El 10 de enero llegó y se fue y, como era de esperarse, el autócrata venezolano Nicolás Maduro se mantuvo en el poder. Es fácil rendirse y sentir desesperanza ante un gobierno autoritario que persigue implacablemente cualquier disidencia. Sin embargo, momentos como estos requieren un análisis claro y objetivo. Es necesario recordar a los actores internacionales que la lucha por los derechos humanos en Venezuela no tiene fecha de caducidad y que millones de venezolanos, a pesar de las condiciones injustas, acudieron a las urnas el año pasado, expresaron su deseo de cambio y hoy en día continúan defendiendo el derecho a elegir a su gobierno. A pesar de todo, la sociedad civil sigue en pie de lucha por la democracia y los derechos humanos.
Este artículo examina la compleja situación de Venezuela y ofrece perspectivas sobre la posición actual del país, así como algunas formas en que las naciones democráticas pueden contribuir a encontrar vías para apoyar una transición pacífica en Venezuela.
1. El gobierno de facto de Maduro: Cómo se encuentra
A pesar de los anuncios de una ceremonia pomposa, Maduro fue juramentado para otro mandato de seis años en una modesta sala del Palacio Legislativo, en lugar del tradicional hemiciclo. Solo dos jefes de Estado latinoamericanos lo acompañaron: Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, junto con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne. Maduro afirmó que representantes de 120 países asistieron, pero no se ha divulgado la lista de asistentes. Sin embargo, la prensa informó sobre la presencia de representantes de Rusia, Irán, China y Argelia.
Es importante señalar que los embajadores de Colombia y Brasil, Milton Rengifo y Glivânia Oliveira, junto con el embajador de México, asistieron a la ceremonia. Los presidentes de Colombia y Brasil declinaron la invitación citando preocupaciones sobre la falta de transparencia y justicia en las elecciones. El presidente Lula ha permanecido en silencio hasta ahora, mientras que el presidente Petro y el entonces ministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo han enfatizado que las elecciones no fueron libres, aunque desean mantener relaciones con Venezuela. El papel de Colombia, vecino y primer receptor de migrantes venezolanos, sigue siendo de suma importancia.
Existen pruebas abrumadoras sobre las violaciones a las leyes electorales locales y a los estándares internacionales, que vulneran el derecho de los venezolanos a la participación política. Así lo han señalado el Centro Carter y el Panel de Expertos de las Naciones Unidas que enviaron misiones acreditadas a las elecciones del 28 de julio, así como informes independientes de la Misión de Observación Electoral colombiana (MOE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que detallan las irregularidades cometidas y la falta de credibilidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral la noche de las elecciones, que otorgaron a Maduro el 51,2 por ciento de los votos.
Todos los analistas serios coinciden en señalar quién ganó realmente las elecciones. Sin embargo, Maduro sigue en Miraflores. ¿Es sostenible su gobierno de facto? Aunque nadie puede predecir con certeza cuánto tiempo más permanecerá en el poder o qué sucederá en Venezuela, hay algunos elementos de análisis a tener en cuenta:
Impopularidad: Maduro, quien ganó las elecciones de 2013 con el 50,61 por ciento de los votos, en medio de dudas sobre la calidad de las condiciones electorales, vio cómo su apoyo caía más del 20 por ciento en las elecciones de 2024. La represión y violación de las libertades civiles, el colapso de los servicios públicos, niveles históricos de desigualdad y pobreza, y el hecho de que alrededor del 27 por ciento de la población ha huido del país, ha hecho que Maduro haya perdido la popularidad que una vez heredó de Chávez. A medida que las condiciones de vida en Venezuela sigan siendo deplorables, es poco probable que pueda aumentar su base de apoyo.
Represión brutal como medio para mantenerse en el poder: Tras el 28 de julio, al menos 25 personas han sido asesinadas, más de 2.000 personas han sido detenidas arbitrariamente y 1.697 permanecen encarceladas. Las autoridades también han cometido actos de tortura y llevado a cabo desapariciones forzadas. La gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a clasificarlas como prácticas de terrorismo de Estado y la Misión de Investigación de la ONU ha llegado a la conclusión de que estas acciones forman parte de una política de persecución política que equivale a crímenes de lesa humanidad. Solo entre el 1 y el 12 de enero de 2025, 83 personas han sido detenidas arbitrariamente, incluidos el excandidato presidencial Enrique Márquez, Rafael Tudares —yerno de Edmundo González Urrutia— y el destacado defensor de derechos humanos Carlos Correa, quien fue excarcelado el 16 de enero, ocho días después de haber sido detenido y desaparecido.
En anticipación a este momento, a finales de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Estas dos leyes, ya en vigor, junto con la amenaza inminente de otras como la propuesta Ley Contra el Fascismo, son parte de una estrategia más amplia para silenciar y perseguir a la sociedad civil y cerrar el espacio cívico.
En diciembre, las autoridades llevaron a cabo una elección apresurada de casi 30.000 “jueces de paz”, una figura bajo las leyes venezolanas destinada a “promover la resolución de conflictos a nivel comunitario”. Aunque existen figuras similares en otros países, los expertos advierten que en Venezuela el sistema de paz comunal se utiliza para perseguir a la disidencia y esto podría tener implicaciones en futuras elecciones. Maduro también ha anunciado planes para una reforma constitucional, y la Asamblea Nacional ha avanzado en discusiones para introducir reformas a las leyes electorales, pero aún se desconoce su alcance. Estas medidas, bajo el mismo Consejo Nacional Electoral y sin que se haya aclarado lo sucedido con las elecciones del 28 de julio, harían imposible que haya espacio para unas elecciones competitivas en un año en que se realizan elecciones legislativas, locales y regionales.
Persecución de antiguos aliados del régimen: La persecución contra sus propios antiguos aliados políticos, algo que ya venía ocurriendo desde hace tiempo, ha aumentado, como lo muestran dos ejemplos recientes: María Alejandra Díaz, abogada y activista del Frente Democrático Popular, y Juan Barreto, otrora alcalde de Caracas y un fuerte partidario de Chávez. Ambas personas han sido amenazadas y acosadas por las fuerzas de seguridad y han sido mencionadas en televisión nacional por Diosdado Cabello. Sin embargo, este tipo de persecución no es nueva. Desde marzo de 2023, al menos 66 personas muy cercanas a Nicolás Maduro han sido detenidas bajo cargos de corrupción en el caso conocido como “PDVSA-Crypto”, incluidos exministros, altos funcionarios y miembros del ejército. Esta persecución podría generar más descontento y abrir oportunidades para la coordinación con fuerzas democráticas, pero también podría desmovilizar y paralizar a las personas debido al miedo creado por estos y otros casos ejemplificadores.
Señales de disidencia dentro del ejército: En Venezuela, el ejército está a cargo de custodiar el material electoral bajo una operación llamada Plan República, por lo que conocen la verdad sobre lo sucedido durante las elecciones. Además, las personas que no forman parte de la élite corrupta, están sufriendo las mismas condiciones económicas y humanitarias devastadoras que el resto del país.
Existen documentos que registran a 162 militares actualmente privados de libertad por razones políticas. Esto indica que hay descontento y divisiones dentro del estamento militar y que Maduro necesita infundir miedo para mantenerlos bajo control. Ahora bien, ¿las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas son de nivel medio o alto? ¿Cuáles son los rangos de estos funcionarios detenidos? ¿Qué tan profundas son estas fracturas? Es muy difícil evaluar esto en un contexto de hermetismo absoluto y brutal persecución política. Por lo tanto, es imposible determinar la probabilidad de éxito de una teoría de cambio que dependa únicamente del colapso del régimen desde adentro.
Aislamiento internacional: La forma flagrante en que se ha consolidado una dictadura ha creado un mayor aislamiento internacional. El 6 de enero, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Paraguay. El año pasado, tras las elecciones presidenciales, Maduro expulsó a diplomáticos de siete países de la región (Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, la República Dominicana y Uruguay) y suspendió temporalmente los vuelos comerciales hacia y desde Panamá y la República Dominicana.
Tras la toma de posesión del 10 de enero, se emitieron nuevas sanciones individuales a funcionarios y partidarios del gobierno de manera coordinada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido. Aunque no es ideal, el gobierno de Maduro ha demostrado estar dispuesto a aislarse en el escenario internacional mientras fortalece los lazos con gobiernos afines. En respuesta a las nuevas sanciones y a la decisión de los gobiernos de la UE de no enviar representantes a la toma de posesión, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció su decisión de limitar el número de diplomáticos acreditados ante las embajadas de Francia, Italia y los Países Bajos en Caracas a tres, así como restringir su capacidad de moverse dentro del país. La pregunta que queda sin respuesta es qué enfoque tomará Estados Unidos bajo Donald Trump y cuál será el futuro de las licencias petroleras.
Graves condiciones económicas y humanitarias: Aunque ha habido un leve aumento del PIB de Venezuela entre 2021 y 2023, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, 2024 cerró con una inflación del 85 por ciento y, solo en diciembre, los precios de los alimentos aumentaron un 16,4 por ciento. Según HumVenezuela (Reporte Final de Diagnósticos Comunitarios, 2024), en 2024, el 86,9 por ciento de la población vivía en la pobreza, el 70,6 por ciento en pobreza extrema y el 14,8 por ciento de los hogares no tenían un presupuesto mínimo para proveer comida a sus familias. Los servicios públicos, incluidos salud, educación, agua, saneamiento, transporte y electricidad, han colapsado y siguen siendo inaccesibles para la mayoría de la población.
Estos elementos pintan el panorama de los difíciles desafíos que Maduro tiene por delante para mantener su régimen de facto. Sin embargo, el gobierno ha demostrado repetidamente su capacidad para mantenerse en el poder de manera ilegítima a través de una combinación de represión política, control sobre las instituciones estatales y la manipulación de los procesos de negociación. Estos mecanismos le han permitido hasta ahora resistir tanto la disidencia interna como la presión internacional.
2. La respuesta internacional: Rechazo generalizado a las acciones de Maduro, pero con enfoques mixtos
El caso de Venezuela es digno de estudio. Ha habido una condena internacional casi generalizada a la toma de posesión de Maduro sin evidencia que respalde su supuesto triunfo electoral. Los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Japón y gobiernos de la región, desde Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina hasta Gabriel Boric en Chile y Bernardo Arévalo en Guatemala, se han mostrado unidos en su rechazo a que Maduro asuma el cargo y en su apoyo a las fuerzas democráticas.
En este contexto, hay mucho que otros gobiernos, sus sistemas judiciales y organismos internacionales como la ONU pueden hacer para apoyar los esfuerzos por un cambio democrático. Esto va desde contramedidas como sanciones individuales y congelamiento de activos hasta el lanzamiento de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y corrupción, con el fin de abordar la impunidad de los funcionarios venezolanos a nivel global.
Al mismo tiempo, y como reflejo de la frustración tras el 10 de enero, han vuelto a surgir ideas sobre intervenciones militares. Por ejemplo, el expresidente colombiano Álvaro Uribe dijo: “Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres”. Las muy necesarias limitaciones impuestas por el derecho internacional, consagradas en la Carta de la ONU, nos exigen aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado al sentido común: es irrealista e irresponsable pedir el uso de la fuerza en Venezuela. La sociedad civil venezolana está desarmada y ha insistido en la naturaleza pacífica de su resistencia contra el autoritarismo. Además, el uso de la fuerza puede poner al país en una posición mucho más difícil a largo plazo. Las soluciones mágicas, aunque generan rendimientos políticos, contribuyen a dos resultados muy contraproducentes: dan argumentos a Maduro para justificar el endurecimiento de las prácticas represivas brutales del gobierno contra la disidencia y crean un sentimiento de fatiga dentro de la comunidad internacional, reforzando la idea de que no hay nada más que hacer.
3. La pregunta que todos se hacen es: ¿Cuál será la postura de EE. UU. sobre Venezuela bajo una nueva administración de Trump?
Hay razones válidas para cuestionar cuál será el enfoque de la administración entrante, porque ha habido señales mixtas. Un tema constante enfatizado tanto por Trump como por el nominado secretario de Estado Marco Rubio es que esta administración priorizará los intereses de EE. UU. por encima de todo bajo una política exterior de “América Primero”. Lo que esto significa puede tener varias interpretaciones, pero según lo que ya se ha dicho, el enfoque estará en frenar la migración y reducir la influencia de China y sus aliados en la región.
Dado que estas prioridades podrían entrar en conflicto con la postura firme que han tenido sobre el gobierno venezolano en el pasado, surgen preguntas sobre si el enfoque de la administración Trump hacia la situación será más pragmático y transaccional. Después de la victoria de Trump, Maduro lo felicitó públicamente y expresó su esperanza de una relación “ganar-ganar”. Maduro querrá mantener las licencias petroleras otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que hizo de Venezuela el tercer mayor proveedor de petróleo de EE. UU. en 2024. Al mismo tiempo, el zar de fronteras de Trump, Tom Homan, dijo recientemente que espera que Trump “trabaje con Venezuela” para recibir estos vuelos de deportación. No obstante, Edmundo González Urrutia fue invitado por el senador Rick Scott a la inauguración de Trump.
Rubio enfatizó durante su audiencia de nominación que el país está controlado por una organización criminal y narcotraficante, y destacó los significativos riesgos geopolíticos involucrados en los tratos de Venezuela con países como Rusia e Irán. Rubio criticó la administración Biden por su enfoque sobre el tema:
“Estuve en fuerte desacuerdo con la administración Biden porque los engañaron de la manera en que supe que los iban a engañar. Entraron en negociaciones con Maduro. Él aceptó tener elecciones. Las elecciones fueron completamente falsas. Usaron la migración contra nosotros para obtener esas concesiones. Y ahora tienen estas licencias generales donde empresas como Chevron están proporcionando miles de millones de dólares a las arcas del régimen. Y el régimen no cumplió ninguna de las promesas que hicieron. Así que todo eso necesita ser explorado”.
Finalmente, Richard Grenell, designado como enviado presidencial para misiones especiales, incluyendo Venezuela, aún no ha tomado una postura pública y está por verse cómo su posición se articulará con la del Departamento de Estado. Sin embargo, el día de la toma de posesión del Presidente Trump, señaló en la red social X que “la diplomacia estaba de vuelta” y que ya había sostenido conversaciones con oficiales del gobierno venezolano.
4. Lo que viene
Venezuela está navegando en aguas desconocidas y nadie tiene soluciones definitivas. Pero hay varios factores a considerar: tiempo, coordinación y compromiso. En términos de tiempo u oportunidad, la oposición debe lidiar con el afán de Maduro de implementar una reforma constitucional, cerrar rápidamente el espacio cívico y, potencialmente, llevar a cabo elecciones legislativas, regionales y locales bajo condiciones profundamente injustas. Al mismo tiempo, deben ser pacientes con la comunidad internacional, particularmente a medida que Estados Unidos da paso a una nueva presidencia con implicaciones geopolíticas significativas.
En segundo lugar, la coordinación, tanto interna como externa, es clave. Internamente, el régimen está ejerciendo una presión enorme sobre la oposición a través de detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos, lo que dificulta que la oposición resista. La oposición, al igual que el gobierno, no es monolítica. Las opiniones sobre la estrategia adecuada varían ampliamente, pero la oposición debe llegar a una posición unificada sobre los próximos pasos en Venezuela y definir claramente sus demandas a la comunidad internacional, particularmente a EE. UU. Externamente, hay consenso en que Maduro se robó las elecciones y que no debe ser reconocido al asumir el cargo, pero el desafío es coordinar una respuesta unificada de la comunidad internacional sobre cómo abordar la situación.
Finalmente, está la cuestión del compromiso o interacción de los actores fuera del país. Venezuela ha pasado una y otra vez por períodos de firme compromiso de la comunidad internacional durante momentos clave, seguidos de períodos de letargo e indiferencia. En un paisaje geopolítico complejo, las personas venezolanas – ya agobiadas por desafíos enormes – necesitarán un compromiso sostenido y constructivo de los actores clave de la región, Europa y América del Norte, para encontrar soluciones que sean viables y estén alineadas con el derecho internacional.
