El 27 de marzo de 2022, a petición del presidente Nayib Bukele la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción, suspendiendo garantías constitucionales y otorgando poderes sin restricciones a las fuerzas de seguridad de El Salvador. Lo que se suponía que sería una medida por treinta días ha sido renovada mensualmente por la supermayoría legislativa del partido Nuevas Ideas del presidente Bukele. Actualmente, hay más de 110,000 personas en prisión, con 85,000 personas detenidas desde que se implementó el régimen de excepción en marzo de 2022. Muchas organizaciones de derechos humanos e incluso algunos senadores en Estados Unidos han hecho llamados para el cese de esta medida, ya que no es una solución permanente para la seguridad. En tres años, el régimen de excepción se ha convertido en una política permanente que se basa en el encarcelamiento masivo y no en brindar justicia o prevenir los factores causantes de la violencia.
Durante años, El Salvador fue conocido como la “capital mundial del asesinato”, con una tasa de homicidios alta que alcanzó los 106 por cada 100,000 habitantes en 2015. Gobiernos anteriores a Bukele habían promovido “treguas” entre las dos pandillas que se han enfrentado constantemente: MS13 -ahora designada por Estados Unidos como grupo terrorista- y el grupo Barrio 18. Esos acuerdos no llegaron a mayor resultado; tal como lo hicieron algunos de sus predecesores, hay evidencia de que el presidente Bukele negoció con los líderes de las pandillas para reducir la violencia. A esto, el gobierno de Estados Unidos respondió con sanciones financieras contra los principales asesores en materia de seguridad de Bukele. Por su parte, el Departamento de Justicia ha encausado investigaciones contra líderes de las pandillas, como Elmer Canales-Rivera alias “Crook de Hollywood”, señalando que esté lider “negoció con funcionarios del gobierno de El Salvador y obtuvo beneficios y concesiones”
Desde la declaración del régimen de excepción, la tasa de homicidios ha disminuido en más del 80%, según lo reporta la Policía Nacional Civil. El gobierno de El Salvador hace hincapié en su política de mano dura contra las pandillas y ha promovido su estrategia como el “Modelo Bukele” para poder extenderlo a otros países de la región. Sin embargo, a la sombra de este modelo persisten graves violaciones a derechos humanos y un preocupante retroceso democrático.
En el marco del tercer año de régimen de excepción, respondemos cuatro preguntas clave sobre las implicaciones más amplias de esta política en los derechos humanos en El Salvador y lo que este modelo de seguridad significa para la sociedad en el largo plazo.
¿Cuál es la situación del país a tres años del régimen de excepción?
Después de la violencia generada por la guerra (1980-1992), la población salvadoreña empezó a ser víctima de extorsiones, homicidios y femicidios por parte de grupos juveniles criminales conocidos como pandillas, que se formaron originalmente entre centroamericanos en Estados Unidos y que luego fueron deportados a sus países de origen. Sin acceso a una justicia efectiva y con múltiples gobiernos que no lograron desarrollar programas basados en derechos humanos para garantizar la seguridad de la población, la violencia se arraigó en el país.
A raíz del régimen de excepción el Estado salvadoreño inició un proceso de cambio, mediante el control de estos grupos por parte de las fuerzas de seguridad y como resultado de la suspensión de garantías constitucionales relacionadas al debido proceso. La situación de seguridad ha mejorado, pero la situación de la democracia ha empeorado porque no existen frenos ni contrapesos ni independencia de los tres poderes del Estado.
Por tres años, la estrategia del presidente Bukele ha sido la encarcelación masiva que utiliza la fuerza pública desmedida como un método de orden, incluyendo las fuerzas militares. El problema de fondo no se está resolviendo porque el resultado ha sido sólo controlar y contener la criminalidad de estos grupos mediante las detenciones frente a una institucionalidad de justicia debilitada y controlada por el poder ejecutivo.
Producto de ello han habido una serie de reformas legales, especialmente a las leyes penales, para crear nuevos delitos y nuevos modelos de persecución penal. Por ejemplo, se utiliza el delito de asociaciones ilícitas para perseguir grupalmente a varias personas así como la introducción de juicios “masivos”, lo cual contraviene los estándares internacionales en materia de justicia. Se encarcelan grupos y no se enjuician personas.
Aunque el país que está enfrentando mayores tasas de inseguridad alimentaria, una crisis de agua potable, y la necesidad de renovar a miles de centros escolares y invertir en educacion, el gobierno está incrementando el presupuesto en seguridad, por ejemplo, el de las fuerzas armadas y en la construcción de la nueva prisión, el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT), donde también fueron llevados las personas venezolanas por parte del gobierno de Estados Unidos.
¿Qué existe en términos de acceso a la información real de la situación de las personas detenidas? ¿Y cuáles son las preocupaciones en derechos humanos para la gente detenida?
El Salvador tiene 25 centros de detención. Sin embargo, han sido dos o tres centros penales en donde se ha concentrado el encarcelamiento masivo de las personas. El CECOT, tiene capacidad para 40.000 personas, es decir solo el 30% de la población detenida actualmente, el resto de la población está en otros centros como el de Mariona en el cual se han registrado torturas y otras violaciones. En estos otros centros no hay acceso a la prensa ni organizaciones de derechos humanos ya que el presidente Bukele no está mostrando al mundo la verdadera realidad sino videos editados y producidos de CECOT. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que han cometido tortura y otros tratos crueles e inhumanos. También señaló que al menos en aproximada de 350 personas han muerto bajo custodia del Estado desde la declaración del régimen de excepción.
Recientemente Estados Unidos envió un avión a El Salvador con personas venezolanas y salvadoreñas, incluyendo miembros de las maras. La administración de Trump pagó 6 millones de dólares al gobierno de Bukele para alojar a estas personas en el CECOT por un año, aunque ha admitido que muchas de las personas venezolanas no tienen ningún récord criminal en Estados Unidos. Durante su visita al CECOT el 26 de marzo, la Secretaría de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, afirmó que continuarán trabajando con Bukele y buscarían aumentar el número de migrantes enviados a El Salvador (aunque actualmente más vuelos están bloqueados por un tribunal estadounidense). Así, parecería que el gobierno de Bukele ha convertido la migración en un negocio, recibiendo alrededor de 20,000 dólares por persona.
Además de la situación de las cárceles, otro elemento es la falta de acceso a la información verídica. No sabemos con certeza cómo, por ejemplo, la Policía Nacional reporta los homicidios. Los datos oficiales de la policía afirman que, hasta el 19 de marzo, hubo 64 días sin homicidios en El Salvador y 861 días sin asesinatos durante la administración de Bukele. Sin embargo, las causas de muertes en prisión, por ejemplo, no son reportadas.
En este sentido, es importante resaltar que el “Modelo Bukele” tampoco ha desmantelado y desarticulado las maras porque de alguna manera siguen operando en otros países, ni tampoco está brindando justicia efectiva. Se necesitan instituciones de investigación criminal sólidas que puedan realmente iniciar persecución, iniciar un proceso de investigación de estas maras y desmantelar a estos grupos.
Recientemente, los Estados Unidos designó a la MS-13 como organización terrorista extranjera. ¿Cómo se caracteriza este grupo criminal?
La violencia dentro de El Salvador se ha reducido, pero es importante tomar en cuenta que grupos como la Mara Salvatrucha (MS 13) son redes transnacionales que tienen operaciones en los países del norte de Centroamérica. Con el tiempo se han ido extendiendo y tienen mucho poder en países como Guatemala y Honduras y una presencia en el país de su origen, Estados Unidos.
Que sea designado como una organización terrorista abre una posibilidad del combate a este grupo y las personas que la apoyan, de una manera más agresiva. No obstante, la categoría de “terrorista” que utiliza Estados Unidos es normalmente para organizaciones que utilizan la violencia con fines políticos e ideológicos y no hay necesariamente evidencia que las maras son así, utilicen la violencia más bien para fines económicos.
Con el argumento del “terrorismo” Estados Unidos y el gobierno de El Salvador han llegado a acuerdos para encarcelar, sin debido proceso ni evidencia, migrantes venezolanos quienes supuestamente están vinculados al Tren de Aragua, organización también desginada como terrorista. Dentro de este caso también se retornó a 23 líderes de las maras. Un caso que llamó la atención es el del César López Larios conocido como “El Greñas” de la MS 13 quien se cree revelaría información ante el sistema de justicia estadounidense sobre los vínculos de Bukele con las cúpulas de poder de las pandillas.
¿Cuáles son las recomendaciones desde WOLA para mejorar la situación de derechos humanos?
La comunidad internacional, especialmente los órganos de protección a derechos humanos tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano así como órganos multilaterales, como la Organización de Estados Americanos, deben hacer llamados al gobierno de El Salvador para que se cese el régimen de excepción. Asimismo, es importante que se haga una revisión de la situación humanitaria de las personas que están detenidas y que se liberen a las personas que no tienen ninguna vinculación con las pandillas, menores de edad y por cuestiones humanitarias a mujeres y personas de la tercera edad. Esto tomando en cuenta que el mismo presidente declaró que han habido personas inocentes detenidas.
Por otro lado, es importante resaltar que el régimen de excepción dejó de ser una política en seguridad para contener la violencia ocasionada por las pandillas, a un instrumento autoritario para reprimir, perseguir y callar callar voces críticas y disidentes, como son varios casos en que han estado documentado, como el del defensor Fidel Zavala y otras personas defensoras.
Debe haber una reforma integral al sistema penitenciario y al de justicia, especialmente para que haya una salida judicial para todas las personas que están siendo procesadas. Debido a la cantidad de casos, no se promueven investigaciones criminales adecuadas y que se imparta justicia porque los operadores de justicia no tienen capacidades de atender toda la demanda que tienen para que las personas puedan recibir un juicio justo. Una persona no puede recibir un juicio justo en juicios masivos con 900 personas, un juez no puede revisar la evidencia cuando están básicamente juzgando grupos y no personas, y lo que se tiene que juzgar son a las personas.
Estados Unidos tiene que evaluar la asistencia que está otorgando en materia de seguridad. Hay ciertas prohibiciones, como la Ley Leahy de no dar apoyo en materia de seguridad a agentes ni unidades implicadas en violaciones a los derechos humanos, y esto ya está suficientemente documentado en el caso de El Salvador. Por eso es importante que Estados Unidos enfoque su cooperación en proyectos de fortalecimiento de la justicia, a la mejora de mecanismos de investigación criminal en la Fiscalía, en proyectos de prevención de la violencia, entre otras áreas que sí están destinadas a resolver el problema de la inseguridad.
El apoyo a la sociedad civil y periodismo independiente es fundamental, ya que han jugado un rol importante en documentar, denunciar y brindar apoyo a las víctimas y sus familiares, con el paro de la cooperación de Estados Unidos, la labor de estos grupos se ha visto afectada y solo deteriora más el estado de la democracia.
