Los legisladores estadounidenses, de ambos partidos, tienen una larga trayectoria denunciando las prácticas autoritarias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. En general, ese apoyo a la democracia en Venezuela se ha traducido en respaldo a la diáspora venezolana en los EE. UU.
Sin embargo, ese compromiso bipartidista ahora está en peligro. Pocos días después de asumir el cargo, la administración de Trump tomó la decisión de eliminar dos importantes vías legales—el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y el parole humanitario—que protegían a cientos de miles de venezolanos de deportación y les permitían trabajar legalmente en EE. UU. Estas decisiones han generado gran preocupación en las comunidades venezolanas en EE. UU., que ahora se ven obligadas a buscar alternativas para evitar ser deportadas directamente hacia el régimen autoritario de Nicolás Maduro.
El 20 de enero, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva instruyendo al secretario de Seguridad Nacional a terminar con los programas de parole, incluyendo los de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. A diciembre de 2024, 117.330 nacionales venezolanos habían ingresado a EE. UU. bajo parole humanitario.
Luego, el 3 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuló la extensión del TPS para Venezuela, otorgada por la administración de Biden el 10 de enero de 2025, lo que significa que 348.202 beneficiarios perderán su estatus en abril. Otros 242.700 venezolanos que fueron incluidos en el TPS bajo una designación de 2021 probablemente enfrentarán el mismo destino cuando sus protecciones expiren en septiembre.
En total, alrededor de 700,000 venezolanos perderán sus autorizaciones laborales y enfrentarán la deportación si no logran obtener otro estatus legal.
Las rutas legales de regularización migratoria aseguran un procesamiento seguro y ordenado de las personas en EE. UU., mientras permiten a las personas migrantes ser productivas, pagar impuestos, mantener a sus familias e integrarse a las comunidades receptoras. Al revocar los programas de TPS y parole humanitario, EE. UU. está dándole la espalda a las personas venezolanas que huyen de un país que el propio Secretario Rubio afirmó recientemente que encarcelan y torturan a personas inocentes. Las oficinas del Congreso—tanto demócratas como republicanas—que en el pasado defendieron estas protecciones deben actuar para restaurarlas.
Resumen de la migración venezolana a EE. UU.
El Migration Policy Institute estima que hay 13.7 millones de migrantes no autorizados en EE. UU. Aunque se estima que el número total es mayor, según los datos más recientes de la Oficina del Censo de EE. UU. (2023), 903.153 venezolanos viven en EE. UU. De ellos, el 75,1 por ciento ingresó al país después de 2010, en el contexto de la prolongada crisis política, de derechos humanos y humanitaria de Venezuela.
Mientras que el 27 por ciento de la población venezolana—alrededor de 8 millones de personas—se ha visto obligada a huir, la gran mayoría ha permanecido en países latinoamericanos como Colombia, Perú y Brasil. Casi el 89 por ciento de los migrantes y refugiados venezolanos—ocho de cada nueve personas—se han establecido en países distintos a EE. UU. Esto ha sido posible gracias a los esfuerzos de integración y programas financiados en parte por la asistencia exterior de EE. UU. en esos países. Sin embargo, estos programas se han visto gravemente afectados por el congelamiento de la ayuda exterior, lo que ha obligado a suspender operaciones tanto de la Operação Acolhida en Brasil como de los Centros Intégrate en Colombia.
Además, las Oficinas de Movilidad Segura (SMO, por sus siglas en inglés) establecidas durante la administración de Biden en Colombia, Guatemala, Costa Rica y Ecuador han cesado sus operaciones sin un plan claro ni instrucciones sobre los siguientes pasos para los casos que se estaban procesando. No hay información pública sobre los números o la situación actual de las personas previamente aprobadas para ingresar a los EE. UU. a través de otras rutas migratorias legales por medio de estas oficinas de procesamiento. La orden ejecutiva que suspendió el Programa de Admisiones de Refugiados de EE. UU. (USRAP) significa que aquellas personas aprobadas para el reasentamiento, pero que aún no habían viajado, vieron cancelados sus viajes. Actualmente, no está claro si estas personas seguirán teniendo acceso a rutas de regularización migratoria disponibles en los países anfitriones. Por ejemplo, las personas venezolanas que fueron procesadas a través de la SMO en Colombia y aprobadas para el reasentamiento en EE. UU. bajo el USRAP, tuvieron que renunciar a su estatus de protección temporal (PPT) en Colombia como parte del proceso.
Estatus de refugiado y asilo
| Categoría | Valor | Fuente |
| Casos de asilo pendientes para venezolanos (hasta diciembre de 2024) | 132.272 | Syracuse TRAC |
| Tasa de reconocimiento de asilo para venezolanos (año fiscal 2024) | 64,4% | Syracuse TRAC |
| Venezolanos admitidos como refugiados (año fiscal 2021–2023) | 1.340 | DHS |
Estatus migratorio
| Categoría | Valor | Fuente |
| Verificados y aprobados para parole humanitario (hasta diciembre de 2024) | 120.760 | CBP |
| Personas que ingresaron a EE. UU. con parole humanitario (hasta diciembre de 2024) | 117.330 | CBP |
| Verificados y aprobados para parole humanitario, pero aún no han viajado | 3.430 | CBP |
| Beneficiarios de TPS bajo la designación de 2021 (válido hasta septiembre de 2025) | 242.700 | DHS |
| Beneficiarios de TPS bajo la designación de 2023 (hasta el 31 de marzo de 2024) | 344.335 | CRS |
| Green cards emitidas a venezolanos (año fiscal 2021–2023) | 53.880 | DHS |
| Venezolanos deportados de EE. UU. (año fiscal 2021–2024) | 4.440 | ICE |
Designación de TPS para venezolanos
Las protecciones del TPS pueden ser otorgadas a ciudadanos de países específicos cuando las condiciones en esos países impiden que los nacionales regresen de manera segura. El Secretario de Seguridad Nacional, en consulta con las agencias correspondientes del gobierno de EE. UU. y en cumplimiento de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, designó por primera vez a los venezolanos como elegibles para TPS el 9 de marzo de 2021 por un período de 18 meses.
Todos los solicitantes de TPS deben someterse a verificaciones de seguridad y antecedentes como parte del proceso para determinar su elegibilidad. También pueden solicitar autorización para trabajar y viajar. El TPS no se otorga automáticamente, ni proporciona una vía directa hacia el estatus de residente permanente legal, aunque algunos beneficiarios de TPS pueden ser elegibles por sí mismos para ajustar su estatus a través de un proceso familiar, basado en empleo u otra vía legal como el asilo. Según USCIS, cualquier persona condenada por un delito grave o dos delitos menores es inelegible para TPS o puede perder su estatus.
Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos
| Designación | Designación de TPS 2021 | Designación de TPS 2023 (extensión revocada) |
| Fecha de designación | 9 de marzo de 2021 | 3 de octubre de 2023 |
| Fechas de redesignación | 20 de septiembre de 202310 de enero de 2025 (revocado) | 10 de enero de 2025 (revocado) |
| TPS actual válido hasta | 10 de septiembre de 2025 | 7 de abril de 2025 |
| Período de inscripción | 9 de marzo de 2021 – 5 de septiembre de 2021 | 3 de octubre de 2023 – 2 de abril de 2025 |
| Presencia física continua requerida desde | 9 de marzo de 2021 | 3 de octubre de 2023 |
La situación en Venezuela sigue siendo crítica, y la protección de migrantes y refugiados es esencial
En el aviso de terminación del TPS emitido por su agencia, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que “Venezuela ya no cumple con las condiciones para la designación de 2023”, sin detallar por qué. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) rechazó esta afirmación, señalando que “de hecho, parte de la inestabilidad política en el país ha aumentado tras las recientes elecciones”.
En 2021, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) designó a los venezolanos como elegibles para TPS basándose en las siguientes consideraciones:
Venezuela enfrenta una grave emergencia humanitaria. Bajo la influencia de Nicolás Maduro, el país “ha estado inmerso en una crisis política y económica severa durante varios años”. La crisis de Venezuela se ha caracterizado por una amplia gama de factores, incluyendo: contracción económica; inflación e hiperinflación; pobreza creciente; altos niveles de desempleo; acceso reducido y escasez de alimentos y medicinas; un sistema médico gravemente debilitado; reaparición o aumento de ciertas enfermedades transmisibles; colapso de servicios básicos; escasez de agua, electricidad y combustible; polarización política; tensiones institucionales y políticas; violaciones de derechos humanos y represión; crimen y violencia; corrupción; aumento de la movilidad humana y desplazamiento (incluyendo desplazamiento interno, emigración y retorno); y el impacto de la pandemia de COVID-19, entre otros factores. [Énfasis añadido].
Venezuela sigue siendo uno de los entornos más represivos de América Latina, donde la sociedad civil enfrenta graves violaciones de derechos humanos, censura severa y control gubernamental. Organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación independientes y activistas están bajo constante amenaza por parte del régimen autoritario, que ha desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas, restringido el flujo de información y violado los derechos fundamentales de los venezolanos. El espacio cívico en Venezuela permanece cerrado, y la aprobación de una ley para controlar y regular las organizaciones no gubernamentales amenaza aún más a la sociedad civil.
Tras las elecciones presidenciales, estallaron protestas que fueron rápidamente sofocadas por una brutal campaña de represión por parte de las autoridades. La naturaleza arbitraria de las elecciones, la evidencia que demuestra la victoria de Edmundo González Urrutia, la detención de aproximadamente 2,000 personas y la muerte de 25 más han provocado una condena internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estas acciones como prácticas de terrorismo de estado, utilizando la misma terminología con la que anteriormente describió las atroces violaciones de derechos humanos de las dictaduras del Cono Sur en la década de 1970.
Esta represión ocurre en medio de una emergencia humanitaria en curso. Aunque algunos indicadores económicos, como el ingreso familiar, han mejorado moderadamente en el último año, los indicadores humanitarios pintan un panorama desafiante. La encuesta de hogares 2024 de HumVenezuela reveló que siete de cada diez hogares venezolanos recurrieron a estrategias alternativas para alimentar a sus familias, mientras que la mitad de aquellos con problemas de salud graves no recibieron atención médica en 2024 debido al colapso del sistema de salud del país. El estudio muestra que al menos 13,5 millones de personas enfrentan necesidades humanitarias críticas y 5,6 millones enfrentan privaciones humanitarias severas.
Históricamente, ha habido apoyo bipartidista para proteger a las personas venezolanas de deportación
El presidente Trump reconoció previamente el riesgo al que se enfrentan los venezolanos que huyen de la persecución si son repatriados. El 19 de enero de 2021, su administración determinó “que es de interés para la política exterior de los Estados Unidos aplazar la expulsión de cualquier nacional de Venezuela, o extranjero sin nacionalidad que haya residido habitualmente en Venezuela, sujeto a las condiciones y excepciones previstas.” De esta manera, el presidente Trump aplazó durante 18 meses la expulsión de los venezolanos presentes en los EE. UU. hasta esa fecha, con ciertas excepciones.
Históricamente, el reconocimiento bipartidista de las graves violaciones de derechos humanos y la crisis política en Venezuela ha llevado a un amplio apoyo para las vías de regularización migratoria de las personas venezolanas en los EE. UU. Algunos ejemplos incluyen:
- Diciembre de 2018: El senador Robert Menendez (demócrata por Nueva Jersey) presentó un proyecto de ley para designar a Venezuela bajo la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, para permitir que las personas nacionales de Venezuela fuesen elegibles para el estatus de protección temporal bajo dicha sección y para fortalecer los sistemas de integración interna en los países circundantes a Venezuela (S.3759). El senador Marco Rubio (republicano por Florida), ahora secretario de Estado, fue uno de los co-patrocinadores del proyecto de ley.
- Mayo de 2019: El representante Christopher Smith (republicano por Nueva Jersey) presentó la Ley de Protección TPS y DED de 2019 (H.R.2783). El proyecto de ley también fue co-patrocinado con apoyo bipartidista, incluyendo al representante republicano Mario Díaz-Balart.
- Julio de 2019: El representante Darren Soto (demócrata por Florida) presentó el proyecto de Ley TPS de Venezuela de 2019 (H.R. 549). Este proyecto tuvo 33 co-patrocinadores bipartidistas y fue aprobado en la Cámara de Representantes.
- Enero de 2021: El senador Robert Menendez (demócrata por Nueva Jersey) presentó la Ley de Estatus de Protección Temporal de Venezuela de 2021 (S.50). Contó con 11 co-patrocinadores, incluido el entonces senador Marco Rubio (republicano por Florida).
- Junio de 2023: El representante Darren Soto (demócrata por Florida) presentó la Ley de Ajuste Venezolano (H.R.4048), una iniciativa bipartidista con 15 co-patrocinadores que buscaba otorgar residencia permanente legal a los venezolanos que ingresaron a los EE. UU. antes del 31 de diciembre de 2021.
Incluso después de la decisión más reciente de derogar el TPS, los representantes republicanos Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar emitieron una declaración conjunta en solidaridad con el pueblo venezolano.
Acciones que pueden tomar los tomadores de decisión en EE. UU.
Revocar el estatus legal de cientos de miles de venezolanos sería perjudicial para la economía de EE. UU., ya que las personas con permisos de trabajo válidos bajo el programa de parole humanitario y el TPS ya son contribuyentes activos en la fuerza laboral. EE. UU. siempre ha mostrado apoyo y solidaridad con la lucha de Venezuela por la democracia. Ahora, debe mostrar solidaridad con los venezolanos que han huido del régimen autoritario de Maduro. Depende de los tomadores de decisión adoptar medidas coherentes con esta postura y restablecer la protección otorgada legalmente a estos ciudadanos venezolanos.
WOLA insta a los miembros del Congreso a utilizar su autoridad y considerar las siguientes acciones:
- Instar a la administración a revertir la cancelación del TPS
El Congreso puede instar a la administración a revocar la decisión de terminar la designación del TPS para Venezuela en 2023 y volver a otorgarlo por 18 meses. Los ciudadanos venezolanos que se registraron para el TPS bajo la designación de 2021 también deberían ser elegibles para solicitarlo, permitiendo que los actuales beneficiarios retengan el TPS por ese período si se vuelven a registrar y siguen cumpliendo con los requisitos de elegibilidad.
- Legislar protecciones permanentes
El Congreso puede aprobar legislación para proteger a las personas afectadas, codificando protecciones o vías para la regularización migratoria, incluyendo el estatus legal que la Casa Blanca busca revocar.
- Ejercer un oversight riguroso
El Congreso debe interrogar a los funcionarios de la administración sobre la justificación e impacto de tales revocaciones para los ciudadanos venezolanos. Las medidas adoptadas deben cumplir con el principio internacional de no devolución (non-refoulement) para aquellos que temen por su vida, libertad o integridad si son devueltos a Venezuela. El Congreso también debe supervisar el uso de fondos federales para los esfuerzos de detención y deportación dirigidos a las personas afectadas por la terminación de la designación del TPS de 2023.
- Afirmar la autoridad del Congreso
El Congreso debe afirmar su autoridad legislativa y de supervisión para garantizar que el poder ejecutivo cumpla plenamente con las obligaciones legales en la ejecución de la inmigración. El Congreso debe solicitar informes a las agencias correspondientes sobre las condiciones de detención de inmigrantes, el procesamiento de solicitudes de asilo y las prácticas de deportación, así como emprender acciones adicionales con respecto a las agencias que violen estándares constitucionales e internacionales establecidos. Más específicamente, el Congreso debe realizar una supervisión de los vuelos a Guantánamo y las deportaciones a países como El Salvador, insistiendo en el derecho al debido proceso y garantizando condiciones humanas.
