La reciente visita a Washington del Fiscal General de Guatemala, Gabriel García Luna, acompañado por el Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, marca un cambio importante en la relación entre el Ministerio Público (MP) de Guatemala y las agencias de seguridad y justicia de Estados Unidos. Tras varios años en los que la cooperación institucional estuvo limitada debido a preocupaciones sobre el deterioro del Estado de derecho y el uso político del sistema de justicia, los encuentros sostenidos con funcionarios de los Departamentos de Justicia y Seguridad Interior sugieren una disposición de ambas partes para restablecer canales de colaboración en áreas prioritarias como el combate al narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y otras formas de crimen organizado transnacional.
Para Estados Unidos, la cooperación con Guatemala es fundamental para avanzar en su agenda de seguridad regional. Las redes criminales que operan en Centroamérica tienen un impacto directo en los flujos de drogas, armas y dinero ilícito, afectando a ambos países. Asimismo, la participación conjunta del Fiscal General y del Ministro de Gobernación en la visita constituye una señal positiva de coordinación entre las instituciones responsables de la persecución penal y de la seguridad pública, así como de la voluntad del gobierno guatemalteco de profundizar la cooperación bilateral en estos ámbitos. Sin embargo, la experiencia de los últimos años demuestra que la cooperación técnica y operativa, por sí sola, difícilmente producirá resultados sostenibles si no está acompañada de esfuerzos serios de fortalecimiento institucional y de recuperación de la independencia judicial.
La capacidad del Estado guatemalteco para enfrentar de manera efectiva al crimen organizado depende no solo de mejores herramientas de investigación o de una mayor coordinación internacional, sino también de la existencia de instituciones de justicia independientes, profesionales y libres de interferencias políticas. La cooperación bilateral enfrenta el desafío de operar en un contexto donde hay una necesidad urgente de reconstruir la credibilidad de las instituciones de justicia guatemaltecas tras años de denuncias de captura institucional, persecución de operadores de justicia independientes, y debilitamiento de los mecanismos anticorrupción.
Por ello, la reanudación de la cooperación debe verse como un primer paso y no como un punto de llegada. Guatemala continúa necesitando una reforma integral del sector de justicia que fortalezca la independencia judicial, profesionalice las instituciones encargadas de la persecución penal y garantice mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Sin estos cambios, existe el riesgo de que los avances logrados mediante la cooperación bilateral sean temporales y vulnerables a cambios políticos futuros.
Asimismo, cualquier estrategia de cooperación seria para combatir el narcotráfico y las estructuras criminales debe incluir medidas robustas contra la corrupción. En Guatemala, está plenamente documentado cómo redes ilícitas han buscado influir en instituciones públicas para garantizar la impunidad y proteger intereses criminales. Estas dinámicas no se limitan a una sola institución y pueden involucrar a actores en distintos niveles del Estado, incluyendo autoridades nacionales y gobiernos locales. La cooperación internacional será más efectiva si incorpora esfuerzos dirigidos a fortalecer los controles institucionales, la transparencia y la investigación de estructuras de corrupción vinculadas al crimen organizado.
Para los responsables de la política exterior en Washington, el restablecimiento de la cooperación con el Ministerio Público ofrece una oportunidad para apoyar avances concretos en materia de seguridad y justicia, pero también exige mantener un enfoque basado en principios democráticos y en los derechos humanos. El éxito de esta nueva etapa debería medirse no solo por el número de operativos o capturas realizadas, sino también por indicadores relacionados con la independencia institucional, la protección del debido proceso, la reducción de la impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho.
En este contexto, presentamos las siguientes recomendaciones a diferentes actores relacionados con la cooperación bilateral.
Recomendaciones
Congreso de Estados Unidos:
- Fortalecer la supervisión de la asistencia estadounidense a Guatemala, incluyendo audiencias periódicas que analicen los resultados de los diferentes programas de cooperación en materia de seguridad y justicia implementados por los Departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Interior.
- Incluir en los requisitos para la cooperación el desarrollo de indicadores de desempeño vinculados al fortalecimiento institucional, y no únicamente a métricas operativas como capturas o incautaciones, incorporando criterios relacionados con la independencia judicial, el debido proceso y la reducción de la impunidad.
- Incorporar salvaguardas de derechos humanos en todos los programas de cooperación, incluyendo el monitoreo independiente y mecanismos de evaluación de impacto.
- Mantener y evaluar el uso de herramientas de rendición de cuentas, incluidas sanciones individuales por corrupción significativa o por ataques al Estado de derecho cuando exista evidencia suficiente.
- Solicitar informes periódicos al Departamento de Estado sobre los riesgos de corrupción y de captura institucional en las instituciones que reciben asistencia estadounidense.
A la administración de Trump:
- Mantener la cooperación con el Ministerio Público y otras instituciones de seguridad, pero condicionar su expansión a avances verificables en materia de transparencia, independencia judicial y respeto a los derechos humanos.
- Apoyar una reforma integral del sector de justicia, que incluya el fortalecimiento de las capacidades investigativas, los sistemas de control interno, la carrera fiscal y los mecanismos de selección meritocrática de autoridades judiciales.
- Priorizar estrategias anticorrupción como parte central de la agenda de seguridad, reconociendo que el combate al narcotráfico y al crimen organizado requiere enfrentar las redes de protección política e institucional que facilitan su operación.
- Apoyar a actores independientes del sistema de justicia, de la sociedad civil y del periodismo investigativo, cuya labor resulta fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas.
Al Ministerio Público de Guatemala:
- Implementar un proceso de fortalecimiento institucional y de revisión interna que identifique prácticas, nombramientos y estructuras que hayan contribuido a la pérdida de independencia y credibilidad de la institución.
- Impulsar mecanismos de rendición de cuentas ante posibles abusos de poder, la instrumentalización de la persecución penal y la obstrucción de investigaciones de corrupción o de crimen organizado, de conformidad con el debido proceso y las garantías constitucionales.
- Revisar casos de presunta criminalización de operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, a fin de garantizar que la acción penal responda exclusivamente a criterios jurídicos y no políticos.
- Fortalecer las unidades especializadas en investigación de corrupción, lavado de dinero, redes político-criminales y crimen organizado, asegurando su autonomía técnica y recursos suficientes.
- Restablecer la confianza pública mediante políticas de transparencia, incluyendo la publicación de datos, los criterios de priorización de casos y los mecanismos de supervisión externa.
- Priorizar investigaciones sobre la corrupción vinculada al narcotráfico y al crimen organizado a nivel nacional y local, particularmente en aquellas áreas donde existen indicios de la captura de instituciones públicas por parte de estructuras criminales.
- Garantizar la protección y la reincorporación de capacidades técnicas en el sistema de justicia, incluida la recuperación de conocimientos institucionales perdidos tras la salida de fiscales, jueces y otros operadores de justicia especializados.
La cooperación renovada entre Washington y el Ministerio Público puede producir avances importantes contra el crimen organizado transnacional. La participación coordinada del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación en este acercamiento bilateral ofrece una oportunidad para fortalecer una estrategia integral de seguridad y justicia. Sin embargo, sin esfuerzos paralelos para revertir la captura institucional, fortalecer la independencia judicial y garantizar la rendición de cuentas por los abusos pasados, los resultados probablemente serán limitados y difíciles de sostener a largo plazo.
