En una conferencia de la “Counter Cartel Coalition” celebrada el 5 de marzo, el secretario de Defensa Pete Hegseth declaró ante los líderes militares latinoamericanos allí reunidos que, aunque preferiría luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico y la migración junto a ellos, “Estados Unidos está preparado para hacer frente a estas amenazas y pasar a la ofensiva por su cuenta, si es necesario”.
Apenas unos meses antes, el 3 de enero, la Administración Trump utilizó la fuerza unilateral, en contra de cualquier interpretación del derecho internacional, para expulsar a Nicolás Maduro de Venezuela. Esa operación, tres meses después, ha dejado al resto de su régimen en el poder, sin una vía clara aún sobre cuándo, o si, podrían celebrarse elecciones y producirse un retorno a la democracia.
Estas palabras y acciones ilustran que, en virtud del “Corolario de Trump a la Doctrina Monroe”, tal y como se establece en la Estrategia de Seguridad Nacional, los funcionarios de la administración quieren actuar de forma “cinética” en América Latina y el Caribe. Lo vimos en Caracas, y lo hemos visto en una campaña de ataques letales contra buques civiles en el Caribe y el Pacífico oriental. Trump ha mencionado repetidamente la acción militar directa en México, y ahora hay vagas amenazas dirigidas a Cuba cada pocos días.
El rostro cambiante de la intervención
La intervención de EE. UU. en América Latina no es nada nuevo. Pero lo que estamos viendo ahora es diferente de la Guerra Fría y la Guerra contra las Drogas, cuando, salvo breves excepciones (República Dominicana 1965, Granada 1983, Panamá 1989), el personal estadounidense no disparaba abiertamente sus armas. La mayor parte del tiempo, el Gobierno de EE. UU. proporcionaba generosa ayuda militar, policial y de inteligencia, y los gobiernos de los países anfitriones eran los que disparaban.
Ahora, sin embargo, o bien las tropas estadounidenses intervienen por su cuenta, o bien llevan a cabo operaciones contra el crimen organizado junto con personal del país anfitrión. Y por “llevar a cabo operaciones” no nos referimos solo a marcar objetivos en el mapa: la administración quiere situar a personal estadounidense en primera línea o cerca de ella, asesorando en tiempo real y tal vez participando en las hostilidades.
El New York Times informó de que, prácticamente cada vez que Donald Trump habla con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, la insta a que le permita desplegar tropas para ayudar a combatir el crimen organizado en México. Funcionarios de la Administración proponen que las fuerzas estadounidenses —Fuerzas de Operaciones Especiales o personal de la CIA— se unan a los soldados mexicanos en redadas contra laboratorios de fentanilo. “Las fuerzas estadounidenses participarían en las redadas encabezadas por fuerzas mexicanas, dirigiendo la misión y tomando decisiones clave… las fuerzas estadounidenses estarían en apoyo, brindando inteligencia y asesoramiento a los soldados mexicanos en primera línea”. Sheinbaum sigue rechazando las propuestas de Trump.
“Objetivos conjuntos” y cómo se traduce esto sobre el terreno
Un país ha permitido a la administración Trump poner en práctica una versión de lo que ha estado instando a México a hacer. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha solicitado que personal militar estadounidense ayude a su ejército en la lucha contra la delincuencia violenta. La respuesta de EE. UU. se intensificó después de que la administración Trump añadiera a las dos mayores organizaciones criminales de Ecuador a la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado el 4 de septiembre de 2025. (La administración ha aumentado el número de grupos latinoamericanos en esta lista de cuatro a diecinueve, y es probable que pronto se añadan dos grupos brasileños).
Ahora, el personal estadounidense está avanzando “hacia los esfuerzos de ‘objetivos conjuntos’, en los que la experiencia técnica de Estados Unidos apoya a las fuerzas especiales ecuatorianas en redadas de precisión”, según la revista en línea del Comando Sur de EE. UU. “En los últimos meses,” informó el New York Times, “las Fuerzas Especiales estadounidenses empezaron a ayudar a los comandos ecuatorianos a entrenarse y planificar las amplias redadas que se espera que se lleven a cabo en todo el país en las próximas semanas”, con la participación de “docenas” de soldados estadounidenses “que asesorarán y ayudarán a los soldados ecuatorianos, incluso en el intercambio de información, pero no participarán directamente en las misiones”.
Esas operaciones están en marcha, pero los resultados hasta ahora son, en el mejor de los casos, dispares. Una redada a principios de marzo cerca de la frontera de Ecuador con Colombia dio más motivos de preocupación que de celebración.
Los primeros resultados de Ecuador
El 3 y el 6 de marzo, soldados ecuatorianos que participaban en lo que denominan “Operación Exterminio Total” afirmaron haber destruido un campamento de “Mono Tole”, un líder de alto rango de los Comandos de la Frontera, una organización criminal colombiana entre cuyos dirigentes se encuentran tanto antiguos guerrilleros de izquierda como antiguos paramilitares de derecha.
Los “Comandos” son conocidos por su brutalidad: el personal de WOLA visitó esta región fronteriza a finales de 2023 y escuchó testimonios alarmantes sobre sus frecuentes ataques contra líderes sociales y comunidades indígenas en el departamento fronterizo colombiano de Putumayo, incluida una epidemia de violencia de género. En una zona donde un alcalde nos contó que contaba con 14 policías por turno para un municipio cinco veces más grande que Washington D. C., los “Comandos” rara vez se enfrentan a presiones de los gobiernos, que en la zona fronteriza o bien están ausentes o bien están a sueldo de ellos.
“A petición de Ecuador, el Departamento de Guerra llevó a cabo una acción selectiva para avanzar en nuestro objetivo común de desmantelar las redes narcoterroristas” en Ecuador, tuiteó el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, el 6 de marzo. La redada se debió al “intercambio de información estratégica y al fortalecimiento de capacidades” bilaterales, declaró el Ministerio de Defensa de Ecuador. No está claro hasta qué punto el personal estadounidense estuvo cerca del combate.
Es importante saber más, porque, tal y como informaron posteriormente el New York Times y USA Today tras visitar la zona, las tropas ecuatorianas parecen haber atacado de hecho una granja lechera en funcionamiento, destruyendo viviendas y dependencias.
Además, tanto los relatos de ambos periódicos como una denuncia de grupos de derechos humanos ecuatorianos alegan que las tropas ecuatorianas cometieron actos de tortura. Se llevaron a cuatro jóvenes y les exigieron información sobre “alijos ocultos” mientras los golpeaban con las culatas de los rifles, les sumergían la cabeza en un barril de agua, les aplicaban descargas con pistolas eléctricas y los estrangulaban con sus propias camisetas. Luego los liberaron y los enviaron de vuelta a Colombia —una forma extraña de tratar a importantes figuras del crimen.
El Ministerio de Defensa de Ecuador emitió un comunicado en el que negaba que el objetivo fuera una granja lechera. Afirmaba que la detención de los cuatro hombres “con fines de investigación” fue “el resultado de información de inteligencia validada en cooperación con Estados Unidos”. Cabe destacar que el comunicado del Ministerio no abordó las acusaciones de tortura.
No está claro si personal estadounidense estuvo presente durante la tortura, si fue consciente de ella mientras se producía o si la comunicó a sus superiores posteriormente, como debería haber hecho. Pero este es un comienzo notablemente desfavorable para el nuevo modelo de “operaciones conjuntas” de la administración Trump.
Costes jurídicos y estratégicos
Es necesario replantearse de raíz todo ese modelo antes de que más personas resulten heridas o mueran, y de que la credibilidad de Estados Unidos sufra un daño aún mayor, todo ello por unos resultados estratégicos poco claros.
Ese replanteamiento comienza por la rendición de cuentas. A menos que el sistema judicial de Ecuador investigue al personal objeto de esas acusaciones —y, si es necesario, lo juzgue y lo haga rendir cuentas—, es ilegal que el Gobierno de Estados Unidos siga prestando asistencia a su unidad. La Ley Leahy (Sección 620M de la Ley de Asistencia Exterior) establece claramente que cualquier unidad extranjera que cometa graves abusos contra los derechos humanos —como la tortura— no podrá recibir ayuda hasta que se adopten “medidas efectivas” para llevarla ante la justicia. No hay indicios de que se esté llevando a cabo una investigación.
Replantearse la situación significa volver a la legalidad. Es crucial poner fin a las operaciones en América Latina que violan la legislación estadounidense, el derecho internacional o ambos. Las denuncias de tortura se producen mientras persisten los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental: cada pocos días, el Comando Sur anuncia un nuevo asesinato de civiles a bordo de una embarcación, alegando sin pruebas que los fallecidos, que ya suman 164 personas, traficaban con drogas. Quizás algunos lo hicieran, pero ser un delincuente de poca monta a bordo de una embarcación que transporta drogas ilegales no constituye un delito que merezca la pena de muerte, y cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio justo.
El ejército estadounidense ha adoptado la postura de un policía que, sin ningún argumento plausible de legítima defensa, dispara por la espalda a un delincuente que huye. Eso es ilegal, ya sea en territorio estadounidense o en aguas internacionales.
En los últimos 40 años, gran parte de América Latina ha experimentado transiciones silenciosas pero heroicas, dejando atrás brutales dictaduras militares y guerras civiles, y avanzando hacia la democracia y el Estado de derecho. En ese contexto, el mensaje que la ilegalidad de Estados Unidos transmite a toda la región no podría ser más tóxico.
Mientras tanto, las incautaciones de cocaína por parte de la CBP en las fronteras terrestres y costeras de Estados Unidos no muestran ningún cambio: promediaron 6.450 libras al mes en los seis meses desde que comenzaron los ataques, y 5.667 libras al mes en los seis meses anteriores. La CBP está encontrando más cocaína, no menos: los ataques a embarcaciones no han tenido ni siquiera un impacto mínimamente perceptible sobre el suministro de cocaína.
Repensar significa evitar lo que no funcionó en el pasado. Aparte de eliminar al intermediario e involucrar directamente a las fuerzas estadounidenses en abusos contra los derechos humanos, hay pocas novedades en el enfoque de la administración Trump hacia lo que denomina “narco-terrorismo” en América Latina.
Desde Pablo Escobar hasta El Chapo Guzmán, pasando por los líderes de las FARC, bombardear a los grupos violentos y criminales, o matar y capturar a sus líderes, es una receta que se ha probado durante casi 50 años. Lo mismo ocurre con la erradicación de las plantas utilizadas para fabricar algunas de las drogas y el incendio de innumerables laboratorios rurales. Sin embargo, las sobredosis por drogas procedentes de América Latina se encuentran cerca de máximos históricos, mientras que los grupos criminales se han diversificado hacia muchas otras fuentes de ingresos ilícitos, desde la extracción de metales preciosos hasta el tráfico de migrantes, pasando por la extorsión y muchas otras actividades.
Evaluar qué funciona
El crimen organizado supone una amenaza para la prosperidad y los derechos humanos en todo nuestro hemisferio. Por eso es tan importante aprender de los fracasos del pasado en lugar de insistir en ellos. El aprendizaje comienza con una evaluación lúcida de por qué ha sido más difícil combatir el crimen organizado que las insurgencias de izquierda de la región, la mayoría de las cuales fueron derrotadas u obligadas a negociar en los últimos 40 años.
El crimen organizado no es más difícil de combatir porque no se le haya atacado con suficiente fuerza o “cinética”: ya hemos visto mucho de eso. Es porque el crimen organizado es más capaz de asegurarse la cooperación de elementos corruptos dentro de los gobiernos, las fuerzas de seguridad, los sistemas judiciales y las empresas lícitas de toda la región. La corrupción y la colusión son reales y endémicas: los criminales más poderosos y eficaces de América Latina no necesitan esconderse en lo que pueden ser o no granjas lecheras. Viven en centros de población y cuentan con sólidas redes de relaciones.
Esas redes pueden absorber fácilmente las bombas lanzadas sobre lanchas y granjas. Una estrategia más eficaz comienza con la credibilidad y la eficacia de los sistemas judiciales y policiales y de la sociedad civil.
Privando al crimen organizado de oxígeno es la función de jueces, fiscales, investigadores, testigos, periodistas, funcionarios locales, organizadores y defensores de los derechos humanos que trabajan —a menudo con gran riesgo— para romper los lazos de colusión corrupta que subyacen a los mediocres resultados a largo plazo de los programas “cinéticos” del pasado.
Mientras ese trabajo avanza, una serie de iniciativas de probada eficacia a corto plazo —vigilancia policial en puntos conflictivos, interrupción de la violencia, programas de prevención de la violencia juvenil, programas de salida de las pandillas, mejoras en los espacios públicos, cámaras corporales y mucho más— pueden ganar tiempo para una reforma más profunda, haciendo que los ciudadanos se sientan más seguros a corto plazo sin violar derechos ni erosionar la democracia.Esto es diametralmente opuesto a la inquietante sugerencia del funcionario de la Casa Blanca Stephen Miller a los líderes militares latinoamericanos reunidos el 5 de marzo: “Seguro que tienen que lidiar con muchos abogados en su propio país. Tienen mi permiso para no hacerles caso”. Los abogados, las leyes, las fuerzas del orden y las comunidades son la solución, no el obstáculo. Si el objetivo es la seguridad duradera y el Estado de derecho, su valiente labor es mucho más trascendental que el “espíritu guerrero” de las fuerzas armadas.
