacionalmente reconocidos por su trabajo ejemplar en investigaciones criminales, derechos humanos y atención a víctimas.

El GIEI inició su labor en marzo del 2015 y tenía un mandato inicial de seis meses con la posibilidad de extenderse. En octubre del 2015, el gobierno mexicano aceptó renovar el mandato de los Expertos por otros seis meses. Su mandato terminará en abril del 2016.

¿Quiénes son los expertos forenses argentinos trabajando en el caso?

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es un equipo no gubernamental e independiente establecido en los años 80 que provee servicios forenses en casos de violaciones de derechos humanos alrededor del mundo. El EAAF tiene un pasado de proveer asistencia forense a las autoridades mexicanas. El EAAF trabajó con autoridades mexicanas y familiares de las víctimas para identificar los restos de mujeres y niñas desaparecidas en Ciudad Juárez y Chihuahua después de una ola de homicidios femeninos en los años 90 y 2000. Actualmente, el EAAF está trabajando con organizaciones mexicanas y el gobierno en la comisión forense encargada con identificar restos de migrantes encontrados en fosas comunes en San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León.

A petición de las familias de las víctimas y sus representantes legales, y con el acuerdo del gobierno mexicano, el EAAF comenzó a trabajar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en los principios de octubre del 2014, una semana después de la desaparición forzada de los estudiantes.

¿Qué ha encontrado el Grupo de Expertos?

Una de las contribuciones más importantes del trabajo del Grupo de Expertos en este caso ha sido la de desmentir científicamente la teoría original del gobierno mexicano que decía que después de su detención por la policía municipal, los 43 estudiantes desaparecidos fueron entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron sus restos en el  basurero de Cocula. Este análisis científico fue incluido en su reporte preliminar hecho público el 6 de septiembre del 2015, donde el Grupo de Expertos también propuso nuevas líneas de investigación para el caso. Abajo se encuentra un resumen de los hallazgos principales de este reporte.

Los estudiantes no fueron quemados en el basurero. El Grupo de Expertos contrató a un especialista en incendios de reconocimiento internacional para examinar el basurero de Cocula, donde los estudiantes presuntamente fueron asesinados y quemados. El especialista no encontró evidencia de un incendio que tuviera las dimensiones mínimas requeridas para quemar 43 cuerpos ni tampoco evidencia de que existieran suficientes materiales combustibles para alimentar un incendio de tal dimensión y durante el tiempo necesario para quemar los cuerpos. Además, un incendio de tales dimensiones hubiera incendiado la vegetación en la zona que rodea el basurero. Imágenes satelitales de la noche de la desaparición de los estudiantes provistas al Grupo de Expertos por el gobierno mexicano no muestran evidencia de un incendio en el basurero en la noche en la que el gobierno alega que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, ni en las áreas aledañas. Además, un estudio meteorológico indica que estaba lloviendo en la noche de la supuesta cremación de los estudiantes.

El motivo de los ataques puede estar relacionado al tráfico de drogas. El gobierno mexicano concluyó originalmente que las autoridades atacaron a los estudiantes para prevenir su protesta a un evento político local en Iguala. Sin embargo, el Grupo de Expertos encontró que el evento ya había terminado antes de que los estudiantes llegaran a Iguala. Más bien, el Grupo de Expertos concluyó que un posible motivo del ataque masivo y prolongado contra los estudiantes fue su intervención no intencional en una operación del grupo del narcotráfico Guerreros Unidos que utiliza los autobuses en Iguala para traficar drogas a los Estados Unidos. Guerrero es un gran productor de amapola e Iguala es un importante lugar para el tráfico de heroína hacia el norte, específicamente a Chicago, Illinois en los Estados Unidos. Dado el alto nivel de coordinación de la policía municipal en los ataques, la extrema violencia utilizada contra los estudiantes y el enfoque en prevenir la salida de los autobuses de la ciudad, el Grupo de Expertos considera que un motivo lógico para el ataque puede ser que los estudiantes tomaron un autobús que contenía heroína o dinero en efectivo sin intención y recomienda continuar esta línea de investigación.

Todas las fuerzas de seguridad en la zona estaban conscientes de los ataques contra los estudiantes pero no intervinieron para proteger a los estudiantes. A través del uso de un sistema de comunicación llamado C-4, la policía federal, estatal y municipal, así como militares en Iguala y en zonas aledañas sabían de los múltiples ataques contra los estudiantes, pero no vinieron a ayudarles. Grabaciones de comunicaciones de C-4 muestran que, antes de los ataques, oficiales de seguridad conocían las intenciones de los estudiantes de tomar autobuses y habían monitoreado sus movimientos desde antes que llegaran a Iguala. Además, varios testimonios señalan la presencia de fuerzas de seguridad en las diferentes escenas de los crímenes durante varios momentos de la noche. Por ejemplo, varios testimonios apuntan a la presencia de policía federal y ministerial dónde uno de los autobuses fue atacado por la policía municipal. Un agente de inteligencia militar también llegó a la escena poco tiempo después de que el autobús fue detenido; todos los estudiantes de este autobús están desaparecidos. Además, los Expertos concluyeron que el carácter prolongado del ataque, con la participación de varias patrullas y dos cuerpos policiales diferentes (de Iguala y de Cocula), apunta a la existencia de un nivel de coordinación central de donde provinieron las órdenes.

¿Qué ha encontrado el EAAF?

El 9 de febrero de 2016, después de conducir su propio análisis forense del basurero de Cocula, el EAAF concluyó que no existe evidencia científica para apoyar la teoría de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el sitio. Los hallazgos del EAAF y del Grupo de Expertos constituyen dos reportes externos que no encontraron base científica para la teoría del basurero del gobierno mexicano. Los hallazgos principales del EAAF son:

  • A través de imágenes satelitales y muestras de suelo, el EAAF concluyó que se han producido varios incendios en el basurero por lo menos desde 2010; sin embargo, no hay evidencia de un incendio lo suficientemente grande como para incinerar 43 cuerpos.
  • Plantas que se determinó comenzaron a crecer antes de septiembre de 2014 (fecha en la que se dice que quemaron a los estudiantes) no habrían sobrevivido al fuego. Sin embargo, sólo una muestra de las plantas recolectadas mostró signos mínimos de daños por incendio y las muestras restantes no mostraron signos de daño por el fuego. Del mismo modo, los tocones de árboles analizados en el lugar dónde el gobierno mexicano indica que los estudiantes fueron quemados mostraron poco o ningún signo de daño por fuego.
  • El EAAF recuperó miles de pequeños fragmentos de hueso, pertenecientes a por lo menos 19 personas, que habían sufrido daños graves de incendios; sin embargo, no hay evidencia que vincule estos restos a los 43 estudiantes. Más bien, el EAAF ha llegado a la conclusión de que el basurero ha sido un sitio de otras incineraciones de restos humanos desde hace tiempo.
  • Las balas y los casquillos recuperados en el basurero no corresponden con las armas de fuego que los presuntos perpetradores afirman haber utilizado para matar a los estudiantes. El testimonio de los presuntos perpetradores de Guerreros Unidos menciona específicamente el uso de pistolas de mano (.9mm y .38 súper) y el uso de un fusil tipo AK-47- para matar a los estudiantes. Sin embargo, el 87% de las balas y los casquillos recuperados en la escena no corresponden con las armas mencionadas en el testimonio; sólo 16 casquillos corresponden con las armas especificadas. Además, estos casquillos no fueron recuperados en el lugar donde presuntos perpetradores dijeron que dispararon a los estudiantes.

Por otra parte, el EAAF resalta dos problemas graves que ponen en duda el manejo de pruebas y la protección de una escena bajo investigación criminal de la parte del gobierno mexicano.

  • Entre por lo menos el 7 y el 28 de noviembre de 2014, el basurero quedó completamente desprotegido y abierto a la entrada pública. Fotos circuladas por el Internet muestran miembros del público general en el basurero durante este tiempo. Esto es preocupante ya que evidencia podría haber sido dañada o manipulada.
  • El 15 de noviembre de 2014, investigadores de la oficina del fiscal general de México llevaron a cabo una inspección del basurero sin notificar al EAAF. Durante esta inspección, los investigadores del gobierno recuperaron 42 casquillos de bala que se encontraron agrupados en condiciones que sugieren que los casquillos se colocaron en un lugar específico deliberadamente. El EAAF también afirma que el sitio donde se encontraron los casquillos se encontraba en un área del basurero que ya había sido inspeccionada por el EAAF y los investigadores del gobierno.

¿Qué acciones son necesarias para avanzar la investigación?

Investigar el quinto autobús extraviado y el uso de autobuses para traficar drogas. Los Expertos encontraron que solo cuatro de los cinco autobuses que los estudiantes usaron en la noche del ataque fueron incluidos en la investigación original del gobierno federal mexicano. En la noche del ataque, la Policía Federal interceptó este quinto autobús, bajó a los estudiantes y escoltó el autobús lejos de Iguala. El gobierno federal omitió este autobús de la investigación a pesar del testimonio de estudiantes sobre su existencia, su inclusión en la investigación original manejada por autoridades estatales de Guerrero e imágenes en video del autobús. El quinto autobús visto en grabaciones de cámaras de seguridad durante la noche del ataque y descrito por los estudiantes no cuadra con el autobús presentado después por las autoridades al Grupo de Expertos para examinar. El Grupo de Expertos cree que este quinto autobús ausente puede haber contenido drogas o dinero escondido pertenecientes a la organización criminal Guerreros Unidos.

Actualmente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene un caso abierto contra ocho personas acusadas de distribuir heroína en el área de Chicago para Guerreros Unidos. Los acusados usaron autobuse
s de pasajeros comerciales para esconder y transportar drogas desde Mexico a Chicago. A través del Tratado de Asistencia Legal Mutua (Mutual Legal Assistance Treaty, MLAT) que México tiene con los Estados Unidos, la Procuraduría General de la República (PGR) puede pedir que el Departamento de Justicia comparta información sobre la investigación de Chicago e incorporarla en la investigación de la desaparición de los estudiantes. Los Expertos han recomendado fuertemente que la PGR haga el pedido a través de MLAT, y eso fue por fin enviado el 15 de febrero de 2016.

El caso de Chicago podría proveer cierta ayuda para entender como Guerreros Unidos trafican drogas de Iguala a Chicago, las compañías de autobús que usan y los dueños de dichas compañías. Adicionalmente, como parte de las investigaciones del caso de Chicago, autoridades estadounidenses obtuvieron intercepciones autorizadas por las cortes de las comunicaciones de varios celulares y teléfonos Blackberry utilizados por individuos relacionados con la célula de Guerreros Unidos en Chicago, incluyendo al supuesto líder de dicha célula. Los ataques contra los estudiantes y su desaparición ocurrieron en la noche del 26 de septiembre de 2014 y la mañana del 27 de septiembre del 2014; autoridades estadounidenses estaban interceptando comunicaciones durante estas fechas. Información provista a través del MLAT revelará a las autoridades mexicanas si estas comunicaciones interceptadas contienen información relacionada a la desaparición de los estudiantes.

Mantener una sola investigación sobre la desaparición de los estudiantes. En un informe de febrero de 2016 sobre sus actividades, el Grupo de Expertos expresó su preocupación por la fragmentación de la investigación sobre la desaparición de los estudiantes. Aunque el caso ha sido trasladado oficialmente a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizadas sigue abriendo averiguaciones previas separadas relevantes para el caso de los estudiantes. Por ejemplo, personas que se cree ha estado involucrada en la desaparición de los estudiantes recientemente fueron detenidas, pero fueron acusados de otros delitos, como posesión de drogas o posesión ilegal de armas. Debido a que estas investigaciones están separadas del caso de los estudiantes, los Expertos no han tenido pleno acceso a ellas, y no han sido capaces de evaluar si la información de estas investigaciones se relaciona con la desaparición de los estudiantes.

Por otra parte, partes de los testimonios de estos detenidos que apoyan la teoría del basurero se han filtrado a los medios de comunicación, pero la información proporcionada en los testimonios filtrados no ha sido corroborada. El Grupo de Expertos ha solicitado que la PGR investigue el origen de la información filtrada. La teoría del basurero ha sido científicamente refutada por dos informes de expertos independientes. Es importante que todas las autoridades dentro del gobierno reconozcan plenamente este hecho y se comprometan a perseguir nuevas líneas de investigación.

Permitir al Grupo de Expertos estar presente en entrevistas con el ejército. Las autoridades mexicanas han negado repetidamente el acceso a los soldados ubicados en Iguala. El ejército, a través del sistema de comunicación C-4, conocía los movimientos de los estudiantes esa noche y sabía de los múltiples ataques a los estudiantes. Según testimonios, durante la noche, un grupo de soldados entraron a la estación de policía y examinaron las celdas donde algunos de los estudiantes supuestamente habían sido llevados. Un oficial de inteligencia militar también estuvo presente en la escena de uno de los ataques y presenció su detención por la policía municipal; este reportó sus observaciones a sus superiores a través del sistema C-4 y tomó fotos y video con un celular. Estas comunicaciones y evidencia aún no han sido provistas a las autoridades mexicanas. El ejército tampoco ha concedido acceso a comunicaciones de C-4 de dos períodos específicos durante la noche de los ataques.

El Grupo de Expertos ha podido entrevistar directamente a otras autoridades federales, así como a autoridades estatales y municipales, víctimas, testigos y acusados. Aunque soldados hayan provisto testimonios a oficiales mexicanos, los Expertos tienen una serie de preguntas que quisieran hacerles y están pidiendo por lo menos estar presentes cuando los fiscales federales conduzcan estas entrevistas con los soldados.

Continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Ha sido probado científicamente que los estudiantes no fueron asesinados y quemados en el basurero; por ende las autoridades deben continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos en otro lugar. El Grupo de Expertos ha propuesto áreas distintas para continuar la búsqueda y el gobierno mexicano está examinando estas áreas.

Investigar la obstrucción de la justicia. Las autoridades involucradas en la investigación original y errónea de la desaparición de los 43 estudiantes deberían ser investigadas por posible obstrucción de la justicia e intentos de encubrimiento. Reportes médicos de la PGR muestran que el 70% de los detenidos en este caso tuvieron heridas que indican tortura o maltrato. Dado que la mayoría de la evidencia del gobierno para sostener su teoría sobre el basurero fue basada en las confesiones de los sospechosos detenidos, la confirmación de tortura debilitaría más aún la credibilidad de la investigación original del gobierno y levantaría preocupaciones sobre confesiones forzadas. El Wall Street Journal recientemente resaltó el caso de uno de los sospechosos detenidos clave que reportó haber sido torturado.