El recorte de la ayuda exterior estadounidense en 2025, junto con el desmantelamiento de la USAID, pintó un panorama sombrío para el futuro de la ayuda estadounidense y el papel del “poder blando” como herramienta diplomática esencial. Si bien ya se ha causado un daño grave, el proyecto de ley de ayuda exterior para el año fiscal 2026 busca revertir parcialmente dicho daño. La Ley de Asignaciones para la Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Relacionados, aprobada de manera bipartidista en el Congreso y promulgada por el presidente Trump el 3 de febrero de 2026, sugiere que el Congreso está trabajando para reafirmar su autoridad legal sobre el presupuesto federal de Estados Unidos y está dispuesto a romper con la administración en varias prioridades de ayuda exterior.
Los 50 mil millones de dólares asignados a diplomacia y asistencia—aunque casi 9,3 mil millones de dólares menos que los niveles actuales (aparte de las rescisiones)—superan en casi un 60 por ciento la cantidad solicitada por la administración (31,5 mil millones) y destinan fondos a una amplia gama de prioridades, incluyendo el apoyo a instituciones multilaterales y la financiación de áreas que la administración había intentado reducir o eliminar.
A continuación, se presentan cinco puntos clave del presupuesto de ayuda exterior para el año fiscal 2026, relacionados con los derechos humanos, los programas de democracia y otras áreas de apoyo de Estados Unidos a América Latina.
- El Congreso mantiene la democracia y los derechos humanos en la agenda
El informe de la Cámara de Representantes que acompaña al proyecto de ley de ayuda exterior, que proporcionó un lenguaje directivo vinculante para la legislación, afirma que el Comité de Asignaciones “cree firmemente que la defensa de la democracia y los derechos humanos es fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Esta creencia se refleja en las prioridades de financiación, como los 205 millones de dólares destinados al Fondo para los Derechos Humanos y la Democracia, administrado por la Oficina de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado. Se trata de una cantidad aproximadamente un 40 por ciento inferior a las asignaciones de años anteriores, pero sigue siendo significativa, ya que la solicitud presupuestaria del Departamento de Estado para el año fiscal 2026 había eliminado por completo este fondo. El Congreso también asignó 315 millones de dólares para apoyar a la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y sus institutos principales, incluidos más de 104 millones de dólares para programas de democracia, una financiación que la administración también había intentado eliminar.
En total, la legislación establece que se destinen 2.175 mil millones de dólares para apoyar programas democráticos en el marco de las cuentas de Programas de Inversión en Seguridad Nacional, del Fondo para la Democracia y de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés). Estos se definen como “programas que apoyan el buen gobierno, las elecciones creíbles y competitivas, la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de religión, los derechos humanos, los derechos laborales, los medios de comunicación independientes y el estado de derecho, y que, por otra parte, fortalecen la capacidad de los partidos políticos democráticos, los gobiernos, las organizaciones e instituciones no gubernamentales y los ciudadanos para apoyar el desarrollo de Estados e instituciones democráticos que respondan y rindan cuentas a los ciudadanos”. El proyecto de ley asigna ayudas específicas a programas democráticos en Venezuela (50 millones de dólares), Cuba (25 millones de dólares para promover la democracia y apoyar a la sociedad civil) y Nicaragua (15 millones de dólares para programas de democracia y libertad religiosa).
La declaración explicativa conjunta que acompaña la legislación final también sostiene que una prioridad para la asistencia a América Latina son los programas que “promueven la democracia, el orden constitucional y los derechos humanos, incluso para los países que demuestran su compromiso con dichas normas, entre otras cosas mediante la cooperación para contrarrestar las amenazas autoritarias regionales y mundiales”. Se proporcionan fondos específicos para apoyar los derechos humanos en Colombia (15 millones de dólares), además de 25 millones de dólares en el marco de los Programas de Inversión en Seguridad Nacional destinados a apoyar a las comunidades afrocolombianas e indígenas. Esto es importante, dados los esfuerzos de la administración por poner fin a dichos programas y por distanciarse de la promoción de los derechos humanos y la democracia como elementos fundamentales de la política exterior estadounidense a nivel mundial.
- El Congreso mantiene varias condiciones importantes en la ayuda a América Latina
La legislación y la declaración explicativa incluyen directrices detalladas para la ayuda estadounidense a Centroamérica, Colombia, México y otras partes de América Latina y suspenden parte de dicha ayuda hasta que se cumplan determinadas condiciones. WOLA apoya varias de estas condiciones en la ayuda.
Para Centroamérica, las prioridades de financiación incluyen el apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad, la reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas, y el desarrollo impulsado desde lo local en El Salvador, Guatemala y Honduras. Asimismo, la legislación condiciona el 50 por ciento de determinados fondos de la cuenta de reciente creación, los Programas de Inversión en Seguridad Nacional (que engloba, entre otras, las cuentas legalmente autorizadas de Ayuda al Desarrollo y el Fondo de Apoyo Económico), para estos tres países hasta que el Departamento de Estado informe al Congreso, entre otras condiciones, de que sus gobiernos están luchando contra la corrupción y la impunidad; aplicando reformas, políticas y programas para fortalecer el estado de derecho y la independencia de las instituciones judiciales y electorales, y protegiendo los derechos de personas defensoras de los derechos humanos, los sindicalistas, los periodistas y otros miembros de la sociedad civil. Los fondos también están condicionados a prioridades de la administración como frenar la migración masiva y cooperar para combatir el tráfico de drogas y la trata de personas.
La ayuda estadounidense a Colombia condiciona el 25 por ciento de los fondos del INCLE al progreso en la reducción del cultivo de coca y a la cooperación continua con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, mientras que el 20 por ciento de los fondos de la Financiación Militar Extranjera para Colombia están condicionados a la certificación de que Colombia está avanzando en cuestiones como “la condena de los autores de violaciones graves de los derechos humanos, incluidos aquellos con responsabilidad de mando; … el avance en la reducción de las amenazas y los ataques contra los defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil, y el enjuiciamiento por parte de las autoridades judiciales de los responsables de dichos ataques; y el avance del Gobierno de Colombia en la protección de las comunidades afrocolombianas e indígenas, incluido el respeto de sus derechos y territorios”. Estas condiciones son similares a las que constan en la legislación de años anteriores.
A diferencia de los requisitos de presentación de informes sobre derechos humanos relativos a la asistencia estadounidense en México que estuvieron vigentes durante muchos años, las restricciones actuales sobre México se refieren principalmente a los avances logrados en el suministro de agua a los Estados Unidos, así como a la contención del flujo de drogas ilícitas, en particular el fentanilo, junto con el desmantelamiento y el enjuiciamiento de “organizaciones criminales transnacionales”. Las preocupaciones en materia de derechos humanos no figuran entre las condiciones impuestas a México.
- La lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas sigue siendo una prioridad
Como se desprende claramente de la financiación y las condiciones de la ayuda a México, Colombia y Centroamérica, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas sigue siendo una cuestión fundamental para el Congreso. Aunque la solicitud presupuestaria del Departamento de Estado afirma que “gracias a la ayuda del INCLE se salvarán vidas estadounidenses al interrumpir y disuadir el flujo ilícito de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, y sus precursores químicos en otros países”, la solicitud ascendía a solo 125 millones de dólares en la cuenta del INCLE para todo el mundo, frente a los 1.285 mil millones de dólares estimados para el año fiscal 2025. La reducción se enmarcó como una “pausa estratégica” en la solicitud de fondos adicionales, utilizando los saldos deaños anteriores para continuar financiando los programas. Sin embargo, el Congreso sigue favoreciendo una sólida financiación anual del INCLE, que proporciona principalmente asistencia militar, policial y judicial con fines de lucha contra las drogas y la delincuencia. El proyecto de ley para el año fiscal 2026 asigna 1,4 mil millones de dólares a la cuenta para todo el mundo. Además, la legislación establece que no menos de 150 millones de dólares de las cuentas de los Programas de Inversión en Seguridad Nacional y INCLE “se destinarán a programas para combatir el flujo de fentanilo, precursores del fentanilo y otras drogas sintéticas hacia los Estados Unidos”.
- Apoyo a organismos regionales y al desarrollo comunitario
La Organización de los Estados Americanos (OEA) fue una de las muchas organizaciones internacionales sujetas a la orden ejecutiva de febrero de 2025 para determinar si eran “contrarias a los intereses de los Estados Unidos” y evaluar la membresía de los Estados Unidos y su apoyo financiero. Al final, la OEA no figuraba entre las 66 organizaciones internacionales de las que el Gobierno anunció su retirada en enero de 2026, y los Estados Unidos siguen siendo un Estado miembro. En 2025, la administración también presentó y promovió activamente a la comisionada Rosa María Payá como candidata de Estados Unidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el órgano de derechos humanos de la OEA. Aunque la administración no solicitó fondos específicos para la OEA en 2026, el informe de la Cámara de Representantes prevé 46,5 millones de dólares, una cifra similar a la del presupuesto de 2024.
La legislación establece que, antes de comprometer fondos para la OEA, el secretario de Estado deberá presentar un informe al Congreso sobre cómo Estados Unidos está utilizando su voz y su voto para diversas medidas, entre ellas “implementar reformas presupuestarias y medidas de eficiencia dentro de la Organización; eliminar los atrasos, aumentar las contribuciones de otros donantes e imponer sanciones por el pago sucesivo fuera de plazo de las cuotas… [y] dar prioridad a las áreas en las que la OEA tiene experiencia, como el fortalecimiento de la democracia, la supervisión de los procesos electorales y la protección de los derechos humanos”, entre otras medidas. Tanto la declaración explicativa conjunta como el informe de la Cámara de Representantes afirman que “el Secretario de Estado debería considerar la posibilidad de realizar contribuciones voluntarias a la Organización de los Estados Americanos para programas de derechos humanos y democracia, en consonancia con los compromisos de la Carta de la Organización de promover la democracia representativa y proteger los derechos humanos”.
Por su parte, la Fundación Interamericana (IAF, por sus siglas en inglés), una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos con 56 años de antigüedad que implementa un modelo innovador de desarrollo localizado en toda América Latina y el Caribe, sigue recibiendo apoyo bipartidista para su misión. Mientras los 29 millones de dólares asignados a la IAF para el año fiscal 2026 están muy por debajo de los 47 millones que la fundación recibió en los últimos años, la financiación para el año fiscal 2026 es mayor que la del año fiscal 2025, dado que la administración rescindió 27 millones de dólares en apoyo el año pasado. La financiación permitirá a la Fundación continuar con su importante misión, aunque con una capacidad más limitada.
- Apoyo mixto a los migrantes y refugiados
La ley de 2026 utiliza muchas cuentas presupuestarias de ayuda exterior existentes, autorizadas por ley, y las agrupa en nuevas cuentas etiquetadas para reflejar los esfuerzos de la administración Trump por romper con las prioridades del pasado. Como parte de estos cambios, la cuenta de Asistencia a Migrantes y Refugiados, junto con la de Asistencia Internacional para Desastres, se ha consolidado en una sola cuenta de Asistencia Humanitaria Internacional (IHA por sus siglas en inglés). El proyecto de ley destina 5,4 mil millones de dólares a este ámbito, casi 3 mil millones más que los 2,5 mil millones solicitados por la administración. Sin embargo, además de destinar 2,97 mil millones de dólares a la ayuda internacional para desastres y 6,5 mil millones de dólares al reasentamiento de refugiados en Israel, no se dispone de un desglose de cómo se distribuirían los fondos de la cuenta IHA. Se asignan 100 millones de dólares adicionales a través de un fondo independiente de Asistencia de Emergencia para Migrantes y Refugiados.
Solo en el año fiscal 2023, se destinaron más de 543 millones de dólares al hemisferio occidental, que fueron administrados a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado; la mayoría de estos fondos fueron destinados a apoyar las necesidades y facilitar la integración de los migrantes y refugiados venezolanos que se han establecido en toda la región. Este apoyo a los países de acogida tenía, entre otros objetivos, prevenir la migración secundaria, incluida la migración hacia Estados Unidos.
La declaración explicativa conjunta sugiere que al menos algunos fondos podrían seguir destinándose a este fin. Entre las prioridades para América Latina se encuentran los programas que “abordan la violencia, la pobreza, la corrupción y otros factores que contribuyen a la migración irregular hacia los Estados Unidos, incluidos los países que demuestran su compromiso de contrarrestar la migración a gran escala y combatir la trata de personas”. La declaración también exige que el Departamento de Estado presente un informe a los Comites de Asignaciones “en el que se detallen las oportunidades para disuadir los flujos migratorios ilegales hacia los Estados Unidos, ayudando a los gobiernos socios del hemisferio occidental con esfuerzos diplomáticos y programas de asistencia que permitan el reasentamiento exitoso en los países de acogida y tránsito”.
Esto contrasta con la visión de la administración de Trump sobre este desafío. En conversaciones extraoficiales con diplomáticos, el personal de WOLA se enteró de que los altos funcionarios no le dan mucha importancia a la prevención de la migración secundaria. Dado que la suspensión del acceso al asilo en enero de 2025 provocó que la migración se desplomara en la frontera entre Estados Unidos y México, la administración cree que la crisis migratoria ha terminado.
La supervisión del Congreso hacia el futuro
Mientras que la reversión de algunos de los recortes más draconianos de la administración Trump en el proyecto de ley de ayuda exterior para el año fiscal 2026 es un avance positivo, durante el último año la administración Trump ha demostrado su disposición a ignorar las directivas de financiación del Congreso y a restringir los fondos. Otros retos adicionales se derivan de la incierta capacidad del Departamento de Estado para administrar los fondos en ausencia de la USAID y en medio de sus propios recortes masivos de personal.
Del mismo modo, en lo que respecta a muchas prioridades clave de financiación, siguen sin resolverse las dudas sobre cómo determinará esta administración qué financiar para promover la democracia y los derechos humanos tras distanciarse de los derechos humanos universales en favor de los “derechos naturales otorgados por Dios”, dejando de hacer comentarios sobre la integridad de los procesos electorales, restándole importancia a las violaciones de los derechos humanos de los Estados aliados y tratando de influir en resultados electorales.
Al aprobar un presupuesto de ayuda exterior que rechaza algunos de los cambios más radicales propuestos por la administración, el Congreso—de manera bipartidista—reafirmó la independencia del poder legislativo. Ahora, debe realizar la ardua tarea de hacer cumplir esa afirmación. Más allá del examen minucioso de los informes requeridos, el Congreso deberá ejercer con firmeza su autoridad de supervisión para garantizar que los fondos asignados se distribuyan realmente según lo estipulado, que la administración proporcione información detallada sobre sus planes de gasto y su capacidad para administrar las prioridades de financiación, y que las directrices de financiación que figuran en la declaración explicativa y en el informe sean algo más que simples declaraciones de buenas intenciones.
