Nicaragua ha atravesado uno de los casos más graves de retroceso democrático en las Américas, con un aumento de la represión y severas restricciones al espacio cívico tras las protestas de 2018. El gobierno Ortega-Murillo ha desmantelado la separación de poderes y ha subordinado al Ejecutivo el poder judicial, la autoridad electoral y el poder legislativo. Las libertades de asociación y de religión han sido restringidas de manera sistemática: miles de ONGs, universidades y medios de comunicación han sido clausurados o despojados de su personalidad jurídica, la Iglesia católica ha sufrido un hostigamiento sostenido que incluye la expulsión y el encarcelamiento de miembros del clero, y la sociedad civil independiente ha sido prácticamente borrada del país. Los partidos políticos han sido o cooptados, las elecciones han perdido todo carácter competitivo y podrían llegar a suprimirse por completo, y la disidencia tiene como respuesta detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, apatridia y, cada vez más, asesinatos fuera de las fronteras de Nicaragua.
A pesar de la magnitud de este colapso, la respuesta diplomática de los gobiernos latinoamericanos ha sido notablemente mínima. Solo un pequeño número de países de la región ha adoptado posiciones constantes y de alto perfil para condenar al régimen o impulsar una acción multilateral coordinada, y los organismos regionales han tenido dificultades para mantener la presión a lo largo del tiempo. Las acciones para denunciar al régimen Ortega-Murillo e impulsar una transición democrática han sido impulsadas principalmente de Estados Unidos, de gobiernos europeos y de los mecanismos de derechos humanos de la ONU; aun cuando esos actores enfrentan sus propias limitaciones y, en ocasiones, contradicciones.
Este artículo examina aspectos clave de la situación actual de los derechos humanos en Nicaragua y del papel de la comunidad internacional.
Un deterioro de la situación de derechos humanos, con una represión que trasciende las fronteras de Nicaragua
El gobierno Ortega-Murillo ha promulgado algunas de las leyes y medidas más restrictivas de la región contra las ONGs. En octubre de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que obliga a los nicaragüenses que trabajen para “gobiernos, empresas, fundaciones u organizaciones extranjeras” a registrarse como agentes extranjeros. A ello siguió, en marzo de 2022, la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que faculta al gobierno para cancelar el registro legal de las organizaciones que, según el Estado, promuevan “campañas para desestabilizar el país”, y para confiscar sus bienes. Otras leyes y reformas adoptadas en 2024 consolidan el control sobre las organizaciones no gubernamentales que permanecen en el país y sobre las de nueva creación. Desde 2018, las autoridades han cancelado el registro de más de 5.600 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al 31 de julio de 2026 había 60 personas presas políticas en Nicaragua: 51 hombres y 9 mujeres, 15 de ellos adultos mayores y 23 en situación de desaparición forzada. El informe de marzo de 2026 del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN) documentó 199 detenciones por motivos políticos (174 hombres y 25 mujeres) entre abril de 2025 y mediados de enero de 2026. El informe más reciente del GHREN, publicado el 22 de septiembre de 2026, verificó 161 casos de desaparición forzada y ocho casos de personas que murieron bajo custodia estatal desde abril de 2018 a causa de atención médica inadecuada, condiciones insalubres y, en varios casos, tortura u otros malos tratos. El informe destaca el caso de Brooklyn Rivera, líder político miskito de 73 años quien murió el 1 de junio bajo custodia, tras haber sido detenido arbitrariamente durante más de 900 días, en los que se desconoció su paradero y su estado de salud. Otros presos políticos, como Víctor Boitano, Carlos Brenes y Salvadora Martínez, son personas mayores que padecen enfermedades crónicas o que ponen en riesgo su vida.
El GHREN ha documentado ampliamente la expansión de la represión transnacional, incluido el asesinato, el 19 de junio de 2025, de Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército de Nicaragua que vivía en el exilio en Costa Rica. Para febrero de 2026, los expertos habían documentado más de una docena de asesinatos, intentos de asesinato y agresiones. El caso más reciente es el atentado del 14 de septiembre contra el líder campesino opositor Reinaldo Picado Miranda, exiliado en Costa Rica, quien ya había sobrevivido a otro atentado tres meses antes. Organizaciones nicaragüenses en el exilio han identificado a 16 personas atacadas entre 2018 y 2026 (9 en Costa Rica y 7 en Honduras), de las cuales 11 fueron asesinadas. Además, 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad; muchos de ellos eran presos políticos desnacionalizados arbitrariamente tras ser expulsados del país, mientras que otros 200 nicaragüenses han visto impedido su reingreso tras viajar al extranjero.
La política exterior de Estados Unidos: acciones e incoherencias
El gobierno de Estados Unidos negoció con el gobierno Ortega-Murillo, en febrero de 2023, la liberación de 222 presos políticos y su traslado a Estados Unidos. Tanto la administración actual como las anteriores han seguido imponiendo sanciones selectivas a funcionarios nicaragüenses y a personas, empresas y particulares vinculados al régimen. La gestión del Departamento de Estado ha contribuido a mantener visibles a nivel internacional, casos individuales como el de Brooklyn Rivera.
En diciembre de 2024, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) inició una investigación para determinar si las prácticas laborales, de derechos humanos y de Estado de derecho de Nicaragua constituían una carga injustificada para el comercio estadounidense. Posteriormente concluyó que Nicaragua había incurrido en abusos laborales y de derechos humanos cada vez más generalizados y había desmantelado sistemáticamente las protecciones del Estado de derecho. El 10 de diciembre de 2025, la USTR anunció un arancel gradual a todas las importaciones nicaragüenses no cubiertas por el CAFTA-DR: 0 % desde el 1 de enero de 2026, 10 % en 2027 y 15 % en 2028.
Por su parte, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebraron audiencias sobre la situación en Nicaragua en septiembre de 2026. En el Senado se ha presentado un proyecto de ley bipartidista para aumentar las restricciones y sanciones contra el régimen Ortega-Murillo, mientras que un proyecto presentado en la Cámara a comienzos de este año ampliaría los criterios de sanción y el apoyo estadounidense a los derechos humanos y la democracia, entre otras medidas. En los últimos años, el Congreso ha asignado de manera constante 15 millones de dólares a programas de democracia y libertad religiosa en Nicaragua.
Si bien estas medidas son bienvenidas, la administración Trump adoptó políticas que han perjudicado el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y a la población nicaragüense en Estados Unidos, incluidas las personas solicitantes de asilo. La cancelación de los fondos de USAID en enero de 2025 afectó de inmediato a organizaciones nicaragüenses, entre ellas periodistas independientes, que dependen casi exclusivamente de la cooperación estadounidense. Con el apoyo estadounidense reducido, se ha visto limitada la viabilidad de las plataformas digitales que permiten a las redacciones nicaragüenses operar desde el exterior, así como el apoyo a las medidas de protección y a los gastos de reubicación de periodistas en riesgo.
En materia migratoria, desde 2018, más de 800.000 nicaragüenses han abandonado el país y más de 342.000 han solicitado asilo en Costa Rica, Estados Unidos, España y otros países. A pesar de esta realidad, en junio de 2025 la administración canceló el programa de parole humanitario establecido por la administración Biden, que otorgaba un estatus legal de dos años y autorización de trabajo a personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Aproximadamente 93.000 nicaragüenses se habían beneficiado de este programa. Luego, el 8 de julio de 2025, la administración puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses, vigente desde 1999, lo que dejó a más de 2.900 personas sin estatus legal en el país. Según reportes de prensa, las autoridades estadounidenses han devuelto a casi 8.000 nicaragüenses al país en lo que va del año. El ICE Flight Monitor, administrado por Human Rights First, reportó nueve vuelos de deportación a Nicaragua solo en julio, frente a siete en junio.
Entre los nicaragüenses detenidos y, en varios casos, deportados desde Estados Unidos y devueltos a Nicaragua o a un tercer país, hay solicitantes de asilo, incluidos ex prisioneros políticos y sus familiares, lo que socava la protección que se pretendía garantizar con esas excarcelaciones. En enero de 2026, diez Procedimientos Especiales de la ONU enviaron una comunicación al gobierno estadounidense en la que expresaron su profunda preocupación por la detención y el riesgo de deportación de seis nacionales nicaragüenses (entre ellos defensores de derechos humanos, opositores políticos, líderes indígenas y personas con problemas de salud) a Nicaragua o a terceros países considerados inseguros, como Honduras. Un ejemplo es Yadira Córdoba Obando, defensora de derechos humanos y miembro de Madres de Abril, quien huyó primero a Costa Rica y luego a Estados Unidos debido a las amenazas persistentes vinculadas a la persecución transnacional contra figuras de la oposición nicaragüense. Yadira solicitó asilo en Estados Unidos, pero las autoridades la detuvieron en Texas en agosto de 2025, después de una comparecencia administrativa de rutina. Aunque se ordenó su deportación a Honduras, no pudo abordar el vuelo de deportación programado en enero debido a un problema de transporte y fue devuelta a detención. En febrero fue deportada a México. Un activista campesino nicaragüense cuyo nombre no se divulgó, incluido en la comunicación, habría sido deportado a Nicaragua en diciembre de 2025.
Las políticas migratorias estadounidenses han afectado incluso a los 222 presos políticos que Estados Unidos acogió en febrero de 2023 como parte de la Operación Nica Welcome, ninguno de los cuales ha obtenido asilo en Estados Unidos hasta ahora. Juan Barilla, exmiembro del Movimiento Campesino de Nicaragua que formaba parte del grupo, fue detenido en abril de 2025 y deportado a Honduras en noviembre de 2025. Marvin Castellón Ubilla, otro exprisionero político, fue detenido por ICE en mayo de 2026 y no fue liberado hasta julio. Entre abril y septiembre de 2026, otros seis de los 222 presos políticos que llegaron a Estados Unidos como parte del grupo fueron detenidos por ICE y permanecen bajo custodia migratoria. Organizaciones aliadas han informado que al menos un familiar de un preso político del grupo, que había solicitado asilo en Estados Unidos, fue deportado a Nicaragua y ha sido encarcelado por el gobierno de Ortega-Murillo.
Acciones regionales
El 2 de octubre de 2026, la OEA celebró una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para examinar la situación en Nicaragua, impulsada por Estados Unidos. Se adoptó una resolución que, entre otras medidas, exhorta a las autoridades nicaragüenses a liberar a los presos políticos y restablecer las libertades civiles, y establece un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua de carácter voluntario como vía para una posible acción coordinada entre los Estados miembros, cuyos detalles se exponen a continuación. En particular, el grupo deberá “buscar un acercamiento pronto y directo con las autoridades nicaragüenses, procurando realizar, de ser posible, una visita a Nicaragua encabezada por los ministros de Relaciones Exteriores.” Aunque el retiro de Nicaragua de la OEA limita la capacidad formal de influencia de la organización y la Carta Democrática Interamericana no prevé mecanismos automáticos de aplicación, la reunión sirvió como plataforma para que los gobiernos coordinaran acciones concretas.
