La relación bilateral entre Estados Unidos y Honduras ha enfrentado muchas fisuras las cuales se han agravado con la administración de Trump. Varios tomadores de decisiones, especialmente del partido republicano, ven al gobierno de Xiomara Castro como una amenaza a la relación bilateral por sus vínculos político-comerciales con China y por el respaldo dado a los regímenes autoritarios de Nicaragua y Venezuela. En la gira por Centroamérica que realizó el Secretario de Estado, Marco Rubio a inicios de febrero de 2025 no incluyó a Honduras, lo cual envía un fuerte mensaje.
Durante su primer mandato, la administración de Trump mantuvo una buena relación diplomática con el ex presidente Juan Orlando Hernández, quien en 2022 fue extraditado a Estados Unidos y declarado culpable por delitos relacionados al tráfico de drogas en 2024. Durante el juicio también hubo declaraciones sobre actos de fraude electoral cometidos en las elecciones de 2017. Además, recientemente un asesor cercano al presidente Trump, Roger Stone, señaló que Hernández fue criminalizado “porque se interpuso en el camino del gobierno socialista autoritario de Honduras y sus planes globalistas para acabar con la libertad”. Estas declaraciones dejan muchas preguntas sobre cuál será el rumbo de la relación bilateral de Honduras con Estados Unidos, pese a que recientemente la presidenta Castro anunció que mantendrá la vigencia del tratado de extradición y están cooperando en los planes de deportación de la administración de Trump, incluyendo en recibir a personas migrantes venezolanas para que ellas luego sean regresados a su país de origen por el gobierno venezolano.
En ese contexto incierto, el 9 de marzo los partidos políticos de Honduras celebrarán elecciones primarias para elegir sus candidatos para las elecciones generales que se celebrarán el 30 de noviembre de 2025. A continuación enlistamos algunos aspectos a tener en cuenta sobre las elecciones primarias y el papel de la cooperación, actualmente frenado de Estados Unidos para apoyar a las elecciones en el país:
Tres partidos políticos con serias pugnas internas y candidatos presidenciales cuestionados
Actualmente hay tres partidos políticos en la contienda electoral, frente a un complejo escenario de polarización política.
En el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), posicionado abiertamente de izquierda, se postula la actual Secretaria de Defensa, Rixi Moncada, quien cuenta con mayor respaldo de Xiomara Castro y su esposo el expresidente Manuel Zelaya. Moncada en su actual rol de funcionaria pública, ha mantenido estrecha relación con Estados Unidos; sin embargo, debe renunciar a su cargo para no tener impedimentos para ser candidata. El otro candidato es el actual vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tome, quien fue sancionado por Estados Unidos bajo la sección 353 de actores corruptos y antidemocráticos.
El Partido Nacional (PN), posicionando como derecha/derecha extrema, postula también a cuatro candidatos, incluyendo la esposa del ex presidente Juan Orlando Hernández, Ana García. También está en la contienda Nasry Asfura, a quien la Fiscalía actualmente le está acusando por delitos de corrupción. También se postulan Jorge Zelaya y Roberto Martínez.
El Partido Liberal (PL), cuya posición política está al centro, postula a Jorge Calix, un disidente del Partido LIBRE y ha sido una de las principales voces opositoras. También es candidato Salvador Nasralla, quien ha hecho mucha incidencia con tomadores de decisiones de Estados Unidos y ha prometido restaurar la relación con Taiwán. En campaña, ambos han puesto a los presidentes Nayib Bukele y Javier Mieli como ejemplo a seguir. Por otro lado, también presentaron su candidatura la diputada Maribel Espinoza, y Luis Zelaya, quien ha denunciado irregularidades internas del PL de cara a las primarias.
No se descarta que el PL podría buscar una alianza de oposición, especialmente si resulta ganador de la primaria Jorge Calix, ya que, en el pasado, él ha pactado con el PN.
La paralización de la cooperación de Estados Unidos impacta la institucionalidad electoral y a la sociedad civil
Si bien la Organización de Estados Americanos (OEA) enviará un equipo técnico para las elecciones primarias, no hay garantía de disponibilidad de los fondos necesarios para el despliegue de una misión de observación que pueda cubrir las necesidades de las elecciones generales de noviembre. Asimismo, la capacidad de monitoreo y observación de organizaciones de la sociedad civil – tanto nacionales como internacionales- se ha visto afectada por la congelación de fondos de cooperación de Estados Unidos. Esto podría tener un impacto aún mayor para las elecciones generales de noviembre y en garantizar un proceso libre, transparente y justo, ya que, debido a las complejidades propias del proceso y al contexto político, se requiere mayor veeduría.
Organizaciones internacionales apoyadas por Estados Unidos han detenido sus proyectos de apoyo técnico y financiero; así es el caso de la International Foundation for Electoral Systems (IFES) quienes han dado asesoría técnica importante al Consejo Nacional Electoral (CNE), la entidad estatal encargada del proceso.
Por otra parte, el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés), ha tenido que frenar sus esfuerzos de impulsar un esfuerzo coordinado de la sociedad civil por medio de la “Red-H”, una coalición que incluía a la academia, el sector privado, religiosos y la sociedad civil. En otros países como Guatemala, han sido esenciales este tipo de espacios para la defensa de la democracia y la integridad electoral.
Es fundamental monitorear el financiamiento de la campaña electoral y fortalecer la Unidad de Política Limpia
La financiación electoral ilícita y la falta de rendición de cuentas han sido problemas serios que han afectado la gobernabilidad democrática y fomentado la corrupción e impunidad estructural en Honduras. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández evidenció cómo el narcotráfico y el crimen organizado transnacional ha penetrado tanto al poder local como a altas esferas, incluyendo a las fuerzas armadas y la policía.
Es importante que las autoridades electorales cumplan su función fiscalizadora de los fondos que reciben los partidos políticos y que estos asuman nuevas prácticas de transparencia sobre cómo y quién les financian. Esto es esencial para evitar que grandes redes de corrupción y narcotráfico tengan influencia en lo estatal para garantizar impunidad en sus operaciones ilícitas, como lavado de dinero y violencia.
Hay un requisito en la normativa electoral que manda a que todas las personas postulantes que participen en las elecciones internas deben abrir una cuenta bancaria de manera individual para recibir todas las donaciones o aportaciones a campaña. Únicamente 1233 candidatos de 5800 han cumplido este requisito, es decir, únicamente el 21 por ciento.
Es esencial que haya límites a los gastos de campaña. En este sentido, la Unidad de Financiamiento de Transparencia y Fiscalización, que se conoce como Unidad de Política Limpia, tiene varios obstáculos para poder fiscalizar:
- Acuerdo de reserva de información del Instituto de Acceso a la Información que impide que la ciudadanía sepa quienes están financiando a los partidos políticos.
- Falta de asistencia técnica y financiera de Estados Unidos: esto ha impactado proyectos importantes que estaban en marcha, como el uso de un software para monitorear las redes sociales, y que ahora la Unidad no puede cubrir.
Riesgos de violencia electoral en medio de disputas territoriales/ambientales
Se han registrado ataques preocupantes hacia las autoridades electorales como lo denunció la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, quien señaló haber recibido amenazas e intimidación. Por otro lado, el nivel de violencia electoral y los ataques a los candidatos ha aumentado. Al menos tres candidatos municipales han sido asesinados . Esto solo refleja la disputa territorial de las municipalidades y la complejidad de cómo converge la lucha de poder de grupos del narcotráfico y crimen organizado.
Honduras ocupa actualmente el décimo lugar en el Índice de Paz Global entre los 12 países de América Central y el Caribe por su inestabilidad impulsada por conflictos internos, corrupción, crimen organizado y economías ilícitas. Poderosas redes criminales y economías ilegales, a menudo vinculadas a industrias extractivas como la minería, la agricultura y la tala, están invadiendo tierras indígenas y rurales. Esta explotación no solo alimenta la violencia, sino que también conduce al desplazamiento forzado y a ataques dirigidos contra los defensores del medio ambiente, como se ha visto en la zona del río Guapinol, asolada por los conflictos, y en la región de la Mosquitia.
Conclusión
Es importante que las autoridades hondureñas garanticen unas elecciones libres, transparentes y justas. Si bien el Congreso Nacional aprobó el presupuesto para las elecciones, lo que garantiza que el proceso avance, como la contratación de la empresa Smarmatic para la transmisión de datos, es de suma importancia que los tomadores de decisiones asuman un compromiso real, especialmente para el monitoreo de la financiación de la campaña electoral y que pueda coordinar interinstitucionalmente para una mayor eficacia, especialmente con la Fiscalía de Delitos Electorales.
Asimismo, es importante que Estados Unidos restablezca la cooperación tanto a las instituciones electorales como a la sociedad civil para que se pueda garantizar la integridad del proceso electoral, especialmente para la observación tanto doméstica como internacional.
De la misma manera, es esencial que el gobierno de Estados Unidos, por medio del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) y otras agencias, redoblen esfuerzos para la lucha contra el crimen organizado y con ello reducir los riesgos que implica el financiamiento electoral ilícito y la violencia electoral a nivel municipal y nacional.
