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El 31 de mayo, los colombianos votaron en la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Estos son algunos de los principales resultados.
La sorpresiva victoria del candidato “outsider”
De los cinco aspirantes presidenciales, el candidato de extrema derecha y outsider Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, lo que da paso a una segunda vuelta el 21 de junio frente al candidato de izquierda Iván Cepeda, quien recibió el 40,9% de los votos, tras un colapso del apoyo al centroderecha. De la Espriella terminó tres puntos porcentuales por delante de Cepeda, una diferencia de aproximadamente 670.000 votos. Si bien las encuestas fueron precisas al predecir las cifras de Cepeda, no se previó que las cifras de de la Espriella superarían a las de Cepeda.
Un análisis geográfico de los resultados revela una clara división territorial. Las regiones centrales de Colombia, las zonas menos afectadas por la violencia y el conflicto armado, respaldaron mayoritariamente a de la Espriella, mientras que las áreas rurales, afectadas por el conflicto y periféricas, apoyaron predominantemente a Cepeda.
En las últimas semanas de campaña, la candidatura de la opositora uribista Paloma Valencia, considerada hasta entonces otra de las favoritas, colapsó. Su campaña tuvo dificultades para presentar un mensaje coherente. Las tensiones dentro de su fórmula y el ascenso de de la Espriella como alternativa de derecha debilitaron aún más su atractivo electoral. Su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, un político centrista y abiertamente homosexual, discrepó públicamente con ella en varios temas clave, entre ellos la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la política de drogas y la propuesta de nombrar al expresidente Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Estas contradicciones, sumadas a un discurso anticuado popular durante la década de 2000, contribuyeron a la confusión entre los votantes y debilitaron su credibilidad en una etapa crítica de la contienda.
Petro reclama un protagonismo no deseado
El presidente actual, Gustavo Petro, rechazó y desconoció los resultados del conteo preliminar de las elecciones, argumentando posibles irregularidades en el software de conteo y una discrepancia en el censo electoral. Petro afirmó que solo aceptaría los resultados si eran validados por jueces en la revisión final. Gregorio Eljach, el Procurador General de Colombia, le recordó a Petro que el sistema legal colombiano no le permite al presidente validar o rechazar los resultados electorales, y afirmó que lo que estaba haciendo Petro era «inconveniente» y «poco sano». La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la Misión de Observación Electoral de Colombia desestimaron las acusaciones de fraude de Petro.
Petro se ha convertido en una figura central de la campaña de segunda vuelta, promoviendo activamente la candidatura de Cepeda mientras ataca a de la Espriella. Su protagonismo ha complicado los esfuerzos de Cepeda por distanciarse del presidente y atraer a los votantes moderados y de centro.
En un esfuerzo por distanciarse de Petro, Cepeda declaró: «no hay irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude.» Si bien Cepeda ha buscado ampliar su coalición, abandonando los llamados a una asamblea constituyente y acercándose a líderes políticos de centro, Petro ha intensificado su retórica incendiaria en redes sociales, dominando con frecuencia el debate público.
Como resultado, Cepeda se encuentra en una posición política difícil. No puede distanciarse demasiado de Petro sin arriesgar el apoyo de la base de izquierda, que sigue siendo esencial para la campaña. Sin embargo, su continua asociación con el presidente, especialmente a medida que la retórica de Petro se vuelve más polarizante, le dificulta atraer a los votantes moderados e independientes que necesita para ganar la segunda vuelta.
Dos visiones muy distintas para Colombia
Los dos aspirantes a la próxima presidencia de Colombia presentan perfiles profesionales y visiones para el país muy diferentes. Abelardo de la Espriella es un reconocido abogado penalista, empresario y político de derecha colombiano que ha construido una imagen pública casi de celebridad a través de su retórica agresiva, su presencia en redes sociales y un estilo de campaña muy teatral. Nacido en Bogotá y criado en Montería, Córdoba, proviene de una familia influyente vinculada a la élite política y económica de Colombia. Como fundador de una exitosa firma de abogados con operaciones en Colombia y Estados Unidos, se hizo notorio por representar a figuras polémicas, entre ellas el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el empresario Alex Saab. Más allá del derecho, es propietario de marcas de lujo y es conocido por su estilo de vida extravagante. Presentándose como un outsider político, ha hecho campaña a través de su movimiento «Defensores de la Patria», con énfasis en el nacionalismo, el liderazgo fuerte y la oposición al establecimiento político colombiano.
La propuesta de de la Espriella se centra en una agenda de seguridad de mano dura inspirada en líderes como Nayib Bukele, que incluye poner fin a las negociaciones de paz con grupos armados, ampliar las cárceles, aumentar el gasto militar, autorizar tácticas policiales más severas y, potencialmente, usar facultades de emergencia para restablecer el control territorial. Se opone firmemente al acuerdo de paz de 2016 con las FARC y se ha comprometido a desmantelar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En lo económico, defiende una agenda orientada al mercado inspirada en parte en las reformas de Javier Milei, proponiendo grandes reducciones del gasto público, desregulación, recortes de impuestos y una renovada inversión en hidrocarburos. Socialmente conservador, se opone al aborto, a la adopción por parejas del mismo sexo y a la «ideología de género», mientras promete eliminar el Ministerio de la Igualdad. En política exterior, se alinea estrechamente con Estados Unidos e Israel, respalda una postura más dura frente a la migración, y ha propuesto reconsiderar la participación de Colombia en algunas instituciones internacionales, incluidas la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con Estados Unidos, planea impulsar un Plan Colombia 2.0 y unirse al Escudo de las Américas.
Iván Cepeda, por su parte, es un senador colombiano, defensor de derechos humanos y figura destacada de la izquierda progresista del país, cuya identidad ha sido marcada por la historia de violencia política y conflicto armado de Colombia. Hijo del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, asesinado, pasó parte de su juventud en el exilio y, posteriormente, dedicó su carrera a la defensa de las víctimas de la violencia estatal y a la promoción de los derechos humanos. Formado en filosofía y derecho internacional humanitario, Cepeda obtuvo reconocimiento nacional e internacional por su liderazgo en el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y, posteriormente, como legislador. Conocido por su estilo calmado e intelectual, ha sido uno de los críticos más destacados del país del expresidente Álvaro Uribe y uno de los principales arquitectos de las iniciativas de construcción de paz, incluido su respaldo al acuerdo de paz de 2016 con las FARC y a las negociaciones posteriores con grupos armados.
La visión de Cepeda se centra en profundizar en la implementación del acuerdo de paz de 2016, avanzar en las negociaciones con grupos armados ilegales y abordar las causas estructurales del conflicto mediante el desarrollo rural, la reforma agraria y la inversión social. Defiende un enfoque de seguridad centrado en los derechos humanos, la presencia del Estado y el desmantelamiento de las economías criminales ilegales, en lugar de depender principalmente de la fuerza militar. En lo económico, apoya una transición que aleje al país de las industrias extractivas hacia una economía más sostenible y productiva, que incluya la reforma agraria, el desarrollo de energías renovables y un mayor apoyo a las empresas cooperativas y comunitarias. También favorece un papel más fuerte del Estado en la salud, la ampliación de los servicios públicos y políticas orientadas a reducir la desigualdad. En política exterior, Cepeda promueve el compromiso diplomático, la integración latinoamericana y el respeto al derecho internacional, incluyendo enfoques basados en el diálogo para las crisis regionales.
Estados Unidos respalda directamente a un candidato
Durante más de dos siglos, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia evitaron cuidadosamente interferir en las elecciones del otro país. Esta relación fue ampliamente considerada un modelo de bipartidismo: sin importar qué partido estuviera en el poder en cada país, los responsables de la política de EE. UU. se comprometían a trabajar con quien resultara electo presidente de Colombia, y Colombia hacía lo mismo. Esa tradición se resquebrajó tras la llegada al poder de Gustavo Petro —el primer presidente de izquierda de Colombia— en 2022. Un pequeño grupo de legisladores republicanos lo rechazó por ser un exguerrillero, por sus vínculos con Cuba y Venezuela, y por discrepancias en sus políticas internas e internacionales, mientras que una serie de enfrentamientos entre Petro y Trump en redes sociales desató varias crisis diplomáticas. Las consecuencias fueron significativas: Estados Unidos descertificó a Colombia en materia de política antidrogas, revocó la visa de Petro y lo incluyó en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Una reunión en la Casa Blanca entre ambos líderes en febrero alivió la tensión inmediata, pero la relación se ha mantenido tensa.
Antes de la primera vuelta electoral, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dejó claro que Estados Unidos estaba monitoreando de cerca las elecciones para garantizar que el proceso fuera libre y justo. Antes de viajar a Colombia como observador internacional oficialmente acreditado, integrando una misión estadounidense compuesta por más de 80 observadores, el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno declaró que no reconocería los resultados si grupos armados intimidaron a los votantes.
En una jugada similar a la que tuvo en Honduras, Argentina y Brasil, el presidente Donald Trump publicó un respaldo a Abelardo de la Espriella en su red Truth Social dos días después de la primera vuelta. Declaró: «los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos.» Este respaldo directo a un candidato forma parte de la estrategia de la administración Trump para dominar la región. El respaldo directo a un candidato fue cuestionado por los representantes Gregory Meeks, Delia Ramírez y Adelita Grijalva.
Un contexto violento y polarizado
Las elecciones presidenciales de primera vuelta se llevaron a cabo en medio de una preocupación significativa por la violencia política y el deterioro de la seguridad. La Misión de Observación Electoral (MOE), de la sociedad civil, documentó 565 hechos de violencia política desde enero de 2025, incluyendo el asesinato de un candidato presidencial, secuestros, ataques contra candidatos y personal de campaña, vandalismo contra sedes de campaña y amenazas de muerte.
La situación general de seguridad y humanitaria también era alarmante. El número de integrantes de grupos armados ilegales aumentó de aproximadamente 22.000 en 2024 a 27.000 a finales de 2025. El reclutamiento forzado de menores se ha convertido en una preocupación creciente. Según el International Crisis Group (ICG), los secuestros y la extorsión se duplicaron entre 2024 y 2025, mientras que los homicidios aumentaron de manera significativa en las regiones afectadas por el conflicto.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido que la crisis humanitaria de Colombia ha alcanzado su nivel más grave en una década, impulsada por la escalada de hostilidades y el incumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de los grupos armados.
En respuesta a estas preocupaciones, WOLA se unió a otras 34 organizaciones internacionales para emitir, antes de las elecciones, una declaración pública en la que se advertía sobre la violencia política, la intolerancia electoral y la intimidación a los votantes. Afortunadamente, la jornada electoral en sí transcurrió en gran medida de manera pacífica, sin incidentes mayores de violencia.
El pueblo colombiano merece elecciones justas y libres de violencia. Con la segunda vuelta acercándose rápidamente el 21 de junio, y a la luz de las preocupaciones de seguridad y la polarización política, los responsables de política de Estados Unidos deberían apoyar las instituciones democráticas de Colombia y un proceso electoral libre y justo. Los actores internacionales deberían abstenerse de hacer declaraciones o tomar acciones que puedan percibirse como favorables a un candidato sobre otro.
