El 3 de abril de 2026, la administración Trump presentó al Congreso su propuesta de presupuesto federal para el año fiscal 2027. Si bien la histórica solicitud de 1,5 billones de dólares para el gasto en defensa está generando atención, la propuesta de ayuda exterior de EE. UU., con solo 33 600 millones de dólares para actividades diplomáticas y de asistencia del Departamento de Estado, un recorte de 12 000 millones de dólares respecto a la cantidad que el Congreso asignó para el año fiscal 2026, también merece ser analizada.
A continuación, WOLA destaca los puntos clave que el presupuesto de ayuda exterior propuesto revela sobre las prioridades de la administración Trump en el segundo año de su mandato, especialmente en lo que respecta a América Latina y el Caribe. Para el año fiscal 2026, el Congreso, que ostenta la autoridad sobre el presupuesto federal, se distanció de algunas de las principales peticiones de la administración, entre ellas la financiación de programas y organismos independientes que la administración había intentado suprimir.
Al deliberar sobre las prioridades de financiación para el año fiscal 2027, el Congreso debería ejercer su función de supervisión, prevista en la Constitución, para garantizar que la administración destine los fondos asignados tal y como se ha establecido para el año fiscal 2026, sin dejar de demostrar su independencia respecto al poder ejecutivo en cuestiones prioritarias. Esto debería incluir programas que impulsen la afirmación realizada por la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes para el año fiscal 2026 de que “cree firmemente que la defensa de la democracia y los derechos humanos es fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos.”
- El hemisferio occidental representa la mitad de la solicitud para la cuenta Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE), y un regreso a la guerra contra las drogas
El INCLE, un programa creado en pleno apogeo de la guerra contra las drogas durante la década de 1980, es una de las mayores fuentes de ayuda para América Latina y una de las muy pocas partidas presupuestarias que pueden destinar fondos tanto a las fuerzas armadas y policiales como a los poderes judiciales y a programas económicos (siempre que estén relacionados con las drogas). En la solicitud para 2027, casi la mitad de la financiación mundial del INCLE (535 millones de dólares de un total de 1.200 millones) se destinaría a América Latina y el Caribe. Hace veinte años (2006-2007), en pleno apogeo del “Plan Colombia”, América Latina representaba casi dos tercios del gasto del INCLE de 1.200 millones de dólares (sin ajustar por la inflación). Para 2027, casi con toda seguridad por primera vez desde que se creó el programa, la solicitud prevé más ayuda del INCLE para México que para Colombia (90 millones de dólares frente a 85 millones).
Durante la última década, los programas del INCLE han ido adoptando un enfoque más integral, dejando atrás la atención exclusiva a las drogas ilícitas para centrarse de manera más amplia en la delincuencia organizada, que obtiene muchos más ingresos de fuentes no relacionadas con las drogas (minería ilegal, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, robo de combustible) que cuando se creó el programa. A medida que los delitos violentos se convirtieron en una fuente creciente de inestabilidad y en un factor impulsor de la migración, una mayor parte de los programas del INCLE se centró en abordar las razones por las que los ciudadanos se sienten desprotegidos, incluyendo las reformas judiciales y la corrupción de los funcionarios públicos y su colusión con el crimen organizado.
Al igual que la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, que se centra mucho más en lo que denomina “narco-terrorismo” que en otros fenómenos delictivos del hemisferio, la solicitud de ayuda exterior para 2027 supone un retroceso respecto a la programación de los últimos años. Aparte de breves menciones al “tráfico de migrantes” y al “tráfico de armas de fuego”, la narrativa del INCLE sobre América Latina y el Caribe incluida en la solicitud de ayuda no hace referencia alguna a otras fuentes de ingresos no relacionadas con las drogas. Aunque la minería ilícita podría ser al menos tan lucrativa como las drogas, con el oro a casi 5.000 dólares la onza, brilla por su ausencia en el debate sobre los objetivos del INCLE. En la programación para una región que representa el 8% de la población mundial, pero que concentra un tercio de sus homicidios, los factores que impulsan los delitos violentos solo aparecen en referencias a las bandas y a los “narcoterroristas.”
En lugar de invertir en las personas e instituciones valientes que trabajan para romper los vínculos entre los Estados y los delincuentes, la solicitud del INCLE se pone anteojeras y se centra casi exclusivamente en las prioridades de la guerra contra las drogas de finales del siglo XX, además de hacer referencia a la ampliación del “acceso y la influencia de Estados Unidos.” Eso no funcionó en la década de 1980 y tampoco funcionará ahora.
- El gobierno está redoblando sus esfuerzos para desmantelar el apoyo de Estados Unidos a la democracia y los derechos humanos en el extranjero
Al igual que en la solicitud presupuestaria para 2026, el Departamento de Estado vuelve a manifestar su intención de eliminar el Fondo para la Democracia, administrado por la Oficina de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo, destinado a apoyar a la sociedad civil y a otros actores en la promoción de la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza a nivel mundial. En este sentido, el departamento propone que los programas que anteriormente recibían financiación a través de esta partida “podrían financiarse a través del ‘Fondo de Oportunidades America First’” (“podrían”, no “se financiarán”). En 2026, el Congreso asignó 205 millones de dólares al Fondo para la Democracia (una reducción respecto a los más de 345 millones de dólares de 2025), lo que subraya la necesidad de que el Congreso ejerza una supervisión rigurosa de esta partida para determinar si la administración está gastando los fondos asignados y de qué manera, así como para garantizar una financiación sólida para 2027.
Del mismo modo, la administración está intentando de nuevo eliminar la Fundación Nacional para la Democracia (NED), que cuenta con el apoyo de ambos partidos. En 2026, el Congreso asignó 315 millones de dólares a la NED y a sus principales institutos (el Instituto Nacional Demócrata, el Instituto Republicano Internacional, el Centro de Solidaridad y el Centro para la Empresa Privada Internacional). En el presupuesto para 2027, presentado por la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, la administración califica a la NED —cuya junta directiva actual incluye tanto a miembros republicanos como demócratas del Congreso, así como a personas que, de hecho, la primera administración Trump nombró para ocupar cargos en el Departamento de Estado— como “una organización partidista y sin control que financia medios de propaganda woke, censura las voces conservadoras e intenta desestabilizar gobiernos soberanos con los que Estados Unidos no está en guerra.”
Ni el presupuesto de la OMB ni la justificación presupuestaria del Departamento de Estado hacen mención alguna al apoyo a la democracia o a los derechos humanos como objetivo global de la ayuda exterior de Estados Unidos.
- El “Fondo de Oportunidades ‘America First’” impulsaría el ‘Corolario de Trump’ a la Doctrina Monroe
Al igual que para el año fiscal 2026, el Departamento de Estado solicita una cantidad considerable —5.000 millones de dólares a nivel mundial— y una amplia discrecionalidad en el gasto a través del ‘Fondo de Oportunidades America First’, que abarcaría muchas de las partidas presupuestarias autorizadas legalmente por la Ley de Ayuda Exterior de 1961. En 2026, el Congreso estipuló que hasta 850 millones de dólares de las cuentas de ‘Asuntos Internacionales de Narcoticos y Aplicación de la Ley’, ‘Operaciones de mantenimiento de la paz’ y ‘Programa de Financiación Militar Extranjera’ “pudieran ponerse a disposición del ‘Fondo de Oportunidades America First’ para proporcionar asistencia que haga a Estados Unidos más seguro, más fuerte y más próspero, respondiendo a las crisis, colaborando de forma proactiva con socios estratégicos y contrarrestando las amenazas de los adversarios,” al tiempo que se mantuvieran otras categorías de financiación específicas. (La administración había solicitado casi 2.900 millones de dólares para este fondo en 2026).
Este año, la solicitud del gobierno consiste en una financiación flexible “para impulsar alianzas e iniciativas estratégicas en consonancia con la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) del presidente.” En lo que respecta al hemisferio occidental, dichos fondos se regirían por el ‘Corolario de Trump’ a la Doctrina Monroe y se aprovecharían para “fomentar las alianzas y alinear a los actores regionales con los intereses de Estados Unidos,” por ejemplo, en materia de comercio, minerales críticos y lucha contra la migración ilegal. En términos generales, la administración ha definido el ‘Corolario de Trump’ a la Doctrina Monroe como una forma de “restablecer la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas clave en toda la región. Denegaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio.” Otros documentos estratégicos que abordan la doctrina se centran en que la administración restablezca la “primacía absoluta en nuestro hemisferio”.
- El gobierno eliminaría la financiación destinada a varios organismos regionales y organizaciones independientes
La justificación presupuestaria del Departamento de Estado presentada al Congreso no incluye ninguna partida específica para la Organización de los Estados Americanos —a la que el Congreso había asignado 29,3 millones de dólares en 2026— ni para otras organizaciones interamericanas. Como hemos señalado anteriormente, tanto la exposición de motivos conjunta como el informe de la Cámara de Representantes que acompañan al proyecto de ley para el año fiscal 2026 afirmaban que “el secretario de Estado debería considerar la posibilidad de realizar contribuciones voluntarias a la Organización de los Estados Americanos para programas de derechos humanos y democracia, en consonancia con los compromisos de la Carta de la Organización de promover la democracia representativa y proteger los derechos humanos.”
Tampoco se solicita financiación para la Fundación Interamericana, un organismo independiente del gobierno de los Estados Unidos que ha contado con apoyo bipartidista durante más de 50 años y que lleva a cabo proyectos de desarrollo local en América Latina. La Fundación Interamericana recibió 29 millones de dólares del Congreso para 2026.
- El apoyo a los migrantes y refugiados se limita en gran medida a la ayuda humanitaria de emergencia y a la reducción de la migración masiva
El presupuesto propone destinar 500 millones de dólares a la partida de Ayuda de Emergencia para Refugiados y Migrantes (ERMA), lo que complementa los 4.000 millones de dólares solicitados para la Ayuda Humanitaria Internacional (IHA), que agrupa las partidas de Ayuda a Migrantes y Refugiados y de Ayuda Internacional en caso de Catástrofes. Si bien esto supone 400 millones de dólares adicionales para la partida ERMA que los destinados en 2026, la solicitud representa una reducción de 1.400 millones de dólares en la partida de ayuda humanitaria de la IHA.
Mientras que el ERMA se centra principalmente en proporcionar ayuda de emergencia para “responder a crisis migratorias y de refugiados urgentes e imprevistas,” la IHA, la principal cuenta destinada a apoyar los sistemas de refugiados y asilo en otros países, así como el reasentamiento de refugiados en EE. UU., se centra ahora principalmente en “programas de lucha contra la migración,” lo que incluye el apoyo a “esfuerzos para reducir la inmigración masiva e ilegal, como la financiación de los retornos voluntarios de extranjeros ilegales, el incentivo a los gobiernos para que apliquen acuerdos de tercer país seguro y el desarrollo de la capacidad de gestión migratoria de otros países.”
Aunque esta última podría ser una medida importante para respaldar los programas de reasentamiento en los países de acogida —un ámbito que el Congreso también ha apoyado—, la financiación parece estar dirigida principalmente a facilitar la expulsión de los migrantes de Estados Unidos o a impedirles acceder a la protección en este país. La partida solo financiaría el reasentamiento de hasta 7.500 refugiados en Estados Unidos, a la espera de la determinación del presidente para 2027. Esta cifra sería la misma que en 2026, cuando la prioridad para el reasentamiento recayó en los afrikaners de Sudáfrica, aunque los expertos señalan la falta de pruebas de que estos se enfrenten a un riesgo elevado de persecución.
- Esta es la solicitud de ayuda menos transparente que hemos visto en décadas de seguimiento de los programas de asistencia
La solicitud anual de presupuesto para asuntos internacionales que se presenta al Congreso suele dividirse en dos fases: un documento inicial breve, como el publicado el 3 de abril, seguido, unas semanas más tarde, por un conjunto de documentos más extenso y detallado que incluye descripciones, apéndices y tablas complementarias. Este documento inicial no solo revela los planes de la administración para el año siguiente: normalmente, también ofrece al Congreso y a la opinión pública estadounidense un primer vistazo de cómo se gastó el dinero el año anterior y cómo la administración prevé gastarlo durante el año en curso.
Es especialmente importante conocer el gasto del año anterior y del año en curso para 2025 y 2026. Hace un año, la nueva administración Trump y su “Departamento de Eficiencia Gubernamental” prácticamente suprimieron la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e impusieron recortes drásticos en la mayoría de las partidas de ayuda, cancelando cientos de programas y contratos. Los responsables de la asignación de fondos de la mayoría republicana en el Congreso no se opusieron a esos recortes, a pesar de que violaban directamente la potestad constitucional del poder legislativo en materia presupuestaria.
La solicitud presupuestaria para 2027 prometía ofrecer una primera visión oficial de la magnitud de los recortes de 2025: qué programas se vieron más afectados y qué países resultaron más perjudicados. Sin embargo, sus tablas omiten por completo las cifras por países y regiones correspondientes a 2025 y 2026 y solo ofrecen los totales generales a nivel mundial.
Por el momento, lo único que sabemos sobre los detalles de la ayuda exterior de Estados Unidos es lo previsto hasta 2024, además de una vaga idea de las aspiraciones del gobierno para 2027.
Los datos sobre la ayuda exterior de 2025 y 2026 deben figurar en los documentos de justificación presupuestaria más detallados, que se publicarán en un plazo de uno o dos meses. Si esa información sigue sin aparecer, el Departamento de Estado estará infringiendo directamente la ley. La Ley de Ayuda Exterior (artículo 634) exige que el Departamento facilite “al Congreso y al pueblo estadounidense” el “valor en dólares de toda la ayuda exterior y las garantías, por categoría y por país,” tal y como se gastó el año anterior, tal y como está previsto para el año en curso y tal y como se propone para el año siguiente. El texto es claro: la administración no puede ocultar información sobre sus profundos recortes presupuestarios para 2025 y 2026.
