La muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivada de un operativo militar mexicano realizado el pasado 22 de febrero, ha sido ampliamente mencionada en medios de comunicación como un ‘triunfo’ importante en la guerra contra las drogas.
Pero los desenlaces del operativo —actos de violencia en los que decenas de personas integrantes de las fuerzas de seguridad y otras han perdido la vida, una jornada de bloqueos que alteró la vida de la población, y la posibilidad de otras expresiones de violencia en el mediano plazo— ejemplifican la necesidad de cuestionar cómo se está midiendo el ‘éxito’ en esta guerra.
El operativo del 22 de febrero
El operativo del 22 de febrero contó con inteligencia aportada por Estados Unidos en el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta Intersecretarial Contra Cárteles establecida en enero pasado por el Departamento de Defensa estadounidense [Joint Interagency Task Force-Counter Cartel]. Aunque el operativo fue llevado a cabo por elementos mexicanos, el presidente Donald Trump se refirió al papel de Estados Unidos sin matices: “Asimismo, nosotros hemos eliminado a uno de los capos más malvados de todos. Ustedes lo vieron ayer.”
De manera más amplia, el operativo ocurre en un contexto de alta presión por parte del gobierno de Trump para que México demuestre resultados tangibles contra el tráfico de drogas. Tal presión ha incluido la amenaza y la imposición de aranceles, así como la posibilidad de acciones militares unilaterales estadounidenses en territorio mexicano. En este contexto, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha cumplido con una serie de solicitudes de Estados Unidos en materia de seguridad en el último año, desde el despliegue de tropas adicionales en la frontera compartida y la incautación de 320 toneladas de drogas ilícitas, hasta la entrega directa de 92 personas buscadas por Estados Unidos, sumada a la extradición de otras decenas de personas —acciones de alta visibilidad para el gobierno estadounidense.
Sin embargo, por más mediático que sea, no hay razones sólidas para creer que eliminar a un líder criminal se traduzca en soluciones para las personas y comunidades en Estados Unidos que luchan contra las adicciones y otros daños a la salud asociados al consumo de drogas ilícitas. En cambio, sí hay razones para creer que dicha acción podría provocar más violencia en México.
La estrategia de descabezamiento
Décadas de evidencia demuestran que la estrategia de descabezar a los grupos del crimen organizado, conocida en inglés como la kingpin strategy, puede desatar más homicidios en las zonas afectadas, así como llevar a la fragmentación de los grupos —haciéndolos más difíciles de desmantelar debido al gran número de grupos y a la falta de una estructura clara de mando— y a una mayor conflictividad, incrementando la violencia.
Un ejemplo relevante, si bien no idéntico, es la violencia que se vive en el estado de Sinaloa desde el segundo semestre de 2024, derivada de la entrega a Estados Unidos por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” y miembro de una facción del cártel de Sinaloa, del líder criminal Ismael “El Mayo” Zambada, también del cártel de Sinaloa. Dicho evento desató una guerra interna en la organización criminal, lo que multiplicó los homicidios y las desapariciones.
En las últimas décadas, hay una larga lista de líderes criminales que han sido capturados o asesinados en México. La estrategia de descabezamiento fue especialmente visible durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) —periodo en el que también existió un alto nivel de colaboración bilateral con Estados Unidos— pero la estrategia nunca ha sido abandonada por completo.
Una y otra vez, las detenciones o muertes de líderes criminales son anunciadas como ‘golpes decisivos’ en la guerra. Pero año tras año, el mercado ilícito de las drogas sigue vivo y evoluciona. Esto no nos debe sorprender: la prohibición de las drogas coloca una industria altamente lucrativa en manos de organizaciones criminales, generando ganancias que empoderan a esos grupos para propiciar mecanismos de colusión con autoridades e influir en una amplia gama de esferas de la vida. Mientras no cambie ese modelo, descabezar a los grupos criminales difícilmente hará desaparecer la industria ilícita de las drogas.
Mientras tanto, el costo de la guerra para la población mexicana ha sido enorme. A partir del sexenio de Calderón, subieron de manera dramática los homicidios —con más de 400,000 personas asesinadas en las últimas dos décadas— y las desapariciones. Actualmente, hay más de 130,000 personas desaparecidas y no localizadas en el país. En muchos casos, las desapariciones son perpetradas por grupos del crimen organizado, quienes a menudo operan con la tolerancia o en colusión con agentes estatales. La abrumadora mayoría de los delitos cometidos contra la población queda en la impunidad.
¿Qué se necesita para reducir la violencia?
Mejorar la seguridad de la población y reducir el poder de las organizaciones criminales de manera sostenible requiere romper estos ciclos. Implica, entre otros, fortalecer las capacidades y la rendición de cuentas de las instituciones de seguridad y justicia, reduciendo de manera prioritaria las formas de colusión entre autoridades y grupos criminales, y mejorando significativamente la investigación y la persecución penal de la violencia, la corrupción y los crímenes financieros.
Algunas de las acciones implementadas bajo el gobierno de Sheinbaum se enfocan en aspectos de lo señalado. En comparación con su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, con Sheinbaum se percibe un cambio de estrategia hacia perseguir más activamente a diversos actores criminales. Pero ambos presidentes han continuado con un modelo de militarización de la seguridad pública que lleva décadas vigente y que ha desviado tanto la atención como los recursos de la necesidad de mejorar las capacidades civiles como respuesta estructural a la violencia.
Por su parte, las acciones más relevantes que podría tomar Estados Unidos para reducir la violencia en México incluyen reorientar la política de drogas, dejando atrás la ‘guerra’ en el hemisferio a favor de un abordaje de salud pública, así como reducir significativamente el tráfico de armas hacia México. La Declaración de Prioridades de Políticas de Drogas del gobierno de Trump de 2025 incluye las metas de reducir las muertes por sobredosis en Estados Unidos y de proporcionar servicios eficaces de tratamiento y recuperación. No obstante, esta declaración contrasta con el recorte de casi un billón de dólares en los próximos 10 años para Medicaid, la principal fuente de tratamiento para las adicciones.
A nivel bilateral, la cooperación deberá apoyar la consolidación de capacidades para reducir la violencia, en el marco de lo mencionado arriba. Hasta ahora, la legislación presupuestaria aprobada por el Congreso estadounidense durante el gobierno de Trump está lejos de dejar atrás la guerra antidrogas, pero sí identifica la necesidad de reducir la impunidad de las organizaciones criminales. En este contexto, es importante no privilegiar acciones mediáticas de corto plazo por encima de estrategias duraderas, sobre todo sin reparar en las consecuencias que estas pueden tener para la población, y reconocer que tales ‘triunfos’ en la guerra no mejoran la vida de la gente más afectada por la violencia.
