Los soldados están entrenados para el combate. Su función es defender a un Estado contra agresiones o mantener el orden en situaciones de emergencia extrema. No están entrenados para ser policías, quienes, como civiles, tienen la responsabilidad de proteger y servir a la población con un uso mínimo de la violencia. Tampoco están preparados para ser profesores, jueces o recaudadores de impuestos. Y, definitivamente, los soldados no están capacitados para ser agentes de migración.
Las personas migrantes no son “invasores”, como afirman las órdenes ejecutivas de la administración de Trump. No tienen líderes, organización ni objetivos comunes, aunque la mayoría enfrenta necesidades humanitarias. De quienes han llegado a la frontera entre EE.UU. y México desde 2024, más del 40 por ciento son niños y niñas o padres con niños y niñas. Esta no es una población que requiera una respuesta de soldados entrenados para el combate, ni en Estados Unidos ni en ningún otro lugar.
Cuando los gobiernos obligan a los soldados a llevar a cabo misiones de seguridad interna que implican una interacción a largo plazo, no urgente y de duración indefinida con civiles, especialmente con civiles vulnerables y afectados por traumas, como la población migrante, la probabilidad de que se produzcan violaciones de los derechos humanos se dispara.
Las misiones a largo plazo que buscan frenar transacciones ilícitas altamente lucrativas—como el tráfico transfronterizo de drogas o de migrantes—conllevan un alto riesgo de corrupción. Esto representa una amenaza para la integridad y la capacidad de las instituciones militares, que de por sí suelen ser difíciles de fiscalizar.
El uso de medidas extremadamente duras para controlar la migración es una misión profundamente política. Tratar a las personas migrantes como una “invasión” es una decisión política. Si los militares se acostumbran a asumir una misión politizada como esta, ¿qué sucederá cuando un presidente les ordene llevar a cabo otras misiones politizadas, como reprimir a manifestantes pacíficos o movimientos laborales? La militarización de la migración marca un precedente peligroso.
México
México ya estaba atravesando un retroceso histórico en las relaciones entre civiles y militares, otorgando a sus fuerzas armadas una larga lista de funciones internas; WOLA lo ha llamado una “transformación militarizada”. Su gobierno transfirió soldados a una nueva fuerza federal de policía militar, la Guardia Nacional, otorgándole plenos poderes para vigilar el país y colocándola, primero de facto y luego oficialmente, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde su creación, esta nueva rama de las fuerzas armadas de México ha participado activamente en el control migratorio, junto con otras ramas del ejército mexicano.
Aunque WOLA no ha visto pruebas de que Estados Unidos haya entrenado y equipado directamente a la Guardia Nacional de México, la administración de Trump está apoyando agresivamente la expansión de la misión de migración interna del ejército por parte del gobierno mexicano, como también ocurrió durante su primer mandato. Para evitar la amenaza de imponer aranceles a principios de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó desplegar 10,000 miembros adicionales de la Guardia Nacional en la región fronteriza del norte de México, aparentemente para controlar la migración y confiscar fentanilo.
Los soldados adicionales están llevando a cabo controles, registros, bloqueos de carreteras e incursiones. En algunas zonas, están patrullando la tranquila frontera junto con la Patrulla Fronteriza de EE. UU. de forma “simultánea”. Los soldados interactúan con población civil, incluidos personas migrantes, con más frecuencia que antes.
Esta respuesta amplía aún más el papel de las fuerzas armadas en la seguridad interna de México, con todos los riesgos que ello implica para los derechos humanos, especialmente los de las personas migrantes, así como para la corrupción y las relaciones entre civiles y militares.
Mientras tanto, el despliegue no tiene ningún sentido estratégico. Es difícil interceptar drogas sintéticas ilícitas, ya que su volumen es muy pequeño. Esta tarea representa un gran desafío incluso para las fuerzas del orden en Estados Unidos. En la medida en que sea posible, estas sustancias ilícitas tienen más probabilidades de ser interceptadas en puntos clave de tránsito en el interior de México que a lo largo de una frontera de 2,000 millas.
Por su parte, las personas migrantes ya deben atravesar un peligroso recorrido de patrullajes y retenes operados por fuerzas civiles, militares y el crimen organizado a lo largo de México, lo que obliga a la mayoría a pagar a traficantes y funcionarios corruptos. No hay razón para esperar que el aumento de personal de la Guardia Nacional dificulte que un traficante lleve migrantes hasta la frontera. La experiencia pasada indica que solo añadirá un “costo adicional de operación” para los traficantes.
Al señalar que el despliegue de tropas internas de México aplacó su exigencia de acción para evitar los aranceles, la administración Trump envió un mensaje contundente de que este es el modelo de seguridad y relaciones cívico-militares que Estados Unidos quiere que sigan las naciones latinoamericanas en el siglo XXI. Aunque el gobierno de EE. UU. ha apoyado, y en ocasiones financiado, el papel del ejército mexicano en las operaciones antidroga durante décadas, ampliar este apoyo a la aplicación de la ley de inmigración supone una escalada importante de este modelo.
Guatemala
En Guatemala, la administración de Trump también está promoviendo activamente un papel militar más amplio en el control migratorio. Durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio al país el 5 de febrero, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo anunció que el gobierno de EE.UU. ayudaría en la creación de nuevas fuerzas de tarea fronterizas que combinarán personal de la policía y el ejército guatemalteco.
Estas fuerzas estarán encargadas de combatir el crimen organizado y frenar el tráfico de drogas y migrantes en las regiones fronterizas de Guatemala. La primera comenzó a operar el 25 de febrero en la frontera de Guatemala con El Salvador y Honduras.
Esto ampliará las funciones de seguridad interna de un ejército con un historial grave de abusos a los derechos humanos, incluidos actos que una Comisión de la Verdad, al analizar el conflicto armado de Guatemala entre 1960 y 1996, calificó como genocidio. Incluso en los casos más graves, la rendición de cuentas ha sido sumamente difícil de lograr.
Mientras tanto, el Ejército de Guatemala enfrenta múltiples acusaciones de participación en corrupción y narcotráfico, incluidas confesiones de exoficiales sobre su colaboración con grupos criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación de México, que la administración de Trump acaba de agregar a la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado.
Aunque aún queda mucho por hacer, Guatemala ha dado pasos importantes, especialmente en los últimos 15 años, para fortalecer el control civil sobre las fuerzas armadas y mantener a los soldados en los cuarteles, reduciendo su participación en la seguridad interna. Estos avances se basaron en la promesa del acuerdo de paz de 1996, que creó una fuerza policial civil y puso la seguridad interna bajo un control más firme de las autoridades civiles. Este nuevo y amplio rol fronterizo representa un retroceso en esos avances.
También parece probable que repita la frustrante experiencia de las “Fuerzas de Tarea Interinstitucionales” de mediados de la década de 2010, unidades fronterizas conformadas por militares, policías y fiscales con apoyo de EE.UU. Estas unidades terminaron operando de manera ineficaz, usaron indebidamente equipo donado por EE.UU. contra una comisión anticorrupción respaldada por la ONU y, finalmente, colapsaron.
Texas
Estados Unidos también está viendo una expansión del papel de los militares en la seguridad interna, con soldados cada vez más involucrados en el control migratorio dentro del país. El 15 y 19 de febrero, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. otorgó autoridad a 590 miembros de la Guardia Nacional del estado de Texas, permitiéndoles esencialmente hacer cumplir la ley de inmigración como si fueran agentes de la Patrulla Fronteriza. Esto significa que ahora estos miembros de la Guardia Nacional tienen el poder de detener y, si lo consideran necesario, confrontar a civiles que crean estar en el país sin autorización.
Los miembros de la Guardia Nacional son personal militar. Reciben el mismo entrenamiento que las fuerzas armadas regulares de EE.UU. Si pertenecen a la Guardia Nacional del Ejército, sus uniformes llevan la cinta con la inscripción “U.S. Army”.
Una ley estadounidense de larga data—el Posse Comitatus Act de 1878—busca prevenir precisamente este tipo de misiones internas prolongadas e indefinidas que implican contacto frecuente y confrontación con civiles dentro del territorio de EE.UU. Los riesgos que estas misiones representan para las relaciones democráticas entre civiles y militares son demasiado altos.
La misión de la Guardia Nacional en la frontera se basa en una de las excepciones legales al Posse Comitatus Act: la sección 502(f) del Título 32 del Código de EE.UU., cuyo lenguaje ambiguo permite el uso de la Guardia Nacional en “apoyo de operaciones o misiones emprendidas… a solicitud del Presidente o del Secretario de Defensa”.
No hay una emergencia que justifique esta misión. En el Sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, donde operan los primeros soldados deputizados, 3,000 agentes de la Patrulla Fronteriza están deteniendo solo a 50 personas migrantes por día, lo que equivale a una tasa de 0.5 detenciones por agente al mes.
WOLA y sus organizaciones aliadas ya han documentado con qué frecuencia la Guardia Nacional de Texas ha utilizado de manera indebida tanto fuerza letal como no letal contra personas migrantes, en muchos casos para negarles el derecho legal a solicitar asilo, e incluso negándoles agua y primeros auxilios a familias y niños, niñas y adolescentes. En 2024, WOLA calificó este uso agresivo de soldados en territorio estadounidense como un “peligroso precedente”. Esto va aún más lejos.
Si se permite que la administración de Trump declare una “invasión” para otorgar a los soldados un papel amplio e indefinido en la frontera dentro de territorio estadounidense, deberíamos temer el uso de otras medidas de emergencia para emplear a las fuerzas armadas con fines políticos internos. Esta misión abre la puerta a distorsiones aún mayores en el papel tradicional del ejército de EE.UU. tal como lo hemos conocido.
Las deportaciones masivas
El uso de la fuerza militar contra la población migrante va más allá de la Guardia Nacional. La administración de Trump también está recurriendo a las fuerzas militares regulares. Hasta ahora, se ha desplegado a 3,600 soldados en servicio activo, marines y personal de la Fuerza Aérea para ayudar a vigilar una frontera tranquila. Ese número pronto aumentará a 9,000.
Es tan tranquila que la cantidad total de tropas y agentes de la Patrulla Fronteriza en toda la frontera supera el número mensual de personas migrantes detenidos, estimado en 8,450 en febrero. Sin embargo, las tropas desplegadas provienen “de algunas de las unidades de élite del Ejército con mayor experiencia y preparación”, señaló Jennifer Kavanagh de Defense Priorities. Esta movilización politizada para apresurar el envío de soldados a la frontera está dejando inactivos a efectivos en los que el Departamento de Defensa ha invertido significativamente.
Aeronaves militares están realizando vuelos de deportación; el trato hacia las personas migrantes a bordo, algunos de ellos familias con niños, niñas y adolescentes, ha generado protestas de países como Brasil, Colombia e India.
Instalaciones militares, como la Base de la Fuerza Espacial Buckley en Colorado y Fort Bliss en El Paso, están siendo utilizadas como centros de preparación y transporte para la creciente campaña de deportaciones masivas de la administración, y esto probablemente sea solo el comienzo. ICE no cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo una “deportación masiva” por sí solo. Podemos esperar ver a más soldados desempeñando funciones de apoyo en la expulsión de personas en todo el interior de EE.UU. Esto podría incluir a militares en servicio activo, mediante la invocación de la rara vez utilizada Ley de Insurrección de 1807.
Más de 700 miembros del ejército están ampliando la Base Naval de la Bahía de Guantánamo para albergar a hasta 30,000 migrantes. La administración aún no ha dado una razón para trasladar a personas migrantes—muchas sin antecedentes penales y algunos solicitantes de asilo—a una base inaccesible, lejos del contacto con abogados o seres queridos.
El uso del ejército y de la base de Guantánamo demuestra un desprecio imprudente por los costos en un momento en que la nueva administración busca recortar el gobierno federal, incluido el Departamento de Defensa. Aunque solo puede hacer estimaciones aproximadas debido a la clasificación de muchos datos, un análisis del Niskanen Center calculó que las detenciones en Guantánamo cuestan al público contribuyente estadounidense millones de dólares por persona detenida al año. “En comparación, el costo actual de la detención en instalaciones de ICE en el territorio continental de EE.UU.—que albergan aproximadamente a 41,000 personas—se estima en alrededor de $260 por persona migrante (ajustado por inflación) por día, o aproximadamente $95,000 anuales.”
Contribuir a la logística de deportaciones masivas mediante el manejo de transporte y la organización de “campamentos” implica asumir roles no combativos con grandes implicaciones en materia de derechos humanos. La formación de los soldados los prepara poco para esto. Peor aún, involucrar a las fuerzas armadas de EE.UU. en deportaciones masivas significa sumarlas a una misión interna politizada.
El ejército de EE.UU., que se enorgullece de ser apolítico, está siendo obligado a servir a las prioridades políticas internas de la administración actual. Esto amenaza con una ruptura histórica tras más de un siglo de moderación en las relaciones democrático-civiles y militares de Estados Unidos.
Conclusión
A medida que la administración de Trump amplía y respalda el papel de las fuerzas militares en la aplicación de políticas migratorias, tanto en el país como en toda América, algunos de sus esfuerzos internos enfrentarán fallos judiciales que los consideren inconstitucionales. Sin embargo, muchas de estas iniciativas no se detendrán en los tribunales, especialmente aquellas que implican la asistencia y presión de EE.UU. sobre países de América Latina.
Estas actividades representan graves riesgos para los derechos humanos y la democracia, tanto en América Latina como en Estados Unidos. La expansión del papel de las fuerzas militares, utilizando como excusa la migración y el falso argumento de una “invasión”, debe detenerse lo antes posible, antes de que se extienda aún más o llegue a considerarse normal.
En la región, esta tendencia amenaza con acelerar el retroceso de un elemento clave en las transiciones de las dictaduras a la democracia desde la década de 1980, cuando las fuerzas armadas regresaron a los cuarteles y los estados crearon ministerios de seguridad pública y fuerzas policiales profesionales. Tanto en el hemisferio como en EE.UU., también pone en riesgo el enfoque central de las fuerzas armadas: defender a sus naciones de agresiones externas. Convertir a los ejércitos en una herramienta doméstica de uso general socava su preparación y afecta su moral.El trabajo para prevenirlo, entonces, no puede depender solo de jueces y litigantes. Exige una mayor vigilancia por parte del Congreso, periodistas y toda la ciudadanía que valora el papel de las fuerzas armadas en la democracia. Debemos alzar la voz y no mirar hacia otro lado.
