La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM por sus siglas en inglés) sobre Venezuela de las Naciones Unidas es el único organismo de monitoreo independiente dentro de la ONU con el mandato de investigar violaciones sistemáticas y abusos de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores en Venezuela. En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la FFM, junto con el mandato de asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). Ambos mandatos expiraron en septiembre de 2024 y el Consejo votará sobre su renovación esta semana, durante su 57° período de sesiones.
En septiembre, la FFM emitió su primer informe desde que el gobierno, bajo el presidente Nicolás Maduro, se negó a divulgar resultados creíbles de la elección presidencial del 28 de julio. El informe condenatorio detalló cómo las instituciones estatales lanzaron una campaña de persecución sistemática contra los opositores políticos, sirviendo también como un recordatorio oportuno de la importancia del trabajo de la FFM.
Durante los últimos cinco años de trabajo, que abarcan tres mandatos, la FFM ha sido fundamental en la documentación de los abusos generalizados cometidos por las autoridades venezolanas, y se ha convertido en un faro para las víctimas, sobrevivientes y la sociedad venezolana en general en su búsqueda de verdad y justicia. En un contexto donde las instituciones estatales —cooptadas por el gobierno de Maduro— garantizan la impunidad de los abusos contra los derechos humanos, la FFM juega un papel crucial en salvaguardar evidencias que pueden ser utilizadas en futuros esfuerzos para la rendición de cuentas de los perpetradores. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe votar a favor de renovar el mandato cuando este se someta a consideración esta semana.
Antecedentes de la Misión de Determinación de los Hechos
La FFM, establecida en octubre de 2019 para investigar «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014«, ha emitido influyentes informes que documentaron la existencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas y el gobierno de Maduro. Investigaciones previas realizadas por la FFM han:
- Identificado a funcionarios de rango medio y alto como potencialmente responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes llevados a cabo en el país desde 2014 (septiembre de 2020, A/HRC/45/33);
- Expuesto el papel activo del poder judicial en la comisión de abusos contra los derechos humanos y la colaboración con el estado para garantizar la impunidad (septiembre de 2021, A/HRC/48/CRP.5);
- Explorado los mecanismos de represión generalizados entre otras instituciones estatales (septiembre de 2023, A/HRC/54/CRP.8);
- Evidenciado un esfuerzo coordinado de los servicios de inteligencia estatales para reprimir a la oposición política o a quienes son percibidos como tales (septiembre de 2022, A/HRC/51/CRP.3);
- Documentado violaciones de derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco en el estado Bolívar (septiembre de 2022, A/HRC/51/CRP.2); y
- Destacado la falta de reformas genuinas de las instituciones de aplicación de la ley del país tras la disolución de las problemáticas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) (septiembre de 2023, A/HRC/CRP.9).
¿Por qué es esencial renovar el mandato de la FFM?
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- Desde que se estableció la FFM en 2019, las autoridades venezolanas no han mejorado sus prácticas; al contrario, han escalado la represión.
A pesar de la extensa documentación de abusos generalizados, el gobierno no ha avanzado en abordar las violaciones de derechos humanos. Con 25 muertos y 1,767 encarcelados tras las elecciones, la situación de derechos humanos en Venezuela ha alcanzado su punto más bajo. Además, con el inicio del próximo período presidencial el 10 de enero y las elecciones locales, regionales y legislativas previstas para 2025, existe un riesgo significativo de que la situación se deteriore aún más. Más allá del contexto electoral, los abusos de derechos humanos en Venezuela han sido tan graves y sistemáticos que la FFM tiene aún un trabajo significativo por hacer en otras áreas específicas, incluyendo la relación del gobierno con grupos criminales.
2. Como la única misión de verificación internacional e independiente con el mandato de documentar abusos en Venezuela, la FFM es esencial para corroborar y amplificar los informes de las organizaciones de la sociedad civil local.
En su último informe de septiembre, la FFM corroboró información de organizaciones de la sociedad civil que documentan la ola de represión sin precedentes desde las elecciones del 28 de julio. Las autoridades emplearon métodos que van desde la cancelación de pasaportes hasta arrestos masivos indiscriminados para inhibir la difusión de información independiente y prevenir protestas ciudadanas pacíficas. La FFM determinó que estas violaciones de derechos humanos no fueron incidentes aislados, sino parte de “un plan coordinado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno del Presidente Maduro”.
De manera alarmante, la misión determinó que el gobierno venezolano había promulgado medidas que, tomadas en conjunto, “constituyen el crimen contra la humanidad de persecución por motivos políticos, en razón de la identidad de las víctimas como opositores políticos reales o percibidos del Gobierno o personas que simplemente son críticas con el Gobierno”.
3. La FFM juega un papel crucial en defender las aspiraciones del pueblo venezolano en su búsqueda de verdad, justicia y rendición de cuentas.
Bajo las condiciones actuales, donde el poder judicial carece de independencia e imparcialidad, las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela continúan buscando justicia en vano. Al documentar los mecanismos de represión, identificar cadenas de mando y exponer patrones de persecución por parte del gobierno a miembros de la oposición o quienes son percibidos como tal, la FFM sirve como un mecanismo clave para avanzar en los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
El trabajo de la FFM es invaluable para las víctimas, asegurando que sus voces sean escuchadas y sus testimonios reflejados en sus hallazgos. La FFM también realiza recomendaciones que podrían contribuir a desarrollar medidas de no repetición en el futuro. Asimismo, los hallazgos de la FFM aportan a la investigación ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en última instancia podrían conducir a garantizar la justicia en Venezuela, apoyando el cumplimiento del principio de complementariedad en el derecho internacional.