El 3 de enero de 2026 cambió el curso de la historia en Venezuela y existen diferentes perspectivas sobre si el país atraviesa o no una transición. Incluso si se clasificara como una transición, ponerle el apodo de “democrática” en este momento no pareciera posible. Aun con algunas aperturas, se mantienen las estructuras del gobierno autoritario que Nicolás Maduro condujo desde 2013 y que se consolidaron sobre la base de un profundo declive y del desmantelamiento democrático de su predecesor, Hugo Chávez.
El 5 de marzo, tras siete años de ruptura, ambos países restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares. El 8 de marzo, en el marco de la Cumbre “Escudo de las Américas” y en el mismo fin de semana en el que sostuvo una reunión con María Corina Machado, Donald Trump reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela y elogió su gestión. Más aún, Trump la llamó “presidenta electa”, aunque no fue elegida para el cargo, y existe suficiente evidencia de la falta de legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, del que era vicepresidenta.
En el contexto actual, aún inestable e incierto, podría abrirse un camino hacia la democracia o, por el contrario, consolidarse una nueva forma de autoritarismo. El transcurso del tiempo es un factor de riesgo que favorece a quienes pretenden preservar el poder, con tan solo unos cambios cosméticos. A dos meses de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de EEUU, desde WOLA ofrecemos un análisis de los acontecimientos e insistimos en lo que se requiere para una transición democrática genuina en el país. Los meses que vienen van a definir si EEUU se posiciona como un acelerador de la transición democrática o un estabilizador de un autoritarismo reconfigurado.
Lo que ha cambiado con Maduro fuera del poder
En medio de múltiples contradicciones, se produjo una alteración del equilibrio previo. Esta alteración ha traído como consecuencia algunas oportunidades y aperturas que las personas venezolanas reciben con optimismo y cautela.
Es de destacar lo rápido que el chavismo en el poder pasó la página tras la extracción y detención de Nicolás Maduro, y la facilidad con la que EEUU pasó de ser el gran “enemigo de la Revolución” a ser un aliado estratégico e incluso a restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Las imágenes de Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina de facto, estrechándole la mano al director de la CIA, John Ratcliff, recibiendo en Miraflores a la encargada de negocios, Laura Dogu, recorriendo campos petroleros junto al Secretario de Energía, Chris Wright, y cerrando un acuerdo minero con el Secretario de Interior, Doug Burgum, eran impensables en 2025.
El acercamiento con el gobierno estadounidense contrasta con el silencio de las autoridades venezolanas sobre los militares venezolanos y cubanos que murieron durante la operación. Esto no es el resultado de un cambio de convicción, sino una estrategia de supervivencia ante una amenaza real de uso de la fuerza, cuya legalidad ha sido seriamente cuestionada por organismos y organizaciones internacionales. Por su parte, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció, sin mayores detalles, un plan de tres fases para Venezuela que consiste en la estabilización, recuperación y transición, y en ese proceso se ha producido una enorme flexibilización de sanciones y una transformación de las relaciones comerciales entre los dos países.
Por otro lado, entre el 8 de enero y el 8 de marzo de 2026, organizaciones de derechos humanos han logrado verificar al menos 659 excarcelaciones. Entre las personas excarceladas se encuentran periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición, y algunos de ellos han vuelto a hacerse presentes en la vida pública. Algunos líderes que estaban en la clandestinidad han retomado su activismo. La sociedad civil ha reclamado algunos de sus espacios, probando hasta dónde pueden abrirse camino, reivindicando el rol de las universidades, los sindicatos y los medios de comunicación. Decanos de facultades y organizaciones de derechos humanos han acudido a los llamados de la Asamblea Nacional para brindar sus observaciones sobre algunos cambios normativos.
Lo que no ha cambiado en Venezuela
La salida de Nicolás Maduro no supuso el fin del autoritarismo en Venezuela. Hasta el momento, no ha habido un desmontaje institucional del modelo autoritario ni de la arquitectura represiva. Las aperturas antes mencionadas son incompletas e insuficientes.
A pesar de que la Asamblea Nacional recibió las observaciones de las organizaciones de derechos humanos sobre el proyecto de Ley de Amnistía, el 19 de febrero se aprobó esta legislación sin incorporar ajustes que eran esenciales. Si bien la ley constituye un primer paso en la dirección correcta y permitiría que muchas personas fuesen puestas en libertad, no reconoce el carácter de víctimas de quienes fueron afectadas por la represión, no asume la responsabilidad del Estado y no ofrece garantías para la verdad, la justicia y la reparación. Tampoco es una ley que adopta medidas para garantizar la no repetición. Más aún, la implementación de la ley queda a cargo del propio poder judicial que formó parte del aparato represivo. Más allá de la ley, es esencial resolver el problema del desmantelamiento de la institucionalidad democrática y la necesidad imperiosa de retornar a un Estado de Derecho, con independencia e imparcialidad de los operadores de justicia.
La represión en Venezuela ha sido tan sistemática y desproporcionada que las organizaciones de derechos humanos siempre han explicado que las cifras de casos verificados eran tan solo “la punta del iceberg” y, al momento de esta publicación, reflejan que todavía hay al menos 759 personas privadas de libertad por razones políticas. El proceso de excarcelación ha sido profundamente revictimizante para los familiares, especialmente para quienes aún esperan la libertad de sus seres queridos. Las autoridades de facto, que no llevan un control transparente, han trasladado la carga de verificar la información de las personas privadas de libertad a las mismas organizaciones que han señalado y criminalizado en el pasado. A pesar de que la Ley de Amnistía establece la extinción de las acciones penales, disciplinarias o civiles contra las personas beneficiadas por la amnistía, esta aplica únicamente a determinados hechos y delitos. Para las personas a quienes no les es aplicable la amnistía o no se ha otorgado, las garantías del debido proceso siguen burlándose: en la mayoría de los casos de las personas excarceladas no se ha realizado un sobreseimiento ni se ha archivado la causa, no se permite el nombramiento de defensa privada y no se brinda acceso al expediente. Hay casos de personas aún privadas de libertad a quienes no se les permite la visita de familiares en centros de reclusión.
Las leyes empleadas para justificar la represión siguen vigentes. Entre tantas otras, destacan la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General no han sido levantadas. Los partidos políticos siguen intervenidos. El Consejo Nacional Electoral no ha recuperado su independencia. No existen garantías para el ejercicio de la labor independiente en medios de comunicación y de los periodistas.
Luego, hay algunos movimientos en el poder que hay que observar con detenimiento, aunque no constituyen, a priori, un cambio. La salida de Tarek William Saab de la Fiscalía General y su nombramiento como Defensor del Pueblo disminuyen su poder, aunque su sustituto, Larry Davoe, ha sido representante del Estado ante organismos internacionales durante años, negando la responsabilidad del Estado y estigmatizando a defensores de derechos humanos. La aparente privación de libertad de Alex Saab y Raúl Gorrín, figuras cercanas al gobierno y acusadas de participar en la legitimación de activos, también es un hecho al que se debe dar seguimiento. Aunque la estructura de corrupción y represión se mantiene, hay que observar los movimientos en la balanza de poder y tener presentes las acusaciones del Departamento de Justicia de EEUU que permanecen activas contra altos funcionarios como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.
Finalmente, aunque Delcy Rodríguez ha cumplido con las demandas de EEUU en materia económica y hay una enorme expectativa de mejora en las condiciones para el próximo año, la inflación en Venezuela se mantiene en 60 por ciento y la brecha cambiaria entre la tasa del Banco Central de Venezuela y el dólar paralelo es de cerca del 50 por ciento, lo que sigue afectando a quienes hacen vida en Venezuela. Según el economista Jesús Palacios, la canasta básica equivale a 550 dólares al mes, mientras que el ingreso promedio es de 270 dólares, lo que evidencia la fragilidad del poder adquisitivo. Recuperar los servicios públicos y atender a la emergencia humanitaria compleja no solo requiere dinero y voluntad política, sino también la recuperación de la institucionalidad democrática y transparente, lo cual aún no ocurre.
El riesgo latente: un autoritarismo adaptativo
El peor escenario para Venezuela es la estabilización de un autoritarismo reconfigurado: la preservación del control absoluto del poder bajo otros rostros, sin una transformación democrática. Que este escenario no se consolide va a depender de varios factores: la presión que ejerza la sociedad civil y las fuerzas democráticas tanto dentro como fuera de Venezuela, la confluencia que pueda producirse entre los intereses de EEUU y los de quienes buscan una verdadera transición hacia la democracia, y la presión que puedan ejercer en el mismo sentido otros actores de gran influencia, como el sector privado y gobiernos europeos.
En esta confluencia de actores, el rol de EEUU es central. Puede configurarse como un acelerador de la transición o como un estabilizador del autoritarismo. Las señales que ha enviado la administración de Trump han sido mixtas y de difícil lectura: el secretario de Estado ha hablado en algunas ocasiones sobre la necesidad de un regreso a la democracia y de que se celebren elecciones, mientras que el presidente Trump insiste en cuán productiva ha sido la relación con Delcy Rodríguez y evita hablar de transición democrática. Por su parte, hay una comprensión bipartidista en el Congreso estadounidense de que existe una crisis en Venezuela y un llamado a una transición democrática genuina. Si la prioridad de EEUU es meramente la relación económica y la disminución de la migración, la transición democrática podría resultar secundaria. Sin embargo, como han explicado Francisco Monaldi y otros expertos, sin un cambio institucional, la esperanza de una bonanza petrolera será inviable.
La sociedad civil venezolana como principal promotora de la transición democrática
Luego de 26 años con el mismo partido en el poder, con una profunda crisis humanitaria, de derechos humanos y del Estado de derecho, el objetivo no puede ser, a priori, una transición democrática perfecta, sino una viable y sostenible. Sin presión sostenida, tanto interna como externa, la ventana actual podría cerrarse en favor de un nuevo equilibrio autoritario.
Tal como lo ha señalado el académico y analista Guillermo Aveledo, el retorno de líderes políticos y activistas en el exilio podría ser un elemento de presión tanto para Trump como para Delcy Rodríguez, planteándoles un dilema: si el gobierno de facto en Venezuela opta por la represión, le aumenta el costo político a Trump de seguirla llamando aliada; por su parte, si Rodríguez tolera su regreso, se ejerce presión para abrir el espacio cívico. Este es el tipo de dilema que las fuerzas democráticas tienen que plantear a los líderes de ambos países.
La transición democrática en Venezuela debe ser inclusiva y contar principalmente con el impulso de la sociedad civil y de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que han resistido al autoritarismo y siguen movilizándose. Este es el momento del movimiento de derechos humanos y de los movimientos sociales, y se requiere el acompañamiento de los organismos internacionales que, durante años, han documentado la situación del país y han construido estándares internacionales que han de servir de guía para la transición. Se necesita en Venezuela una agenda para la reinstitucionalización del país y una labor continuada para la apertura del espacio cívico, al tiempo que se exige a EEUU que condicione su política exterior y flexibilización en la relación económica, a aperturas democráticas y garantías de transparencia en el manejo de los recursos. Un grupo de organizaciones ya publicó un listado de 10 acciones urgentes para encauzar la transición en Venezuela. Esas aperturas mínimas, que constituyen tan solo un punto de partida, deberían servir como una mínima ruta aceptable para el gobierno de EEUU y el resto de la comunidad internacional.
En este frágil momento político, que se origina en una acción sumamente cuestionable de EEUU, la pregunta no es si algo cambió en Venezuela, sino si ese cambio abrirá el camino a la democracia o terminará estabilizando un nuevo autoritarismo.
