A 12 años de la desaparición forzada de 43 normalistas en el caso Ayotzinapa, y a lo largo de tres gobiernos federales distintos, las familias han superado diversos intentos de impedir su acceso a la verdad y la justicia. Pero persisten obstáculos clave.
Mientras tanto, la lucha de las familias de las personas desaparecidas a nivel nacional avanza en la ONU. Este año, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) remitió a la Asamblea General la situación de desapariciones en México, recomendando que México reciba asistencia internacional para enfrentar la crisis. Sin embargo, el gobierno mexicano ha rechazado el proceso.
Con más de 131,000 personas desaparecidas, es esencial que el Estado mexicano reconozca la gravedad de la crisis y elimine los obstáculos que impiden abordarla eficazmente, superando las resistencias institucionales y escuchando a las familias para desplegar todas las medidas necesarias de prevención, búsqueda y justicia.
Caso Ayotzinapa: luces y sombras a 12 años de los hechos
Desde la noche del 26 de septiembre de 2014, las familias del caso Ayotzinapa han tenido que superar innumerables obstáculos, incluido el intento de diversas instituciones del Estado de presentar durante el gobierno de Enrique Peña Nieto una falsa verdad de los hechos: la famosa ‘verdad histórica’ anunciada en 2015, que resultó ser una versión construida a partir de fabricaciones y tortura.
Con el apoyo de las organizaciones mexicanas de derechos humanos que acompañan a las familias (el Centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y Serapaz), así como del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, se logró desmentir la versión falsa. Asimismo, se reveló la participación de autoridades de diversos niveles antes, durante y después de los hechos. Bajo la gestión del primer titular de la Unidad Especial de investigación del caso de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo (junio de 2019 a septiembre 2022), se dieron pasos importantes en la investigación penal.
Gracias a estos esfuerzos, hoy varios funcionarios de alto nivel han sido detenidos en el caso, principalmente por delitos relacionados con las irregularidades en la investigación y por delincuencia organizada, estando pendiente la resolución de sus casos. Pero eso no ha significado el pleno acceso a la verdad y la justicia —ni el fin de los obstáculos. Entre otros, en 2022, Gómez Trejo tuvo que renunciar ante injerencias indebidas desde otros niveles e instancias de la FGR.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador había llegado a la presidencia en 2018 con el compromiso de avanzar en el caso; su gobierno creó una comisión interinstitucional para tal fin e invitó al GIEI a regresar a México, entre otras medidas. Sin embargo, a lo largo de su sexenio (2018-2024), los avances logrados sufrieron retrocesos. López Obrador terminó por descalificar repetidamente a las familias y sus representantes, en particular al Centro Prodh, cuando la documentación e investigación del caso fue revelando prácticas de impunidad y opacidad que involucraban a las fuerzas armadas. En julio de 2023, el GIEI anunció su salida del caso, en gran parte debido a que las fuerzas armadas se negaban a entregar toda la información en su poder sobre los hechos.
Hasta la fecha, las fuerzas armadas no han compartido toda la información que les ha sido solicitada sobre el caso, a pesar de recientes mandatos judiciales ordenando su inmediata entrega. Por otra parte, algunas figuras clave siguen prófugas. En materia de búsqueda, en 12 años el Estado ha podido identificar los restos de solamente tres de las 43 víctimas desaparecidas.
Este año ha traído nuevas fuentes de preocupación, ahora bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, atrajo cuatro recursos extraordinarios promovidos contra una sentencia de 2018 que ordenó la creación de una comisión especial para facilitar el acceso a la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. La decisión de la SCJN, además de no contribuir al esclarecimiento del caso, genera incertidumbre considerable al abrir a revisión los efectos de una sentencia definitiva.
También en julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), órgano cuya independencia ha sufrido un marcado deterioro en años recientes, publicó un documento sobre el caso que busca minimizar la responsabilidad de las fuerzas armadas y que deslegitima a una larga lista de organizaciones mexicanas de derechos humanos, organizaciones y órganos internacionales, personas expertas independientes e incluso servidores públicos que han acompañado a las familias o que han investigado el caso, entre otros.
En semanas recientes, se dio a conocer la detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, acusado de ordenar la destrucción de videos de una parte de los hechos de la desaparición forzada. El proceso penal abierto en su contra se suma a los procesos ya en curso y, de sostenerse en el tiempo, podría representar un paso hacia la justicia.
La presidenta Sheinbaum se reunió con las familias a finales de agosto y les comunicó que las líneas actuales de investigación incluyen una profundización del análisis de comunicaciones telefónicas, entre otras, comprometiéndose a presentar un informe detallado antes del aniversario. También ha informado que busca que personas expertas independientes puedan revisar la investigación que lleva la FGR y los esfuerzos desplegados por el gobierno federal, lo que no se ha concretado hasta ahora.
En conclusión, a 12 años de los hechos, las familias siguen sin saber la verdad sobre los sucesos que llevaron a la desaparición de sus hijos, ni tampoco han visto justicia y rendición de cuentas por parte de las personas e instituciones responsables. Están frente a un Estado que les ha hecho muchas promesas, pero que en más de una ocasión ha buscado obstaculizar la investigación en vez de avanzarla.
Será esencial que los nuevos esfuerzos del gobierno de México, tanto en materia de cooperación con personas expertas independientes, como en lo que se presente próximamente en el informe sobre el caso, avancen en las investigaciones con el fin de construir casos sólidos capaces de acercar la justicia a las familias.
La crisis de desapariciones ante la ONU
El 2 de abril, el Comité CED publicó una decisión bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en la que remite la situación de desapariciones en México a la Asamblea General de la ONU. Lo anterior, al concluir que la situación no ha mejorado en los últimos años a pesar de los esfuerzos realizados y que “existen indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos” en México.
Esta es la primera vez que el CED utiliza dicho procedimiento, que busca que los Estados miembros de la ONU apoyen al Estado mexicano con asistencia técnica en temas como búsqueda, identificación, investigación y protección a familias buscadoras.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en mayo que también documenta la magnitud de la crisis y analiza diversos patrones y aspectos de las desapariciones, información que refuerza la urgencia de tomar medidas enérgicas para hacer frente a este fenómeno. El informe contiene una serie de recomendaciones para el Estado.
Desafortunadamente, en vez de ver el procedimiento en la ONU como una oportunidad de colaboración con la comunidad internacional, el gobierno mexicano ha rechazado el actuar y las conclusiones del Comité CED.
La Asamblea General de la ONU está sesionando actualmente, y tocará a los Estados dar seguimiento a la decisión del CED. Ante el tamaño de la crisis, y a la luz de los obstáculos que persisten para ponerle fin, será importante que la comunidad internacional ofrezca su apoyo al Estado mexicano, y que México aproveche esta oportunidad de mejorar la lucha contra las desapariciones con acciones integrales, siempre poniendo a las familias en el centro.
