La administración Trump se ha retirado de un aspecto central de la diplomacia estadounidense, reduciendo drásticamente su apoyo a la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. El 11 de julio de 2025, el gobierno federal recortó a más de 1.300 personal del Departamento de Estado de EE.UU., dándole otro golpe a la capacidad del Departamento para implementar de manera efectiva lo que queda de la programación de la ayuda internacional.
Como se indicó en la Notificación al Congreso enviada por el Departamento de Estado en mayo sobre sus planes de reorganización, las oficinas clave centradas en democracia, derechos humanos y trabajo, y en población, refugiados y migración han sido diezmadas -con importantes despidos de personal– y sus funciones gravemente debilitadas y reorientadas bajo la nueva estructura. La propuesta de presupuesto enviada por la administración Trump al Congreso para la ayuda internacional en el año fiscal 2026 también elimina cualquier enfoque significativo en el apoyo a los derechos humanos, la democracia y la libertad de prensa a nivel mundial.
Mientras los miembros del discuten legislación para reautorizar y reorganizar el Departamento de Estado, y determinan las prioridades de ayuda exterior para el año fiscal 2026, tienen la oportunidad de garantizar que la promoción y protección de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales se mantengan como «componentes fundamentales» de la política exterior estadounidense, tal y como el propio Congreso estableció por ley.
¿Qué financiación para los derechos humanos y la democracia está en juego?
El Congreso ha expresado de manera constante su apoyo bipartidista a los programas de derechos humanos y democracia en la ayuda internacional. Para el año fiscal 2024, el Congreso asignó 2.900 millones de dólares a programas de ayuda a la democracia gestionados por USAID y el Departamento de Estado; la resolución continuada para el año fiscal 2025 suponía una cantidad similar (a pesar del recorte de 83 millones de dólares al Fondo para la Democracia que forma parte del paquete de recisión). Esta financiación se destinó a «programas que apoyan la buena gobernanza, las elecciones creíbles y competitivas, la libertad de expresión, asociación, reunión y religión, los derechos humanos, los derechos laborales, los medios de comunicación independientes y el Estado de derecho, y que fortalecen de otro modo la capacidad de los partidos políticos democráticos, los gobiernos, las organizaciones e instituciones no gubernamentales y los ciudadanos para apoyar el desarrollo de Estados e instituciones democráticas que respondan y rindan cuentas a los ciudadanos». Estos fondos incluían unos $345,2 millones de dólares asignados al Fondo para la Democracia del Departamento de Estado para los años fiscales 2024 y 2025, que han sido administrados por la Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo (DRL por sus siglas en inglés).
La propuesta de financiación del Departamento de Estado para el año fiscal 2026 elimina el Fondo para la Democracia, citando la justificación de racionalizar las cuentas como parte de la revisión y reforma de la ayuda exterior estadounidense. En la Justificación Presupuestaria del Congreso (CBJ) del Departamento de Estado no se hace mención explícita a alguna programación en materia de derechos humanos.
Al detallar las “consolidaciones, pausas y eliminaciones de cuentas clave de ayuda exterior”, la CBJ solicita 2.900 millones de dólares para un Fondo de Oportunidades America First (AFOF) de nueva creación, centrado en iniciativas que beneficien directamente a los intereses estadounidenses. Sin embargo, la cantidad solicitada palidece en comparación con los más de 8.300 millones de dólares en niveles de financiación estimados para el año fiscal 2025 de las cuentas eliminadas, incluidos el Fondo para la Democracia y el Fondo de Apoyo Económico, que también apoyaba la promoción de la democracia y programas de derechos humanos. Además, no hay garantías de que el AFOF incluya apoyo alguno a la democracia y los derechos humanos, lo que subraya la necesidad de que el Congreso asigne explícitamente fondos para este fin.
¿Qué ocurre con el trabajo sobre derechos humanos y democracia en el Departamento de Estado?
El papel de DRL en la programación
Con el fin de USAID –apenas 250 personas de USAID se incorporan al Departamento de Estado-, DRL es el principal organismo del Departamento de Estado capaz de poner en marcha programas de apoyo a los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Con la reestructuración, DRL, con aproximadamente un 80 por ciento menos de personal, estará bajo la dirección de un Subsecretario de Ayuda Exterior y Asuntos Humanitarios de nueva creación, ya que se eliminó el Subsecretario de Seguridad Civil, Derechos Humanos y Democracia. A medida que el Congreso debate y determina un proyecto de ley de reautorización, debe garantizar una dotación de personal adecuada para que DRL pueda proporcionar la supervisión y la gestión necesaria para garantizar que los dólares de los contribuyentes estadounidenses se asignen y gasten adecuadamente.
El apoyo estadounidense a las organizaciones de la sociedad civil y a los activistas que trabajan para promover los derechos humanos, la democracia y la libertad de prensa ha sido crucial. Sólo en América Latina, WOLA ha documentado cómo las organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes ya se han visto obligados a reducir personal o cerrar por completo como consecuencia de los recortes de financiación de EE.UU. a principios de este año, incluyendo activistas y periodistas de países represivos como Nicaragua, Cuba y Venezuela, muchos de los cuales operan en el exilio. Estas organizaciones son esenciales para documentar y exigir responsabilidades a sus gobiernos por las violaciones de derechos humanos, la corrupción y otros abusos, así como para apoyar el compromiso cívico, incluso a través del monitoreo independiente de las elecciones. También dan insumos a EE.UU. para los informes anuales de derechos humanos y las diversas autoridades sancionadoras estadounidenses relacionadas con los derechos humanos y la corrupción.
Contrarrestar los regímenes autoritarios y restaurar la democracia en países como Venezuela y Nicaragua dependerá también de que exista una sociedad civil robusta e independiente como parte de cualquier proceso de transición. La financiación estadounidense en el pasado, incluso a través de DRL, ha servido además como salvavidas para personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros activistas en peligro, proporcionándoles ayuda inmediata de emergencia y seguridad en sus países de origen o permitiéndoles reubicarse en el extranjero.
La reducción de la financiación, unida a la disminución de la capacidad de conceder subvenciones para apoyar a estas valientes personas y organizaciones, socavará los esfuerzos de Estados Unidos de respaldar a quienes trabajan contra las dictaduras y evitar que se siga cerrando el espacio cívico en América Latina y en todo el mundo. Los gobiernos represivos, desde Rusia hasta Nicaragua, Venezuela y El Salvador, celebraron la desaparición de USAID precisamente por el apoyo prestado a las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos y la democracia en estos países.
Las oficinas regionales de DRL
Como organización de derechos humanos centrada en la política exterior de EE.UU., WOLA tiene una amplia experiencia en plantear inquietudes desafiantes e incómodas sobre derechos humanos en discusiones sobre relaciones bilaterales, cooperación en seguridad, seguridad fronteriza, migración y otras áreas. DRL ha desempeñado este papel en la diplomacia estadounidense. El secretario Rubio ha afirmado que la diplomacia de derechos humanos no desaparecerá, sino que se integrará en las oficinas regionales de los países y en las embajadas. Sin embargo, como han señalado funcionarios anteriores de DRL, los funcionarios de las oficinas regionales del Departamento de Estado o de las embajadas a menudo «se acomodan a las opiniones de esos gobiernos, que por lo general se resienten de las críticas a su historial de derechos humanos… El imperativo primordial para esas oficinas regionales de los países y las embajadas es suavizar las relaciones con esos gobiernos y militares, y las preocupaciones en materia de derechos humanos a menudo se ven simplemente como irritantes bilaterales».
Para las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes sociales en situación de riesgo, el compromiso de Estados Unidos en materia de derechos humanos puede ser un salvavidas; en términos más generales, la capacidad del gobierno estadounidense de mantener estas difíciles conversaciones, aunque de forma inconsistente, ha puesto de manifiesto la importancia de los derechos humanos y la democracia en la política exterior de Estados Unidos.
Garantizar en un proyecto de ley de reautorización que DRL cuente con personal regional, dada su especialización y compromiso con las organizaciones de la sociedad civil, asegurará que haya funcionarios estadounidenses con la formación y los conocimientos necesarios para promover un enfoque estadounidense de la política exterior basado en los derechos, una diplomacia informada e informes precisos sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo.
La Oficina de Seguridad y Derechos Humanos de DRL (SHR)
La reestructuración de la administración Trump ha eliminado la Oficina de Seguridad y Derechos Humanos (SHR) de DRL, reasignando algunas de sus funciones a otros lugares. La Oficina de Seguridad y Derechos Humanos se había labrado un importante papel a la hora de garantizar al menos un cierto enfoque de derechos humanos en la ayuda exterior a la seguridad y la concesión de licencias para la transferencia de armas, supervisando el impacto de los programas en la democracia y las relaciones cívico-militares, y apoyando las transiciones del conflicto a la paz.
El Congreso debería mantener las funciones actuales de esta pequeña pero vital oficina. En particular, debe evitar cualquier reducción o alteración de una función crítica exigida por ley que la SHR desempeña en la actualidad: la investigación de decenas de miles de posibles receptores y unidades de ayuda cada año para el cumplimiento de la Ley Leahy (Sec. 620M de la Ley de Ayuda Exterior). Esta función ofrece un valor incalculable a la política exterior de Estados Unidos al evitar el daño humanitario y la grave pérdida de credibilidad que supondría el apoyo estadounidense a personas y unidades que han cometido graves violaciones de los derechos humanos con impunidad en sus países.
¿Por qué los derechos humanos y la promoción de la democracia deben seguir siendo puntos centrales de la política exterior estadounidense?
Cuando la gente piensa en ayuda económica o al desarrollo, suele imaginarse programas destinados a mantener sanas a las poblaciones, sacarlas de la pobreza o proporcionarles servicios esenciales, aparte del socorro en situaciones de crisis. Actividades como el desarrollo de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, el suministro de medicamentos y otros servicios vitales y la concesión de microcréditos son importantes. Pero la falta de recursos y oportunidades que hacen necesarios estos programas también tiene causas obstinadas. La corrupción irresponsable drena fondos y hace que los gobiernos sean inoperantes. Sistemas judiciales débiles no hacen cumplir las normas que requiere una economía moderna y próspera. La debilidad del Estado de derecho y de los sectores de seguridad fomenta las pandillas, la delincuencia organizada, las economías ilícitas y la destrucción del medio ambiente.
Es del interés de Estados Unidos ayudar a abordar esas causas para que la ayuda exterior fomente economías sostenibles, así como comunidades más seguras e instituciones gubernamentales más fuertes y responsables. Para ser verdaderamente eficaz, la ayuda debe incorporar el tipo de programación que DRL tiene una capacidad demostrada para administrar, una necesidad más acuciante con el desmantelamiento de USAID. Esto no puede hacerse con el drástico recorte de tamaño y la reestructuración del Departamento de Estado que se está llevando a cabo actualmente.
La financiación de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para que sus gobiernos rindan cuentas y el apoyo a la libertad de prensa, el periodismo independiente y la participación democrática rara vez gozan de popularidad entre las élites gobernantes de los países receptores. Sin embargo, esta ayuda desempeña un papel crucial en la resistencia al retroceso democrático y la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, y ha sido una importante herramienta diplomática en la política exterior de Estados Unidos durante más de cinco décadas que debe preservarse.
