En toda Latinoamérica, los individuos LGBTQ+ han sufrido discriminación, violencia y exclusión por parte de instituciones políticas y sociales. Sin embargo, ellos también han estado al frente de los movimientos sociales que demandan justicia, reconocimiento e igualdad. Acontecimientos recientes en Brasil, México y Colombia demuestran los obstáculos constantes que enfrentan las comunidades LGBTQ+ y el impacto transformador de su activismo. Las comunidades marginadas han tenido que luchar una y otra vez por la visibilidad, los derechos y la justicia en sociedades profundamente desiguales. Estos casos muestran esa lucha en la rendición de cuentas por la violencia política y las victorias legales contra los crímenes de género, transformadas gracias a su activismo. Las comunidades marginadas han tenido que luchar una y otra vez por la visibilidad, los derechos y la justicia en sociedades profundamente desiguales. Estos casos muestran esa lucha en la rendición de cuentas por la violencia política, las victorias legales contra los crímenes de género y la inclusión de las víctimas LGBTQ+ en la construcción de paz.
Brasil
El 14 de marzo de 2018 por la noche, hombres armados dispararon 13 tiros contra un vehículo que transportaba a la concejala Marielle Franco da Silva. Franco y su conductor, Anderson Gomes, murieron al instante por disparos en la cabeza, mientras que su asesora de prensa. Fernanda Chaves sobrevivió. Este asesinato conmocionó a Brasil, desató protestas masivas y provocó una condena generalizada por parte de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. A medida que los investigadores desentrañaban el caso, este reveló vínculos preocupantes entre redes de crimen organizado y figuras políticas influyentes en Río de Janeiro.
Franco da Silva era una líder negra y bisexual ampliamente admirada, que creció en la favela de Maré, en el norte de Río. Feminista, madre soltera y defensora incansable de la justicia social, dedicó su carrera a combatir la brutalidad policial, las ejecuciones extrajudiciales, las milicias paramilitares y el racismo sistémico. Electa al Concejo Municipal de Río en 2017, se convirtió en una voz poderosa para los residentes de las favelas, los brasileños negros, las mujeres y las comunidades LGBTQ+. Se preparaba para casarse con su pareja más adelante ese mismo año.
Casi ocho años después de su asesinato, Brasil logró una victoria histórica en la lucha contra la impunidad. La Corte Suprema del país concluyó que los poderosos políticos cariocas Domingos y Chiquinho Brazão orquestaron el asesinato para proteger los intereses de grupos de milicias que Franco había enfrentado públicamente. Ambos hermanos fueron condenados a 76 años de prisión. Varios cómplices, incluidos exfuncionarios policiales, también fueron condenados. Las confesiones y condenas previas de los expolicías Ronnie Lessa, quien confesó haber sido el tirador, y Élcio de Queiroz, quien condujo el vehículo de fuga, fueron fundamentales para destapar la conspiración más amplia que vinculaba al crimen organizado con las instituciones estatales.
Las condenas llegaron tras años de incansable labor de incidencia por parte de la familia de Franco, de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales que exigían rendición de cuentas. El fallo se considera ampliamente una victoria histórica para los defensores de los derechos humanos, las mujeres en la política y las instituciones democráticas. Los jueces determinaron que Franco fue blanco de ataque porque desafiaba intereses políticos y económicos arraigados, al tiempo que encarnaba múltiples identidades marginadas. El asesinato buscaba no solo silenciarla, sino también intimidar a quienes pudieran seguir su camino. El caso pone de relieve tanto los graves riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Brasil—uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas—como la importancia de desmantelar los sistemas de impunidad que permiten la violencia política.
El asesinato de Franco desató un poderoso movimiento político entre las mujeres negras de Brasil, que inspiró a más de 1.000 mujeres negras a postularse a cargos públicos en las elecciones de ese año, lo que representó un aumento del 60 por ciento respecto a 2014. Entre ellas estaba su amiga cercana y exjefa de gabinete, Renata Souza, quien ganó un escaño en la asamblea estatal de Río y se comprometió a continuar la lucha de Franco contra el racismo, la violencia policial y la exclusión social. La muerte de Franco, ampliamente vista como un intento de silenciar a quienes defienden a las comunidades marginadas, en cambio, impulsó la participación política y la visibilidad de las mujeres negras, lo que llevó a la elección de varias candidatas conocidas como las “nuevas Marielle”. Este ascenso reflejó tanto la resistencia al giro político hacia la derecha en Brasil bajo Jair Bolsonaro como la determinación de asegurar que la defensa de los derechos humanos no recae sobre una sola voz. Souza y sus aliados han continuado el legado de Franco al desafiar la discriminación, defender a los residentes de las favelas y oponerse a los esfuerzos de los políticos conservadores por debilitar las instituciones de derechos humanos.
México
Natalia Lane, activista transgénero, trabajadora sexual y periodista en la Ciudad de México, logró una victoria legal histórica tras sobrevivir a un intento de transfeminicidio en enero de 2022. A pesar de enfrentar intimidación policial destinada a disuadirla de denunciar el crimen, y de que su agresor le ofreció dinero para que guardara silencio, Lane persistió en la búsqueda de justicia. Más de cuatro años después del ataque, un juez declaró culpable a su agresor, Alejandro “N”, de feminicidio en grado de tentativa, reconociendo que el crimen estuvo motivado por violencia de género contra una mujer trans. En mayo de 2026, fue sentenciado a 20 años de prisión. Lane describió el fallo como un paso pequeño pero significativo hacia la justicia para las mujeres transgénero y las trabajadoras sexuales que han enfrentado durante mucho tiempo violencia, discriminación e impunidad.
El fallo se considera histórico porque marca la primera vez en México que una trabajadora sexual transgénero logra una condena contra su agresor mientras este está con vida. También sienta un precedente legal importante al afirmar que los ataques contra mujeres trans deben investigarse desde una perspectiva de género, en lugar de desestimarse por la profesión o la identidad de género de la víctima. Más allá de su relevancia legal, el caso ha contribuido a cambiar la narrativa pública en torno a la violencia contra las personas trans. Históricamente, los medios y la atención pública se han centrado principalmente en los taques mortales. El caso de Lane, en cambio, pone de relieve el trauma de haber sobrevivido a este tipo de violencia y la larga lucha por obtener justicia.
El caso estuvo marcado por años de retrasos legales, fallas institucionales y lo que Lane describió como una revictimización por parte de las autoridades. Tras el veredicto, ella subrayó que el resultado no fue un regalo del Estado, sino fruto de la incansable labor de ella misma, de su padre, de sus seguidores y de los equipos legales que presionaron a las autoridades para que investigaran y procesaran el caso de manera adecuada.
El fallo no estuvo exento de limitaciones. Aunque el juez declaró a Alejandro “N” culpable de feminicidio en grado de tentativa contra Lane, redujo un cargo por los ataques contra empleados del hotel que intentaron ayudarla y desestimó los cargos contra otras dos trabajadoras por falta de pruebas suficientes. Dentro del rango de 20 a 40 años de prisión, Alejandro “N” recibió la pena mínima de 20 años y cinco meses, además de la orden de pagar 50,000 pesos, equivalentes a aproximadamente 2,855 dólares estadounidenses. Probablemente cumplirá entre 17 y 18 años, lo que llevó a Lane a declarar prisión”. Aun así, el veredicto se suma a un creciente cuerpo de precedentes legales en toda América Latina que reconocen la violencia contra las personas trans.
Colombia
El acuerdo de paz de Colombia de 2016 fue el primero en el mundo en incorporar explícitamente un enfoque integral de género que incluyera la orientación sexual y la identidad de género. Respaldado por más de 100 organizaciones LGBTQ+ colombianas, el acuerdo reconoció que las personas LGBTQ+ eran víctimas del conflicto armado de décadas en el país.
Todos los actores armados en Colombia cometieron crímenes de género y ejercieron un control social estricto sobre las comunidades bajo su control. Este control estaba arraigado en normas patriarcales que castigaban a quienes no se ajustaban a las nociones tradicionales de masculinidad y de comportamiento de género. Dentro de este marco, las personas LGBTQ+ eran frecuentemente vistas como indeseables o desviadas y sometidas a estigmatización, violencia sexual, persecución y asesinato. Muchas también fueron blanco de las llamadas campañas de “limpieza social”, orientadas a eliminar a quienes se consideraba que estaban fuera de las normas sociales aceptadas.
Históricamente, las personas LGBTQ+ han sido excluidas de los procesos de paz. En Colombia, sin embargo, sus derechos no solo fueron reconocidos, sino también integrados en todo el acuerdo gracias a la participación activa de activistas y víctimas LGBTQ+. La Subcomisión de Género, establecida durante las negociaciones, invitó a organizaciones como Caribe Afirmativo y Colombia Diversa a brindar testimonio y ayudar a dar forma al texto. A través de su incidencia, las víctimas educaron a los negociadores sobre la violencia que habían sufrido e impulsaron la adopción de medidas de protección adaptadas a sus comunidades.
Como resultado, los derechos LGBTQ+ fueron incorporados en múltiples capítulos del acuerdo, incluidos los de reforma agraria, participación política, drogas y justicia transicional. El acuerdo también amplió la comprensión tradicional del término “género”, reconociendo que abarca diversas orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género, en lugar de limitarse exclusivamente a las mujeres.
La inclusión de las víctimas y los derechos LGBTQ+ fue un logro histórico, pero también generó una oposición significativa. Líderes políticos conservadores y sectores de las iglesias cristianas y católicas argumentaron que el acuerdo amenazaba a la familia tradicional y promovía lo que denominaron “ideología de género”. Durante el referendo de 2016 sobre el acuerdo de paz, estos grupos movilizaron apoyo para la campaña del “No”, presentando el acuerdo como un intento de imponer dichas ideas a la sociedad colombiana. El 2 de octubre de 2016, el acuerdo fue rechazado por un estrecho margen en las urnas.
Tras el referendo, los negociadores revisaron partes del acuerdo para atender las preocupaciones planteadas por sus opositores y aprobaron una versión final. Varias disposiciones relacionadas con el género fueron modificadas o aclaradas. Las referencias al “género” fueron reemplazadas con frecuencia por un lenguaje enfocado específicamente en las mujeres; por ejemplo, “violencia basada en género” se convirtió en “violencia contra la mujer”, y “igualdad de género” se convirtió en “igualdad entre hombres y mujeres”. Las referencias directas a la comunidad LGBTQ+ se redujeron considerablemente,
A pesar de ello, la Comisión de la Verdad de Colombia (oficialmente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición) incluyó en su informe final un capítulo sobre cómo el conflicto afectó de manera desproporcionada a las diversidades sexuales y de género. En él documentan cómo la violencia contra estas personas no fue aislada ni casual, sino que, en muchas ocasiones, se utilizó como forma de castigo, de control social y de “corrección” por parte de los distintos actores armados. El volumen incluye 25 testimonios que reflejan no solo el dolor vivido por las personas LGBTQ+, sino también su resistencia y la dignidad que mostraron pese a estos horrores. Describe las amenazas de muerte, el desplazamiento interno, la violencia sexual, la tortura y el exilio que enfrentó esta población
Conclusión
Las experiencias vividas por Marielle Franco, Natalia Lane y las víctimas LGBTQ+ del conflicto armado colombiano revelan tanto la vulnerabilidad como la resiliencia de las comunidades marginadas en toda América Latina. Aunque la violencia, la discriminación y la exclusión continúan amenazando las vidas y los derechos de las personas LGBTQ+, estos casos demuestran que el activismo sostenido puede producir cambios políticos, legales y sociales significativos. Ya sea a través de la rendición de cuentas por asesinatos políticos, el establecimiento de precedentes legales que reconocen la violencia contra las personas trans, o la garantía de que las experiencias LGBTQ+ sean reconocidas en los procesos de construcción de paz, estos logros representan pasos importantes hacia democracias más inclusivas. En conjunto, subrayan que la justicia duradera requiere no solo reconocer los daños del pasado, sino también crear instituciones que protejan la diversidad, la dignidad y la participación equitativa de todas las personas.
